Decretos suponen la unificación jurídica e institucional, por la vía de la “castellanización“ general de
las instituciones.
Nuevo modelo de administración territorial: división del territorio en provincias; sustitución de
los Virreyes por los Capitanes Generales como gobernadores políticos de las provincias y
presidentes de las Reales Audiencias, que se mantienen para las cuestiones judiciales; y
siguiendo el modelo francés, se creó la figura de los Intendentes, funcionarios encargados de las
cuestiones económicas.
Quedan unas Cortes, las de Castilla; acogen representantes de todos los territorios; tienen poder
mínimo (jura del heredero, aprobación dócil de leyes...) y apenas serán convocadas.
Los Borbones también reformaron la administración central consolidando el establecimiento de
una plena monarquía absoluta. Se suprimieron todos los Consejos, exceptuando el Consejo de
Castilla que se convirtió en el gran órgano asesor del rey. También pervivió el Consejo de Indias.
Se crearon las Secretarías de Despacho (Estado, Guerra, Marina, Hacienda, Justicia e Indias),
antecedentes de los ministerios. En 1787 se establece la Junta Suprema de Estado, antecedente
del Consejo de Ministros.
Se intensifica la política regalista, que busca el control de la Iglesia nacional, como una rama más
de la Administración estatal, controlando sus ingresos y nombramientos, en contra del Papa; la
consecuencia más espectacular será la expulsión de la Compañía de Jesús (jesuítas) adoptada
por Carlos III en 1767, que se negaba a “obedecer” al Estado.
Se intenta reformar el sistema de Hacienda. Se trató de unificar y racionalizar el sistema de
impuestos y, para ello, se llevó a cabo el Catastro del Marqués de la Ensenada (ministro de
Fernando VI) en 1749 en la Corona de Castilla. Este Catastro es un censo de todas las
propiedades del reino. Se promocionaron igualmente las obras públicas (caminos, canales…) y la
Marina, para potenciar el comercio con América.
El reformismo ilustrado de Carlos III, punto culminante de la influencia ilustrada, a través de sus
ministros: Esquilache, Campomanes, Floridablanca, Cabarrus. La etapa de reformismo profundo de
Esquilache termina con el llamado motín de Esquilache (1766). El miedo a las revueltas moderará
las reformas. Abarcan reformas militares (servicio obligatorio-las quintas), sociales (legislación a
favor de dignificar los trabajos manuales) o económicas (repoblaciones en Sierra Morena,
liberalización del comercio con América, creación del Banco de San Carlos -1782-) y una política
proteccionista de fomento de las manufacturas nacionales que llevará a la creación de las Reales
fábricas, grandes talleres de escasa rentabilidad. Destacan, en Castilla la Mancha, las de Paños
de Guadalajara o Brihuega, las de seda y armas de Toledo o la Real Fábrica de Latón de Riópar
(Albacete)
El reformismo en América: como medidas políticas, destaca la reorganización de los
virreinatos, al dividir el del Perú en tres (Perú, Nueva Granada y Río de la Plata). Como medidas
económicas destaca la progresiva liberalización del comercio con América hasta los decretos de
Carlos IIII (1778), que elevó mucho el tráfico. La Casa de Contratación pasó a Cádiz (1717) y en
1790 desapareció. La sociedad americana evoluciona: crece el descontento de los criollos ante
los españoles, y va madurando su independentismo del siguiente siglo. El siglo XVIII es el del
apogeo del tráfico de esclavos negros a América.