PRINCIPIOS DEL ORGANO JUDICIAL ciencias politicas.pptx
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principios del organo judicial en ciencias politicas
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Language: es
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Principios del Órgano Judicial Principios éticos y valores que rigen el Órgano Judicial boliviano.
El nuevo Modelo de Estado impone que los diferentes Órganos del Poder Público desarrollen sus actuaciones, sobre la base del respeto y aplicación de principios ético-morales, valores y principios generales y particulares establecidos, de tal forma que se puedan consolidar los fines del Estado en los diferentes ámbitos. Merced a ello, el Órgano Judicial y por ende los Tribunales y Entidades que lo conforman, se regulan por principios y valores contenidos en la Constitución Política del Estado, la Ley N° 025 y reglamentación especial. En esa medida son Valores lógicamente aplicables al Órgano Judicial y por ende a la Jurisdicción Ordinaria y al Tribunal Supremo de Justicia, aquellos en los que se sustenta el Estado Boliviano y que se encuentran establecidos en el Art. 8-II de la Constitución Política del Estado, siendo los mismos: Unidad. Igualdad. Inclusión. Dignidad. Libertad. Solidaridad . Transparencia. Equilibrio. Igualdad de oportunidades. Equidad social y de género en la participación. Bienestar común. Responsabilidad. Justicia social.
Principios del Órgano Judicial La Constitución Política del Estado y la Ley N° 025 del Órgano Judicial, determinan una amplia malla de Principios que regulan el funcionamiento del Órgano Judicial en su conjunto e individualmente de las Jurisdicciones Ordinaria, Agroambiental y del Consejo de la Magistratura Justicia boliviana: principios éticos y valores para el Estado.
Transparencia Oralidad Este principio fundamental exige que la administración de justicia ofrezca información útil, pertinente y fiable, facilitando la publicidad de sus actos. Va más allá de la mera publicidad, buscando la calidad y comprensibilidad de los datos puestos a conocimiento de la sociedad. Un ejemplo es la publicación de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, permitiendo el escrutinio público y la rendición de cuentas. La oralidad implica que las actuaciones judiciales, especialmente las audiencias de juicio, sean fundamentalmente verbales. Este enfoque promueve la inmediatez y concentración procesal, permitiendo al juzgador una percepción directa y ágil del caso. Su implementación, como en los juicios orales penales o familiares en el sistema boliviano, busca acelerar los procesos y fortalecer la interacción entre las partes y el juez.
Principio de Celeridad Principio de Probidad Este principio exige agilidad en los procesos judiciales, garantizando una administración de justicia oportuna y rápida. Su aplicación busca evitar demoras procesales, vinculándose directamente con la eficiencia y el debido proceso. Un ejemplo es la implementación de juicios orales para acortar los tiempos de resolución. La probidad se refiere a la exigencia de conocimiento y capacitación constante para jueces y juezas. Fundamenta un servicio judicial de alta calidad, promoviendo una gestión óptima orientada a resultados. Esto va más allá de la honestidad, enfocándose en la competencia técnica y ética del servidor judicial.
Principio de Legalidad Principio de Eficacia El administrador de justicia debe someterse estrictamente a la ley, no a voluntades individuales. Este principio garantiza la primacía de la Constitución Política del Estado y las leyes sobre cualquier discrecionalidad. Está intrínsecamente ligado a la independencia judicial, asegurando decisiones basadas en el marco normativo vigente. Una decisión judicial debe ser práctica y lograr el efecto de impartir justicia de manera efectiva. Implica que las resoluciones sean susceptibles de cumplimiento y que se aseguren las condiciones para su materialización. Se vincula directamente con la seguridad jurídica, garantizando la concreción de lo resuelto en el caso concreto.
Accesibilidad Verdad Material Este principio garantiza que toda persona, incluyendo pueblos indígenas y afrobolivianos, acceda al Órgano Judicial para recibir justicia. Implica la creación de condiciones y medidas, tanto jurisdiccionales como administrativas, para un acceso efectivo. Busca eliminar cualquier discriminación en el camino a la justicia, como se establece en la Ley N° 025. Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones en los hechos y circunstancias tal como ocurrieron, con estricto cumplimiento de las garantías procesales. Este principio, inherente a la seguridad jurídica, procura la fundamentación clara de los fallos. Su objetivo es consolidar la armonía social mediante decisiones basadas en la realidad fáctica.
Debido Proceso Derecho a la Impugnación Este principio fundamental asegura que toda persona tenga derecho a un proceso justo y equitativo, respetando las disposiciones jurídicas generales. Comprende el conjunto de requisitos que los servidores judiciales deben observar, conforme a la Constitución Política del Estado, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos. Además, implica la duración razonable del proceso, garantizando el cumplimiento de los procedimientos preestablecidos. El derecho a la impugnación garantiza la doble instancia, permitiendo a las partes apelar las resoluciones definitivas ante el inmediato superior jerárquico. Este mecanismo se activa cuando una decisión judicial dirime un conflicto y presuntamente causa un agravio a alguna de las partes. Es esencial para la revisión de fallos y la protección de los derechos de los litigantes en el marco de la administración de justicia.
LA REGULACIÓN LEGAL APLICABLE AL SISTEMA JUDICIAL Justicia boliviana: transparencia y principios en el Órgano Judicial. La administración de justicia puede conceptualizarse desde dos sentidos : Administración de justicia en sentido amplio: En este se dice que la administración de justicia es el conjunto de tribunales que tiene a su cargo la aplicación de normas legales y que forman el poder judicial. En este caso, se está refiriendo en gran medida a la estructura judicial vigente en determinado Estado. Administración de justicia en sentido restringido: En este se dice que es la potestad que tienen los jueces para aplicar una norma legal a un caso concreto. Bajo esta premisa el Órgano Judicial sustenta sus actos y decisiones en la Constitución Política del Estado, Leyes y Reglamentos , respetando la jerarquía normativa y distribución de competencias establecidas en la Constitución
Estructura del Órgano Judicial La nueva organización del Órgano Judicial, establece cuatro jurisdicciones: la Jurisdicción Ordinaria, Jurisdicción Agroambiental, Jurisdicción Indígena Originaria Campesina y las Jurisdicciones Especiales, además de las jurisdicciones mencionadas, forma parte del Órgano Judicial : El Consejo de la Magistratura