conflictos socioambientales soluciones y ejemplos

LenerLinoJara1 45 views 17 slides May 29, 2024
Slide 1
Slide 1 of 17
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17

About This Presentation

todo de conflictos ambientales y ejemplos


Slide Content

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES ESCUELA PROFESONAL DE INGIENERIA EN CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA TEMA: CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES PROFESOR : CURSO : SOLUCION DE CONFLICTOS DE SUELOS Y AGUA ALUMNO : LINO JARA LENER DARWIN TINGO MARÍA - PERÚ – 2024

INTRODUCCION El Perú, con su vasta diversidad geográfica y riqueza natural, enfrenta importantes conflictos socioambientales derivados de la explotación de recursos naturales como minerales, petróleo y gas. Estos conflictos reflejan tensiones entre desarrollo económico, justicia social y conservación ambiental, involucrando a comunidades locales, el Estado, empresas extractivas y organizaciones no gubernamentales. Los conflictos sociales son aquellas situaciones donde sectores de la sociedad, el Estado y empresas perciben que sus objetivos o intereses se oponen, lo cual podría generar enfrentamientos verbales o físicos. Incluso, a veces estos escenarios de violencia pueden escalar tanto que tienen como resultado la pérdida de vidas humanas.

CONTEXTO ACTUAL

ORGANOS INVOLUCRADOS LA DEFENSORIA DEL PUEBLO Le corresponde defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM) Cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella. El Ministerio del Ambiente es una persona jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal. Ministerio de Energía y Minas (MINEM) El MINEM regula y promueve las actividades mineras y energéticas en el país. Este ministerio tiene la tarea de equilibrar el desarrollo económico del sector extractivo con la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) Es un organismo técnico especializado, adscrito al MINAM, encargado de la revisión y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos de inversión de gran envergadura, principalmente en los sectores de minería, hidrocarburos, electricidad y transporte. Gobiernos Los gobiernos tienen competencias en la gestión de recursos naturales y la regulación ambiental dentro de sus jurisdicciones. Empresas Extractivas Las empresas mineras, petroleras y de gas son actores fundamentales en estos conflictos. Tienen la responsabilidad de cumplir con la normativa ambiental, realizar consultas previas y establecer relaciones constructivas con las comunidades locales para evitar y gestionar conflictos. Comunidades Locales e Indígenas Las comunidades locales y pueblos indígenas son los principales afectados por los proyectos extractivos. Su participación es vital en el proceso de consulta y en la defensa de sus derechos territoriales, culturales y ambientales.

CASO 1: PROYECTO MINERO CONGA Antecedentes El proyecto minero Conga, promovido por la empresa Minera Yanacocha, una de las mayores productoras de oro en América Latina, se localiza en la región de Cajamarca, en el norte de Perú. El proyecto, con una inversión estimada en 4.800 millones de dólares, tenía como objetivo principal la extracción de oro y cobre.

Conflicto El proyecto Conga se convirtió en un foco de conflicto debido a sus impactos potenciales en el medio ambiente y en las comunidades locales. Las principales preocupaciones eran: Recursos Hídricos: El proyecto implicaba la drena de cuatro lagunas (Perol, Azul, Chica y Mala) para acceder a los depósitos minerales subyacentes. Las lagunas serían reemplazadas por reservorios artificiales. Las comunidades temían la pérdida de fuentes naturales de agua esenciales para su agricultura y consumo doméstico. Impacto Ambiental: Además de la preocupación por el agua, había temores sobre la contaminación de los recursos hídricos por químicos usados en la minería, así como la alteración de ecosistemas locales. Impacto Social y Cultural: Las comunidades locales, en su mayoría campesinas e indígenas, veían en las lagunas no solo una fuente de agua, sino también un elemento cultural y espiritual importante.

Protestas y Resistencia La oposición al proyecto Conga fue liderada por líderes locales, organizaciones ambientales y sociales. Entre los opositores más destacados se encontraba Gregorio Santos, entonces presidente regional de Cajamarca, quien se convirtió en una figura clave del movimiento anti-Conga. Las protestas y manifestaciones, algunas de ellas violentas, se intensificaron en 2011 y 2012, resultando en enfrentamientos con la policía que dejaron varios muertos y heridos. La resistencia incluyó bloqueos de carreteras, marchas y ocupaciones de sitios de construcción del proyecto.

Respuesta del Gobierno y la Empresa El gobierno peruano, bajo la presidencia de Ollanta Humala, inicialmente apoyó el proyecto como parte de su agenda de desarrollo económico. Sin embargo, debido a la fuerte oposición y los conflictos, el gobierno solicitó una revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto por expertos internacionales. El informe de los expertos recomendó mejoras y medidas adicionales de mitigación, pero no logró calmar las preocupaciones de la población local, la oposición continuó. Lecciones y Consecuencias El conflicto de Conga subraya la importancia de una gestión adecuada y justa de los recursos naturales, incluyendo la necesidad de procesos de consulta genuinos y efectivos con las comunidades locales. También resalta el papel de las instituciones en la mediación y resolución de conflictos y la necesidad de políticas que equilibren el desarrollo económico con la protección ambiental y social.

CASO 2: PROYECYO TÍA MARÍA (Conflicto sin diálogo) 2011 Y 2015 Antecedentes El proyecto minero Tía María, desarrollado por la empresa Southern Copper Corporation , está ubicado en el valle de Tambo, en la provincia de Islay, región Arequipa, Perú. El proyecto pretende extraer cobre a cielo abierto y ha estado en el centro de intensos conflictos sociales debido a preocupaciones sobre su impacto ambiental y socioeconómico.

Conflicto 2011 Inicios del Conflicto En 2011, la empresa Southern Copper Corporation anunció el inicio del proyecto Tía María, que implicaba la construcción de dos minas a cielo abierto. La noticia desató una fuerte oposición entre los agricultores y residentes del valle de Tambo, quienes temían que la minería afectara negativamente su principal actividad económica: la agricultura. Las principales preocupaciones giraban en torno a la posible contaminación de los recursos hídricos, esenciales para la agricultura y el consumo humano.

Protestas y Resistencia Las protestas se intensificaron rápidamente, con manifestaciones, bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la policía. Los residentes exigían la cancelación del proyecto debido a los riesgos ambientales y la falta de consulta adecuada. El conflicto alcanzó su punto álgido en abril de 2011, cuando las fuerzas policiales reprimieron una protesta masiva, resultando en la muerte de tres personas y decenas de heridos. Suspensión Temporal Ante la escalada de violencia y las crecientes tensiones, el gobierno peruano decidió suspender temporalmente el proyecto para realizar una revisión más exhaustiva del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Sin embargo, esta medida no logró apaciguar completamente a los opositores, quienes seguían desconfiando de las promesas de la empresa y del gobierno.

Conflictos en 2015 Reactivación del Proyecto En 2015, Southern Copper Corporation anunció la reactivación del proyecto Tía María, asegurando haber implementado mejoras en el EIA y haber tomado medidas adicionales para mitigar los impactos ambientales. Sin embargo, la reacción de la población local fue nuevamente de fuerte oposición, reavivando las tensiones. Escalada del Conflicto El anuncio de la reactivación provocó una nueva ola de protestas en marzo de 2015. Los manifestantes bloquearon carreteras y organizaron huelgas indefinidas, exigiendo la cancelación definitiva del proyecto. La situación se agravó con enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas del orden, resultando en la muerte de varios manifestantes y numerosos heridos.

Falta de Diálogo Uno de los aspectos más críticos del conflicto Tía María fue la falta de un diálogo efectivo entre las partes involucradas. Las comunidades locales sentían que sus preocupaciones no eran escuchadas ni consideradas de manera adecuada. La desconfianza hacia la empresa y el gobierno se profundizó debido a la percepción de que los intereses económicos prevalecían sobre los derechos y necesidades de la población local. Intervención del Gobierno El gobierno de Ollanta Humala intentó mediar en el conflicto, proponiendo mesas de diálogo y negociaciones. Sin embargo, estas iniciativas fracasaron en gran medida debido a la desconfianza de las comunidades hacia las autoridades y la empresa. En mayo de 2015, el gobierno declaró el estado de emergencia en la región, lo que permitió el despliegue de fuerzas militares para controlar las protestas, exacerbando aún más las tensiones.

Suspensión y Estado Actual En julio de 2015, Southern Copper Corporation anunció una nueva suspensión del proyecto, aunque sin cancelarlo definitivamente. El conflicto de Tía María permanece latente, y las comunidades locales continúan vigilantes y organizadas para resistir cualquier intento de reactivar el proyecto sin su consentimiento y sin garantías adecuadas de protección ambiental. Lecciones y Consecuencias El caso destaca la importancia de un diálogo genuino y transparente en la planificación y ejecución de proyectos extractivos. La falta de consulta y participación efectiva de las comunidades locales, junto con la desconfianza hacia las instituciones y las empresas, puede llevar a conflictos prolongados y violentos. Este caso subraya la necesidad de políticas y prácticas que prioricen la justicia ambiental y social, asegurando que los proyectos de desarrollo sean verdaderamente sostenibles y equitativos.

CONCLUSIONES El modelo de desarrollo económico del Perú, basado en la explotación intensiva de recursos naturales, ha generado crecimiento económico significativo, pero también ha exacerbado las desigualdades sociales y regionales. Las comunidades locales a menudo sienten que no reciben una parte justa de los beneficios económicos y, en cambio, soportan desproporcionadamente los costos ambientales y sociales. Aunque ha habido avances en el marco legal e institucional, como la Ley de Consulta Previa de 2011, la implementación sigue siendo inconsistente y deficiente. Esto ha generado desconfianza y descontento entre las comunidades afectadas, que sienten que sus derechos no son adecuadamente protegidos. Abordar los conflictos socioambientales requiere un enfoque multidimensional que integre aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales. Las soluciones deben considerar el bienestar de todas las partes involucradas y promover un desarrollo verdaderamente sostenible.