Dulce Ivone.pptx presentaciomnklmnkmnkmnkmnksvllcs

jhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjh

1. La desaparición forzada de los 43 estudiantes de ayotzinapan en México Alumna : Dulce Ivone Antonio Morelos Grupo: 2203 Especialidad: Salud Comunitaria

2. La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa sucedió cuando la policía municipal y el ejército de Iguala atacaron a los estudiantes, supuestamente entregándolos luego a grupos criminales.

3. Noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, se cometieron una serie de ataques contra estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, jóvenes integrantes del equipo de fútbol Los Avispones, y población civil, en el lugar de los hechos, o que acudió a ayudar a los normalistas.



Todo comenzó cuando el grupo de estudiantes se trasladó a Iguala para “tomar” autobuses y participar en la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México, por la represión contra estudiantes acaecida en 1968[1].

Sin embargo, los policías municipales abrieron fuego contra los estudiantes para impedirles salir del lugar, consiguiendo cerrar el paso a cinco transportes con la ayuda de otras corporaciones y de civiles. Detuvieron a 43 normalistas, a quienes desaparecerían. Esa misma noche continuaron las agresiones contra los estudiantes y la población en general, no sólo por parte de agentes estatales sino también por la de algunos civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de la organización criminal “Guerreros Unidos”, fuertemente vinculada con las instancias estatales presentes en esa zona guerrerense

4. A raíz de esta lamentable tragedia, el 18 de noviembre de 2014 surgió el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), mediante un acuerdo formalizado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano. Su objetivo era proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos; además de investigar y sancionar a los responsables, a la par de otorgar asistencia a los familiares de los estudiantes[3].

Aunado a ello, el 9 de septiembre de 2016, el CIDH anunció la primera fase de implementación del mecanismo de seguimiento especial a la medida cautelar 409/14, otorgada con relación a los estudiantes desaparecidos. El propósito era dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el (GIEI) en sus dos informes[4].

Dos años más tarde, el 28 de noviembre de 2018, la CIDH presentó el Informe Final del Plan de Trabajo de su Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA o Mecanismo Especial). El documento establecía una serie de desafíos: una investigación fragmentada, incompleta y sombría; falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada a los responsables, ya fuera por acción u omisión. Igualmente se indicaron la falta de avance en la investigación oficial durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Por ejemplo, en las investigaciones sobre la actuación de un funcionario de la Procuraduría General de la república (PGR) que, conforme a lo expresado por uno de los supuestos líderes de “Guerreros Unidos”, estaría vinculado con grupos criminales, y la investigación por el espionaje al GIEI y a los abogados de las familias, y lo relacionado a las denuncias de tortura a personas detenidas[5].

5. Por otro lado, el 28 de noviembre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación por Violaciones Graves 15 VG/2018, donde señaló que los acontecimientos ocurridos representaron un agravio para todos los mexicanos. La privación de la vida de 6 personas, la alteración de la salud y lesión física de otras 42 y la desaparición de 43 estudiantes indigna a la sociedad entera y especialmente a las familias de las víctimas. Asimismo, dentro de dicha recomendación acreditó las violaciones a los derechos humanos a la libertad, a la legalidad y seguridad jurídica, integridad personal y a la vida[6].

Por su parte la Secretaría de Salud, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y Salud del Estado de Guerrero, elaboraron el Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos que regirán la Planeación, Ejecución y Evaluación de Medidas de Asistencia, Atención y posibles Reparaciones a Víctimas en el Caso iguala y/o caso Ayotzinapa , mismo que fue firmado el 7 de marzo de 2019[7].

Aunado a ello, el 1 de julio del 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “instó a las autoridades involucradas a que todas sus actuaciones se realicen garantizando el absoluto respeto a los derechos humanos, desea que estas investigaciones permitan esclarecer el paradero de estos jóvenes y ofrezca a los padres, familiares y a toda la sociedad agraviada resultados confiables que le permitan a la Fiscalía recuperar su credibilidad”[8].

Después, el 21 de marzo de 2021 la Presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, se reunió́ en la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa con familiares y representantes de los 43 desaparecidos, para hacer un balance de resultados de los puntos encontrados en el expediente del caso, escuchándose las peticiones y demandas de las madres y padres, víctimas de los hechos ocurridos, quienes determinaron necesario, en cuanto a la Recomendación 15VG/2018, dar seguimiento a los puntos de la recomendación que no lo hagan.

6. El 18 de agosto de 2022, el presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso, Alejandro Encinas, se reunió con los familiares de los estudiantes. Luego, dio a conocer los avances de la investigación y aseguró que la desaparición “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”. Asimismo, comentó que durante el proceso 26 personas, la mayoría integrantes de Guerreros unidos fueron ejecutadas, por lo cual se descarta valiosa información en la investigación[10].

Un día después, el 19 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam , presunto responsable de los delitos de tortura, desaparición forzada y dificultar la administración de justicia en el caso. Karam se convirtió en el primer exprocurador en ser detenido por las autoridades federales. [11].

Hay que recordar que Karam fue el autor de la llamada “verdad histórica”, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde se afirmó que los jóvenes fueron asesinados y cremados por integrantes de Guerreros Unidos en el basurero del municipio de Cocula [12].

7. Sin embargo, gracias a la información proporcionada de Angela Intriago, integrante del (GIEI), señaló que se encontraron irregularidades durante la investigación, entre ellas alteración de pruebas y ocultamiento de los responsables de este crimen de lesa humanidad. ¿Cuál fue la razón de esta infame acción? Ocultar los vínculos entre el crimen organizado y las autoridades federales, estatales y municipales.

Igualmente, el representante del ejecutivo indicó que insistirán en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien apareció en un video torturando a Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, posible líder de Guerreros Unidos para que confesara que su organización fue responsable de homicidio y cremación de los normalistas.

Por su parte, el 20 de agosto del presente año, la CNDH emitió un pronunciamiento donde refrenda su solidaridad con los madres y padres de los normalistas, además de que confía en la impartición de justicia en el caso. Los crímenes de lesa humanidad como la tortura y desaparición forzada y su castigo resultan fundamental para la construcción de un estado de derecho ya que, tortura y desaparición forzada Derechos violentados privación de la libertad, homicidio y la participación[13].