Introducción La política, hace referencia a la forma de gobierno del Estado, relacionada con la gestión desde una determinada esfera del poder, de los asuntos públicos, presentada en distintas formas atendiendo al objeto de cada administración, por ejemplo, política sanitaria, política económica, política educativa, entre otras. Es por ello que la política criminal , designada dentro de este programa público, el Estado se establece para tratar y hacer frente al fenómeno de la criminalidad.
Ámbitos de la vida social que necesitan respuesta por parte de los poderes públicos Seguridad ciudadana. Derechos de los detenidos, procesados o condenados. Sistema de justicia. Delincuencia juvenil.
Entonces, ¿Qué es la política criminal? Conjunto de medidas y criterios de carácter jurídico, social, educativo, económico, y de índole similar; establecidos por los poderes públicos para prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal, con el fin de mantener bajos límites de criminalidad en una determinada sociedad.
Criminología y Política Criminal Las dos disciplinas se complementan. La política criminal establece medidas y estrategias adecuadas para hacer frente a la criminalidad por lo tanto recurrirá al saber criminológico para determinar la forma más razonable de enfrentarse al fenómeno delictivo. Por su parte, la Criminología aportará esa información relevante y contrastada sobre distintos aspectos de la criminalidad que requieran de una solución por parte de los poderes públicos. Con esta información, el Estado podrá elaborar la correspondiente propuesta en el ámbito decisorio para intentar solucionar el conflicto en el marco criminal .
Acciones para combatir el delito. En el ámbito policial: Acciones basadas en la prevención y seguridad, un ejemplo claro es el uso de agentes no uniformados en zonas con un alto porcentaje delictivo. En el ámbito social: Ordenanzas reguladoras de convivencia que permitan controlar conductas indebidas. Uso de tecnología: Cámaras de video vigilancia que graben las 24 horas del día el espacio público de una ciudad, o incluso los reconocimientos faciales de los que hacen uso los gobiernos de algunas ciudades, entre otras medidas tecnológicas aplicadas al campo de la seguridad y empleadas por los cuerpos policiales.