Introducción a las contrataciones del estado

Introducción a las contrataciones del estado como parte del sistema nacional de abastecimiento público

1. STAFF DE LA REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL
Módulo I



DIPLOMADO
CONTRATACIONES DEL
ESTADO
Modulo I: Introducción a las contrataciones del estado como parte del sistema
nacional de abastecimiento público

2. ÍNDICE
Subcapítulo I
1. Antecedentes del Sistema de Abastecimiento
2. De las Contrataciones Públicas al Sistema Nacional de Abastecimiento
3. Aspectos más relevantes del Decreto Legislativo N.° 1439, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Abastecimiento
3.1. Objeto de la norma
3.2. Estructura del Decreto Legislativo N.° 1439
3.3. Principios
3.4. Materias del Sistema Nacional de Abastecimiento
3.5. Ámbito de Aplicación
3.6. Conformación del Sistema Nacional de Abastecimiento
3.6.1. Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y
Finanzas
3.6.2. Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado
3.6.3. Central de Compras Públicas (Perú Compras)
3.6.4. Áreas involucradas en la gestión de la Cadena de Abastecimiento Público
3.7. Sistema Informático de Gestión Administrativa (SIGA)
3.8. Sistema Nacional de Abastecimiento y la contracción pública
Subcapítulo II
1. Principales acrónimos y referencias en la normativa de contrataciones del Estado
2. Finalidad de la normativa de contrataciones del Estado
3. Especialidad y aplicación supletoria de la normativa de contrataciones
3.1. Especialidad de la normativa de contrataciones
3.2. Aplicación supletoria a la normativa de contrataciones
4. Competencias en materia de contrataciones del Estado
5. Principios que rigen las contrataciones del Estado
5.1. Principio de libertad de concurrencia
5.2. Principio de igualdad de trato
5.3. Principio de transparencia
5.4. Principio de publicidad
5.5. Principio de competencia
5.6. Principio de eficacia y eficiencia
5.7. Principio de vigencia tecnológica
5.8. Principio de sostenibilidad ambiental y social
5.8.1. Principio de sostenibilidad ambiental
5.8.2. Principio de sostenibilidad social y desarrollo humano
5.9. Principio de equidad
5.10. Principio de integridad
6. Marco jurídico para la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado
6.1. Ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado
6.1.1. Supuestos de aplicación subjetiva
6.1.2. Supuestos de aplicación objetiva
7. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del
Estado
8. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del
Estado sujetos a supervisión
Subcapítulo III
1. De las organizaciones con la capacidad de realizar contrataciones
2. Organización de los procesos de contratación
3. Organización de la entidad para las contrataciones
3.1. El reglamento de organización y funciones y el OEC

3. 3.2. Funciones y vinculaciones del OEC
3.3. La capacitación del OEC
3.4. Implicancias del Órgano Encargado de las Contrataciones en el proceso de
contratación
4. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones
4.1. El titular de la entidad
4.2. El área usuaria
4.3. El Órgano Encargado de las Contrataciones
5. Responsabilidades esenciales
6. Supervisión de la entidad
Subcapítulo IV
1. ¿Qué es un impedimento?
2. Fundamento de los impedimentos para contratar con el Estado
3. Alcances de los impedimentos
4. Clases de impedimentos para contratar con el Estado
4.1. Impedimentos directos
4.1.1. Sobre el impedimento del literal a)
4.1.2. Sobre el impedimento de los literales b), c) y d)
4.1.3. Sobre el impedimento del literal e)
4.1.4. Sobre el impedimento del literal f)
4.1.4.1. Sobre el conflicto de interés
4.1.5. Sobre el impedimento del literal g)
4.2. Impedimentos indirectos
4.2.1. Sobre el impedimento del literal h)
4.2.2. Sobre el impedimento del literal i) y j)
4.2.3. Sobre el impedimento del literal k)
4.2.4. Sobre el impedimento del literal l)
4.2.5. Sobre el impedimento del literal m)
4.2.6. Sobre el impedimento del literal n)
4.2.7. Sobre el impedimento del literal o)
4.2.8. Sobre el impedimento del literal p)
4.2.9. Sobre el impedimento del literal q)
4.2.10. Sobre el impedimento del literal r)
4.2.11. Sobre el impedimento del literal s)
4.2.12. Sobre el impedimento del literal t)
5. Consecuencias al contratar con el Estado estando impedido
6. Calificación exigible a los proveedores
7. Participación en consorcio
7.1. Responsabilidad en los consorcios
8. Protección y promoción de la competencia y prevención del delito
8.1. Prácticas colusorias horizontales
8.2. Prácticas colusorias verticales
8.3. Modificaciones en función de la protección y promoción de la competencia y
prevención del delito

4. Subcapítulo I
1. Antecedentes del Sistema de Abastecimiento
El 30 de diciembre de 1977, mediante la publicación del Decreto Ley N.° 22056, se
instituyó el Sistema de Abastecimiento a fin de asegurar la unidad, racionalidad,
eficiencia y eficacia de los procesos de Abastecimiento de bienes y servicios no
personales en la Administración Pública, a través de procesos técnicos de catalogación,
registro de proveedores, programación, adquisiciones, almacenamiento y seguridad,
distribución, registro y control, mantenimiento, recuperación de bienes y disposición
final.
El Sistema de Abastecimiento, primigenio, estaba a cargo de la Dirección Nacional de
Abastecimiento del Instituto Nacional de Administración Tributaria (INAP) como Oficina
Central Técnico Normativa, y, como órganos de ejecución, las oficinas de
abastecimientos de las entidades de la Administración Pública.
Posteriormente, el 23 de enero del año 1980, se promulga el Decreto Ley N.° 22867,
que tenía como objetivo impulsar el proceso de desconcentración administrativa para
generar las condiciones adecuadas para que las decisiones de los funcionarios se
adopten en los niveles organizacionales más cercanos a la demanda de los servicios
públicos. Para tal efecto, el decreto estableció las decisiones que debían tomar los
ministerios en los organismos regionales de desarrollo u organismos similares, los
comités de desarrollo y las instituciones públicas descentralizadas respecto a los
procesos técnicos del abastecimiento de bienes y de servicios no personales. Dispuso,
además, la desconcentración de las atribuciones de los sistemas de personal,
abastecimiento y racionalización a las entidades públicas, con el objetivo de hacer más
dinámica y eficiente la estructura del Estado y generar las condiciones más adecuadas
para que las decisiones de los funcionarios se adopten a los niveles organizacionales.
Sin embargo, a mediados de los noventa, mediante la Ley N.° 26507, se declaró en
disolución al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), como organismo
público descentralizado del Poder Ejecutivo, dependiente directamente del presidente
de la República. A partir de esa fecha, el Sistema de Abastecimiento quedó sin órgano
rector siendo responsables los encargados de las oficinas de abastecimiento de cada
entidad pública, las cuales que por varios años siguieron aplicando las normas emitidas
por el desactivado Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
Posteriormente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 numeral 1) de la Ley N.°
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se determinó que los Sistemas
Administrativos sean de aplicación nacional, por lo que lo denominaron Sistema
Administrativo de Abastecimiento.
2. De las Contrataciones Públicas al Sistema Nacional de Abastecimiento
1

Ante la ausencia de un ente rector y de un sistema desarrollado, por muchos años se
generó que no exista unidad de criterios para la programación de necesidades, ni para
el uso de mecanismos de adquisición, ni herramientas para asegurar el uso adecuado
y seguimiento (gestión de stocks, almacén, uso) de los bienes adquiridos hasta su
disposición final, lo cual ha sido un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos y
metas trazados. Muchas veces las entidades efectuaban procesos exitosos de
adquisición de bienes desde el punto de vista procedimental; sin embargo, una vez

1
Exposición de motivos del Decreto Legislativo N.° 1439, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Abastecimiento, pp. 4-5. Recuperado de: <
http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2018/Setiembre/16/EXP-DL-1439.pdf>

5. ingresados los bienes a la entidad, no se efectuaban un seguimiento adecuado, y lo que
debió ser distribuido o empleado en un tiempo determinado, no se hacía, por lo que
muchas veces se perdían (ya sea por deterioro, obsolescencia, robo, etc.) los bienes
adquiridos, ocasionando un perjuicio para el Estado.
Es por ello que, surgió la necesidad de contar con un Sistema que abarque todas y cada
una de las etapas del abastecimiento, garantice la satisfacción eficaz y oportuna de las
necesidades y que brinde información sobre el desarrollo de cada una de las etapas, a
través de una herramienta integrada.
Es así que, se desarrolló el Sistema Nacional de Abastecimiento se propuso como una
mejora de la gestión pública, puesto que no solo comprende las actividades involucradas
en la gestión de adquisiciones y administración de bienes, servicios y ejecución de obras
para el cumplimiento de la provisión de servicios y logro de resultados, sino que
interrelaciona y armoniza con todos los otros sistemas administrativos.
El 16 de setiembre de 2018, se publicó el Decreto Legislativo N.° 1439, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento; antes de esta norma existía un gran
vacío en la administración. Cabe mencionar, que el Congreso de la República delegó
en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de modernización del Estado, a
fin de desarrollar el Sistema Nacional de Abastecimiento con una visión sistémica e
integral, que promueva una gestión ágil y eficiente de la cadena de abastecimiento bajo
el enfoque de la gestión por resultados para lograr valor público, determinando los
marcos jurídicos específicos que permitan modernizar, automatizar y dinamizar la
administración pública para el desarrollo del país
2
.
Por ello, con la expedición del Decreto Legislativo N.° 1439 se derogó el Decreto Ley
N.° 22056, el cual estableció el Sistema de Abastecimiento y el Capítulo II del Decreto
Ley N.º 22867, Decreto Ley para impulsar el Proceso de Desconcentración
Administrativa, estableciendo un renovado Sistema de Abastecimiento
3
con la
denominación de “Sistema Nacional de Abastecimiento”. Posteriormente a través del
Decreto Supremo N.° 217-2019 se aprobó su Reglamento.
3. Aspectos más relevantes del Decreto Legislativo N.° 1439, Decreto Legislativo
del Sistema Nacional de Abastecimiento
En el Decreto Legislativo N.° 1439, se considera al Sistema Nacional de Abastecimiento
como el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e
instrumentos para la provisión de los bienes, servicios y obras, a través de las
actividades de la Cadena de Abastecimiento Público, orientadas al logro de los
resultados, con el fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos.
Se regula de manera centralizada en lo técnico normativo, correspondiendo a las
entidades del Sector Público la ejecución descentralizada de las actividades
comprendidas en el Sistema, por lo que se rige por el Decreto Legislativo, su
Reglamento y sus normas complementarias.
Por su parte, la Cadena de Abastecimiento Público es el conjunto de actividades
interrelacionadas que abarca desde la programación hasta la disposición final,
incluyendo las actividades involucradas en la gestión de adquisiciones y administración
de bienes, servicios y ejecución de obras para el cumplimiento de la provisión de
servicios y logro de resultados, en las entidades del Sector Público. No comprende lo

2
Exposición de motivos del Decreto Legislativo N.° 1439, p. 3.
3
Nota informativa del director de la revista de Actualidad Gubernamental, CPC Mario Vera
Novoa.

6. regulado por la Ley N.º 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y
sus normas complementarias y conexas.
3.1. Objetivo de la norma
4

El objeto principal radica en desarrollar el Sistema Nacional de Abastecimiento y definir
al ente rector del Sistema, previo establecimiento de los principios que serán los
conductores a partir de lo cual se deben plantear de manera general las principales
definiciones, composición, normas y procedimientos que aseguren que las actividades
de la Cadena de Abastecimiento Público se ejecuten de manera eficiente y eficaz,
promoviendo una gestión interoperativa, articulada e integrada, bajo el enfoque de la
gestión por resultados.
3.2. Estructura del Decreto Legislativo N.° 1439
El decreto establece las siguientes disposiciones de cumplimiento obligatorio por las
instituciones públicas:
1. Objeto y finalidad del Sistema
2. Principios del Sistema de Abastecimiento
3. Ámbito de su aplicación
4. Definición del Sistema de Abastecimiento
5. Conformación del Sistema
6. Dirección General de Abastecimiento
7. Organismo Superior de Contrataciones del Estado
8. Central de Compras Públicas
9. Áreas involucradas en la gestión de la Cadena de Abastecimiento Público
10. Integración Intersistemica
11. Integración Intrasistemica
12. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras
13. Cuadro Multianual de Necesidades
14. Catálogo Único de Bienes y Servicios
15. Registro Nacional de Proveedores
16. Gestión de Adquisiciones
17. Contratación
18. Registro
19. Gestión de Contratos
20. Administración de Bienes
21. Almacenamiento de Bienes Muebles
22. Distribución
23. Mantenimiento
24. Disposición Final
25. Sistema Informático de Gestión Administrativa (SIGA)
26. Registro y empleo de la información de las actividades
3.3. Principios
Adicionalmente a los principios de la Administración Financiera del Sector Público y
los del Derecho Público en lo que resulte aplicable, el Sistema Nacional de

4
Artículo 1 del Decreto Legislativo N.° 1439.

7. Abastecimiento se rige por los ocho (8) siguientes principios
5
:
Economía
Consiste en una gestión desarrollada aplicando criterios de simplicidad, ahorro
en el uso de bienes, servicios y obras, empleo razonable de los recursos
públicos y maximización del valor por dinero.
Eficacia
Consiste en una gestión orientada al cumplimiento de las metas y objetivos,
con los recursos disponibles, en la oportunidad requerida, cumpliendo las
normas y procedimientos establecidos.
Eficiencia
Consiste en una gestión empleando los medios necesarios, con criterios de
calidad y buscando siempre el máximo rendimiento de los recursos humanos
y materiales asignados.
Oportunidad
Consiste en que las áreas involucradas en la gestión de la Cadena de
Abastecimiento Público doten a las entidades, en tiempo y modo oportuno, de
los bienes, servicios y obras dentro de las fechas programadas para el
cumplimiento de sus funciones y actividades.
Predictibilidad
Consiste en la realización de procedimientos y la elaboración de información
con la finalidad de generar confianza y certidumbre en las decisiones de los
actores a través del empleo de criterios uniformes y objetivos en el desarrollo
de las actividades del Sistema.
Racionalidad
Consiste en una gestión desarrollada mediante el empleo de métodos y
procedimientos lógicos que permitan optimizar el empleo eficiente de los
fondos públicos.
Sostenibilidad
ambiental,
social y
económica
Consiste en una gestión basada en el desarrollo sostenible en la Cadena de
Abastecimiento Público, respetando el medio ambiente y el desarrollo social y
económico, a fin de priorizar estratégicamente las necesidades de la
ciudadanía y el empleo eficiente de los recursos públicos.
Transparenci
a
Consiste en que las entidades del Sector Público proporcionan información
clara y coherente con el fin que las actividades del abastecimiento sean
comprendidas por todos los actores que participan del Sistema Nacional de
Abastecimiento, garantizando que la información que contienen sea pública,
accesible, confiable y oportuna, con base en la aplicación de instrumentos y
herramientas para el registro y seguimiento integral del Sistema.

Se ha consignado un listado de los principales principios rectores que deben impulsar
el Sistema Nacional de Abastecimiento; sin embargo, esta no es una lista cerrada, ya
que no son los únicos que le resultan aplicables, sino que deberá considerarse todos
los principios que rigen el derecho público y especialmente la Administración
Financiera del Sector Público
6
.
Por su parte, los principios de la Administración Financiera del Sector Público están
prescritos en el artículo 2 del Decreto Legislativo N.° 1436 y son los siguientes:
Articulación Consiste en la gestión de los recursos públicos de manera integrada
e intersistémica.
Centralización
normativa
Consiste en la definición por parte de los entes rectores de los
sistemas administrativos, de las normas de administración interna,
especificando las características de cada función, su responsable y
la proporción de recursos humanos asignados, para su utilización
eficiente.
Descentralización
operativa
Consiste en que las respectivas unidades dentro de las entidades
del Sector Público responden a los lineamientos dados en el ámbito
de la Administración Financiera del Sector Público.
Multianualidad Consiste en una gestión articulada bajo una perspectiva multianual
alineada a las medidas de la política fiscal vigente.

5
Artículo 2 del Decreto Legislativo N.° 1439.
6
Exposición de motivos del Decreto Legislativo N.° 1439, ob. cit., p. 5.

8. Probidad Consiste en que los integrantes de la Administración Financiera del
Sector Público adoptan las medidas o acciones pertinentes para
prevenir cualquier acto de corrupción, realizando una gestión
conforme a los principios y valores éticos establecidos para la
función pública, garantizando su transparencia y control.
Responsabilidad
fiscal
Consiste en que las políticas públicas se establecen con el
compromiso de seguir un manejo fiscal prudente y disciplinado que
incluya el estricto cumplimiento del marco macrofiscal, con el
objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica.
Sostenibilidad
fiscal
Consiste en preservar la solvencia financiera del Sector Público en
el mediano plazo, considerando de forma estricta su capacidad
financiera en forma previa a la asunción de obligaciones de
cualquier naturaleza que tengan impacto fiscal.

Por otro lado, se entiende como derecho público al conjunto de normas que regulan la
actividad del Estado en el ejercicio de sus funciones soberanas y en sus relaciones
con los particulares en su calidad de poder público. Se caracteriza por la especial
situación de privilegio o poder del Estado frente a los ciudadanos y al derecho privado
como conjunto de normas que organizan el Estado y sus dependencias, y que regulan
las relaciones entre el poder público y los particulares
7
.
3.4. Materias del Sistema Nacional de Abastecimiento
8

El Sistema Nacional de Abastecimiento asegura la articulación interna entre los
procesos de la administración financiera del sector público, aplicables al
abastecimiento, a través de los siguientes:
a) Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras
9

Como parte del Proceso de Programación de Recursos Públicos de la
Administración Financiera del Sector Público, tiene por finalidad la determinación de
los costos de bienes, servicios y obras necesarios, para el funcionamiento y
mantenimiento de las entidades del Sector Público; así como para el mantenimiento
de los activos generados por la inversión pública.
Asimismo, la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras se desarrolla a
través de la elaboración del Cuadro Multianual de Necesidades. Además, considera
el Planeamiento Integrado y su respectiva Programación, por un periodo mínimo de
tres (3) años, para lograr la previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios
y obras que requieren las Entidades, a fin de identificarlos debidamente, valorizarlos
y contar con información integral de los mismos.
Las fases de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras son las
siguientes:
• Identificación: Las dependencias de las Entidades identifican los
requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios, a través del
Planeamiento Integrado, para el cumplimiento de sus metas u objetivos
estratégicos y operativos. Posteriormente son valorizados de acuerdo con su
respectiva Programación, generando el Cuadro Multianual de Necesidades.
• Clasificación y Priorización: Las dependencias de las Entidades clasifican y
priorizan los requerimientos de bienes, servicios y obras identificados y

7
Nota informativa del director de la revista de Actualidad Gubernamental, CPC Mario Vera
Novoa.
8
Exposición de motivos del Decreto Legislativo N.° 1439, ob. cit., pp. 7 y 8.
9
Artículo 12 del Decreto Legislativo N.° 1439.

9. valorizados conforme al Planeamiento Integrado y a la Programación,
respectivamente. En esta fase, el Cuadro Multianual de Necesidades es
ajustado sobre la base de la Asignación Presupuestaria Multianual.
• Consolidación y Aprobación: Las dependencias de las Entidades consolidan
y aprueban los requerimientos de bienes, servicios y obras identificados,
clasificados y priorizados, considerando el límite de los créditos
presupuestarios establecidos en las disposiciones del Sistema Nacional de
Presupuesto Público, a fin de actualizar el Cuadro Multianual de Necesidades.
Es de señalar que, por mucho tiempo, las entidades no realizaban las fases de
planificación y programación de las necesidades, lo que ha generado en la práctica
que muchas de las adquisiciones que efectúan no correspondan a una necesidad
vinculada al cumplimiento de los objetivos institucionales. En tal sentido, la
Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras tiene por finalidad la
determinación de los costos de bienes, servicios y obras necesarios para el
funcionamiento y mantenimiento de las entidades públicas; así como el
mantenimiento de los activos generados por la inversión pública.
b) Gestión de Adquisiciones
10

Como parte del Proceso de Gestión de Recursos Públicos de la Administración
Financiera del Sector Público, comprende los procedimientos, actividades e
instrumentos mediante los cuales se gestiona la obtención de bienes, servicios y
obras para el desarrollo de las acciones que permitan cumplir metas y logro de
resultados.
La Gestión de Adquisiciones, de manera enunciativa, comprende las siguientes
actividades:
• Contratación: Actividad por la que las Entidades se provean de bienes,
servicios y obras asumiendo el pago con fondos públicos, para el logro de sus
metas u objetivos estratégicos y operativos.
• Registro: permite la identificación de la obtención de bienes, servicios y obras,
así como el adecuado seguimiento y control de los mismos a fin de asegurar el
logro de las metas u objetivos estratégicos y operativos de las Entidades.
• Gestión de contratos: Actividad de la Gestión de Adquisiciones que permite
un adecuado seguimiento y monitoreo de las obligaciones y derechos
derivados de los contratos, convenios y otros documentos suscritos por las
Entidades. Asimismo, facilita la administración de su ejecución hasta su
efectiva culminación de acuerdo a lo pactado
La Dirección General de Abastecimiento propone y/o emite las normas y
reglamentos referidos a la contratación de bienes, servicios y obras, así como
aquellas que son necesarias para la integración progresiva de los diversos
regímenes legales de contratación en un régimen unificado. En consecuencia, no
comprende los convenios de administración de recursos, ni las contrataciones de
Estado a Estado.
Cabe señalar que se ha previsto que la Gestión de Adquisiciones comprenda los
procedimientos, actividades e instrumentos, mediante los cuales se gestiona la
obtención de bienes, servicios y obras para el desarrollo de las acciones que
permitan cumplir metas y logro de resultados.

10
Artículo 16 del Decreto Legislativo N.° 1439.

10. c) Administración de Bienes
11

La Administración de Bienes se refiere a la gestión relacionada con el uso, custodia,
preservación, asignación, mantenimiento y disposición final de bienes, en lo que
corresponda, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Es por ello que
se ha previsto, aunque de manera enunciativa, que comprende las siguientes
actividades:
• Almacenamiento de Bienes Muebles
12
: Comprende los procedimientos,
actividades e instrumentos referidos a la recepción, verificación y control de
calidad, internamiento y registro, ubicación de bienes, preservación, custodia y
control de stocks.
• Distribución
13
: Comprende los procedimientos, actividades e instrumentos
referidos a las operaciones de asignación y traslado de bienes a los usuarios.
• Mantenimiento
14
: Comprende los procedimientos, actividades e instrumentos
mediante los cuales se garantiza el funcionamiento de los bienes para
mantener sus condiciones eficientes de operación, preservar su uso y vida útil.
• Disposición final
15
: Comprende los procedimientos, actividades e
instrumentos mediante los cuales se regula y decide el destino final de los
bienes que incluye los actos de administración, disposición u otras
modalidades, para una gestión adecuada del patrimonio, mediante su
reasignación, venta o baja definitiva.
3.5. Ámbito de Aplicación
16

El Sistema Nacional de Abastecimiento es de aplicación a las siguientes entidades del
Sector Público:
1) Sector Público No Financiero:
a) Entidades Públicas:
i) Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
ii) Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de
Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,
Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal
Constitucional, Contraloría General de la República y Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
iii) Universidades Públicas.
iv) Gobiernos Regionales.
v) Gobiernos Locales.
vi) Organismos públicos de los niveles de gobierno regional y local.
b) Empresas Públicas No Financieras:
i) Empresas Públicas No Financieras del Gobierno Nacional, de los
Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales, fuera del ámbito del
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado (Fonafe).
ii) Empresas Públicas No Financieras bajo el ámbito del Fonafe.
c) Otras formas organizativas no financieras que administren recursos
públicos, tales como:
i) Caja de Pensiones Militar Policial.

11
Artículo 20 del Decreto Legislativo N.° 1439.
12
Desarrollado en el artículo 21 del Decreto Legislativo N.° 1439,
13
Desarrollado en el artículo 22 del Decreto Legislativo N.° 1439.
14
Desarrollado en el artículo 23 del Decreto Legislativo N.° 1439.
15
Desarrollado en el artículo 24 del Decreto Legislativo N.° 1439.
16
Artículo 24 del Decreto Legislativo N.° 1439.

11. ii) Seguro Social de Salud (EsSalud).
iii) Administradores de Fondos Públicos.
2) Sector Público Financiero:
a) Banco Central de Reserva del Perú.
b) Empresas Públicas Financieras:
i) Empresas Públicas Financieras del Gobierno Nacional, de los Gobiernos
Regionales y de los Gobiernos Locales, fuera del ámbito del Fonafe.
ii) Empresas Públicas Financieras bajo el ámbito del Fonafe.
c) Otras formas organizativas financieras que administren recursos públicos.
El Sistema Nacional de Abastecimiento se aplica al universo que, bajo la denominación
de “entidades del Sector Público”, se encuentra compuesto de dos grandes grupos: (i)
el Sector Público No financiero y (ii) el Sector Público Financiero, conforme a lo
expresamente señalado en el artículo 3 del Decreto Legislativo.
3.6. Conformación del Sistema Nacional de Abastecimiento
El Sistema Nacional de Abastecimiento está compuesto por
17
:
3.6.1. Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y
Finanzas
La Dirección General de Abastecimiento es el órgano dependiente del Despacho
Viceministerial de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, rector del
Sistema Nacional de Abastecimiento y, como tal, se constituye a nivel nacional como
la más alta autoridad técnico-normativa en materia de abastecimiento, encargada de
proponer políticas, dictar normas y procedimientos para la conducción de las
actividades de la Cadena de Abastecimiento Público o, entre las cuales se
encuentran aquellas vinculadas a contrataciones públicas, que forma parte del
componente Gestión de Adquisiciones.
La Dirección General de Abastecimiento (DGA) como ente rector del Sistema
Nacional de Abastecimiento y, como tal, ejerce sus atribuciones y su vinculación con
los conformantes del Sistema y de la Administración Financiera del Sector Público,
según las normas que la regula.
Son funciones de la Dirección General de Abastecimiento
18
:
1. Ejercer la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de
Abastecimiento, dictando normas relacionadas con su ámbito de competencia.
2. Programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de las actividades
que componen el Sistema Nacional de Abastecimiento.
3. Aprobar la normatividad y los procedimientos que regulan el Sistema Nacional de
Abastecimiento.
4. Emitir las directivas y normas complementarias referidas a la estandarización e
integración en la prestación de los servicios de mantenimiento, alquiler de
locales, seguro, seguridad, distribución, almacenamiento y otras actividades
relacionadas al Sistema.
5. Establecer las disposiciones para la identificación, selección y sistematización de
buenas prácticas en las diferentes actividades que desarrolla, a fin de promover
la mejora continua de sus actividades.

17
Artículo 5 del Decreto Legislativo N.° 1439.
18
Artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 1439.

12. 6. Conducir y promover la operatividad, articulación e integración del Sistema
Nacional de Abastecimiento con las entidades del Sector Público.
7. Emitir opinión vinculante en materia del Sistema Nacional de Abastecimiento.
8. Difundir la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento, así como
desarrollar y promover acciones de capacitación y la certificación de los
responsables de las áreas involucradas en la gestión de la Cadena de
Abastecimiento Público.
9. Mantener actualizada y sistematizada la normatividad del Sistema Nacional de
Abastecimiento.
10. Definir los sistemas de información e informáticos del Sistema Nacional de
Abastecimiento.
11. Emitir las directivas correspondientes para efectuar el monitoreo y evaluación
del desempeño del Sector Público sobre la base de la gestión por resultados, en
lo concerniente al Sistema Nacional de Abastecimiento.
12. Proponer la delegación o encargo de funciones a los organismos públicos
integrantes del Sistema Nacional de Abastecimiento.
Es de advertir que son unidades orgánicas de la Dirección General de Abastecimiento
las siguientes
19
:
• Dirección de Normatividad: Emite opinión sobre los proyectos de normas,
directivas, lineamientos y procedimientos correspondientes al Sistema
Nacional de Abastecimiento, así como gestionar su aprobación.
• Dirección de Planeamiento Integrado y Programación: Entre sus funciones,
encontramos la de coordinar, supervisar y evaluar las actividades en materia
de Planeamiento Integrado y Programación.
• Dirección de Adquisiciones: Es responsable de elaborar y proponer normas,
directivas, lineamientos y procedimientos en materia de Adquisiciones.
Comprende la obtención de bienes, servicios y otras, así como la
administración de la ejecución contractual y la integración progresiva de los
regímenes legales de contratación.
• Dirección de Bienes Muebles: Se encarga de elaborar y proponer normas,
directivas, lineamientos y procedimientos en materia de bienes muebles.
Comprende la gestión de inventarios, de centros de almacenamiento y
distribución, de transporte y distribución, el registro y formalización de la
tenencia o derechos sobre bienes muebles, el saneamiento, el mantenimiento,
los actos de administración y disposición u otras modalidades y el
aseguramiento.
• Dirección de Bienes Inmuebles: Responsable de elaborar y proponer
normas, directivas, lineamientos y procedimientos en materias de Bienes
Inmuebles, que comprende el registro y formalización de la tenencia o derechos
sobre inmuebles, el saneamiento, el mantenimiento, los actos de
administración y disposición u otras modalidades y el aseguramiento.
• Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación: Desarrollo e
Innovación: Tiene la función de realizar investigaciones sobre la dinámica de
los mercados público y privado, identificando mejoras e innovaciones para la
Cadena de Abastecimiento Público.
3.6.2. Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado

19
Ministerio de Economía y Finanzas, ob. cit.

13. De acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 1439
20
, el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado es un organismo técnico especializado
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de supervisar el
cumplimento de la normativa de contrataciones del Estado, promoviendo las mejores
prácticas en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, de acuerdo a
lo establecido en su marco normativo
21
; a fin de que sean íntegros, eficientes y
competitivos, en beneficio de los ciudadanos.
3.6.3. Central de Compras Públicas (Perú Compras)
22

La Central de Compras Públicas es un organismo público ejecutor adscrito al
Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de promover estrategias y
mecanismos que aseguren la eficiencia en la contratación pública, de acuerdo a lo
establecido en su marco normativo y en el Decreto Legislativo N.° 1439.
En específico, facilita la articulación de las entidades públicas con los proveedores
de bienes y servicios a través de los mecanismos de Acuerdos Marco, Compra
Corporativa y Subasta Inversa, para la atención oportuna de sus necesidades, de
manera eficiente y transparente.
3.6.4. Áreas involucradas en la gestión de la Cadena de Abastecimiento
Público
23

Las áreas involucradas en la gestión de la Cadena de Abastecimiento Público son
responsables de la programación y gestión del abastecimiento y la ejecución de las
actividades del Sistema, de conformidad con la normativa emitida por la Dirección
General de Abastecimiento.
En consideración a ello, son funciones de las áreas involucradas en la gestión de la
Cadena de Abastecimiento Público, según corresponda, las siguientes:
1. Gestionar y ejecutar las actividades comprendidas en el Sistema Nacional de
Abastecimiento.
2. Proponer normas, lineamientos y directivas de gestión interna en el ámbito
institucional sobre la operatividad y las actividades a su cargo.
3. Programar, dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de las actividades de la
Cadena de Abastecimiento Público.
4. Coordinar, programar, ejecutar, supervisar e informar transparentemente los
procesos de contratación de bienes, servicios y obras requeridos por la entidad
del Sector Público.
5. Coordinar, consolidar y elaborar la programación de los bienes, servicios y obras,
requeridos por las entidades del Sector Público en sus respectivos cuadros de
necesidades.
6. Coordinar, formular y programar el plan anual de contrataciones.
7. Administrar los activos fijos y consolidar la información sobre su estado de
conservación.

20
Artículo 7 del Decreto Legislativo N.° 1439.
21
Su marco normativo está compuesto por la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 344-2018-EF y su Texto Único Ordenado de
la Ley N.° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 082-2019-EF. Nota: Confrontar con
el ítem 5.5.
22
Artículo 8 del Decreto Legislativo N.° 1439.
23
Artículo 9 del Decreto Legislativo N.° 1439.

14. 8. Planificar y conducir las actividades de almacenamiento y distribución.
9. Gestionar y ejecutar los actos de adquisición, administración, disposición, registro
y supervisión de los bienes.
10. Realizar coordinaciones y acciones de mantenimiento, conservación y
seguridad sobre los bienes de uso de las entidades del Sector Público.
11. Otras actividades propias del Sistema Nacional de Abastecimiento.
Por su parte, los responsables y servidores pertenecientes a las áreas involucradas
en la gestión de la Cadena de Abastecimiento Público son profesionales, técnicos o
personal capacitado, según los requerimientos de las actividades relacionadas al
Sistema y conforme a lo que establece el Reglamento.
3.7. Sistema Informático de Gestión Administrativa (SIGA)
24

Ante todo, considerar que el Sistema Nacional de Abastecimiento articula toda la
gestión del abastecimiento en un solo sistema, optimizando la información que se
genera en toda la cadena, a fin de asegurar con una base técnica, la eficiencia y el
mejor uso de los fondos públicos.
Para que esto sea posible, se debe compartir una visión viable e integral del Sistema,
la aplicación estructural de sus actividades, la optimización de su información, el
desarrollo de mejores procedimientos, la implementación de las buenas prácticas y
todo aquello que no solo sea necesario, sino suficiente para asegurar el máximo
beneficio, como la mayor racionalización, la estandarización, la calidad en el uso de
los fondos, incluido el tiempo, equilibrando en este conjunto de actividades, la emisión
de normas y lineamientos técnicos, para alcanzar las metas establecidas de forma
efectiva y eficiente, contribuyendo a mejorar y modernizar la gestión pública y el interés
público del Estado.
De este modo, se dispone que el registro de la información relacionada con el Sistema
Nacional de Abastecimiento se realice a través del Sistema Informático de Gestión
Administrativa (SIGA), siendo su uso único y obligatorio por parte de las entidades del
Sector Público, cuyo funcionamiento se sustenta bajo una lógica de datos abiertos.
Tiene carácter oficial y obligatorio, e interactúa con el Sistema Integrado de
Administración Financiera de Recursos Públicos (SIAF-RP), así como con los
aplicativos informáticos del OSCE, PERÚ COMPRAS y de otras entidades que
resulten estratégicas para el desarrollo del Sistema Nacional de Abastecimiento,
conforme sea determinado por la Dirección General de Abastecimiento.
Respecto a su implementación, la norma señala que se realiza de forma progresiva en
las entidades del Sector Público, de acuerdo con las directivas que emita la Dirección
General de Abastecimiento, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de
Abastecimiento.
De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto
Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021, las Entidades del sector público
bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento se encuentran facultadas,
hasta el 31 de diciembre de 2023, a efectuar mejoras o desarrollos a sus aplicativos
informáticos ad hoc de gestión administrativa relacionados a dicho Sistema. Para dicho
efecto, se suspende hasta dicho plazo la exigencia de opinión previa de la Dirección
General de Abastecimiento, establecida en el artículo 29 del Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1439.

24
Exposición de motivos del Decreto Legislativo N.° 1439, ob. cit., pp. 7 y 8.

15. 3.8. Sistema Nacional de Abastecimiento y la contracción pública
La rectoría del Dirección General de Abastecimiento sobre el Sistema Nacional de
Abastecimiento, significa que debe políticas, dictar normas y procedimientos para la
conducción de las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público, entre las
cuales se encuentran aquellas vinculadas a contrataciones públicas, que forma parte
del componente Gestión de Adquisiciones.
Por ello, en relación con el componente de la Gestión de Adquisiciones cabe indicar
que este regula, entre otros, la forma de obtención de bienes, servicios y obras, es
decir comprende las actividades, mecanismos y/o procedimientos necesarios para el
aprovisionamiento de los bienes, servicios y obras necesarios para que las Entidades
desarrollen sus actividades y el cumplimiento de sus funciones y fines, lo que incluye
las herramientas de obtención, tales como, los procedimientos de contratación,
procedimientos de aceptación de donaciones o daciones en pago.
En ese contexto, se advierte que dentro de la Gestión de Adquisiciones existen
diversas formas de obtención, siendo una de ellas la contratación pública. Es así que,
a través del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, se establecen los procedimientos que deben utilizar las entidades para realizar
sus contrataciones, los requisitos para determinar qué tipo de procedimiento debe
utilizarse en cada caso (Por ejemplo, el objeto y la cuantía); así como, las reglas de
ejecución contractual.
En relación con ello, es preciso señalar que las Entidades, conforme a su tipo,
competencias y funciones adoptan una determinada estructura y se organizan a fin de
responder al objeto para el que fueron creadas y atender a las necesidades de la
ciudadanía y, en base a lo cual, determinan sus metas y objetivos. Así, para el logro
de dichas metas y objetivos, identifican sus necesidades y elaboran los requerimientos
de bienes, servicios y obras a contratar.
En dicho contexto, es responsabilidad de las áreas usuarias de cada Entidad,
determinar y requerir los referidos bienes, servicios u obras, debiendo definir sus
especificaciones técnicas (bienes), términos de referencia (servicios) o expediente
técnico (obras) de acuerdo con sus necesidades, de modo que se cumpla con la
finalidad pública de cada contratación.
En ese sentido, si bien el Sistema Nacional de Abastecimiento diseña, entre otros
aspectos, los procedimientos de contratación que realizan la Entidades, no es
competente para establecer las características técnicas y condiciones contractuales
del objeto o materia a contratar por cada Entidad, dado que dichos aspectos
corresponden ser definidos por la Entidad contratante, de acuerdo con sus
necesidades específicas.
La normativa de contratación pública establece los procedimientos que permiten a las
Entidades contratar con proveedores de bienes, servicios u obras en el marco de una
relación jurídica patrimonial no subordinada que debe desarrollarse respetando la
regulación de cada objeto contractual
25
.


25
Véase “Memorando N° 0342-2021-EF/54.02”

16. Subcapítulo II
2. Principales acrónimos y referencias en la normativa de contrataciones del
Estado
El artículo 1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones nos permite conocer de forma
introductoria las principales instituciones y herramientas que forman parte del Sistema
de Abastecimiento y del marco jurídico de las contrataciones del Estado.
a) Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
Esta ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los
recursos públicos que se invierten, así como promover la actuación bajo el enfoque de
gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras. De tal
manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de
precio y calidad, y, además, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan
una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas
se fundamentan en los principios que se enuncian en la referida ley.
b) Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es un organismo
técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con
personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, con
representación judicial propia, sin perjuicio de la defensa coadyuvante de la
Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas
26
.
Tiene como funciones
27
, entre otras, regular y supervisar los procesos de
contrataciones que realizan las entidades públicas. Se cautela la aplicación eficiente
de la normatividad y promoviendo las mejores prácticas para el uso óptimo de los
recursos públicos y la satisfacción de las necesidades de la población.
Es de señalar que el Decreto Legislativo N.° 1439
28
, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Abastecimiento (SNA), que tiene por objeto desarrollar el Sistema
Nacional de Abastecimiento, reconoce al OSCE como conformante de dicho Sistema,
así como el rol de ser el organismo técnico especializado encargado de supervisar el
cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado peruano y promover las
mejores prácticas en los procesos de contratación.
c) Entidad
Son aquellas señaladas en el artículo 3 de la ley:
“3.1 Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente Ley, bajo el
término genérico de Entidad:
a) Los Ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos
adscritos.
b) El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Constitucionalmente
Autónomos.

26
Recuperado de
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1469762/Memoria%20Institucional%202019%2
0-%20OSCE.pdf>, p 7.
27
Para mayor detalle de estas funciones, véase el artículo 5 del Decreto Supremo que Aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), Decreto Supremo N.° 076-2016-EF.
28
Publicado en El Peruano el 16 de setiembre del 2018.

17. c) Los Gobiernos Regionales y sus programas y proyectos adscritos.
d) Los Gobiernos Locales y sus programas y proyectos adscritos.
e) Las universidades públicas.
f) Juntas de Participación Social.
g) Las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobierno.
h) Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean
de derecho público o privado.
3.2. Para efectos de la presente Ley, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del
Perú y los órganos desconcentrados tienen el mismo tratamiento que las
Entidades señaladas en el numeral anterior.
3.3. La presente Ley se aplica a las contrataciones que deben realizar las Entidades
y órganos señalados en los numerales precedentes, así como a otras
organizaciones que, para proveerse de bienes, servicios u obras, asumen el pago
con fondos públicos.”
Cuando alguna de las entidades contempladas en el numeral 3.1 del artículo 3 de la
Ley utilice fondos públicos para contratar la adquisición de bienes, la prestación de
servicios o la ejecución de una obra, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de
sus funciones, deberá observar las disposiciones de la normativa de contrataciones
del Estado.
Además, sujeción de determinadas contrataciones a las disposiciones de la Ley y su
Reglamento resultará obligatoria cuando quien pretende satisfacer sus necesidades
de bienes, servicios u obras tiene la calidad de “Entidad”, en los términos referidos en
el artículo 3 de la Ley y si, además, para tal efecto, debe asumir el pago con cargo a
fondos públicos; condiciones que deben presentarse de forma concurrente. En
consecuencia, aquellas contrataciones cuyo pago no sea asumido con fondos
públicos, no se encontrarán dentro del ámbito de aplicación de la Ley, pues no
cumplirían con el criterio objetivo establecido en el numeral 3.3., del artículo 3 de la
Ley
d) Tribunal de Contrataciones del Estado
Es el órgano encargado de resolver, en última instancia administrativa, las
controversias que surjan entre las entidades y los postores durante el proceso de
selección, así como de aplicar sanciones de suspensión o inhabilitación a proveedores,
postores y contratistas por infracción de las disposiciones de la ley, su reglamento y
demás normas complementarias.
e) Central de Compras Públicas - Perú Compras
La Central de Compras Públicas - Perú Compras fue creada mediante el Decreto
Legislativo N.° 1018 el 3 de junio del 2008, y ejerce sus funciones a partir del 18 de
marzo del 2016.
La Central de Compras Públicas - Perú Compras es un organismo público adscrito al
Ministerio de Economía y Finanzas con autonomía técnica, funcional y administrativa,
cuyo objetivo principal es optimizar las contrataciones públicas a nivel nacional, a
través de sistemas y procedimientos dinámicos y eficientes, con personal altamente
especializado y aprovechando el uso de las tecnologías de la información y la
economía de escala. Ejerce competencia a nivel nacional.
f) Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace)
El Seace es el sistema electrónico que permite el intercambio de información y difusión
sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones
electrónicas.

18. Asimismo, el Seace es el principal mecanismo de “publicidad” en el cual todas las
entidades públicas deben brindar información de todos sus procesos de
contrataciones.
Para realizar un proceso de contratación la entidad debe recurrir al sistema de
contrataciones el cual está constituido por tres grandes fases: 1) actos preparatorios,
2) selección y 3) la ejecución contractual. Dentro de estas fases la entidad se encuentra
obligada de brindar información al Seace.
g) Registro Nacional de Proveedores (RNP)
Es un registro informático que, mediante mecanismos de revisión, análisis y control
soportados en el uso de tecnologías de información, administra y actualiza la base de
datos de los proveedores para la provisión de bienes, servicios, consultoría de obras
y ejecución de obras, a las Entidades.
El RNP está organizado por procedimientos de inscripción, actualización de
información de las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras,
interesadas en contratar con el Estado, así como por procedimientos de publicidad de
esta información, promoción de acceso y fidelización de permanencia, incluyendo
procedimientos de monitoreo y control para asegurar la veracidad y la calidad de la
información. Para la tramitación electrónica de los procedimientos seguidos ante el
RNP, los proveedores usan las plataformas informáticas disponibles.
El RNP opera los siguientes registros: i) proveedores de bienes, ii) proveedores de
servicios, iii) consultores de obras, y iv) ejecutores de obras.
h) Unidades impositivas tributarias (UIT)
La UIT es un valor de referencia que se utiliza en el Perú para determinar las bases
imponibles, deducciones, límites de afectación, aplicar sanciones, determinar
obligaciones contables, entre otras.
Este valor lo establece el Ministerio de Economía (MEF) y su modificación se hace
tomando una serie de elementos macroeconómicos. Para el 2022, el valor de la UIT
es de S/ 4600.
i) Oferta
Documento que presenta el proveedor manifestando su intención de desarrollar la
prestación requerida por la Entidad bajo las condiciones ofrecida
j) Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
Es el documento de gestión que contiene toda la información relativa a los requisitos
y procedimientos administrativos que el público usuario debe tener en cuenta para
solicitar algún trámite.
3. Finalidad de la normativa de contrataciones del Estado
El artículo 1 de la Ley de Contrataciones establece que este instrumento normativo:
Tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos
que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las
contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los
fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.
Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian en la presente ley.

19. En ese sentido la ley maximiza el valor (dinero) de los recursos públicos, tomando en
consideración el precio, rendimiento y vida útil, condiciones comerciales, tiempo de
atención ante fallas, costo por flete, mantenimiento y otros elementos aplicables de
acuerdo con la naturaleza de la contratación.
Además, el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes,
servicios en general, consultorías y obras, prioriza la calidad sobre las formalidades,
otorgando mayor discrecionalidad al operador logístico.
Sobre el particular, es preciso indicar que el Plan Anual de Contrataciones se encuentra
vinculado al Plan Operativo Institucional (POI), que está relacionado con el cuadro de
necesidades, requerimientos priorizados y especificaciones técnicas. Igualmente, brinda
mayor diversidad en las alternativas de selección, contratación y solución de
controversias
29
.
Con referencia al párrafo anterior, es importante desarrollar algunos contenidos del
temario del examen de nivel básico de la certificación por niveles de los profesionales y
técnicos que laboren en los órganos encargados de las contrataciones de las entidades
públicas.
La competencia 1 del temario básico para la evaluación de certificación espera que el
profesional o técnico “relacione la gestión por resultados con los elementos del
planeamiento estratégico (visión, misión, objetivos estratégicos y acciones estratégicas)
teniendo en cuenta su rol ético como servidor público y los lineamientos de la
modernización de la gestión pública”.
Para ello, es primordial entender qué se entiende por “gestión en nuestro contexto
actual”. Al respecto, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021
establece:
La gestión pública moderna es una gestión orientada a resultados al servicio del ciudadano. Esto
es una gestión en la que funcionarios públicos calificados y motivados se preocupan por entender
las necesidades de los ciudadanos y organizan tanto los procesos de producción
30
o actividades
como los de soporte (los sistemas administrativos), con el fin de trasformar los insumos en
productos (seguridad jurídica, normas, regulaciones, bienes o servicios públicos) que arrojen
como resultado la mayor satisfacción de los ciudadanos, garantizando sus derechos y al menor
costo posible.

Así, una gestión pública orientada a resultados efectiva se obtendrá cuando las
entidades estén en capacidad de llevar a cabo lo siguiente:
i) Establecer objetivos claros y articulados, a nivel sectorial, así como territorial
(nacional, regional y local), expresados en metas de producción (cantidades de
servicios de una determinada calidad) que brindarán como resultado un mayor
nivel de satisfacción al ciudadano.
ii) Reasignar los recursos presupuestales para maximizar los niveles de producto y
resultados esperados. Es decir, formular el presupuesto en función de los
objetivos establecidos en los planes.
iii) Desarrollar y optimizar los procesos de producción o trabajo (la “cadena de
valor”) y los de soporte (que alimentan a los anteriores), con el fin de alcanzar
los niveles de producción de bienes y servicios públicos de calidad esperados
por la población, con la mayor eficacia y eficiencia posibles en el uso de los
recursos.

29
Véase el siguiente enlace: <http://portal.osce.gob.pe/osce/content/nueva-ley-de-
contrataciones-gira-en-torno-seis-ejes-principales-asegura-el-osce>.
30
Conjunto de acciones que transforman los insumos en productos en la "cadena de valor".

20. iv) Reordenar o reorganizar a nivel nacional, regional y local, las competencias y
funciones contenidas en la estructura funcional actual adecuándolos a una
organización basada en procesos de la cadena de valor.
v) Establecer un sistema de indicadores de desempeño y resultados que le
permitan monitorear y evaluar si los insumos se están transformando en los
productos cuyos resultados son los que los ciudadanos demandan, y si están
aplicando los procesos más eficaces y eficientes. La información que provea el
monitoreo y desempeño deberá capitalizarse en un sistema de Gestión del
Conocimiento que permita establecer procesos de Cambio Cultural o de Mejora
Continua de la Calidad, sobre la base de las mejores prácticas internacionales
(benchmark) y nacionales, y a través de la sistematización y el almacenamiento
de la información relativa a los estándares de trabajo que mejor funcionaron o
los procesos más eficaces y eficientes, de los formatos más amigables, los
términos de referencia o el alcance de los proyectos, los contratos más seguros,
los precios y costos pactados, los perfiles profesionales que mejor se
desempeñaron, las empresas consultoras con las que se trabajó y una
evaluación de su desempeño y otros aspectos recogidos durante la gestión.
Ahora bien, el modelo de gestión orientada a resultados es un proceso
sustentado en seis componentes, los cuales posteriormente servirán de pilares
para la propuesta central de la política de modernización de la gestión pública.
Dentro de los indicadores de evaluación para la certificación, se solicita al profesional
o técnico que este comprenda la definición de "gestión por resultados". La cual
es entendida por la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021
de la siguiente manera:
La GPR implica una administración de las organizaciones públicas
focalizadas en la evaluación del cumplimiento de acciones
estratégicas definidas en un plan de gobierno y un plan de desarrollo.
En otras palabras, es un enfoque de gestión que busca incrementar
la eficacia y el impacto de las políticas del Sector Público a través de
una mayor responsabilidad de los funcionarios por los resultados de
su gestión.
La implantación de un proceso de Modernización de la Gestión
Pública, en este sentido puede ser entendido, como la incorporación
de nuevos enfoques de índole corporativo, tales como reingeniería,
benchmarking, outsourcing, etc., con la finalidad de superar la
administración burocrática que caracterizaba a los países menos
desarrollados.
Asimismo, este cambio cultural debe contemplar a los funcionarios
públicos, de tal modo que se impulsaran políticas de personal,
centradas en premiar el buen desempeño, fomentar la capacitación y
el perfeccionamiento profesional, hoy ausentes en la gestión pública
peruana
31
.

Ahora bien, en agosto de 2022, se aprobó la Política Nacional de Modernización de
la Gestión Pública al 2030, mediante el Decreto Supremo N.° 103-2022-PCM,
representado el proceso de actualización de la Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública al 2021, para lo cual se recogió las lecciones aprendidas de los
últimos años, las cuales han evidenciado con claridad que el logro de una gestión
pública moderna solo puede efectuarse si es que se posiciona en el centro de la
actuación del Estado a las personas, son ellas quienes sustentan y orientan nuestra
razón de ser.
En ese sentido, establece la modernización de la gestión pública se entiende como

31
Cfr. ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA Y INSTITUTO PARA LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA
ELECTORAL (IDEA) INTERNACIONAL, Gestión pública (material de trabajo), 2008, pp. 19-21. Véase:
<http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/8453BD9D9F57489405257C0C00
1 4A7FC/$FILE/Gesti %C3%B3n_P%C3%BAblica.pdf>.

21. un proceso de transformación constante a fin de mejorar lo que hacen las entidades
públicas y, de esa manera, generar valor público. En dicho marco, se crea valor
público cuando: (i) las intervenciones públicas, que adoptan la forma de bienes,
servicios o regulaciones, satisfacen las necesidades y expectativas de las personas,
generando beneficios a la sociedad y, (ii) se optimiza la gestión interna a través de
un uso más eficiente y productivo de los recursos públicos, para, directa o
indirectamente, satisfacer las necesidades y expectativas de las personas,
generando beneficios a la sociedad. En el siguiente cuadro se sintetizan algunos de
los conceptos clave considerados y basados en la literatura especializada y
normativa sobre la modernización de la gestión pública:
Término Concepto Clave
Bienes Son los productos tangibles que responden a las
necesidades de las personas y que son entregadas por las
entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones (p.e.
desayuno escolar, tablets, bono, DNI, pasaporte, medicina,
libros, vacunas, etc). Para la provisión de bienes se podría
requerir de servicios para asegurar su adecuada entrega.
Bienes, servicios y
regulaciones
Constituyen el conjunto de intervenciones a través de los
cuales las entidades públicas, en el marco de sus
competencias, promueven, producen o generan
condiciones para obtener un cambio en la sociedad
Necesidades y
expectativas
Se identifican a partir de las brechas de acceso a bienes y
servicios a nivel departamental, provincial y distrital. Estas
brechas permitirán comprender cómo viven las personas en
sus territorios, sus medios de vida y su nivel de bienestar; y
a partir de ello, poder diseñar intervenciones reflejados en
políticas y planes que permitan identificar las necesidades
reales de la población y aprovechar las oportunidades
Servicio Son los productos intangibles entregados por las entidades
públicas a las personas, en el marco de sus competencias
y funciones sustantivas que, al satisfacer sus necesidades
y expectativas, generan valor público
Valor público El valor público debe ser entendido como el cambio que
acontece en las variables sociales. El valor público se crea
cuando a) las intervenciones públicas, que adoptan la forma
de bienes, servicios o regulaciones, satisfacen las
necesidades y expectativas de las personas, generando
beneficios a la sociedad y, b) se optimiza la gestión interna
a través de un uso más eficiente y productivo de los
recursos públicos, para, directa o indirectamente, satisfacer
las necesidades y expectativas de las personas, generando
beneficios a la sociedad

Nota:
La Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece que la finalidad de la misma es
maximizar el dinero del contribuyente logrando que las contrataciones realizadas por el Sector
Público se realicen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de calidad y precio; ello en
el marco de un conjunto de principios. Además, la ley añade otros criterios trascendentales, tales
como la gestión por resultados y la repercusión positiva en las condiciones de vida de los
ciudadanos.
Como puede verse, se trata de un giro que busca alejar a la administración pública del puro
formalismo, concentrándose en guiar su actuación administrativa hacia la obtención de
resultados que signifiquen, necesariamente, una mejora en el bienestar de las personas, lo cual
concuerda con lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
Pero estos aspectos no tienen efectos solamente en las actuaciones administrativas, puesto que
no es posible dinamizar estas si es que no se mejora las condiciones generales en las que el

22. sector privado contrata con el Estado.
La reforma de la normativa de contrataciones del Estado, en consecuencia, articula al Sector
Público y al sector privado en torno de un objetivo común: la repercusión positiva —de los
contratos que suscriben ambas partes— en las condiciones de vida de la ciudadanía. De esta
manera, se logra que el sector privado se involucre en la finalidad pública que es inmanente a la
actuación del Estado y, al mismo tiempo, se consigue que el Estado sea un agente que
contribuya a la dinamización de la economía.
En efecto, como se señaló en la exposición de motivos de la ley, sus disposiciones normativas
responden a la necesidad de contar con un régimen de contratación pública eficiente y orientado
hacia la gestión por resultados, que, además de promover y dinamizar las inversiones y la
economía, permita que el presupuesto aportado por los ciudadanos se convierta en bienes,
servicios y obras para la comunidad; ello sin perjuicio de que se logren otros objetivos orientados
a la sostenibilidad ambiental y social.
Así, el reglamento de la ley busca completar la tarea iniciada por la Ley N.° 30225, consolidando
políticas de transparencia, modernización y simplificación de las contrataciones públicas, de
manera que estas se constituyan en un valioso instrumento de gestión para atender las
demandas de la comunidad.
En consecuencia, la regulación que este texto normativo propone permite que el Estado gestione
las operaciones de las contrataciones con base en la ejecución de mecanismos, cuyo fin último
no es el cumplimiento estricto de formalidades y plazos, sino el abastecimiento u obtención de
bienes, servicios y obras que el Estado requiere para realizar sus funciones. En concordancia
con ello, se contemplan márgenes para la acción discrecional de parte del operador logístico,
quien, según cada situación específica y atendiendo a las características particulares de la
contratación, puede adoptar decisiones operativas y de gestión bajo el parámetro de los
principios de contratación pública recogidos en el artículo 2 de la Ley. Ahora bien, cabe señalar
que, para que la acción discrecional del operador logístico tenga el impacto debido, se ha
indicado la necesidad impostergable que la Contraloría General de la República conozca y
comparta el nuevo enfoque de la ley, de tal manera que las acciones de control que se realicen
sobre los procesos de contratación que se ejecuten bajo los términos de la nueva ley —ya sea
directamente o a través de los órganos de control interno de las Entidades— dejen de lado el
control estricto del procedimiento para dar lugar al control de la discrecionalidad, conforme al
enfoque que impone la gestión por resultados. (Exposición de motivos de la Ley N.° 30225).
4. Especialidad y aplicación supletoria de la normativa de contrataciones
4.1. Especialidad de la normativa de contrataciones
La primera disposición complementaria final de la Ley N.° 30225 modificada señala
que “la presente ley y su reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento
administrativo general, de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le
sean aplicables [...]”.
Lo anterior se encuentra en concordancia con lo indicado por RUBIO
32
, quien señala:
La disposición especial prima sobre la general, lo que quiere decir
que si dos normas con rango de ley establecen disposiciones
contradictorias o alternativas, pero una es aplicable a un espectro más
general de situaciones y otra a un espectro más restringido primará
esta sobre aquella en su campo específico. [El resaltado es
nuestro].

Dentro de las normas de derecho público se encuentran las normas que regulan la
organización de la actividad del Estado y demás entes públicos y sus relaciones entre
ellos y entre los particulares, donde se encuentran las normas del procedimiento

32
RUBIO, Marcial, El sistema jurídico, 10.
a
ed., Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, 2009, p.137.

23. administrativo general.
En ese sentido, la normativa de contrataciones del Estado prevalece sobre las normas
del procedimiento administrativo general, Ley N.° 27444, por lo que son vigentes las
disposiciones contenidas en reglamento y las bases estándar en lo referido a la forma
de acreditar los requisitos de calificación referidos a la capacidad legal y los requisitos
para el perfeccionamiento del contrato, específicamente respecto a la presentación de
la copia del DNI y de la vigencia de poder
33
.
Por ejemplo, la normativa de contrataciones del Estado –la cual prevalece sobre las
normas de derecho privado, como por ejemplo el Código Civil– no admite la posibilidad
de que los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, realizados por las
Entidades Públicas, puedan tener una duración indeterminada, sino que –por el
contrario– dispone que debe estableciese un plazo de ejecución no mayor de tres (3)
años, y que en caso se requiera extenderlo, corresponde realizar una prórroga según
lo regulado en el numeral 142.6 del artículo 126 del Reglamento.
4.2. Aplicación supletoria a la normativa de contrataciones
La primera disposición complementaria final de la Ley N.° 30225 señala que “la
presente ley y su reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento
administrativo general, de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le
sean aplicables”. Además, el Decreto Legislativo N.° 1444 añade a esta disposición
que “esta prevalencia también es aplicable a la regulación de los procedimientos
administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado”.
Son de aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de
bienes, servicios u obras que no se sujeten al ámbito de aplicación de
la presente Ley, siempre que dicha aplicación no resulte incompatible
con las normas específicas que las regulan y sirvan para cubrir un
vacío o deficiencia de dichas normas [...].
[…]
En principio, toda normativa especial debe ser aplicada a la materia
específica que la misma pretende regular. Sin embargo, durante la
aplicación de una norma especial pueden advertirse ciertos vacíos o
deficiencias que pueden ser previstos por la normativa general. En
estos casos se configura la aplicación supletoria de la norma general
por defecto de la norma especial.

En efecto, la supletoriedad implica la existencia de “la norma uno, a la que le
corresponde regular un hecho, pero no lo hace, denominada suplida, y a la norma dos,
que sí contiene una regulación para tal hecho, llamada supletoria”, las que
comúnmente se conectan o vinculan a través de una remisión. La aplicación supletoria
de normas está “condicionada a que no exista incompatibilidad de naturaleza entre los
ordenamientos vinculados”.
Así, se entiende que “la relación que conecta a ambas normas puede graficarse en la
satisfacción que la norma general otorga a los vacíos legales originados en la norma
especial”
34
.
No obstante, el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil establece que “las
disposiciones del Código Civil se aplicarán supletoriamente a las relaciones y
situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles
con ellas”.

33
Opinión N.º 081-2017/DTN.
34
Opinión N.º 051-2008/DOP.

24. Sobre el particular, RUBIO ha precisado que la aplicación supletoria de las normas del
Código Civil opera “siempre que no sean incompatibles con su naturaleza”, es decir,
que las normas del Código Civil, supletorias, sean compatibles con la naturaleza de
las normas suplidas. Asimismo, respecto de la manera de determinar dicha
compatibilidad, indica que “no puede establecerse reglas generales y válidas para
todos los casos. Simplemente, el criterio metodológico a adoptar será el de analizar en
cada situación, los principios subyacentes al caso materia de estudio, y compararlos
con los principios correspondientes a la normatividad civil que sería supletoriamente
aplicable”
35
.
Como se advierte, el Código Civil establece la aplicación supletoria de sus normas a
las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes del ordenamiento
jurídico nacional, siempre que sean compatibles. Es decir, que la naturaleza de las
normas suplidas sea compatible con la naturaleza de las normas supletorias.
En esa línea, existe un régimen general correspondiente a la normativa de
contrataciones del Estado y, en paralelo, pueden existir regímenes legales de
contratación, de carácter especial, creados mediante ley, que establecen sus propios
requisitos, procedimientos y demás formalidades para llevar a cabo las contrataciones
públicas bajo su ámbito.
La normativa de contrataciones del Estado resulta de aplicación supletoria a aquellas
contrataciones de bienes, servicios u obras que se sujeten a un régimen legal de
contratación, siempre que esta aplicación supletoria no resulte incompatible con las
normas contenidas en dicho régimen especial.
Corresponde a la Entidad responsable de aplicar las disposiciones de un régimen legal
especial de contratación, determinar qué extremos de la normativa de contrataciones
del Estado no pueden ser aplicados supletoriamente a las contrataciones que se
sujeten a dicho régimen; para lo cual, previamente debe efectuar un análisis de
compatibilidad. Luego del análisis de compatibilidad, de considerarse aplicable la
contratación complementaria, resulta pertinente indicar que tratándose de un nuevo
contrato, las reglas aplicables serán las reguladas por la Ley Nº 30225 vigente y su
reglamento.
Asimismo, ante los vacíos o deficiencias existentes en un régimen especial de
contratación, la normativa de contrataciones del Estado se aplicará supletoriamente,
en lo que corresponda.
Opinión

Aplicación supletoria de la normativa de contrataciones del Estado en regímenes
legales de contratación
De conformidad con lo indicado en el numeral precedente, mediante ley pueden
establecerse disposiciones especiales o excepcionales al régimen general de
contrataciones del Estado, inaplicando, parcial o totalmente, sus disposiciones, tal y
como lo ha reconocido el propio Tribunal Constitucional de la siguiente manera:
“(…) si bien es cierto que la Ley de Contrataciones del Estado representa la norma de
desarrollo constitucional que recoge los principios señalados en el artículo 76° de la
Constitución, también lo es que el contexto socioeconómico puede determinar la
necesidad de establecer mecanismos excepcionales de adquisición, conforme lo señala

35
RUBIO, Marcial, Título Preliminar, Biblioteca para leer el Código Civil, volumen III, 6.ª ed., Lima:
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1993, p. 163.

25. la propia Constitución, y cuya única condición exigible será que estén regulados por ley
y que respeten los principios constitucionales que rigen toda adquisición pública. Es
claro, entonces, que ningún mecanismo de adquisición será válido si no respeta los
principios de eficiencia, transparencia y trato igualitario.”
36
(El subrayado es agregado).
En efecto, mediante ley se pueden crear regímenes legales o especiales de
contratación, los cuales tienen naturaleza excepcional, a fin de que las Entidades
puedan contratar bienes, servicios u obras aplicando disposiciones distintas a las
previstas en la normativa de contrataciones del Estado.
En relación con lo anterior, es importante señalar que la Primera Disposición
Complementaria Final de la Ley establece lo siguiente: “La presente norma y su
reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento administrativo general, de
derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables. (…)
Asimismo, son de aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes,
servicios u obras que no se sujeten al ámbito de aplicación de la presente norma,
siempre que dicha aplicación no resulte incompatible con las normas específicas que
las regulan y sirvan para cubrir un vacío o deficiencia de dichas normas. (…)” (El
Destacado es nuestro).
De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado resulta de aplicación
supletoria a aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que se sujeten a un
régimen especial o legal de contratación -más aún si en dicho régimen se establece tal
supletoriedad- siempre que esta aplicación supletoria no resulte incompatible con las
normas específicas del referido régimen.
Ahora bien, es necesario precisar que la aplicación supletoria de una determinada norma
presupone la existencia de otra normativa que, siendo aplicable a una relación o
situación jurídica de manera obligatoria, no regula un caso o supuesto particular (norma
suplida), por lo que resulta necesario recurrir a otra normativa distinta con la finalidad de
suplir la falencia o vacío existente (norma supletoria)
37
.
En ese sentido, la aplicación supletoria de una norma implica un análisis de
compatibilidad que contiene un estudio comparativo de la norma a ser suplida y de la
norma supletoria, a efectos de determinar si sus naturalezas son semejantes y, por
tanto, compatibles. En este punto, cabe precisar que el referido análisis de
compatibilidad debe ser realizado por la Entidad que resulte responsable según la ley
de la materia. En ese sentido, corresponde a la Entidad que según la normativa especial
resulte responsable, determinar qué extremos de la normativa de contrataciones del
Estado pueden ser aplicados supletoriamente a las contrataciones que se sujeten a
dicho régimen especial, para lo cual, previamente, debe realizar un análisis de
compatibilidad.
[Opinión N.° 083-2020/DTN].

5. Competencias en materia de contrataciones del Estado
El artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala:
2.1 Las normas sobre contrataciones del Estado establecidas en la Ley y el
presente Reglamento son de ámbito nacional, siendo competencia exclusiva

36
Numeral 19 de la Sentencia recaída sobre el EXP. N° 020-2003-AI/TC, de fecha 17 de mayo
de 2004.
37
Entiéndase por supletoriedad la situación que implica la existencia de “(…) la norma uno, a la
que le corresponde regular un hecho, pero no lo hace, denominada suplida, y a la norma dos,
que sí contiene una regulación para tal hecho, llamada supletoria”, las que comúnmente se
conectan o vinculan a través de una remisión. NEVES MUJICA, Javier. Introducción al Derecho
del Trabajo. Lima: Ara Editores, año 1997, Pág. 131 y 132.

26. del Ministerio de Economía y Finanzas el diseño de políticas sobre dicha
materia y su regulación.
2.2 Es nulo de pleno derecho cualquier disposición o acto que se emita en con-
travención de lo dispuesto en el numeral anterior.
Sobre el particular, cabe decir que la competencia pertenece al Órgano y no al Titular y
se define a partir del derecho positivo sobre la base del principio de la legalidad, siendo
que, a través de este principio, se establece la esfera de las atribuciones de los entes y
órganos, constituyendo así un “conjunto de facultades y obligaciones que un órgano
puede y debe ejercer legítimamente”, siendo su observancia “indispensable para la
actuación válida del órgano”.
Si la competencia es la capacidad, la función es el ejercicio de esta. La función está
conformada por “una categoría única de prestaciones y actividades públicas para
alcanzar el fin de la comunidad política: el bien común [...]”.
De esta manera, “las funciones ejecutadas por los determinaos órganos competentes
se identifican con los fines de la actividad estatal, y se traducen en la imperativa
ejecución de actividades de carácter material (económico-social) para el logro de los
objetivos de la comunidad política”. De tal modo que la función administrativa pública se
exterioriza en dos aspectos sustanciales: la actividad directiva, de orientación; y la
directa, de ejecución, gestión y servicio; no obstante, con las nuevas modificaciones
esta perspectiva cambia.
6. Principios que rigen las contrataciones del Estado
El artículo 2 de la Ley de Contrataciones establece que “las contrataciones del Estado
se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación
de otros principios generales del derecho público que resulten aplicables al proceso de
contratación”.
Los Principios de la Ley de Contrataciones del Estado sirven como criterios
interpretativos o integradores y, además, como parámetros para las actuaciones de
quienes intervengan en las contrataciones, por lo que resultan de observancia
obligatoria a aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que se sujeten a un
régimen especial de contratación, aun cuando estas contrataciones se encuentren
excluidas del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado por
disposición expresa de la Ley.
6.1. Principio de libertad de concurrencia
El literal a) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones establece que por este principio
“las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los
procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades
costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten
o afecten la libre concurrencia de proveedores”.
Por tanto, bajo este principio “en los procesos de contrataciones se incluirán
regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial
concurrencia, pluralidad y participación de postores”. En ese sentido se busca
fomentar la mayor participación de postores, a través de la creación de reglas que no
puedan ser definidas como barreras burocráticas. La Oficina de Estudios Económicos
del OSCE establece que las barreras pueden ser clasificadas en cuatro tipos, de la
siguiente manera:
• Barreras técnicas: Se considera barreras técnicas a todos aquellos aspectos
relacionados directamente con las características esenciales del bien o servicio

27. detallados en los términos de referencia que impiden, desalientan o dificultan el
acceso al mercado estatal. Además, agrupa otras condiciones relacionadas al bien
o servicio, tales como la experiencia del proveedor, el valor referencial, los plazos
de entrega, la garantía, entre otros.
• Barreras económicas: Conformado por todos aquellos factores relacionados
directamente con los costos asumidos por el proveedor en el proceso de selección
que impiden, desalientan, dificultan o encarecen el acceso al mercado estatal. Se
encuentran dentro de este tipo de barrera: exigencia de cartas fianzas, formas de
pago de la entidad, las tasas que se deben pagar, adelantos, entre otros.
• Barreras administrativas/legales: Se considera barreras legales/administrativas
a todos aquellos procedimientos administrativos o legales que impiden,
desalientan o dificultan el acceso al mercado estatal. Se encuentran dentro de
este tipo de barrera, la tramitación de documentación como certificados o
constancias y sus efectos en los plazos para preparar la propuesta, entre otros.
• Barreras informativas: Se considera barreras informativas a todos aquellos
factores relacionados con el conocimiento que tiene el proveedor en el uso y
aplicación de la normativa, uso de herramientas informáticas, conocimiento
oportuno de convocatorias, etc.
Opinión
Por el Principio de Libertad de Concurrencia, “Las Entidades promueven el libre acceso
y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo
evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la
adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.”
[Opinión N.° 121-2018/DTN].

6.2. Principio de igualdad de trato
El literal b) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones establece que por este principio:
Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades
para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de
privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio
manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de
manera diferente situaciones que son similares y que situaciones
diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato
cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el
desarrollo de una competencia efectiva [...].

Para impedir favoritismos que rompan con la igualdad de trato que merece todo
postulante a celebrar un contrato con el Estado, se pueden establecer medidas
legales, considerando los principios y procedimientos de contratación promueven la
libre concurrencia desde la transparencia. Las medidas legales, deben ser justiciadas
y razonables.
Opinión
A fin de determinar si ciertas disposiciones corresponden a normas técnicas de carácter
voluntario, o si califican como tales, para ser incluidas a un requerimiento de contratación
formulado por una Entidad, el INACAL es la autoridad competente para pronunciarse
sobre dicho aspecto; debiendo precisarse que la regulación de los organismos que
acreditan el cumplimiento de normas técnicas, no es competencia del OSCE.
La condición contenida en el numeral 29.6 del artículo 29 del Reglamento, relativa a
verificar si existe en el mercado un organismo que pueda acreditar el cumplimiento de
una norma técnica de carácter voluntario, está orientada a que la Entidad cuente con el
respaldo de una institución competente -de acuerdo al objeto materia de acreditación-

28. que garantice la observancia de la norma técnica prevista como parte de su
requerimiento; a efectos de cautelar la finalidad pública que procura alcanzar a través
de la contratación.
El mercado respecto del cual una Entidad verifica la existencia de un organismo que
pueda acreditar el cumplimiento de la norma técnica (que ésta incluya en su
requerimiento), a fin de alcanzar la finalidad pública que persigue a través de la
contratación, es aquel que permita obtener ofertas competitivas de los proveedores;
debiendo precisarse que el INACAL es la autoridad competente para pronunciarse sobre
la regulación de los organismos que acreditan el cumplimiento de normas técnicas.
[Opinión N.° 138-2017/DTN].

6.3. Principio de transparencia
El literal c) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones establece que por este principio:
Las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin
de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los
proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la
contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato,
objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones
establecidas en el ordenamiento jurídico.

Sobre el particular, se precisa que el principio de transparencia se aplica a todas las
etapas de la contratación; por tanto, toda contratación deberá realizarse sobre la base
de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los
postores tendrán acceso durante todas las etapas del proceso de contratación a la
documentación correspondiente, salvo las excepciones que el ordenamiento jurídico
establezca. La convocatoria, el otorgamiento de la buena pro y los resultados deben
ser de público conocimiento.
En mérito a los principios de “Transparencia” y “Publicidad” que rigen las
contrataciones públicas, en los actos públicos podrá participar cualquier persona
interesada, para lo cual la Entidad debe brindar las facilidades necesarias que permitan
su libre acceso.
Opinión
“¿Cuál es el mecanismo aplicable para transparentar las contrataciones bajo regímenes
especiales de contratación, que no se encuentran previstos en los artículos 4 y 5 de la Ley
30225, Ley de Contrataciones del Estado, ni tampoco en la Directiva N.° 006-2016-
OSCE/CD
38
, 'Disposiciones aplicables al registro de información en el Sistema Electrónico
de las Contrataciones del Estado (SEACE)?”.
[…]
Así, las Entidades deberán registrar en el SEACE la información de las contrataciones
previstas en los literales b), c), d), e) y f) del artículo 5 de la ley
39
en un plazo máximo de
diez (10) días hábiles de haberse realizado la contratación o suscrito el convenio, según
corresponda
.


38
Es de señalar que la Directiva N.° 006-2016-OSCE/CD - Disposiciones aplicables al registro
de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado–SEACE fue derogada
por la Resolución N.° 008-2017-OSCE/CD, de fecha 31 de marzo del 2017.
39
De igual manera, las entidades deben registrar en el SEACE la información correspondiente a
las contrataciones señaladas en el literal f) del artículo 4 de la ley, así como aquellas cuyos
montos sean de 1 a 8 unidades impositivas tributarias (UIT).

29. De otro lado, adicionalmente a los supuestos antes expuestos, mediante ley puede estable-
cerse que determinadas contrataciones se realicen observando mecanismos
excepcionales de contratación.
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado:
[S]i bien es cierto que la Ley de Contrataciones del Estado
representa la norma de desarrollo constitucional que recoge los
principios señalados en el artículo 76 de la Constitución,
también lo es que el contexto socioeconómico puede
determinar la necesidad de establecer mecanismos
excepcionales de adquisición, conforme lo señala la propia
Constitución, y cuya única condición exigible será que estén
regulados por ley y que respeten los principios constitucionales
que rigen toda adquisición pública. Es claro, entonces, que
ningún mecanismo de adquisición será válido si no respeta los
principios de eficiencia, transparencia y trato igualitario
40
. [El
resaltado es nuestro].

Conforme a ello, debe reconocerse que existe un régimen general correspondiente a la
normativa de contrataciones del Estado y, en paralelo, pueden existir regímenes legales de
contratación, de carácter especial, creados mediante ley, que establecen sus propios
requisitos, procedimientos y demás formalidades para llevar a cabo las contrataciones
públicas bajo su ámbito.
En la línea de lo señalado, debe indicarse que de conformidad con el primer párrafo del
artículo 48 de la ley:
Las Entidades están obligadas a utilizar el Sistema Electrónico
de Contrataciones del Estado (SEACE) en las contrataciones
que realicen, independientemente que se sujeten al ámbito de
aplicación de la presente Ley, su cuantía o fuente de
financiamiento, conforme a la directiva que dicte el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para tal
efecto. [El resaltado es nuestro].

De esta manera, la información de aquellas contrataciones que se realicen al amparo de
regímenes legales de contratación deberá ser registrada en el SEACE, por la entidad,
cuando las normas que aprueben el régimen especial así lo dispongan.
Sin perjuicio de lo antes expuesto, en concordancia con la sentencia del Tribunal Consti-
tucional antes señala, independientemente que una contratación se encuentre dentro del
ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, fuera de dicho ámbito
o se efectúe al amparo de regímenes legales de contratación de carácter especial, la
entidad debe realizarla de conformidad con los principios que rigen toda contratación
pública, pues esta implica la erogación de fondos públicos.
Al respecto, cabe señalar que en virtud del “principio de transparencia”, las entidades
deben proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de
contratación sea comprendido por los proveedores, garantizando la libertad de
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e
imparcialidad, mientras que, de conformidad con el “principio de publicidad”, el proceso de
contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la
libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las
contrataciones.
Por lo expuesto, considerando que principios tales como el de “transparencia” y “publicidad”
son de aplicación trasversal a toda contratación pública, incluyendo a aquella que se
enmarque en regímenes legales de contratación de carácter especial, es responsabilidad
de la entidad adoptar las medidas necesarias a efectos de dotar de difusión a dichas
contrataciones, pudiendo recurrir a publicaciones en su portal web, avisos en el local de la
entidad u otros medios que faciliten la supervisión y el control de las mismas.

40
Numeral 19 de la sentencia recaída sobre el Exp. N.° 020-2003-AI/TC, de fecha 17 de mayo
del 2004.

30. Conclusión
Considerando que principios tales como el de “transparencia” y “publicidad” son de
aplicación transversal a toda contratación pública, incluyendo a aquella que se enmarque
en regímenes legales de contratación de carácter especial, es responsabilidad de la
Entidad adoptar las medidas necesarias a efectos de dotar de difusión a dichas
contrataciones, pudiendo recurrir a publicaciones en su portal web, avisos en el local de la
Entidad u otros medios que faciliten la supervisión y el control de las mismas. [Opinión N.°
188-2016/DTN].

Opinión
Por el Principio de Transparencia, “Las Entidades proporcionan información clara y
coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por
los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se
desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este
principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico.” [Opinión
N.° 121-2018/DTN].

6.4. Principio de publicidad
El literal d) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones establece que, por este principio,
“el proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de
promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el
control de las contrataciones”.
En esa línea, el principio de publicidad que rige las contrataciones públicas establece
que “el proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad
de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y
el control de las contrataciones”
41
.
No obstante, el artículo 40 del Reglamento establece:
Después de la apertura de los sobres que contienen las ofertas no
debe darse a conocer información alguna acerca del análisis,
subsanación y evaluación de las ofertas hasta que se haya publicado
la adjudicación de la buena pro. [...] En el caso de procedimientos
convocados para la contratación de bienes, servicios en general,
consultorías y obras, luego de otorgada la buena pro no debe darse a
conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron
analizados y revisados por el comité de selección o el órgano
encargado de las contrataciones, según corresponda.

Del artículo antes mencionado, se desprende que la normativa de contrataciones del
Estado resguarda la información proporcionada en las ofertas hasta que se publique
la adjudicación de la buena pro, y extiende dicha reserva hasta el periodo posterior a
la referida adjudicación para aquellas ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron
analizados y revisados por el comité de selección o el órgano encargado de las
contrataciones. (Opinión N.° 051-2017/DTN).

Opinión
[…] de conformidad con el “Principio de Publicidad” , el proceso de contratación debe
ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y

41
Dispuesto en el literal d) del artículo 2 de la Ley.

31. competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones.
[Opinión N.° 21-2018/DTN].

6.5. Principio de competencia
El literal e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones establece que por este principio
“los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten
establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la
propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que
subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de
prácticas que restrinjan o afecten la competencia”.

Tomando en consideración que el área usuaria de la Entidad es la responsable de
formular las especificaciones técnicas de los bienes que se requieren contratar, ésta
podría determinar, en atención a la naturaleza del objeto de la contratación, que el bien
cuente con código de barras como condición de entrega, pero no solicitar determinado
“código de barras fijo y preciso”, pues tal exigencia estaría direccionando la compra a
un proveedor en particular, afectando la competencia del proceso de contratación.
Ejemplo:
Tomando en consideración que el área usuaria de la Entidad es la responsable de
formular las especificaciones técnicas de los bienes que se requieren contratar, ésta
podría determinar, en atención a la naturaleza del objeto de la contratación, que el
bien cuente con código de barras como condición de entrega, pero no solicitar
determinado “código de barras fijo y preciso”, pues tal exigencia estaría
direccionando la compra a un proveedor en particular, afectando la competencia del
proceso de contratación.
En la medida que el área usuaria de la Entidad -que es la responsable de formular
las especificaciones técnicas de los bienes que se requieren contratar- haya incluido
en la descripción de las características técnicas y/o requisitos funcionales del bien
a ser contratado, o como parte de las condiciones bajo las que debe ejecutarse el
contrato, la exigencia de que el bien cuente con “código de barras”, esta podría
integrar las especificaciones técnicas del requerimiento, según la naturaleza y
particularidades propias del objeto del contrato, no pudiendo exigirse un código de
barras fijo a través del cual se oriente la compra a un proveedor particular.
Lo que se puede exigir al proveedor es lo previsto en el requerimiento del bien a
contratar, en su oferta y en los demás documentos que conforman el contrato y que
establecen obligaciones para las partes.
En el marco de lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado, las
características técnicas y/o requisitos funcionales del bien a contratar deben ser
congruentes con la información consignada en los documentos que, en su conjunto,
conforman el contrato; de conformidad con lo establecido en el artículo 138 del
Reglamento. (Opinión N°111-2018/DTN)
Opinión
Por el Principio de Competencia, “Los procesos de contratación incluyen disposiciones
que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta
más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se
encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.”
[Opinión N.° 121-2018/DTN].

32. 6.6. Principio de eficacia y eficiencia
El literal f) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones establece que por este principio:
El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su
ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y
objetivos de la entidad, priorizando estos sobre la realización de
formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna
satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión
positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del
interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los
recursos públicos.

En ese sentido, el fundamento del principio de eficacia y eficiencia son los fines
públicos de cada entidad, relegando al interés público como la consecuencia del
cumplimiento de estos fines. Ello conlleva al fortalecimiento del objetivo de llevar a
buen puerto la mayor cantidad de procesos de contratación. Asimismo, permite
destacar que debe priorizarse el cumplimiento de fines, metas y objetivos de la entidad
sobre las formalidades no esenciales, a efectos de garantizar la satisfacción de los
fines públicos.
Por tanto, el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el mismo
deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad,
priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la
efectiva y oportuna satisfacción del interés público, bajo condiciones de calidad y con
el mejor uso de los recursos públicos.
Ahora bien, es necesario entender que tanto la eficacia como la eficiencia abordan
diferentes conceptos. La eficacia puede ser entendida como la cualidad para lograr
una tarea o desarrollar un proyecto; en otras palabras, podemos decir que la eficacia
es la capacidad para cumplir con una tarea determinada. Por tanto, la eficacia se
encuentra vinculada con la realización y culminación de una tarea, sin importar el
tiempo o el costo.
Mientras que la eficiencia implica el logro de la misma tarea o proyecto, pero con
menos recursos y tiempo. Ello quiere decir que la eficiencia denota optimización de
recursos, es decir, hacer lo mejor que se pueda hacer con la menor cantidad de
recursos.
Este principio guarda estrecha relación con la finalidad de la ley de contrataciones y el
principio del value for money, que busca obtener la mejor calidad de productos, pero
dentro del menor precio posible, de manera equilibrada. Por tanto, las contrataciones
que realicen las entidades deberán efectuarse bajo las mejores condiciones de calidad,
precio y plazos de ejecución y entrega y con el menor uso de los recursos materiales
y humanos disponibles. Las contrataciones deben observar criterios de celeridad,
economía y eficacia.
Es necesario resaltar que el Tribunal Constitucional señala que “la eficiencia en el
manejo de recursos no solo será exigible en la adjudicación a la mejor oferta técnica y
económica, sino también en el diseño del propio programa anual de (contrataciones
de) cada entidad efectúe respecto a sus necesidades”. (Expediente N.° 020-2003-
AI/TC).
Ejemplo:
En el marco de un procedimiento de selección para contratar bienes, servicios en
general o consultorías en general, el comité de selección, o el órgano encargado de

33. las contrataciones -según corresponda-, es competente para adoptar decisiones
basadas en los criterios que estime pertinentes de acuerdo a la naturaleza y objeto de
la contratación, a fin de determinar si una oferta se encuentra sustancialmente por
debajo del valor referencial; para tal efecto, evalúa la descripción detallada de todos
los elementos constitutivos de dicha oferta, así como la información adicional que
resulte oportuna, entre los cuales se pueden encontrar los estudios de mercado
realizados sobre la base de distintas fuentes de información, tales como: cotizaciones,
presupuestos, portales o páginas web, catálogos, precios históricos, estructuras de
costos, y otros que correspondan al objeto de la contratación..
Opinión
Por el Principio de Eficacia y Eficiencia, “El proceso de contratación y las decisiones que
se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y
objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no
esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para
que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así
como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos
públicos.” [Opinión N.° 121-2018/DTN].

6.7. Principio de vigencia tecnológica
El literal g) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones establece que por este principio:
Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad
y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la
finalidad pública para los que son requeridos, por un determinado y
previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse,
integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos
y tecnológicos.

Al respecto, Juan Carlos Morón Urbina
42
hace referencia a la vigencia tecnológica
indicando que “(…) este principio inserta pautas fundamentales para la definición de
las especificaciones técnicas, factores de evaluación de los procesos de selección, el
diseño contractual e incluso la ejecución contractual. No basta adquirir un bien a un
bajo precio, sino asegurarse si por ese mismo precio o algo mas es posible adquirir un
bien tecnológicamente vigente y actualizable (…)” (El subrayado es agregado).
Las contrataciones efectuadas por las Entidades debían ser realizadas de tal manera
que la prestación contratada mantuviera su vigencia a pesar del trascurso del tiempo.
Un ejemplo de la aplicación de este principio es la necesidad de reconvertir los
sistemas operativos de las diversas entidades, a uno más actualizado, pues, con el
pasar del tiempo, estos sistemas informáticos pasan a ser obsoletos o vulnerables a
diversos ataques informáticos, por tanto una entidad que no actualice sus sistemas se
encontrará incumpliendo el principio reseñado.
6.8. Principio de sostenibilidad ambiental y social
El literal h) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones establece que por este principio
“en el diseño y desarrollo de la contratación pública se consideran criterios y prácticas
que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental como social y al
desarrollo humano”.

42
MORON URBINA, Juan Carlos. “Los Principios Inspiradores de la Contratación Administrativa y sus
Aplicaciones Prácticas”, en: THEMIS, Revista de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú, N°
52, página 201.

34. 6.8.1. Principio de sostenibilidad ambiental
Bajo este principio “el diseño y desarrollo de la contratación pública se consideran
criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental”. Al
respecto, cabe destacar la promoción de las compras verdes, las cuales son una
política de compra ecológica que busca adquirir bienes, prestar servicios y construir
infraestructura con el menor impacto ambiental posible. Asimismo, este principio
implica que las contrataciones tomen en cuenta sostenibilidad del bien durante su
vida útil, el costo de eliminación del bien, el cual debe ser el menos perjudicial. Por
ejemplo, este último supuesto promovería la adquisición de productos
biodegradables.
Ejemplo:
Las Bases Estándar para la contratación de servicios en general y ejecución de obras
contemplan -dentro de los factores de evaluación que pueden ser empleados por las
Entidades- criterios vinculados a la sostenibilidad ambiental y social, haciendo referencia
al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y al Sistema de Gestión
Ambiental. (Opinión Nº 011-2018/DTN)
6.8.2. Principio de sostenibilidad social y desarrollo humano
Dentro de este principio en general, además de desarrollar el enfoque de
sostenibilidad ambiental, se ha tenido en consideración establecer el principio de
sostenibilidad social y desarrollo humano, el cual tiene como objetivo que “la
contratación pública coadyuve al desarrollo humano en el ámbito nacional, de
conformidad con los estándares universalmente aceptados sobre la materia”. Por
tanto, resulta vital que, en los términos de los contratos, por ejemplo en el caso de
obras, se dé similar importancia tanto a las especificaciones referentes a la obra
como a las especificaciones laborales respecto a quienes las elaboran. Asimismo, en
materia de obras públicas, debe tomarse en cuenta las capacidades y
discapacidades del hombre en la creación de infraestructuras como por ejemplo
veredas, con la finalidad de no dejar de lado al hombre que es el beneficiario final.
Por tanto, todo proceso de contratación, debe satisfacer necesidades y a la vez
cumplir metas y objetivos, lo que impacta en la población social.
Ejemplo:
Asimismo, por las consideraciones expuestas por el observante, y en virtud del Principio
de Promoción del Desarrollo Humano, consagrado en el inciso a) del artículo 4 de la
Ley
15,
se recomienda que en la etapa de ejecución contractual, la Entidad verifique el
cumplimiento de las obligaciones laborales. [Pronunciamiento N.° 072-2010/DTN].
De otro lado, es preciso señalar que el Principio de Promoción del Desarrollo Humano
43
44
tiene por finalidad, entre otros, buscar que la contratación pública genere mejores
condiciones en la calidad de vida de las personas, que en el presente caso, se lograría

43
Artículo 4.- Principios que rigen las contrataciones
a) Principio de Promoción del Desarrollo Humano. La contratación pública debe coadyuvar al
desarrollo humano en el ámbito nacional,
de conformidad con los estándares universalmente aceptados sobre la materia.
[...]
44
Artículo 4.- Principios que rigen las contrataciones
[...]
a) Principio de Promoción del Desarrollo Humano. La contratación pública debe coadyuvar al
desarrollo en el ámbito nacional, de conformidad con los estándares universalmente aceptados
sobre la materia.
[...]

35. con acceso al trabajo y el reconocimiento de los beneficios sociales.
Lo indicado por el Comité Especial implicaría que, como no se reconoce la totalidad de
la asignación familiar a la totalidad de trabajadores, las empresas busquen no contratar
a personas que se encuentren dentro del supuesto para otorgar asignación familiar, pues
de lo contrario la propuesta económica se encontraría por encima del valor referencial
del proceso de selección; hecho que afectaría el mencionado Principio de Promoción del
Desarrollo Humano. [Pronunciamiento N.° 203-2010/DTN].
6.9. Principio de equidad
El literal i) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones establece que por este principio
“las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de
equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al
Estado en la gestión del interés general”. De lo cual se desprende la promoción de un
escenario de igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y
oportunidades.
Ejemplo:
Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo a que de acuerdo con el Principio de Equidad
45

las prestaciones y derechos de las partes deberán guardar razonable relación de
equivalencia y proporcionalidad, deberá precisarse que el pago de deducibles y
siniestros será de cargo de la parte del contrato causante de la producción de dicho
siniestro, siendo que en caso dicha ocurrencia no sea imputable a ninguna de las partes,
los pagos derivados de él serán asumidos por ambos en partes iguales.
[Pronunciamiento N.° 371-2011/DTN].
En virtud del principio de “Equidad”, las prestaciones y derechos de las partes deben
guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad; razón por la cual, y
conforme a lo dispuesto en el numeral 153.1 del artículo 153 del Reglamento, si para
viabilizar la suspensión del contrato de supervisión se incurriera en mayores “gastos
generales” y “costos”, la Entidad deberá reconocer el pago por dichos conceptos al
contratista, previa verificación del sustento que acredita los mayores “gastos generales”
y “costos” incurridos para tal suspensión, como facturas, boletas de pago u otra
documentación sustentatoria. [Opinión N.° 156-2019/DTN].
Opinión
Conforme a lo dispuesto en el numeral 205.4 del artículo 205 del Reglamento, el
contratista debe elaborar el expediente técnico del adicional de obra dentro de los quince
(15) días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra sobre la necesidad de ejecutar
un adicional, siempre que el supervisor o inspector de obra –según corresponda- haya
ratificado dicha necesidad dentro del plazo reglamentario. Al respecto, cabe precisar que
ese deber atribuido al contratista como correlato del poder otorgado a la Entidad de
ordenar prestaciones adicionales, al tratarse de un mandato imperativo de la normativa
de Contrataciones del Estado, no puede ser modificado por las partes, ni tampoco el
plazo para cumplirlo; en consecuencia, las implicancias de elaborar el expediente
técnico del adicional de obra –ya sea en términos de costos y dentro del plazo de 15
días a que se refiere el numeral 205.4 del Reglamento y sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento-, son asumidas por el contratista, como parte del deber
que la propia normativa le atribuye a éste.
Es posible que determinadas circunstancias ajenas a la voluntad del contratista

45
Artículo 4.- Principios que rigen las contrataciones
[...]
h) Principio de Equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable
relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al
Estado en la gestión del interés general.
[...].

36. pudiesen impedir que el expediente técnico del adicional se elabore dentro del plazo
prescrito por el Reglamento. En tal contexto, si este hecho implicase un atraso o
paralización que afectase la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra, el
contratista podrá solicitar y obtener una ampliación de plazo respecto del contrato de
ejecución de obra, conforme a lo previsto en el artículo 197 del Reglamento, siempre
que se cumplan las formalidades y el procedimiento respectivo. En atención al principio
de equidad previsto en el artículo 2 de la Ley, resulta razonable que puedan reconocerse
ciertos costos derivados de la formulación del expediente del adicional de obra –al
involucrar, por ejemplo, la participación de especialistas en determinadas materias de
ingeniería, entre otros conceptos altamente especializados, no previstos en el contrato-
, siempre que así lo hayan acordado las partes y que para tal efecto se cuente con el
debido sustento de dichos costos
[Opinión N.° 051-2021/DTN].

6.10. Principio de integridad
El literal j) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones establece que por este principio
“la conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está
guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma
que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de
manera directa y oportuna”.
Ejemplo:
Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar
que, la Entidad, mediante el citado informe técnico, habría decidido ratificar lo absuelto,
manteniendo el factor de evaluación “Integridad en la Contratación Pública”, por las
siguientes razones: - El principal objetivo de los factores de evaluación es comparar
propuestas, de aquí que no puede exigirse al Comité de Selección elaborar factores de
evaluación cuyo puntaje máximo pueda ser obtenido por la totalidad de los postores, ya
que ello desnaturalizaría su función principal. - Los factores de evaluación consignados
en las Bases del presente procedimiento se encuentran acordes a aquellos listados en
las Bases Estándar objeto de la convocatoria. [Pronunciamiento N.° 204-2022/OSCE-
DGR].
Es importante resaltar que este artículo fue incorporado por el Decreto Legislativo N.°
1341, el cual introdujo a nuestro sistema de compras públicas de forma expresa el
principio de integridad, el cual ya viene siendo aplicado por Europa y EE. UU. desde
hace 20 años. Este principio permite al servidor público tomar decisiones en favor del
interés general y rendir cuentas al informar de presuntos actos que van en contra de
la integridad. La exposición de motivos del decreto antes citado señala que por este
principio:
La conducta de quienes intervienen en cualquier etapa del proceso de
contratación debe estar guiada por la honestidad y la veracidad,
evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de
producirse, debe ser comunicada de manera directa y oportuna a las
autoridades competentes. En la esencia de este principio se
encuentra la lucha contra la corrupción y al introducirlo como uno de
los principios rectores de las contrataciones del Estado, se otorga
relevancia jurídica y no solo ética a la honradez y a la veracidad.
Desde la perspectiva de la función pública, este principio guarda
relación con el principio de probidad que es uno de los principios de
la función pública que recoge el artículo 2 de la Ley N.° 27815, Ley
del Código de Ética de la Función Pública, de acuerdo con el cual el
servidor público debe actuar con rectitud, honradez y honestidad,
procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho
o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona.
La Ley N.° 26850 y el Decreto Legislativo N.° 1017, normas

37. predecesoras de la Ley, ya recogían en su texto el principio de
moralidad. Este último decreto legislativo lo definía en su artículo 4 (b)
como la obligación de sujetar todos los actos referidos a los procesos
de contratación de las Entidades a las reglas de honradez, veracidad,
intangibilidad, justicia y probidad.

Sobre el particular, es importante tomar en cuenta la vinculación que de forma indirecta
este principio tiene con el desarrollo jurídico que sobre él ha efectuado la OCDE, en
ese sentido es importante tomar en cuenta los avances desarrollados por este ente
sobre la materia. Al respecto, el documento elaborado por esta organización,
denominado “OECD Principles for Integrity in Public Procurement”, se desarrollan
manifestaciones tales como Transparency, Good Management, Preention of
Misconduct, Compliance and Monitoring y Accountability and Control, entre otros.
Cabe destacar que la incorporación de este principio busca que, en las contrataciones
del Estado, la honestidad y la veracidad constituyan reglas de conducta orientadoras
de la buena administración y de la buena gestión para asegurar el correcto uso de los
recursos públicos.
7. Marco jurídico para la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado
El numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado señala que se
encuentran comprendidos dentro de los alcances de la ley antes mencionada, bajo el
término genérico de entidad:
a) Los ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos.
b) El Poder Legislativo, Poder Judicial y organismos constitucionalmente autónomos.
c) Los Gobiernos Regionales y sus programas y proyectos adscritos.
d) Los Gobiernos Locales y sus programas y proyectos adscritos.
e) Las universidades públicas.
f) Juntas de participación social.
g) Las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobierno.
h) Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de
derecho público o privado.
Opinión
En el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado se considera
‘Entidad’ a aquellas comprendidas en el artículo 3 de la Ley, a sus órganos
desconcentrados y a aquellas organizaciones creadas conforme al ordenamiento
jurídico nacional, siempre que cuenten con autonomía y capacidad para gestionar sus
propias contrataciones de acuerdo a sus normas autoritativas.
A fin de determinar si un órgano desconcentrado -u organización creada conforme al
ordenamiento jurídico nacional- puede considerarse “Entidad” bajo el ámbito de
aplicación de la normativa, es necesario evaluar sus normas autoritativas, sus normas
de creación y las demás normas que resulten pertinentes, con el fin de verificar si dichas
disposiciones le atribuyen autonomía y capacidad para gestionar sus propias
contrataciones; tal como lo establece el artículo 3 del Reglamento
[Opinión N.° 005-2019/DTN].

Asimismo, el numeral 3.2 del artículo 3 establece que “para efectos de la presente Ley,
las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los órganos desconcentrados tienen
el mismo tratamiento que las Entidades señaladas en el numeral anterior”.
Por último, el numeral 3.3 cierra el marco de aplicación bajo una fórmula abierta en

38. donde establece que la Ley de Contrataciones “se aplica a las contrataciones que deben
realizar las Entidades y órganos señalados en los numerales precedentes, así como a
otras organizaciones que, para proveerse de bienes, servicios u obras, asumen el pago
con fondos públicos”.
En esta medida, el artículo 3 del Reglamento establece que “las organizaciones creadas
conforme al ordenamiento jurídico nacional, así como los órganos desconcentrados de
las Entidades pueden realizar contrataciones, siempre que estos cuenten con capacidad
para gestionar sus contrataciones, conforme a sus normas autoritativas” (el resaltado es
nuestro).
Por consiguiente, para determinar si un órgano u organización puede considerarse
Entidad, se requiere evaluar la norma de creación de dicho órgano u organización y las
demás normas de la materia que le atribuyan la capacidad para gestionar sus
contrataciones, para el cumplimiento de sus funciones.
Opinión

[…] el artículo 3 de la Ley delimita el ámbito de aplicación de la normativa de
contrataciones del Estado, teniendo en consideración dos criterios: uno subjetivo,
referido a los sujetos que deben adecuar sus actuaciones a las disposiciones de dicha
normativa; y otro objetivo, referido a las actuaciones que se encuentran bajo su ámbito.
En dicho marco, el artículo citado en el párrafo precedente establece, en su numeral 3.1,
un listado de organismos que, bajo el termino genérico de “Entidades”, se encuentran
en la obligación de aplicar la normativa de contrataciones del Estado; precisando, en su
numeral 3.2, que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional de Perú y los órganos
desconcentrados tienen el mismo tratamiento que las referidas Entidades.

Por su parte, el numeral 3.3 del artículo 3 indica que la normativa de contrataciones del
Estado se aplica a las contrataciones que deben realizar las Entidades, organismos y
órganos señalados en el párrafo precedente, así como otras organizaciones que, para
proveerse de bienes, servicios u obras, asumen el pago de la contraprestación con
fondos públicos.

Así, las contrataciones que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa
de contrataciones del Estado son aquellas que realizan los sujetos señalados en los
numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3 de la Ley, así como otras organizaciones que, para
proveerse de los bienes, servicios u obras, efectúan el pago de la retribución
correspondiente con cargo a fondos públicos
46
.

[Opinión N.° 103-2018/DTN].

Ahora bien, en cuanto a las unidades ejecutoras, es preciso indicar que el numeral 6.1

46
Según el numeral 6 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco
de la Administración Financiera del Sector Público, los fondos públicos son los flujos financieros
que constituyen derechos de la Administración Financiera del Sector Público, cuya
administración se encuentra a cargo del Sector Público, de acuerdo con el ordenamiento legal
aplicable.
Es de señalar que mediante el numeral 1 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria
del Decreto Legislativo N° 1436, publicado el 16 septiembre 2018 se dispuso la derogación de la
Ley N.° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. En tanto se
implemente el Capítulo III del citado Decreto Legislativo de conformidad con su Tercera
Disposición Complementaria Final, la Administración Financiera del Sector Público se rige por la
presente Ley.

39. del artículo 6 de la derogada Ley N.° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera
del Sector Público, dispone que la unidad ejecutora constituye el nivel
descentralizado u operativo en las entidades y organismos del Sector Público, con
el cual se vinculan e interactúan los órganos rectores de la Administración Financiera
del Sector Público, la que debe contar con un nivel de desconcentración administrativa
que le permita: (i) determinar y recaudar ingresos; (ii) contraer compromisos, devengar
gastos y ordenar pagos con arreglo a la legislación aplicable; (iii) registrar la información
generada por las acciones y operaciones realizadas; (iv) informar sobre el avance y/o
cumplimiento de metas; (v) recibir y ejecutar desembolsos de operaciones de
endeudamiento; y/o (vi) emitir y/o colocar obligaciones de deuda.
Por tanto, a fin de dilucidar si un determinado órgano o una organización, por ejemplo,
una unidad ejecutora, califica como Entidad bajo el ámbito de aplicación de la normativa
de contrataciones del Estado, debe analizarse si, conforme a sus normas autoritativas
y de creación, así como las demás normas que resulten aplicables, cuenta con la
capacidad suficiente que le permita realizar por sí misma la contratación de bienes,
servicios y obras con cargo a fondos públicos.
Para estos efectos, debe tenerse presente que, en caso de que se determine que un
órgano u organización, por ejemplo, una unidad ejecutora, no califica como Entidad bajo
el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado; ello no implica que
pueda realizar sus contrataciones de bienes, servicios u obras con cargo a fondos
públicos sin observar las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado,
sino que dichas contrataciones deberán ser efectuadas por la entidad de la que
dependan que cuente con capacidad para tales efectos
47
.
Como podemos observar, los párrafos del artículo 3 de la Ley N.° 30225 se encarga de
detallar en su cuerpo normativo aquellos supuestos en los cuales es obligatoria su
aplicación, y del mismo en los artículos 4 y 5 de dicho cuerpo normativo también detalla
los supuestos en los cuales dicha normativa no será aplicable, debido a las diferentes
características y necesidades operativas de los diversos organismos que conforman al
Estado.
Sumado a ello, se ha de tomar en cuenta la variedad y la diferenciada naturaleza de
cada una de las particulares necesidades del Estado, lo cual requiere la coexistencia de
diversos regímenes jurídicos que permitan solventar estas necesidades, las que no
necesariamente van a ser cubiertas a través de los mecanismos previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Sobre el particular, la nueva Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones, ha incorporado
cambios en el ámbito de aplicación de las contrataciones del Estado, y ha incorporado
facultades de supervisión más allá de las que el Decreto Legislativo N.° 1017 nos tenía
acostumbrados. Al respecto, la Ley N.° 30225 ha tratado de precisar y ordenar tanto los
supuestos de aplicación como de inaplicación, estableciendo tres listados:
• Supuestos de aplicación
• Supuesto de inaplicación
• Supuestos de inaplicación sujetos a supervisión

Opinión
Las contrataciones de bienes, servicios u obras que realizan las Entidades
comprendidas en el artículo 3 de la Ley, con cargos a fondos públicos, se encuentran

47
Opinión N.° 087-2016/DTN.

40. bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado; en
consecuencia, en dicho supuesto las referidas Entidades se encuentran en la obligación
de aplicar las disposiciones contenidas en dicha normativa, a fin de llevar a cabo los
procesos de contratación correspondientes, salvo que se encuentren inmersas en
alguno de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de dicha normativa, previstos
en los artículos 4 y 5 de la Ley, respectivamente.

Una Entidad que realiza sus procesos de contratación pública al amparo de la normativa
de contrataciones del Estado debe observar las disposiciones contenidas en esta, entre
las que se encuentra aquella que regula el plazo de ocho (8) días hábiles con los que
cuenta el postor ganador para la presentación de los requisitos exigidos para el
perfeccionamiento del contrato, conforme al artículo 119 del Reglamento; en ese
contexto, no cabe establecer plazos menores a los reglamentarios.

[Opinión N.° 072-2021/DTN].

7.1. Ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado
De la lectura del numeral 3.3 y 3.1 de la Ley N.° 30225, se observa que la intención
del legislador ha sido establecer dos parámetros de aplicación de la normativa de
contrataciones del Estado, uno de aplicación subjetiva (es función del ente) y otro de
aplicación objetiva (en función de la naturaleza de los fondos que emplea), tal división
la explicamos a continuación:
7.1.1. Supuestos de aplicación subjetiva
La lista de entidades que figuran en el párrafo 3.1 del artículo 3 de la Ley N.° 30225
ha sido elaborado en concordada con la estructura del Estado, establecida en la
Ley del Poder Ejecutivo y el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto. A consecuencia de ello, el listado actual sería el siguiente:
a) Los ministerios y sus organismos públicos programas y proyectos
adscritos
Entre los cuales podemos citar: la Presidencia del Consejo de Ministros, los
ministerios, Promperú, OEFA, Sunass y el OSCE, entre otros. Entre los
Programas podemos mencionar el Programa Nacional de Alimentación Familiar
(Qali Warma), Programa Nacional de Saneamiento Urbano, el Programa
Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), entre otros. Se ha excluido la
referencia a dependencias y reparticiones.
b) El Poder Legislativo, Poder Judicial y organismos constitucionalmente
autónomos
Entre estos últimos, citamos los siguientes: la Contraloría General de la
República (CGR), el Banco Central de Reserva (BCR), la Superintendencia de
Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS y AFP), la
Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Ministerio Público (MP), la Defensoría del
Pueblo (DP), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil (Reniec); y el Tribunal Constitucional (TC).
c) Los Gobiernos Regionales y sus programas y proyectos adscritos
Tales como el Gobierno Regional de Piura, el Gobierno Regional del Callado, el
Gobierno Regional de Lima, el Gobierno Regional de Arequipa, el Gobierno
Regional de Cuzco, entre otros.

41. d) Los Gobiernos Locales y sus programas y proyectos adscritos
De acuerdo con lo establecido en el artículo I del Título Preliminar de la Ley N.°
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales “son Entidades
básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de
participación vecinal en los asuntos públicos. Institucionalizan y gestionan con
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. Sus
elementos esenciales son: el territorio, la población y la organización”.
Las contrataciones necesarias para la atención de las funciones de las
municipalidades de centros poblados sí se encuentran dentro del ámbito de
aplicación de la normativa de contrataciones del Estado. No obstante, los actos
relacionados con la planificación y programación, ejecución de procesos de
selección y administración de los contratos pertinentes para la atención de dichas
funciones, corresponderá asumirlos a las municipalidades distritales o
provinciales, de las cuales las municipalidades de centros poblados dependen
económica y administrativamente, salvo que exista delegación expresa.
En este punto es importante precisar que la Ley N.° 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo señala, en su artículo 38, que “los programas son creados en el
ámbito de competencia del Poder Ejecutivo, en un Ministerio o en un Organismo
Público, mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de
Ministros”, y son “estructuras funcionales creadas para atender un problema o
situación crítica, o implementar una política pública específica, en el ámbito de
competencia de la entidad a la que pertenecen”, lo que lo habilita adquirir bienes,
contratar servicios o ejecutar obras por su propia cuenta, a fin de cumplir los fines
y objetivos para lo cual fue creado
48
.
e) Las universidades públicas
Tales como la Universidad Nacional del Callao (UNAC), la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad José Faustino Sánchez Carrión
(UNJFSC), la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Universidad Nacional
de Educación E. Guzmán y Valle (UNE), la Universidad Nacional de Ingeniería
(UNI), la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), entre otras.
f) Las juntas de participación social
Las contrataciones que realicen las juntas de participación social para
abastecerse de bienes, servicios y obras, asumiendo el pago con cargo a fondos
públicos, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la normativa de
contrataciones del Estado; sin perjuicio de ello, la entidad consultante debe
determinar si los recursos financieros con los que lleva a cabo sus contrataciones
constituyen o no fondos públicos, aspecto que solo puede ser fijado por la
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y
Finanzas
49
.
g) Las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobierno
Las contrataciones que realizan las empresas del Estado de derecho público o
privado, ya sean de propiedad del Gobierno Nacional, Regional o Local y las
empresas mixtas bajo control societario del Estado, también se encuentran en el

48
Opinión N.° 193-2016/DTN.
49
Opinión N.° 066-2017/DTN.

42. ámbito de aplicación de la ley y el reglamento.
Para ello, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado (Fonafe) es la Entidad encargada de normar y dirigir la actividad
empresarial del Estado. Bajo su ámbito se encuentran Sedapal, Electroperú,
Enapu, Banco de la Nación, Editora Perú, Corpac, Cofide y Serpost, entre otras
empresas públicas.
La aplicación de la normativa de contrataciones, en este caso, estará sujeta a la
existencia de una legislación especial que determina una forma especial de
contratar para el caso de las empresas del Estado. Precisado lo anterior, cabe
indicar que el artículo 22 de la Ley N.° 27073, Ley de Servicios Industriales de la
Marina SIMA-PERÚ SA, establece: “Las contrataciones de servicios y
adquisición de materiales, equipos, maquinarias y demás partes utilizadas en las
actividades que desarrolle SIMA-PERÚ S.A., para terceros, podrán ser
efectuadas y contratadas de acuerdo con las normas que apruebe el Directorio,
y asimismo la contratación de estudios, asesorías, consultorías y supervisiones
con igual finalidad”.
En ese sentido, la ley de creación de dicha institución regularía un régimen
especial de contratación y adquisición, por lo que este organismo supervisor no
puede opinar respecto de la aplicación o interpretación de dicha norma al tener
un carácter especial, en tanto que ello excedería la habilitación establecida en el
literal o) del artículo 52 de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
Asimismo, cabe resaltar que este tipo de contrataciones no se encontraría
incursa expresamente dentro de alguno de los supuestos excluidos del ámbito
de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado previstos en los
artículos 4 y 5 de la ley, dado que existiría una ley especial aplicable las
contrataciones y adquisiciones llevadas a cabo por SIMA PERÚ-SA.
Por lo tanto, las contrataciones de servicios y adquisición de materiales, equipos,
maquinarias y demás partes utilizadas en las actividades que desarrolle SIMA-
PERÚ S. A, de acuerdo a la finalidad y objeto de su creación, serían realizadas
de acuerdo con las normas que apruebe su directorio, por lo que se encontrarían
fuera del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado,
debiendo la dependencia respectiva de dicha institución verificar la aplicación,
interpretación y cumplimiento de su propia ley de creación, así como de las
condiciones y disposiciones que configurarían la no aplicación de las normas de
contrataciones públicas.
Por otro lado, si bien las contrataciones excluidas del ámbito de aplicación de la
normativa de contrataciones del Estado solo pueden ser establecidos mediante
ley, ello no enerva la obligación por parte de los funcionarios responsables de
las actuaciones y actividades destinadas a la contratación, de observar y
respetar los principios que rigen toda Contratación Pública
50
.
Cabe indicar que la empresa Petroperú no se encuentra bajo el ámbito del
Fonafe y sus contrataciones las realiza de acuerdo con un Reglamento aprobado
por el OSCE.
h) Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos sean
de derecho público o privados

50
Opinión N.° 194-2016/DTN.

43. Tales como el Fondo de Salud del Personal de la Policía Nacional (FOS-POLI),
el Fondo de Apoyo Funerario a la Policía Nacional (Fonafun-PNP), Fondo de
Vivienda Militar del Ejército (Fovime), el Fondo de Bienestar de la Policía
Nacional (Fonbiepol) y el Fondo de Vivienda de la Policía Nacional del Perú
(Fovipol), entre otros.
Siempre que un fondo se encuentre constituido total o parcialmente
con recursos públicos, sus contrataciones de bienes, servicios u obras
que se paguen con cargo a fondos públicos se encontrarán bajo el
ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado.
Para estos efectos, debe tenerse presente que los fondos son entes
de naturaleza especial creados por ley que pueden tener personería
jurídica de derecho público o privado. Estos fondos serán destinados
al cumplimiento de los fines para los que fueron creados y pueden
estar constituidos por recursos públicos, privados o ambos.
Precisado lo anterior, debe mencionarse que, tal como se señaló en
los antecedentes de la presente opinión, las consultas que absuelve
este Organismo Supervisor son aquellas referidas al sentido y alcance
de la normativa de contrataciones del Estado, por lo que, en vía de
consulta, no puede indicarse si un determinado fondo debe ser
considerado como Entidad.
Finalmente, para efectos de determinar el código de la fuente de
financiamiento, toda vez que este aspecto se encuentra relacionado
con el sistema administrativo de Tesorería, debe realizarse la consulta
respectiva a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
del Ministerio de Economía y Finanzas
51
.

7.1.2. Supuestos de aplicación objetiva
Más allá del listado consignado en el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley de
Contrataciones, el ratio de aplicación de la normativa de contrataciones sigue siendo
un listado abierto, en tanto el numeral 3.3 del mismo articulado hace referencia a
“otras organizaciones que para proveerse de bienes, servicios u obras, asuman el
pago con fondos públicos”. Por tanto, se incluye dentro del ámbito de aplicación de
la ley a todas las entidades públicas que asumen el pago de sus contrataciones de
bienes, servicios y obras con fondos públicos.
Opinión
Para determinar si un órgano o una organización califica como Entidad bajo el ámbito
de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, debe analizarse si, conforme
a sus normas autoritativas y de creación, así como las demás normas que resulten
aplicables, cuenta con la capacidad suficiente que le permita realizar por sí misma la
contratación de bienes, servicios y obras con cargo a fondos públicos.

Si un órgano o una organización es calificado como Entidad y además de ello utiliza
fondos públicos para abastecerse de bienes, servicios u obras necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, deberá utilizar la normativa de contrataciones del Estado
para realizar sus contrataciones.

En caso se determine que un órgano u organización no califica como Entidad bajo el
ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, ello no implica que
pueda realizar sus contrataciones de bienes, servicios u obras con cargo a fondos
públicos sin observar las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado,
sino que dichas contrataciones deberán ser efectuadas por la Entidad de la que
dependan que cuente con capacidad para tales efectos.
[Opinión N.° 120-2016/DTN].

51
Opinión N.° 083-2016/DTN.

44. Por tanto, se colige que se encuentran sujetos a la normativa de contrataciones del
Estado los contratos donde este asume una prestación de carácter dinerario o una
retribución con fondos públicos, mientras que el particular (contratista) asume una
prestación de dar o hacer que satisfaga el requerimiento de bienes, servicios u obras
de la entidad.
Un aspecto importante que se debe analizar en cada caso concreto, para determinar
si estamos en el ámbito de aplicación de la citada normativa, es vislumbrar si se trata
de “fondos públicos”, entendidos estos como los recursos financieros y monetarios
aportados por el Estado, a través de sus diferentes niveles de gobierno y entidades
que los componen.
De igual modo, podemos entender en forma amplia por fondos públicos a aquellos
ingresos del tesoro público “que se orientan a la atención de los gastos que genere
el cumplimiento de sus fines, independientemente de la fuente de financiamiento de
donde provengan. Su percepción es responsabilidad de las Entidades competentes
con sujeción a las normas de la materia. Los fondos se orientan de manera eficiente
y con atención a las prioridades del desarrollo del país”.
8. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la normativa de
contrataciones del Estado
El artículo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado modificada por el Decreto
Legislativo N.° 1444 establece que esta ley no es de aplicación para:
a) Contratos bancarios y financieros que provienen de un servicio financiero, lo que
incluye a todos los servicios accesorios o auxiliares a un servicio de naturaleza
financiera, salvo la contratación de seguros y el arrendamiento financiero, distinto
de aquel que se regula en la Ley N.°. 28563 o norma que la sustituya.
b) Las contrataciones que realicen los órganos del Servicio Exterior de la República,
exclusivamente para su funcionamiento y gestión, fuera del territorio nacional.
c) Las contrataciones que efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender
la realización en el Perú, de la transmisión del mando supremo y de cumbres
internacionales previamente declaradas de interés nacional, y sus eventos
conexos, que cuenten con la participación de jefes de Estado, jefes de Gobierno,
así como de altos dignatarios y comisionados, siempre que tales contrataciones
se encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los tratados u otros
compromisos internacionales que incluyan disposiciones en materia de
contratación pública, de los que el Perú es parte.
d) La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones previstas en
la presente norma y su reglamento.
e) Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de conciliación,
instituciones arbitrales, miembros o adjudicadores de la Junta de Resolución de
Disputas y demás derivados de la función conciliatoria, arbitral y de los otros
medios de solución de controversias previstos en la ley y el reglamento para la
etapa de ejecución contractual.
f) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos
específicos de una organización internacional, Estados o entidades cooperantes,
siempre que se deriven de operaciones de endeudamiento externo y/o donaciones
ligadas a dichas operaciones.
g) Los contratos de locación de servicios celebrados con los presidentes de
directorios, que desempeñen funciones a tiempo completo en las entidades o
empresas del Estado.
h) La compra de bienes que realicen las Entidades mediante remate público, las que
se realizan de conformidad con la normativa de la materia.

45. i) Las asociaciones público privadas y proyectos en activos regulados en el Decreto
Legislativo N.° 1224 y Decreto Legislativo N.° 674, o normas que lo sustituyan.
j) Las contrataciones que se sujetan a regímenes especiales.
En la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, a diferencia de su predecesora,
los supuestos de inaplicación se encuentran en el artículo 4. Respecto del listado
presente en el Decreto Legislativo N.° 1017, se han eliminado 11 supuestos de
inaplicación. No obstante, los supuestos restantes desarrollados en el artículo 4 de la
Ley N.° 30225 formaron parte del texto del Decreto Legislativo N.° 1017. La eliminación
de estos supuestos durante la transición del Decreto Legislativo N.° 1017 a la Ley N.°
30225 se debe fundamentalmente a lo siguiente:
• Primero, a que no se trata de contrataciones de bienes, servicios u obras, sino de
operaciones de naturaleza y finalidad distinta y que, además, están regulados por
normas específicas, entre estos se encuentra:
- La materia de endeudamiento y administración de deuda (literales c) y d), actos
de disposición y administración de bienes del Estado (literales h y n), la modalidad
de ejecución presupuestal directa (literal ñ), conocida como ejecución de obra por
administración directa, definida como aquella que se produce cuando la entidad
con su personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las
actividades y proyectos, así como de sus respectivos componentes, que si bien
no está regulada íntegramente por ley no constituye un contrato de ejecución de
obra, lo que no implica que los bienes y servicios necesarios para la ejecución de
la obra se encuentre fuera de la aplicación de la ley de contrataciones.
• Segundo, porque se trata de contrataciones específicas reguladas por una norma
especial que define un procedimiento distinto al régimen de contrataciones como:
- El caso de la contratación de personal que trabaja en la administración pública en
sus diferentes regímenes o modalidades (literales a) y f)), la contratación de
auditorías externas a las entidades públicas (literal b), las concesiones de recursos
naturales y obras públicas (literal m)), la contratación de defensa legal y asesorías
para la defensa del Estado en las controversias internacionales sobre inversión en
foros arbitrales o judiciales (literal q)), y las contrataciones que efectúe el Ministerio
de Relaciones Exteriores para atender la realización en el Perú, de la transmisión
del mando supremo y de cumbres internacionales previamente declaradas de
interés nacional, y sus eventos conexos, que cuenten con la participación de jefes
de Estado, jefes de Gobierno, así como de altos dignatarios y comisionados,
siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales
establecidos en los tratados u otros compromisos internacionales que incluyan
disposiciones en materia de contratación pública, de los que el Perú es parte.
• Tercero, debido a que se trata de contrataciones que deban realizarse con
determinado proveedor, cuando por ejemplo:
- Por mandato expreso de la ley o de la autoridad jurisdiccional (literal I). Este
numeral comprende dos supuestos diferentes. El primero, cuando a través de una
ley, se dispone que una Entidad deba realizar sus contrataciones con determinado
proveedor, como es el caso de las publicaciones que se deben realizar en el diario
oficial El Peruano o las tasaciones que debe efectuar el Consejo Nacional de
Tasaciones.
El segundo, cuando por mandato de un juez o de un tribunal judicial se deba
contratar a un determinado proveedor, como sería el caso en que un juez designe
un perito para que efectúe un peritaje en el marco de un proceso judicial en el que
una de las partes es una entidad del Estado.

46. En virtud de lo dispuesto por la Ley N.° 29314, Ley de la Fábrica de Armas y
Municiones del Ejército (FAME SAC), cuando las instituciones de las Fuerzas
Armadas, la Policía Nacional del Perú, los Comités de Autodefensa y otros
organismos del Estado contraten con dicha empresa, la comercialización,
desarrollo, fabricación, modificación, modernización, mantenimiento de sistemas
de armas y municiones de guerra y de uso civil, así como la investigación y
desarrollo tecnológico; y las actividades conexas para abastecer a las entidades
mencionadas, no resulta de aplicación la ley ni su reglamento.
Opinión
Para definir si una contratación se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la
normativa de contrataciones del Estado, en primer lugar, debe analizarse si la misma
reúne las características de una contratación pública, es decir, si configura el ámbito
objetivo y el subjetivo para la aplicación de dicha normativa; una vez hecho esto,
corresponde determinar, además, si dicha contratación se encuentra incursa en alguno
de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación previstos en la Ley o es materia de
regulación de otra ley.

No resulta aplicable la normativa de contrataciones del Estado cuando no se presente
alguno de los siguientes elementos: i) se trate de una Entidad; ii) para la provisión de
bienes, servicios u obras; y, iii) el pago se asuma con cargo a fondos públicos; o del
mismo modo, tampoco se aplica la referida normativa cuando existiendo estos tres
elementos dicha contratación se encuentre prevista como un supuesto excluido en
mérito a los artículos 4 y 5 de la Ley.

Las Entidades se encuentran obligadas a utilizar el SEACE para publicar la información
de sus contrataciones de bienes, servicios u obras y por las que asumen el pago con
cargo a fondos públicos, de conformidad con la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD
“Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE”. Asimismo, pueden incluirse en el
SEACE contrataciones efectuadas bajo un régimen legal de contratación, siempre que
dicho régimen establezca la obligatoriedad de su registro, conforme a los plazos en él
señalados
[Opinión N.° 055-2018/DTN].

Consecuencia de ello, el artículo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado prescribe
únicamente como supuestos de inaplicación los siguientes supuestos:
a) Los contratos bancarios y financieros que provienen de un servicio fi-
nanciero, lo que incluye a todos los servicios accesorios o auxiliares a un
servicio de naturaleza financiera, salvo la contratación de seguros y el
arrendamiento financiero, distinto de aquel que se regula en la Ley N.° 28563
o norma que la sustituya.
En materia de contratación pública, los “contratos bancarios”, son aquellos acuerdos
celebrados por las empresas y entidades del sistema financiero con sus clientes y
usuarios —carácter que en dichas operaciones pueden asumir las entidades públicas
sujetas a la ley—, con la finalidad de crear, regular, modificar o extinguir una relación
jurídica patrimonial orientada al desarrollo de diversas operaciones de intermediación
financiera, constituyendo la naturaleza e importancia de estas operaciones el sustento
de que sean reguladas bajo un ordenamiento especial.
En ese sentido, los contratos bancarios
52
son aquellos detallados en la Ley N.° 26702,

52
Entre los contratos financieros y bancarios tenemos, entre otros, los de factoring, de leasing,
de préstamos, de depósito, de cuenta corriente, de tarjetas de crédito y de débito, de custodia y

47. Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones (SBS), que celebra una entidad pública en su calidad de cliente o usuario,
y que se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la ley, aun cuando puedan
involucrar la erogación de recursos públicos,
Mientras que los contratos financieros son acuerdos celebrados entre un prestamista
que ofrece recursos financieros a un deudor, y por el cual este se compromete a
ejecutar determinados actos estipulados en él, como proporcionar estados financieros
o bien no endeudarse más allá de cierto nivel. Es decir, el objetivo de esta modalidad
contractual radica en la necesidad que tiene una de las partes de obtener liquidez. Por
ello se dice que estos contratos son celebrados con la finalidad de que una
organización puede obtener recursos a través del financiamiento que es la forma como
una empresa, persona o institución se agencia de los recursos económicos mínimos
indispensables para el desarrollo de sus actividades.
a.1) ¿Qué servicios constituyen o no operaciones bancarias que den lugar a
la celebración de contratos bancarios?
Sobre el particular, es preciso señalar que el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE) carece de competencia para establecer qué
servicios constituyen o no operaciones bancarias o financieras que den lugar a la
celebración de contratos bancarios o financieros, aspecto que corresponde
determinar a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
En consecuencia, tal como ha señalado el OSCE en anteriores opiniones
53
,
determinar si un servicio en particular constituye o no una operación bancaria
o financiera que dé lugar a la celebración de un contrato bancario o financiero
es un aspecto que corresponde única y exclusivamente a la Superintendencia
de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS).
En esta medida, la SBS ha emitido el Oficio N.° 27949-2014-SBS, mediante el cual
absuelve consultas formuladas por el OSCE sobre los servicios de seguros y los
contratos bancarios y financieros. En tal contexto, la SBS ha señalado:
La Ley General no ha definido lo que debe entenderse por un contrato
bancario y/o financiero; sin embargo, la doctrina considera a los
contratos bancarios como acuerdos celebrados por los bancos y su
clientela o, eventualmente entre bancos, cuyo contenido corresponde
al desarrollo de las operaciones propias de su objeto social.
A mayor detalle, los contratos bancarios consisten en el acuerdo de
voluntades destinado a reglar los derechos nacidos de una relación
cuyo objeto es una operación bancaria. Es el acuerdo de voluntades
entre dos o más personas, una de las cuales es al menos un banco,
en virtud del cual surgen derechos y obligaciones cuyo objeto
corresponde a la operación bancaria a la cual se refiere, es decir, que
depende en últimas de la naturaleza de la respectiva operación
bancaria.

En relación con lo señalado precedentemente, la Ley N.° 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros, en su anexo-glosario, precisa que el Sistema Financiero es
“el conjunto de empresas, que debidamente autorizadas operan en la

gestión.
53
En las Opiniones N.° Í37-2009/DTN y N.° 037-20Í2/DTN se establece que como los contratos
bancarios y financieros están regulados por la Ley N.° 26702, corresponde a la SBS determinar
qué servicios constituyen operaciones bancarias o financieras.

48. intermediación financiera. Incluye las subsidiarias que requieran de autorización
de la Superintendencia para constituirse”.
Asimismo, precisa que la intermediación financiera es la “actividad que realizan
las empresas del sistema financiero consistente en la captación de fondos bajo
cualquier modalidad, y su colocación mediante la realización de cualquiera de las
operaciones permitidas en la ley” (el subrayado es agregado).
Por tanto, los contratos bancarios se enmarcan en el ámbito de las empresas que
operan en el sistema financiero, el cual se encuentra regulado por la Ley N.° 26702,
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, así como por la normativa emitida por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, organismo que ejerce las funciones
de control y supervisión de las empresas que conforman dicho sistema.
Así, puede afirmarse que los contratos bancarios son los acuerdos celebrados por
las empresas del sistema financiero con sus clientes, con la finalidad de crear,
regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial orientada al desarrollo
de una operación bancaria. Es decir, los contratos bancarios son el instrumento
mediante el cual se le da forma legal a las operaciones que realizan las empresas
del sistema financiero
54
.
Mientras que los contratos financieros son acuerdos celebrados entre un
prestamista que ofrece recursos financieros a un deudor, y por el cual este se
compromete a ejecutar determinados actos estipulados en él, como proporcionar
Estados Financieros o bien no endeudarse más allá de cierto nivel. Es decir, el
objetivo de esta modalidad contractual radica en la necesidad que tiene una de las
partes de obtener liquidez. Por ello, se dice que estos contratos son celebrados con
la finalidad de que una organización pueda obtener recursos a través del
financiamiento que es la forma como una empresa, persona o institución se agencia
de los recursos económicos mínimos indispensables para el desarrollo de sus
actividades.
En tal sentido, los servicios u operaciones bancarias cuya contratación se encuentra
excluida del ámbito de aplicación de la ley y su reglamento, aun cuando involucran
la erogación de fondos públicos, son aquellas reguladas por la Ley N.° 26702 y
demás disposiciones emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
55
.
Dados estos conceptos previos, los contratos bancarios
56
realizados por entidades,
pero que se encuentran fuera del ámbito de la normativa de contrataciones, son
aquellos detallados en la Ley N.° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), que celebra una entidad
pública en su calidad de cliente o usuario, y que se encuentran fuera del ámbito de
aplicación de la ley, aun cuando puedan involucrar la erogación de recursos

54
Opinión N.° 137-2009/DTN.

55
En el caso particular del arrendamiento financiero (leasing), pese a tratarse de un contrato
bancario, se encuentra bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado, de
conformidad con lo dispuesto por el literal b) del artículo 14 de la Ley N.° 29289, Ley de Presu-
puesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009.
56
Entre los contratos financieros y bancarios tenemos, entre otros, los de factoring, de leasing,
de préstamos, de depósito, de cuenta corriente, de tarjetas de crédito y de débito, de custodia y
gestión.

49. públicos. Si bien en estos contratos, se verifican los aspectos subjetivo
57
y objetivo
58
59
de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, la ley dispone su
inaplicación.
a.2) Contratos de seguro
CABANELLAS señala:
En lo jurídico, seguro es un contrato aleatorio, por el cual una de las
personas (el asegurador) se compromete a indemnizar los riesgos
que otra (el asegurado) sufra, o a pagarle determinada suma a este
mismo o a un tercero (el beneficiario) en caso de ocurrir o no el
acontecimiento de que se trate, a cambio del pago de una prima en
todo caso
31
.

Por su parte, OSORIO define al contrato de seguros como:
[...] aquel por el cual una persona llamada asegurador se obliga, a
cambio de una suma de dinero —conocida como prima—, a
indemnizar a otra llamada asegurado, o a quien este designe (tercero
o beneficiario), el perjuicio que puede causar un suceso de producción
incierta, o que siendo cierta no es determinable, desde el momento de
su acontecimiento. De esta manera, el monto objeto de
indemnización, que es pactado expresamente, es pagado cuando
ocurra el evento o riesgo cubierto por el seguro
60
.

De ello se desprende que el seguro es un contrato celebrado con la finalidad de
cubrir determinado riesgo, siendo obligación del asegurador compensar el perjuicio
económico experimentado por el asegurado como consecuencia de la verificación
de dicho riesgo (siniestro).
Por otro lado, es importante precisar que el contrato de seguro no constituye un
contrato financiero. Por ello, la contratación de una empresa aseguradora sí se
encuentra dentro del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del
Estado, en la medida que el contrato de seguros es un contrato en el que, ante la
prestación de la empresa aseguradora —que es cubrir el riesgo del acaecimiento
de un siniestro— le corresponde a la entidad efectuar el pago de una suma
dineraria, prima, si dicho precio es pagado con recursos públicos.
a.3) Contratos bancarios y financieros que provienen de un servicio financiero
El 24 de julio de 2022, se publicó el Decreto Supremo N° 169-2022-EF, establece
que los contratos bancarios y financieros que provienen de un servicio financiero,
lo que incluye a todos los servicios accesorios o auxiliares a un servicio de
naturaleza financiera, referidos en el literal a) del artículo 4 de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, son los siguientes:
• Los que tienen por objeto realizar operaciones y servicios del sistema
financiero, así como, aquellos que tienen por objeto prestar servicios
accesorios o auxiliares que permiten viabilizar una operación o servicio del
sistema financiero, contemplados en la Ley N° 26702, Ley General del Sistema

57
Subjetivo: Que sea una contratación efectuada por un sujeto que se encuentre comprendido
dentro de los alcances del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N.° 30225.
58
Objetivo: Que sea una contratación que haga uso de fondos públicos de conformidad con el
numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley N.° 30225.
59
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho usual, t. VIIR-S, 29.
a
ed., Buenos
Aires: Editorial Heliasta SRL, 2006, p. 371.
60
OSORIO, Zaida. Contrato de Seguro. Editorial San Marcos, 1999. Lima, p. 13.

50. Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, y disposiciones emitidas por la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).
• Los que tienen por objeto realizar operaciones y servicios en el mercado de
valores, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 861, Ley del Mercado de
Valores.
b) Las contrataciones que realicen los Organismos de Servicio Exterior de la
República, exclusivamente para su funcionamiento y gestión, fuera del
territorio nacional.
El 13 de mayo del 2009 se publicó la Ley N.° 29357, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual establece en su artículo 3:
El sector Relaciones Exteriores está integrado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores conformado por la Cancillería, sus órganos
desconcentrados en el Perú y los órganos del servicio exterior -
integrados por las embajadas, las representaciones permanentes
ante organismos internacionales, las oficinas consulares, las
delegaciones oficiales y las misiones especiales- y la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional.

Sobre el particular, se puede colegir que no todo el universo del Ministerio de
Relaciones Exteriores es considerado Servicio Exterior de la República, sino solo:
• Embajadas
• Representaciones permanentes ante organismos internacionales
• Oficinas consulares
• Delegaciones oficiales
• Misiones especiales
• Agencia Peruana de Cooperación Internacional
Asimismo, el artículo 5 del Reglamento de organización y funciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores señala que dentro de su estructura orgánica se encuentra, entre
otros, los:
08 ÓRGANOS DEL SERVICIO EXTERIOR
08.1 Embajadas
08.2 Representantes Permanentes antes los Organismos Internacionales
08.3 Oficinas Consulares
08.3 Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior
Mediante Decreto Supremo N.° 010-2008-RE, se autorizó al Ministerio de Relaciones
Exteriores a aprobar, mediante resolución ministerial, un nuevo Reglamento para la
Administración de las Asignaciones de las Misiones del Servicio Exterior de la
República.
Dicho reglamento ha sido elaborado a la luz de la nueva estructura orgánica de la
entidad, aprobada mediante Ley N.° 29357, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores y atendiendo a criterios de economía, efectividad
y eficiencia, a fin de optimizar la gestión administrativa de los Órganos del Servicio
Exterior de la República.
En ese sentido, mediante Resolución Ministerial N.° 1080-2010/RE, se aprobó el
Reglamento para la Administración de las Asignaciones de los Órganos del Servicio
Exterior. Dicho Reglamento tiene por finalidad establecer criterios para el uso y
disposición de los recursos del Estado, así como los procedimientos para la

51. administración de las asignaciones ordinarias y extraordinarias que reciben los
Órganos del Servicio Exterior para sus gastos de funcionamiento y gestión.
b.1) Aspectos relevantes en la inaplicación de la Ley N.° 30225, en las
contrataciones que realicen los Órganos del Servicio Exterior de la República
La Opinión N.° 017-2006/GTN detalla:
En el caso de las Misiones del Servicio Exterior de la República, [...]
sus contrataciones debían observar la legislación y los usos y
costumbres de los países donde las Misiones estuvieran acreditadas.
Por ello, en tales contrataciones no era exigible al contratista la
presentación de las garantías [...] ni la presentación de las
constancias exigidas por la ley nacional.
[En conclusión], si la contratación del servicio de asesoría jurídica
realizada por la Misión del Servicio Exterior de la República en el
2003, podía catalogarse como una contratación para el
funcionamiento y gestión de la Misión o en el ejercicio de sus
funciones, esta no constituía un supuesto de inaplicación de la Ley,
sino, en todo caso, el supuesto de exoneración establecido en el literal
e) del artículo 19 de la Ley, en cuya virtud la Entidad no se encontraba
obligada a realizar proceso de selección, sin perjuicio que debía
observar las formalidades previas a la celebración del contrato y las
reglas de ejecución contractual establecidas en el artículo 110 del
Reglamento
61
.

c) Las contrataciones que efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores para
atender la realización en el Perú, de la transmisión del mando supremo y de
cumbres internacionales previamente declaradas de interés nacional, y sus
eventos conexos, que cuenten con la participación de jefes de Estado, jefes
de Gobierno, así como de altos dignatarios y comisionados, siempre que tales
contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los
tratados u otros compromisos internacionales que incluyan disposiciones en
materia de contratación pública, de los que el Perú es parte.
Sobre el particular cabe citar la Ley N.° 30154, Ley que regula un Procedimiento
Especial de Contratación para la realización en el Perú de Transmisiones del Mando
Supremo y de Cumbres Internacionales declaradas de Interés Nacional, y sus Eventos
Conexos, que cuenten con la participación de Jefes de Estado, Jefes de Gobierno,
Altos Dignatarios y Comisionados.
d) La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones previstas
en la presente norma y su reglamento
Al respecto, debe indicarse que, de la revisión integral de la normativa de
contrataciones del Estado, se advierte que los notarios públicos intervienen durante la
fase del proceso de selección, cumpliendo determinadas funciones; sin embargo, es
importante resaltar que luego de las modificaciones vertidas, que instauran la totalidad
del procedimiento de contratación de forma electrónica, es necesario revisar este
supuesto.
e) Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de conciliación,
instituciones arbitrales, miembros o adjudicadores de la junta de resolución
de disputas y demás derivados de la función conciliatoria, arbitral y de los
otros medios de solución de controversias previstos en la ley y el reglamento
para la etapa de ejecución contractual.

61
Opinión N.° 017-2006/GTN.

52. En este punto, es oportuno precisar que, conforme a lo establecido en el numeral 45.1
del artículo 45 de la ley, “las controversias que surjan entre las partes sobre la
ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se
resuelven mediante conciliación o arbitraje, según acuerdo entre las partes”.;
asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del citado dispositivo, “Las
partes pueden recurrir a la Junta de Resolución de Disputas en las contrataciones de
obras, de acuerdo al valor referencial y demás condiciones previstas en el reglamento,
siendo sus decisiones vinculantes” (el resaltado es nuestro).
Como se aprecia, las controversias que surgen durante la etapa de ejecución
contractual, correspondiente a una contratación bajo el ámbito de aplicación de
la normativa de contrataciones del Estado, se resuelven a través de los medios de
solución de controversias previstos en la ley y el reglamento, que son: i) el arbitraje, ii)
la conciliación y iii) la junta de resolución de disputas.
En ese sentido, se puede colegir que los servicios enmarcados en el supuesto de
inaplicación previsto en el literal e) del artículo 4 de la ley, son aquellos servicios
derivados de los medios de solución de controversias establecidos para la etapa
de ejecución contractual de una contratación realizada bajo el ámbito de la
normativa de contrataciones del Estado.
En relación con lo anterior, corresponde precisar cuáles son los servicios derivados de
la función conciliadora y arbitral, y de los otros medios de solución de controversias
previstos para la etapa de ejecución contractual, que se encuentran excluidos del
ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, en virtud del
supuesto contemplado en el literal e) del artículo 4 de la ley.
El supuesto de inaplicación de la normativa de contrataciones del Estado previsto en
el literal e) del artículo 4 de la ley se encuentra referido, exclusivamente, a la
contratación de los servicios de árbitros, centros de arbitrajes, conciliadores y centros
de conciliación, así como a los servicios derivados de la función conciliadora, arbitral
y de los otros medios de solución de controversias —tales como los de peritaje, secre-
taría arbitral, inspecciones y similares— previstos en la ley y el reglamento, para la
etapa de ejecución contractual de una contratación realizada bajo el ámbito de la
normativa de contrataciones del Estado”
62
.
Opinión
[…] se debe indicar que si bien es cierto que la contratación de árbitros a que se refiere
el literal e) del artículo 4 de la Ley no se encuentra comprendida en el artículo 76 de la
Carta Magna, no obstante involucra el uso de recursos públicos en el marco de un
proceso de contratación y las materias que resuelven son de orden público
63
; por tanto,
la contratación de árbitros en el marco de lo señalado aquella disposición, se debe
realizar observando los principios que rigen en la contratación pública, como por ejemplo
los principios de integridad
64
, igualdad de trato, entre otros, así como los principios que
rigen tanto la conducta de los árbitros como de los funcionarios públicos vinculados a su
contratación.
[…] En la medida que el arbitraje a que se refiere el literal e) del artículo 4 de la Ley
constituye una “jurisdicción privada” que acompaña el abastecimiento del Estado, su

62
Opinión N.° 069-2017/DTN.
63
Sobre el particular puede consultarse: César Guzmán y Barrón Sobrevilla (2017). Arbitraje
comercial nacional e internacional. Primera Edición. Lima: Fondo Editorial de PUCP, pp 15.
64
El literal j) del artículo 2 de la Ley, señala que “la conducta de los partícipes en cualquier
etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier
práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades
competentes de manera directa y oportuna.” (El Destacado es nuestro).

53. contratación no se enmarca dentro del proceso de abastecimiento regulado por el
artículo 76 de la Constitución Política del Perú, por lo cual, de los impedimentos del
numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, únicamente le resulta aplicable -salvo disposición
legal en contrario- el impedimento establecido en el literal m), ello sin perjuicio de lo
indicado en el artículo 231 del Reglamento.
Si bien es cierto que la contratación de árbitros a que se refiere el literal e) del artículo 4
de la Ley no se encuentra comprendida en el artículo 76 de la Carta Magna, no obstante
involucra el uso de recursos públicos en el marco de un proceso de contratación y las
materias que resuelven son de orden público; por tanto, la contratación de árbitros en el
marco de lo señalado aquella disposición, se debe realizar observando los principios
que rigen en la contratación pública, como por ejemplo los principios de integridad,
igualdad de trato, entre otros, así como los principios que rigen tanto la conducta de los
árbitros como de los funcionarios públicos vinculados a su contratación. [Opinión N.°
131-2020/DTN].

f) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y proce-
dimientos específicos de una organización internacional, Estados o entidades
cooperantes, siempre que se deriven de operaciones de endeudamiento
externo y/o donaciones ligadas a dichas operaciones.
Las contrataciones efectuadas bajo el supuesto excluido, previsto en el literal f) del
artículo 4 de la Ley, deberán reunir los siguientes requisitos: (i) que se realicen de
acuerdo a las exigencias y procedimientos específicos de una organización
internacional, Estados o entidades cooperantes y, (ii) que se deriven de operaciones
de endeudamiento externo que se gestionaron con dichos organismos, Estados o
entidades cooperantes y/o donaciones ligadas a dichas operaciones.
Los contratos que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de
contrataciones del Estado son acuerdos en los que la contraparte de la Entidad
persigue una finalidad lucrativa; en cambio, los convenios que se encuentran excluidos
de dicho ámbito, son acuerdos en los que las partes se obligan a ejecutar determinadas
prestaciones sin la intención de obtener un beneficio económico (ganancia o utilidad).
Opinión
Las contrataciones derivadas de un convenio celebrado entre una entidad pública y una
organización internacional se encontrarán excluidas del ámbito de aplicación de la Ley,
siempre que se cumplan las condiciones previstas en el literal f) del artículo 4 de la Ley
o en el literal d) del artículo 5°. De ser ese el caso, tales contrataciones se realizarán de
acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de la organización
internacional, las cuales podrán estar contempladas en el correspondiente convenio o
documentos vinculados con este.
Ante cualquier vacío o deficiencia en el marco legal aplicable a las contrataciones
previstas en los artículos 4 y 5 de la Ley, se aplica supletoriamente las disposiciones de
la Ley y el Reglamento, siempre que ello no resulte incompatible con las normas
específicas que regulan dichas contrataciones. [Opinión N.° 183-2019/DTN].
El supuesto excluido del ámbito de aplicación, previsto en el literal f) del artículo 4 de la
Ley se encuentra vinculado a la concertación de “operaciones de endeudamiento
externo” y comprende, además, solo aquellas donaciones realizadas en el marco de
dichas operaciones, en tanto estas coadyuven a viabilizar su formalización.
Corresponde a la Entidad definir cuál es el supuesto de exclusión que resulta aplicable
a un determinado caso en concreto, en atención a las características, condiciones y
presupuestos que presente cada contratación.
Ante cualquier vacío o deficiencia en el marco legal aplicable a las contrataciones
previstas en los artículos 4 y 5 de la Ley, debe aplicarse supletoriamente las
disposiciones de la Ley y el Reglamento, siempre que ello no resulte incompatible con

54. las normas específicas de regulan dichas contrataciones. Esto último supone realizar un
análisis comparativo de la norma a ser suplida y de la norma supletoria, a efectos de
determinar si la naturaleza de ambas es semejante y, por tanto, si son normas
compatibles. [Opinión N.° 083-2017/DTN].

g) Los contratos de locación de servicios celebrados con los presidentes de
directorios, que desempeñen funciones a tiempo completo en las entidades o
empresas del Estado.
La prestación de servicios puede consistir tanto en la acción misma de prestar un
servicio a una entidad como en la acción que genera un resultado o producto concreto
para la entidad.
Ahora bien, dada la amplitud del género “prestación de servicios”, este puede consistir
en diversas prestaciones, muchas de ellas no tipificadas en el ordenamiento civil, pues
las contrataciones del Estado tienen la finalidad de satisfacer las necesidades de las
entidades, las que pueden ser muy amplias y diversas; sin embargo, puede distinguirse
tipos de prestaciones de características similares entre ellas y de reiterada
contratación por parte de las entidades, como la consultoría
65
o la locación de
servicios, entre otras.
En cuanto a la locación de servicios, debe indicarse que ni la ley ni el reglamento
66
han
previsto una definición de este tipo de prestación, por lo que para delimitar su contenido
y alcance resulta necesario recurrir, supletoriamente
67
, al ordenamiento civil. Así, el
artículo 1764 del Código Civil establece que “por la locación de servicios el locador
se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto
tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución”, y el artículo
1765 precisa que “pueden ser materia del contrato toda clase de servicios
materiales e intelectuales” (el resaltado es nuestro).
Partiendo de las disposiciones citadas se tendría que, en el marco de la normativa de
contrataciones del Estado, la locación de servicios sería un contrato por el cual el
contratista (locador) se obliga a prestar a la entidad (comitente) sus servicios
(materiales o inmateriales) por un cierto tiempo o para un trabajo determinado, a
cambio del pago de una retribución o contraprestación con cargo a fondos públicos.
Debe resaltarse que, en este tipo de contrato, el contratista se encuentra obligado a
prestar sus servicios a la entidad en las condiciones pactadas, pero con independencia
respecto de esta, dicho de otra manera, el contratista presta sus servicios sin

65
Cabe precisar que la consultoría sería una forma especializada de prestación de servicios, en
la cual la especialidad estaría dada por el hecho de que los servicios prestados son servicios
profesionales altamente calificados, como se desprende de las definiciones de “consultor" y
“consultor de obras" previstas en los numerales 10 y 11 del “anexo de definiciones"
respectivamente.
66
La derogada Ley N.° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, sus
modificatorias y normas complementarias, tampoco desarrollaron una definición de locación de
servicios.
67
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 142 del reglamento, “el contrato es
obligatorio para las partes y se regula por las normas de este Título. Los contratos de obras se
regulan, además, por el capítulo III de este Título. En lo no previsto en la Ley y el presente
Reglamento, son de aplicación supletoria las normas de derecho público y, solo en ausencia de
estas, las de derecho
privado" (el subrayado es agregado).

55. encontrarse subordinado a la entidad
68
. Ello sin perjuicio de las prerrogativas que la
ley y el reglamento le han otorgado a la entidad, en su calidad de garante del interés
público que subyace a toda contratación
69
.
Como se aprecia, la locación de servicios es una de las prestaciones comprendidas
en el ámbito de aplicación de la ley y su reglamento; por tanto, si una entidad requiere
contratar una locación de servicios con cargo a fondos públicos, deberá observar las
disposiciones de la ley y su reglamento para tal efecto.
En este punto debe precisarse que, en el numeral 3.3 del artículo 3 de la ley derogada,
se establecen los supuestos de inaplicación de estas normas; entre estos, el
establecido en el literal f):
Los contratos de locación de servicios o de servicios no personales
que celebren las Entidades con personas naturales, con excepción de
los contratos de consultoría. Asimismo, estarán fuera del ámbito de la
presente norma, los contratos de locación de servicios celebrados con
los presidentes de directorios o consejos directivos, que desempeñen
funciones a tiempo completo en las Entidades o empresas del Estado.
[El resaltado es nuestro].

Al respecto, es necesario señalar que las contrataciones de trabajadores, empleados,
servidores y funcionarios públicos, sujetos a los regímenes de la carrera administrativa
o laboral de la actividad privada, según corresponda, se encuentran fuera del ámbito
de aplicación de la ley, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 3.3
de su artículo 3
70
de la derogada ley.
No obstante, dadas las restricciones presupuestarias para la contratación de personal
bajo el régimen laboral correspondiente a cada entidad, se generalizó entre las
entidades el uso de los “contratos de locación de servicios o de servicios no
personales”, para la contratación de personas naturales, las que, pese a denominarse
“locadores de servicios”, en estricto se desempeñaban como empleados subordinados
de las entidades.
Justamente, con la emisión del Decreto Legislativo N.° 1057, que regula el Régimen
Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS)
71
, se buscó regularizar la

68
En relación con esto último, es importante señalar que la doctrina especializada en derecho
laboral ha utilizado precisamente el elemento de subordinación para distinguir entre los servicios
personales y los servicios no personales; así, la existencia de un vínculo de subordinación
determina una relación laboral y, consecuentemente, la existencia de un contrato de trabajo;
mientras que la ausencia de dicho vínculo determina la existencia de un vínculo de carácter civil,
un contrato de locación de servicios.
69
Sin importar el tipo de contrato del que se trate, la entidad, haciendo uso de las especiales
prerrogativas de las que goza, podrá, por ejemplo, ordenar al contratista la ejecución de
prestaciones adicionales o la reducción de prestaciones, siempre que se cumplan las condiciones
previstas para ello en la ley y el reglamento.
70
Similar disposición establecía el literal a) del numeral 2.3 del artículo 2 de la Ley N.° 26850,
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
71
El artículo 3 del Decreto Legislativo N.° 1057 y el artículo 1 de su reglamento precisan la
naturaleza y definición del contrato administrativo de servicios, especificando que dicho contrato
constituye una modalidad contractual administrativa y privativa del Estado, que vincula a una
Entidad pública con una persona natural que presta servicios de manera no autónoma,
diferenciándola de otros regímenes de contratación como el Decreto Legislativo N.° 276, Ley de
Bases de la Carrera Administrativa, el régimen de la actividad privada y otras normas que regulan
carreras administrativas especiales. Asimismo, la cuarta disposición complementaria final del
Decreto Legislativo N.° 1057, establece que "las entidades comprendidas en la presente norma
quedan prohibidas en lo sucesivo de suscribir o prorrogar contratos de servicios no personales o
de cualquier modalidad contractual para la prestación de servicios no autónomos. Las partes

56. situación de aquellas personas naturales que fueron contratadas como “locadores de
servicios”, a través de los “contratos de locación de servicios o de servicios no
personales”, pero que se desempeñaban como personal subordinado de las entidades,
estableciéndose un régimen especial para tal efecto, el cual prevé su propios
procedimientos para la contratación de personal, no siendo aplicable la ley ni su
reglamento.
Sin embargo, la ley fue emitida con anterioridad a la emisión del Decreto Legislativo
N.° 1057
72
, por lo que, al establecerse el supuesto de inaplicación del literal f) del
numeral 3.3 del artículo 3 de la ley, se mantuvo la referencia a los “contratos de
locación de servicios o de servicios no personales que celebren las Entidades con
personas naturales”, con la finalidad de excluir del ámbito de aplicación de Ley la
contratación de “locadores de servicios” que carecían de independencia o autonomía
frente a las entidades.
No obstante, emitido el Decreto Legislativo N.° 1057, debe entenderse que cuando la
ley, en el literal f) del numeral 3.3 de su artículo 3, establece que no es aplicable a los
“contratos de locación de servicios o de servicios no personales que celebren las
Entidades con personas naturales”, en realidad está excluyendo de su ámbito de
aplicación a la “Contratación Administrativa de Servicios”, máxime si la primera
disposición complementaria final
73
del referido decreto legislativo dispone que las
referencias normativas a los “servicios no personales” se entiendan realizadas a la
“Contratación Administrativa de Servicios”.
En virtud de lo expuesto, debe indicarse que se encuentran dentro del ámbito de
aplicación de la ley y su reglamento las contrataciones de locaciones de servicios que
lleven a cabo las entidades señaladas en el numeral 3.1 del artículo 3 de la ley,
asumiendo la obligación de pagar al contratista una retribución o contraprestación con
cargo a fondos públicos, con excepción de los “los contratos de locación de servicios
celebrados con los presidentes de directorios o consejos directivos, que desempeñen
funciones a tiempo completo en las Entidades o empresas del Estado”, conforme a lo
previsto en el literal f) del numeral 3.3 del artículo 3 de la ley
74
derogada.
h) La compra de bienes que realicen las entidades mediante remate público, las
que se realizan de conformidad con la normativa de la materia.
Cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley N.°
27728, Ley del Martillero Público, el martillero está autorizado a pactar sus honorarios
en forma libre, y a falta de pacto se aplica el arancel.
Sobre el particular, el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Martillero Público,
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 008-2005-JUS, consigna los aranceles
conforme al siguiente detalle:
a) El 5 % más IGV, sobre el primer precio por el que se adjudicó el bien teniendo
como tope máximo hasta 25 UIT; el pago de la comisión será a cargo del

están facultadas para sustituirlos antes de su vencimiento, por contratos celebrados con arreglo
a la presente norma".
72
El Decreto Legislativo N.° 1017, que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado, fue publicado
en el diario oficial El Peruano el 4 de junio del 2008, entando en vigencia el 1 de febrero del 2009;
por su parte, el Decreto Legislativo N.° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS), fue publicado el 28 de junio del 2008.
73
La primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo N.º 1057 establece que
“las referencias normativas a la contratación de servicios no personales se entienden realizadas
a la contratación administrativa de servicios”.
74
Opinión N.º 062-2011/DTN.

57. comprador, comitente o ejecutante según sea el caso.
b) El 3 % más IGV, sobre el precio marginal (exceso) que supere las 25 UIT por el
que se adjudicó el bien teniendo como tope máximo hasta 50 UIT; el pago de la
comisión será a cargo del comprador, comitente o ejecutante según sea el caso.
c) El 2 % más IGV, sobre el precio marginal (exceso) que supere las 50 UIT por el
que se adjudicó el bien teniendo como tope máximo hasta 100 UIT; el pago de
la comisión será a cargo del comprador, comitente o ejecutante según sea el
caso.
d) El 0.5 % más IGV, sobre el precio marginal (exceso) que supere las 100 UIT por
el que se adjudicó el bien; el pago de la comisión será a cargo del comprador,
comitente o ejecutante según sea el caso.
Como se puede apreciar, la norma establece la posibilidad que la obligación de pagar
por los servicios prestados por el martillero público recaiga directamente en el
comprador, por lo que se deduce que los recursos con los que se materializaría el pago
provendrían, en tales casos del adjudicatario y no constituirían fondos públicos.
Por consiguiente, en caso la contratación de martilleros públicos se ejecute con cargo
a recursos directamente aportados por el comprador, dicha contratación se encontraría
excluida en el ámbito de aplicación la ley y de su reglamento, pues no se cumpliría el
supuesto general para su aplicación”
75
.
i) Las asociaciones público privadas y proyectos en activos regulados en el
Decreto Legislativo N.° 1224 y Decreto Legislativo N.° 674, o normas que lo
sustituyan.
El Decreto Legislativo N.° 1341 ha incorporado al artículo 4 de la Ley N.° 30225 el
literal i), el cual precisa como supuesto excluido del ámbito de aplicación no sujeto a
supervisión las Asociaciones Público Privadas, reguladas por el Decreto Legislativo
N.° 1224, el Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada,
mediante las Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos o normas que lo
sustituyan, por cuanto, dada la modalidad, naturaleza, condiciones, procesos, y en
general toda cuestión relacionada con el desarrollo de las APP, se encuentran ya
dispuestos en los dispositivos antes mencionados, los cuales tienen una naturaleza
incompatible con el régimen general de contratación pública.
Las APP son modalidades de participación privada en las que se incorpora
experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos,
preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o
mantener infraestructura pública y/o proveer servicios públicos bajo los mecanismos
contractuales permitidos por el marco legal vigente.
En segundo lugar, también se excluye a los proyectos en activos, los cuales son los
activos de titularidad del Estado canalizados a través del Organismo Promotor de la
Inversión Privada, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Legislativo N.° 1224
y con el Decreto Legislativo N.° 674.
j) Las contrataciones que se sujetan a regímenes especiales.
Este literal ha sido modificado por el Decreto Legislativo N.° 1444, publicado el 16 de
setiembre del 2018.

Opinión

75
Opinión N.° 019-2010/DTN.

58. Dentro del conjunto de contratos a los que se aludió en los párrafos anteriores, se
encuentran aquellos suscritos al amparo del artículo 76 de la Constitución Política del
Perú, el cual señala lo siguiente:
“Artículo 76.- Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos
o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación
pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. La
contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la
Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el
procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades.” (El
Destacado es nuestro).
Como se puede apreciar, del citado precepto constitucional se puede inferir que la
contratación de bienes, servicios y obras cuyo pago sea asumido con fondos públicos
debe llevarse a cabo mediante los requisitos, procedimientos y formalidades que
hubiese establecido la ley que desarrolla tal precepto, la cual no es otra que la Ley de
Contrataciones del Estado. Asimismo, de este artículo –y de la interpretación que de él
hace el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 020-2003-
AI/TC- se desprende que la propia ley puede establecer excepciones a su aplicación, es
decir, que determinadas adquisiciones de bienes, servicios y obras se lleven a cabo sin
observar la Ley de Contrataciones del Estado; esto es, en atención a la reserva de ley
contenida en el artículo constitucional antes señalado, que se lleven cabo conforme a
las disposiciones que hubiese establecido una ley distinta. En atención a lo señalado,
se puede diferenciar, de una parte, el régimen general de las contrataciones del Estado,
conformado por la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las normas
emitidas por el OSCE; y de otra, los regímenes especiales o legales de contratación, los
cuales se encuentran constituidos por aquellas leyes que establezcan disposiciones
particulares para la adquisición de bienes, servicios y obras.

Es preciso mencionar que, tanto el régimen general como los especiales emanan del
artículo 76 de la Constitución y, ambos, tienen la función de regular un tipo de
contratación en particular: aquella que le permite al Estado, utilizando fondos públicos,
adquirir los bienes, servicios y obras necesarios para cumplir con sus funciones. La
anotación precedente es importante, pues debe tenerse presente que existen
determinadas contrataciones que tienen al Estado como una de sus partes, pero que,
pese a ello, en atención de su peculiar naturaleza, su marco legal no se desprende de
lo establecido por el artículo 76 de la Constitución; así, por ejemplo, se tiene a las
contrataciones que realiza el Estado con la finalidad de obtener financiamiento, o
aquellas cuya finalidad es vincular a personas a fin de que desarrollen actividades de
carácter laboral en las entidades públicas, entre otras.
[Opinión N.° 083-2020/DTN]
76
.

76
Recuperado de <https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1195981-
opinion-n-083-2020-dtn>

59. 9. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la normativa de
contrataciones del Estado sujetos a supervisión
El artículo 5 de la Ley N.° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N.° 1444, precisa
que están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE) los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la ley:
a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades
Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en
el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios
incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco.
b) La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad de
contratar con más de un proveedor.
c) Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, suscritos entre
Entidades, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la
función que por Ley les corresponde, y no se persigan fines de lucro.
d) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos
específicos de una organización internacional, Estados o entidades cooperantes,
que se deriven de donaciones efectuadas por estos, siempre que dichas
donaciones representen por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del monto
total de las contrataciones involucradas en el convenio suscrito para tal efecto o
provengan de organismos multilaterales financieros.
e) Las contrataciones que realice el Estado peruano con otro Estado.
f) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país
cuando se cumpla una de las siguientes condiciones: i) se sustente la
imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contratación
de la presente Ley; ii) el mayor valor de las prestaciones se realice en territorio
extranjero.
g) La contratación de seguros patrimoniales con proveedores no domiciliados
siempre que las Entidades sustenten que la contratación resulta más ventajosa
para la satisfacción de sus necesidades y se realice en concordancia con los
compromisos internacionales vigentes. Para tal efecto, la Entidad debe verificar
que la empresa de seguros a contratar pertenece a un Estado clasificado con
grado de inversión, que es supervisada por la autoridad competente de su país
y que cuenta con la clasificación de riesgo mínima.
En cada uno de los supuestos antes citados cabe precisar lo siguiente:
a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 unidades
impositivas tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado
en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios
incluidos en el catálogo electrónico de acuerdo marco.
En ese sentido, el literal a) del artículo 5 de la Ley establece que la normativa de
contrataciones del Estado no es aplicable para “las contrataciones cuyos montos sean
iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de
la transacción”. [El resaltado es nuestro]; precisando que, dichas contrataciones se
encuentran sujetos a supervisión por parte del OSCE y que no es aplicable a las
contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo
Marco.
Como puede advertirse, el supuesto de exclusión citado está dado en función del monto
de la contratación; es decir, sin importar el objeto de la contratación —esto incluye los
contratos de servicios— si el monto de la misma es igual o inferior a ocho (8) Unidades
impositivas Tributarias (UIT) dicha contratación se encuentra fuera del ámbito de
aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, pero bajo la supervisión del
OSCE únicamente en los aspectos referidos a la configuración del supuesto excluido de

60. ámbito de aplicación”
77

Es necesario precisar que estas compras están sujetas a los requisitos que establezca
el reglamento. No obstante ello, si bien el monto [...] no es una suma elevada y tal vez el
costo de gestión de someterla a un procedimiento de selección no siempre se puede
justificar, debe tenerse en cuenta que la elevación no creará riesgos de corrupción en la
medida que los requisitos y mecanismos de supervisión sean los más apropiados, por lo
que se hace necesario un seguimiento permanente en el observatorio de compras
estatales.
Al respecto, cabe señalar que en el año 2013 el número total de contrataciones
realizadas inferiores a las 3 UIT sumaron 710,275, y las inferiores a las 8 UIT sumaron
742,120 casos, aumentando de esta manera en 4.48 % el número de contrataciones
78
.
Sobre el particular es necesario precisar la obligación de que se registre en el
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) todas las
contrataciones que realicen las entidades, sea que se encuentren dentro o fuera del
ámbito de aplicación de ella, con independencia de su cuantía y la fuente de
financiamiento. Ello, consideramos, promueve la mejora de la supervisión y control
ciudadano de las contrataciones públicas.
Opinión
Las contrataciones cuya cuantía es inferior o igual a 8 UITs si bien se encuentran fuera
del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, sujetas a
supervisión del OSCE; no pierden su carácter de contrataciones públicas en las que
profesionales y/o técnicos del OEC intervienen directamente en alguna de sus etapas.
Los profesionales y/o técnicos del OEC de la Entidad que intervienen en las
contrataciones cuya cuantía es igual o inferior a 8 UITs, al participar en la primera fase
de la contratación, deben encontrarse certificados por el OSCE, de acuerdo a lo previsto
en la normativa de contrataciones del Estado. [Opinión N.° 003-2018/DTN].
Opinión
A las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a las 8 UIT les es aplicable
el artículo 11 de la Ley, en consecuencia, se encuentran sujetas a los impedimentos
para ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas.
Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a las 8 UIT se rigen conforme
a las normas de organización interna de cada Entidad, en el marco de los principios que
regulan la contratación pública; por tal motivo, le corresponde a cada una de ellas
implementar las normas de organización interna y/o los mecanismos que considere
pertinentes, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa de
contrataciones del Estado, pudiendo establecerse la presentación de los documentos
que se consideren convenientes en cada caso. [Opinión N.° 007-2020/DTN].
Opinión
Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a las 8 UIT se rigen conforme
a las normas de organización interna de cada Entidad; por tal motivo, le corresponde a
cada una de ellas implementar en sus normas de organización interna los lineamientos
que, en el marco de los principios que regulan la contratación pública, les permitan
alcanzar la finalidad consignada en el artículo 1 de la Ley, pudiendo establecerse la
coordinación con el área usuaria en aspectos de su competencia. [Opinión N.° 042-
2020/DTN].

b) La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad de

77
Opinión N.° 075-2017/DTN.
78
Exposición de motivos del proyecto de Ley N.°3626/2013-PE, que antecede a la publicación
de la Ley N.° 30225

61. contratar con más de un proveedor.
“Como se advierte, se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones
del Estado las contrataciones en las que se verifiquen las siguientes condiciones: i) que el objeto
sea la prestación de un servicio público; y ii) que no exista la posibilidad de contratar con más de
un proveedor”.
Ahora bien, en relación con lo anterior, resulta necesario analizar cada una de las condiciones
antes detalladas.
Así, en primer lugar, debe determinarse el sentido y alcance de la terminología “servicio público”
establecida en el literal t) del numeral 3.3. del artículo 3 de la ley, antes citado.
Para tal efecto, resulta oportuno señalar que CABANELLAS define al “servicio público” como aquel
que satisface una necesidad colectiva por medio de una organización administrativa o regida por
la Administración Pública
79
.
Por su parte, GASPAR
80
señala:
Los servicios públicos son y han sido siempre actividades
esenciales para la vida de la sociedad. Exigen continuidad,
regularidad y seguridad en su prestación, pues nuestra vida —repito—
descansa sobre ellos. Es responsabilidad del gobierno que estos
funcionen adecuadamente: que sean servicios seguros,
prestados con regularidad, universales, de calidad. [El resaltado
es nuestro].

Finalmente, CICERO precisa:
Existen determinadas actividades económicas, que, por configurar
una necesidad imprescindible del conjunto social, y por ser
desarrolladas en condiciones monopólicas, son declaradas por la ley
“servicio público”. Dicho rótulo se propone asegurar que la actividad
así caracterizada, será prestada en condiciones de generalidad,
uniformidad, continuidad y regularidad
81
. [El resaltado es nuestro].

Si bien la doctrina resulta ilustrativa para acercarnos al concepto de “servicio
público”, el Tribunal Constitucional
82
ha señalado:
Nuestro ordenamiento jurídico no recoge una definición específica
sobre el concepto de servicio público, y, nuestro texto Constitucional
no ha establecido un listado de actividades que deban considerarse
como tales, es innegable para este Tribunal que la voluntad del
constituyente fue observar y encomendar al Estado, una tarea de
especial promoción y resguardo en estos casos; de ahí, la importancia
de que el legislador precise claramente tal calificación y el régimen
jurídico sometido en cada supuesto. [...] Ello en razón a que, el
contenido del concepto servicio público, así como, el hecho que
determinadas actividades económicas califiquen dentro del mismo,
resulta una tarea que se resuelve en cada ordenamiento jurídico de
manera particular. Su importancia radica por el hecho que, de tal
definición, depende el régimen de obligaciones y cargas a distribuir
entre el Estado y los particulares. [El resaltado es nuestro].

De lo señalado por el Tribunal Constitucional, se advierte que el criterio
determinante para calificar una actividad como “servicio público” es si esta ha sido

79
CABANELLAS, Guillermo, Nuevo diccionario enciclopédico de derecho usual, t. VII, Buenos
Aires: Editorial Heliasta SRL, 2006; p. 444.
80
ARIÑO, Gaspar, Servicios Públicos, Regulación y Renegociación, Buenos Aires: Abeledo
Perrot, 2005; p. 133.
81
CICERO, Nidia, Servicios públicos, control y protección, Buenos Aires: Ediciones Ciudad
Argentina, 1996; p. 19.
82
En el fundamento 37 de la STC N.° 00034-2004-PI/TC, de fecha 15 de febrero del 2005.

62. definida como tal por la ley
83
. Ello sin perjuicio de que el legislador usualmente
califique como “servicio público” a aquellas actividades que buscan satisfacer una
necesidad esencial y de interés general, las cuales pueden ser prestadas por el
Estado directamente o a través de un particular, reservándose en cualquier caso el
control de su ejercicio.
En segundo lugar, corresponde analizar qué implica la condición de “que no exista
la posibilidad de contratar con más de un proveedor”.
Sobre el particular, debe señalarse que las consideraciones para declarar a una actividad
como “servicio público” no obedecen necesariamente a que tal actividad determine un
mercado monopólico, razón por la cual en el ordenamiento jurídico pueden advertirse
“servicios públicos” en los que existen varios prestadores; es decir, un mercado
competitivo; mientras que a la par existen “servicios públicos” en los que solo hay un
prestador o monopolio.
En ese sentido, la ley se ha cuidado de precisar que se encontrarán fuera de su ámbito
de aplicación las contrataciones de “servicios públicos” en los que exista un único
proveedor, pues el objetivo del supuesto de inaplicación del literal t) del numeral 3.3. del
artículo 3 de la ley, es que las entidades contraten de forma célere al existir un único
prestador del servicio.
Por lo tanto, en virtud del literal t) del numeral 3.3. del artículo 3 de la ley, se encuentran
fuera del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, las
contrataciones de “servicios públicos” calificados como tal por la ley, en los que existe un
único proveedor. Para ello, corresponde a cada entidad determinar si la actividad que
requiere contratar ha sido definida como “servicio público” en la ley que la regula, y si
existe competencia o no.
En este contexto, se entiende por “servicio público” a aquellas actividades definidas como
tal por la ley, las que buscan satisfacer una necesidad esencial y de interés general, cuya
prestación corresponde, en principio, al Estado”
84
.
c) Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, suscritos entre
entidades, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la
función que por ley les corresponde, y no se persigan fines de lucro.
La referida disposición se fundamenta en el principio de colaboración entre
entidades, previsto en el artículo 87 del TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobada mediante Ley N.° 27444, por el cual las entidades
se encuentran sujetas al deber de colaborar recíprocamente para apoyar la gestión
de otras entidades, constando tal colaboración mediante la suscripción de
convenios obligatorios bilaterales o plurilaterales.
Como puede apreciarse, este supuesto excluido del ámbito de aplicación de la
normativa de contrataciones del Estado se encuentra referido a un tipo de acuerdo
de naturaleza particular: “los convenios de colaboración u otros de naturaleza
análoga” que, en el marco de las relaciones de derecho administrativo, las
entidades celebran para conseguir objetivos o fines distintos a los de los contratos
regulados por la normativa de contrataciones del Estado. Además, estos convenios

83
"[...] la publicatio no implica atribuir al Estado derecho real alguno. En rigor, ella traduce la
incorporación de una actividad al sistema del derecho público y tan solo expresa la decisión
estatal de que una determinada actividad se sujeta a las potestades administrativas mediante un
régimen especial. En cualquier caso, esa declaración formal, que debe ser efectuada siempre
por el Poder Legislativo, se encuentra limitada por el principio de subsidiariedad del que se
desprende, a su vez, la idea de acotar [...] el servicio público a las actividades esenciales o
primordiales que satisfacen necesidades públicas de la sociedad". CASSAGNE, Juan Carlos.
Servicios Públicos, Regulación y Renegociación, Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2005, p. 62.
84
Opinión N.° 068-2013/DTN.

63. implican, necesariamente, el ánimo de cooperar mutuamente para obtener
beneficios de carácter no lucrativo.
En este punto, cabe precisar que, si bien los contratos celebrados bajo el ámbito de
la normativa de contrataciones del Estado también son acuerdos, tienen
características que los diferencian de los convenios, principalmente, la onerosidad,
la cual significa que el contratista presta los bienes, servicios u obras a la entidad
con la finalidad de obtener una retribución pecuniaria a cambio; mientras que las
partes de un convenio se obligan a ejecutar determinadas prestaciones sin la
intención de obtener un beneficio económico (ganancia o utilidad)
85
.
Abundando en lo anterior, debe señalarse que, como se ha precisado en anteriores
opiniones
86
, las características que deben tener estos convenios para que se
configure el supuesto excluido del ámbito de aplicación de la normativa de
contrataciones del Estado previsto en el literal c) del artículo 5 de la ley son las
siguientes:
i) Acuerdo celebrado entre entidades: Una de las características distintivas de
los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, es que se
celebran entre entidades. Resulta necesario precisar que por entidades se
entiende aquellos organismos, órganos y organizaciones comprendidos dentro
del criterio subjetivo que delimita la aplicación de la normativa de
contrataciones del Estado.
ii) Acuerdo sin fin de lucro: A través de la celebración del acuerdo, las partes
no buscan obtener un beneficio económico (ganancia o utilidad), sino otro tipo
de beneficios: cooperación mutua, gestión especializada, u otro fin de
naturaleza análoga.
En esa medida, la ausencia de beneficio económico se evidencia cuando la
entidad que recibe los bienes, servicios u obras no se encuentra obligada a
pagarle una “retribución” a su contraparte con cargo a fondos públicos.
iii) Acuerdo celebrado para brindar los bienes, servicios u obras propios de
la función que corresponde a la entidad: El acuerdo se celebra para brindar
los bienes, servicios u obras propios de la función que corresponde a las
entidades involucradas; por lo que no podrían ser materia de estos convenios,
bienes, servicios u obras distintos a los antes indicados.
El fundamento de esta última exigencia se centra en que cada entidad pública
cuenta con determinadas funciones para el cumplimiento de sus fines, las mismas
que se encuentran preestablecidas en sus normas de creación y/u organización
interna; en esa medida, el ejercicio de las actividades que realice (para el
cumplimiento de sus propios fines o en virtud de un convenio celebrado con otra
entidad) deben ser coherentes con las competencias que le otorga el ordenamiento
jurídico.
Considerando lo expuesto, para que se configure el supuesto excluido del ámbito
de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, sujeto a supervisión del
OSCE, previsto en el literal c) del artículo 5 de la ley, es necesario que el acuerdo

85
Los costos y/o gastos administrativos que, eventualmente, puedan establecer las partes en el
marco de la celebración de un convenio, no deberán implicar la erogación de fondos públicos en
favor de la contraparte como retribución por el cumplimiento de sus obligaciones, y menos aún
generar y/o encubrir algún tipo de utilidad o ganancia, toda vez que con ello se perdería la
gratuidad que caracteriza a los referidos convenios.
86
Por ejemplo, las Opiniones N.° 049-2017/DTN; 030-2017/DTN; N.° 195-2016/DTN; N.° 130-
2016/DTN; N.° 114-2016/DTN; 091-2016/DTN, 073-016/DTN, entre otras

64. celebrado tenga por objeto que se brinden los bienes, servicios u obras propios de
la función que por ley corresponde a cada entidad que lo suscribe
87
.
En esa medida, las entidades que celebren un convenio tienen la obligación, bajo
responsabilidad, de determinar que este reúna las características antes descritas,
debiendo cuidar que, mediante su celebración, no se esté eludiendo la aplicación
de la normativa de contrataciones del Estado.
Finalmente, es importante mencionar que este supuesto de inaplicación se
circunscribe a la celebración de los convenios de cooperación u otros de naturaleza
análoga, y no a las contrataciones de bienes y/o servicios que, para alcanzar la
finalidad de tales convenios, las entidades deban llevar a cabo, puesto que, de
existir dichas contrataciones, las mismas deberán realizarse bajo los alcances de la
ley y el reglamento
88
.
Opinión
El literal c) del artículo 5 de la Ley establece que se encuentran excluidos de su ámbito
de aplicación “Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, suscritos
entre Entidades, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la
función que por Ley les corresponde, y no se persigan fines de lucro.”
Para que se configure el supuesto excluido del ámbito de aplicación, previsto en el literal
c) del artículo 5 de la Ley, es necesario que el acuerdo sea celebrado entre Entidades
que formen parte de la administración pública; en consecuencia, el Convenio de
colaboración celebrado con una Entidad extranjera no se encuentra dentro del referido
supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley de la Normativa Contrataciones del
Estado. [Opinión N.° 122-2019/DTN].

d) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedi-
mientos específicos de una organización internacional, Estados o entidades
cooperantes, que se deriven de donaciones efectuadas por estos, siempre
que dichas donaciones representen por lo menos 25 % del monto total de las
contrataciones involucradas en el convenio suscrito para tal efecto o
provengan de organismos multilaterales financieros.
Como se aprecia, se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la normativa de
contrataciones del Estado aquellas contrataciones que reúnan las siguientes
condiciones:
a) Que se realicen de acuerdo a las exigencias y procedimientos específicos de una
organización internacional, Estados o Entidades cooperantes (lo cual supone que
tales organizaciones internacionales, Estados o Entidades cooperantes cuenten con
procedimientos específicos formales de contratación
89
;
b) Que deriven de donaciones efectuadas por dicha organización, Estados o Entidades
cooperantes; y,
c) Que las referidas donaciones representen, al menos, el veinticinco por ciento (25
%) del monto total de las contrataciones involucradas en el convenio suscrito para

87
Para tal efecto, se puede recurrir a la Ley de creación, Reglamento de Organización y
Funciones, Estatutos, entre otros dispositivos normativos que regulen las funciones y/o objeto
social de cada "entidad"
88
Opinión N.° 097-2017/DTN.
89
Cabe precisar que, de conformidad con lo señalado en la Opinión N.° 071-2015/DTN, en caso
los organismos internacionales, estados o entidades cooperantes, según corresponda, no hayan
establecido las exigencias y procedimientos específicos aplicables, la entidad deberá efectuar
las referidas contrataciones respetando la normativa de contrataciones del Estado.

65. tal efecto, o, que en su defecto, dichas donaciones provengan de organismos
multilaterales financieros.
En tal sentido, cuando en el marco de un convenio de cooperación se determine la
utilización, por parte de la entidad involucrada, de fondos públicos derivados de
donaciones que superen el porcentaje previsto o provengan de organismos
multilaterales financieros, las contrataciones que se lleven a cabo con dichos fondos
se sujetarán a las disposiciones del convenio suscrito, documentos anexos y
supletoriamente serán de aplicación la normativa de contrataciones del Estado
90
.
Adicionalmente, cabe precisar que la excepción del uso obligatorio de la normativa
de contrataciones del Estado para contratar bienes, servicios y obras con cargo a
fondos públicos, derivados de donaciones u operaciones oficiales de crédito, tiene
por finalidad no desincentivar a los potenciales prestatarios o donantes de fondos;
ya que someterlos a reglas unilaterales impuestas por un Estado podría afectar las
condiciones y requerimientos exigidos para ejecutar las referidas donaciones o
préstamos motivo por el cual; se prefiere el uso de normas consensuadas, las
cuales son definidas por las partes en el respectivo convenio o contrato
91
.
e) Las contrataciones que realice el Estado peruano con otro Estado
En cuanto a las “contrataciones de gobierno a gobierno” debe indicarse que, si bien en
los contratos a las que estas contrataciones dan origen una de las partes es un órgano
u organismo de la administración pública del Estado peruano, la otra parte no es un
particular, sino otro Estado; lo que determina que su naturaleza y características sean
distintas a las del contrato administrativo —que es el tipo de contrato que se celebra
entre una Entidad y un particular, bajo el régimen general de contratación estatal
establecido por la Ley de Contrataciones del Estado—, pese a que su finalidad también
pueda ser la consecución de un fin vinculado con la satisfacción del interés público
nacional.
Al respecto, resulta ilustrativo citar a CASAGNE, quien identifica como uno de los contratos
excluidos del régimen general aplicable a la contratación administrativa, a los “contratos
celebrados con Estados extranjeros”, conforme a lo siguiente: “[...] el panorama que
ofrece la contratación pública resulta tan complejo como variado, siendo difícil concebir
un régimen jurídico unitario que agrupe y contenga todas las formas contractuales a las
que acude el Estado para alcanzar sus fines. [...] Ello no quita que la categoría principal
en el campo de la contratación pública, regida por el derecho interno, siga siendo la figura
del contrato administrativo, sin dejar de reconocer otras especies contractuales, en la
que se aplica preponderantemente el derecho internacional y, en menor medida, el
derecho administrativo (con la posibilidad de aplicación analógica del derecho privado).
Esto acontece con los contratos excluidos del régimen general aplicable a la contratación
administrativa, como son “los contratos celebrados con Estados extranjeros, con
entidades de derecho público internacional, con instituciones multilaterales de crédito,
los que se financien, total o parcialmente, con recursos provenientes de esos
organismos” así como “los comprendidos en operaciones de crédito público” (el resaltado
es nuestro).
Así, mientras que en el contrato administrativo celebrado en el marco de la Ley de

90
La primera disposición complementaria final de la ley precisa que dicha ley y su reglamento
son de aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no
se sujeten al ámbito de aplicación de la mencionada Ley, siempre que dicha aplicación no resulte
incompatible con las normas específicas que las regulan y sirvan para cubrir vacíos o deficiencias
de dichas normas. Por tanto, a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación, entre ellos las
contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una
organización internacional, Estados o entidades cooperantes, siempre que se deriven de
operaciones de endeudamiento externo y/o donaciones ligadas a dichas operaciones, previsto
en el literal f) del artículo 4 de la Ley N.º 30225, se les aplica supletoriamente la referida normativa
91
Opinión N.º 083-2017/DTN.

66. Contrataciones del Estado, existe una evidente desigualdad entre las partes —si bien el
privado colabora con la Entidad y goza de determinados derechos, la Entidad actúa en
ejercicio de la función administrativa y representa al Estado, adquiriendo especiales
prerrogativas que le permiten tutelar el interés público subyacente a la contratación— en
el contrato derivado de una “contratación de gobierno a gobierno”, las partes son órganos
u organismos de la administración pública de cada Estado contratante —ambos
soberanos—, que tutelan la satisfacción del interés público y bienestar de su respectiva
nación.
Cabe precisar que, dadas las características particulares de los contratos que derivan de
una “contratación de gobierno a gobierno”, estos se sujetan a las normas del Derecho
Público de cada uno de los Estados contratantes —el cual regula la competencia y
formalidades para la expresión de la voluntad y demás aspectos vinculados con la tutela
de los recursos públicos involucrados—, las normas del Derecho Internacional y las
reglas propias del Comercio Internacional, cuando menos”
92
.
El Decreto Legislativo N.° 1341 modificó la Ley de Contrataciones, siendo que entre
las modificaciones efectuadas, se reformuló el literal e) de su artículo 5,
incluyéndose la posibilidad de ejecutar obras mediante las contrataciones que
realice el Estado peruano con otro Estado e indicándose que están fuera del ámbito
de aplicación de la LCE, “siempre que ese otro Estado realice las prestaciones de
bienes, servicios u obras, a través de sus propios organismos, dependencias o
empresas de propiedad estatal”.
Con dicha modificación, cuando se suscribía un contrato de Estado a Estado, el
Estado contratante se encontraba obligado a ejecutar directamente las
prestaciones, con lo cual los bienes, servicios u obras requeridos ya no podían ser
efectuados por empresas privadas.
Esta disposición perjudicaba al Estado peruano, toda vez que se veía limitado el
acceso a proveedores altamente especializados, con tecnología de última
generación y con enfoque sostenible, así como se desaprovechaba la oportunidad
de contar con especialistas y expertos que pudiesen desarrollar capacidades en
nuestros funcionarios públicos; por ejemplo, en la ejecución de obras complejas y
proyectos sostenibles de infraestructura.
En ese sentido, con la modificación planteada se busca que el Estado contratado
ejecute las prestaciones directamente, a través sus propios organismos, o mediante
una empresa privada del país contratante respaldada por este; y, de esta forma,
permitir que este mecanismo se constituya en una herramienta adicional que
permita al Estado cumplir con sus objetivos públicos.
Para incorporar esta modificación se consideró que, entre las principales ventajas
de una relación contractual entre Estados, tenemos que es un mecanismo efectivo
para reducir el riesgo de incumplimiento, puesto que el Estado contratante no querrá
ver comprometido su prestigio ni resquebrajar las relaciones comerciales y
diplomáticas con el Perú. Asimismo, se elimina el riesgo de contratar con cualquier
proveedor internacional, pues el Estado extranjero lo evalúa previamente,
empleando mecanismos tales como la revisión de sus activos y pasivos, análisis de
riesgos presentes y futuros, y calculando el valor actual de dicha empresa, lo que
le permite excluir a los proveedores con mayor riesgo y garantiza la idoneidad del
proveedor.
Otro punto a favor que se ha considerado en este extremo de la modificación es
que la negoción de estos contratos abre un espacio para que los proveedores
realicen mejoras a su propuesta, teniendo en cuenta sus conocimientos y

92
Opinión N.º 078-2012/DTN.

67. experiencia sobre la materia, obteniéndose mayores beneficios para el país.
Además, debido a que la negociación y selección de los proveedores estará a cargo
del Estado extranjero, el Estado peruano reduce la cantidad de horas para la
selección, y le traslada los riesgos legales y administrativos, lo cual reduce a su vez
el costo de evaluar y solucionar controversias y coadyuva a culminar más rápido le
selección del contratista.
Adicionalmente, para garantizar una elección eficiente de esta herramienta, en la
cuarta disposición complementaria final de la ley, se desarrollan los elementos que
deben considerarse para su aplicación.
Así, además de la indagación de mercado que permita identificar a los posibles
Estados que puedan cumplir con lo requerido por el Estado peruano y del análisis
técnico-económico que evidencie la comparación realizada respecto de las
condiciones ofrecidas por los Estados interesados, resulta indispensable que,
según corresponda, los contratos o convenios incluyan cláusulas que contemplen
los siguientes aspectos:
• Plan de transferencia de conocimientos relacionados con el objeto del acuerdo. Con
ello, el Estado peruano asegurará que el conocimiento especializado sea trasmitido
a nuestros servidores públicos. Dicho plan puede incluir, entre otros aspectos, la
discusión de las lecciones aprendidas y cómo utilizarlas para mejorar, la asesoría
sobre experiencias pasadas, comparando proyectos similares que sirvan de guía para
la planificación y el proceso de toma de decisiones en el proyecto objeto del convenio
y en futuros proyectos.
• Plan para el legado del país, que constituye el plan que contiene todos los beneficios
a largo plazo que se generarán para el Estado peruano, determinado grupo social,
ciudad, o región. Se trata de cuantificar el impacto positivo que trascenderá a la sola
ejecución del proyecto, como, por ejemplo, los beneficios en infraestructura que
tendrá el país, el impacto positivo en el turismo, en el medio ambiente, en la
generación de empleo, entre otros.
• Compromiso de implementar una oficina de gestión de proyectos, cuando el objeto lo
requiera.
• La obligación de remitir la documentación referida a la ejecución del contrato o
convenio por parte del otro Estado, como, por ejemplo, información de las actuaciones
preparatorias, ofertas, pagos, entre otros, a efectos de que esta información sea
puesta en conocimiento del OSCE y de los órganos que conforman Sistema Nacional
de Control, cuando estos lo soliciten”
93
.
Opinión
Cuando la normativa de contrataciones del Estado hace referencia al “Estado Peruano”
—como en el caso del literal e) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley— está aludiendo
a todo órgano y organismo perteneciente a la Administración Pública del Estado, los
cuales se encuentran señalados en el artículo 3 de la Ley.
Para la procedencia de la contratación a la que se refiere el literal e) del numeral 5.1 del
artículo 5 de la Ley, se requiere el informe técnico y el informe legal en los que se
sustente la configuración de dicho supuesto, esto es que indique como mínimo: (i) que
las partes contratantes sean el Estado Peruano y otro Estado en los términos
desarrollados por la normativa de contrataciones del Estado, (ii) que las prestaciones
ejecutadas por el Estado contraparte serán efectuadas por sus órganos, dependencias
y empresas estatales bajo su control, y (iii) las ventajas o beneficios para el Estado
peruano de contratar directamente con otro Estado, en función al principio de eficacia y

93
Exposición de motivos del Decreto Legislativo N.° 1444, que modifica la Ley de Contrataciones,
Ley N.° 30225.

68. eficiencia previsto en el artículo 2 de la Ley y en cumplimiento del mandato de maximizar
el valor de los recursos públicos a que se refiere el artículo 1 de la Ley.
El literal e) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley fue modificado en virtud de la entrada
en vigencia del Decreto Legislativo N° 1341, encontrándose actualmente vigente.
[Opinión N.° 239-2017/DTN].

f) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país
cuando se cumpla una de las siguientes condiciones: i) se sustente la
imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de
contratación de la presente ley; ii) el mayor valor de las prestaciones se
realice en territorio extranjero
Con relación al supuesto referido a la ejecución del mayor valor de las prestaciones,
es necesario señalar que se busca aprovechar las oportunidades que pueda brindar
el mercado internacional, las que no serían posibles actualmente dados los plazos
de contratación previstos en la ley; asimismo, es difícil que un proveedor nacional
cuente con la experiencia, representación en el destino, contactos, permisos de
trabajo, permisos sanitarios, recursos humanos y materiales disponibles
oportunamente en el destino, conocimiento del idioma local, y otras restricciones
necesarias para la eficiente y efectiva prestación de servicios especializados en el
exterior y ello puede inducir a la subcontratación de servicios (aun cuando ello esté
restringido en los términos del servicio), adicionando al precio el sobrecosto que tal
subcontratación implica, con el riesgo de la prestación del servicio sin los
estándares de calidad adecuados.
Opinión
Para que el supuesto previsto en el literal f) del artículo 5 de la Ley se configure, será
necesario que concurran dos condiciones: (i) la inexistencia de proveedores en el
mercado nacional en capacidad de prestar el bien o servicio requerido para satisfacer la
necesidad; y (ii) se demuestre la imposibilidad de realizar la contratación a través de los
métodos previstos en la normativa de contrataciones del Estado.
El sentido y alcance del término "imposibilidad" en el contexto del literal f) del artículo 5
de la Ley es sustentar y demostrar que efectivamente, resulta imposible contratar con
un determinado proveedor no domiciliado en el país, bajo la normativa de contrataciones
del Estado.
Comprobar la inexistencia de proveedores nacionales con capacidad de prestar el bien
o servicio requerido para satisfacer la necesidad de la Entidad, es esencial. Para dicho
efecto, corresponde a cada Entidad realizar las indagaciones, estudios, análisis y/o
averiguaciones que considere necesarias o pertinentes, de forma tal que pueda
comprobarse que no existe otro proveedor en el mercado nacional con la capacidad de
satisfacer la necesidad requerida.
[Opinión N.° 101-2016/DTN].

g) La contratación de seguros patrimoniales con proveedores no domiciliados
siempre que las entidades sustenten que la contratación resulta más
ventajosa para la satisfacción de sus necesidades y se realice en
concordancia con los compromisos internacionales vigentes. Para tal efecto,
la entidad debe verificar que la empresa de seguros a contratar pertenece a
un Estado clasificado con grado de inversión, que es supervisada por la
autoridad competente de su país y que cuenta con la clasificación de riesgo

69. mínima.
Los procedimientos establecidos en la ley priorizan y desarrollan los aspectos
operativos de la contratación, sin considerar los tipos de mercado en los que
participan las entidades, pudiendo ser estos mercados competitivos, oligopólicos o
monopólicos, lo cual puede generar una disminución del poder de negociación de
la entidad, sobre todo en mercados concentrados como el de los seguros
patrimoniales.
Teniendo en cuenta ello se incluye como un supuesto de exclusión a la contratación
de seguros patrimoniales a fin de mejorar la gestión de las contrataciones, pudiendo
las entidades obtener mejores condiciones en la contratación de dichos seguros en
función de sus necesidades, reduciéndose los tiempos de contratación, los riesgos
de incumplimiento contractuales, entre otros. Es importante precisar que para la
aplicación de este supuesto se han establecido algunos requisitos que debe cumplir
la empresa de seguros como, por ejemplo, pertenecer a un Estado clasificado con
grado de inversión, encontrarse supervisada por la autoridad competente de su país
y contar con una clasificación de riesgo mínima.

70. Subcapítulo III
1. De las organizaciones con la capacidad de realizar contrataciones
El artículo 3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones establece que “pueden realizar
contrataciones en el marco de la ley y el reglamento, las organizaciones creadas
conforme al ordenamiento jurídico nacional, así como los órganos desconcentrados de
las entidades siempre que cuenten con autonomía, capacidad para gestionar sus
contrataciones, conforme a sus normas autoritativas”.
Sobre el particular, el artículo señala que tanto las organizaciones creadas conforme al
ordenamiento jurídico nacional como los órganos desconcentrados de las entidades
constituyen entidades que pueden contratar bajo la normativa de contratación pública.
Asimismo, los órganos desconcentrados, también llamados en la práctica ODES, son
órganos de la entidad con funciones específicas, asignadas en función de un ámbito
territorial determinado que actúan en representación y por delegación de esta dentro del
territorio sobre el cual ejercen jurisdicción.
En este punto cabe señalar que, conforme al artículo 85 del TUO de la Ley N.° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, “la titularidad y el ejercicio de
competencia asignada a los órganos administrativos se desconcentran en otros órganos
de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en la presente ley”.
En ese sentido, se entiende que los órganos administrativos pueden transferir
competencias a órganos jerárquicamente dependientes, con el objeto de aproximar a
los administrados a las facultades administrativas que conciernan a sus intereses, como
precisa el artículo 85 del TUO de la Ley N.° 27444.
Ahora bien, para determinar si un órgano desconcentrado puede contratar bajo la
normativa de contratación pública, debe analizarse si dado el nivel de autonomía
organizacional, presupuestal, funcional, entre otros aspectos, dichos órganos
constituyen verdaderas entidades que pueden contratar por sí mismos, bienes, servicios
en general, consultorías u obras.
Por lo que todo órgano desconcentrado podrá contratar, siempre que así lo determine
su nivel de autonomía organizacional, presupuestal, funcional, entre otros aspectos.
En ese sentido, podemos señalar que “la capacidad para contratar requerida por los
órganos desconcentrados para realizar contrataciones se refiere al sentido amplio de
las contrataciones, que incluye todas las fases de contratación necesarias para poder
cumplir con los requerimientos de la entidad”
94
.
Previamente es preciso señalar que el Tribunal Constitucional “ha definido las leyes
autoritativas como “las prescripciones normativas generales y escritas emanadas del
Congreso de la República, conforme a un procedimiento prefijado por la Constitución”.
Así, dentro de la clasificación de ‘leyes ordinarias’, se advierte la existencia de dos
subtipos, entre las que se encuentran las leyes autoritativas o habilitantes. En efecto, en
la STC 00047-2004-AI/TC se señaló que, “por otro lado, y siempre dentro del tipo de ley
ordinaria, nuestra Constitución establece algunos subtipos de la ley ordinaria, con
especiales características, pero que en esencia mantienen la condición de ley ordinaria
porque su modo de producción es el establecido por la Constitución”.
Así, por ejemplo, el artículo 104 de la Constitución se refiere a la ley autoritativa,
mediante la cual el Congreso de la República delega al Poder Ejecutivo la facultad de

94
Opinión N.° 066-2009/DTN.

71. legislar a través de decretos legislativos. Dicha ley tiene dos elementos indispensables:
la materia específica a delegar y el plazo determinado para ejercer la delegación. A su
turno, conforme a los artículos 104 y 101.4 de la Constitución, el Congreso de la
República no puede delegar al Poder Ejecutivo las materias relativas a reforma
constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de
Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.
Lo expuesto permite concluir que al ser la ley autoritativa un subtipo de ley ordinaria,
aquella puede ser válidamente cuestionada mediante un proceso de
inconstitucionalidad. Llegados a este punto, cabe absolver otra cuestión relacionada ya
con los procesos de inconstitucionalidad: la vinculada con el plazo para la interposición
de la demanda. Y es que podría resultar oportuno preguntarse sobre si las denominadas
leyes autoritativas tienen vocación de permanencia en el ordenamiento jurídico o si es
que estas tienen un plazo de vigencia determinado.
Atendiendo a una las características de las leyes autoritativas —al conferirle un plazo
determinado al Poder Ejecutivo para que puedan expedir Decretos Legislativos—,
puede concluirse que son normas temporales; esto es, normas que cuentan con un
periodo de vigencia determinado. En el caso de las leyes autoritativas, la vigencia de las
mismas en nuestro ordenamiento vendrá determinada por el plazo conferido al Poder
Ejecutivo para que expida los decretos legislativos. El uso por del Poder Ejecutivo agota
la delegación de facultades incluso antes de vencido el plazo de la ley autoritativa, una
vez que sea publicado el decreto legislativo en el diario oficial.
Pero una ley autoritativa puede ser también inconstitucional y, por un efecto transitivo,
en consecuencia, también los decretos legislativos que se dicten precisamente sobre la
base de aquella. Al respecto, se ha afirmado en la STC 00047-2004-PI/TC:
[...] la regulación a través de este tipo normativo, el decreto legislativo, está limitada
directamente por la Constitución y también por la ley autoritativa. Podía darse el
caso de que el Congreso de la República delegue una materia prohibida, con lo
cual no solo será inconstitucional la ley autoritativa, sino también el decreto
legislativo que regula la materia en cuestión. De otro lado, también puede darse el
caso de que la ley autoritativa delegue una materia permitida por la Constitución
y, sin embargo, el decreto legislativo se exceda en la materia delegada, con lo
cual, en este caso también se configurará un supuesto de inconstitucionalidad por
vulneración del artículo 104 de la Constitución (subrayado agregado) (FJ 25)
95
.
2. Organización de los procesos de contratación
El artículo 6 de la Ley de Contrataciones establece que “los procesos de contratación
son organizados por la Entidad, como destinataria de los fondos públicos asignados a
la contratación”.
Mediante convenio una entidad puede encargar a otra entidad las actuaciones
preparatorias y/o el procedimiento de selección.
Además, el Decreto Legislativo N.° 1444, modificando el artículo 6 de la Ley de
Contrataciones, añade:
6.3. Excepcionalmente, también puede encargarse las actuaciones preparatorias y/o
procedimientos de selección a organismos internacionales debidamente
acreditados, previa autorización expresa, siguiendo las condiciones de
transparencia, auditabilidad y rendición de cuentas; el reglamento desarrolla los
requisitos que deben cumplir los objetos contractuales y demás condiciones para
efectuar el encargo. Tales procedimientos de selección deben ser acordes con los
principios que rigen la contratación pública y con los tratados o compromisos

95
Expediente N.° 00016-2007-PI/TC.

72. internacionales que incluyen disposiciones sobre contratación pública suscritos por
el Perú.
6.4. El convenio entre la Entidad y el organismo internacional debe incluir cláusulas que
establezcan la obligación de remitir la documentación referida a la ejecución del
convenio por parte del organismo internacional. Esta información debe ser puesta
en conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE) y de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control, cuando
estos lo soliciten.
Con esta modificación se busca contar con un mayor número de herramientas de
contratación que permitan reducir el margen de error en las actuaciones preparatorias
que es la etapa de la contratación que reviste mayor complejidad, garantizando con ello
una contratación oportuna e idónea de los bienes, servicios y obras, que por su
naturaleza revistan mayor complejidad.
Opinión
El encargo a que se refiere el numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley no implica que el
proceso de contratación se encuentre excluido del ámbito de aplicación de la normativa
de contrataciones del Estado; no obstante, dada la naturaleza sui generis que adquiere
dicha contratación, será necesario realizar un análisis de compatibilidad entre los
instrumentos o reglas que rigen el procedimiento llevado a cabo por cada organismo
internacional y la regulación prevista en la normativa de contracciones del Estado, a
efectos de determinar si existen los presupuestos, requisitos y condiciones que permitan
aplicar las actuaciones previstas en el artículo 167 del Reglamento.
[Opinión N.° 013-2021/DTN].

3. Organización de la entidad para las contrataciones
El artículo 5 del reglamento de la Ley de Contrataciones modificado por el Decreto
Supremo N.° 377-2019-EF establece lo siguiente:
5.1. Cada Entidad identifica en su Reglamento de Organización y Funciones u otros
documentos de organización y/o gestión al órgano encargado de las contrataciones,
de acuerdo con lo que establece el Reglamento.
5.2. El órgano encargado de las contrataciones tiene como función la gestión
administrativa del contrato, que involucra el trámite de su perfeccionamiento, la
aplicación de las penalidades, el procedimiento de pago, en lo que corresponda,
entre otras actividades de índole administrativo. Las normas de organización interna
de la Entidad pueden asignar dicha función a otro órgano. La supervisión de la
ejecución del contrato compete al área usuaria o al órgano al que se le haya
asignado tal función. [El resaltado es nuestro].
5.3. Los servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad que, en
razón de sus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de la
contratación, son profesionales y/o técnicos certificados. A través del procedimiento
de certificación de los servidores del órgano encargado de las contrataciones de las
Entidades, se certifican, o los ya certificados, mejoran su nivel. Dicha certificación
habilita a los servidores a prestar servicios en el órgano encargado de las
contrataciones y tiene una vigencia de dos (02) años.
El procedimiento es de evaluación previa con aplicación del silencio administrativo
negativo y tiene un plazo de treinta (30) días hábiles. Previamente, los profesionales
y técnicos acceden al Examen de Certificación, que constituye un servicio prestado
en exclusividad y se encuentra sujeto al pago del costo previsto en el TUPA.
5.4. Las Entidades implementan, de manera gradual, medidas dirigidas a delimitar las
funciones y las competencias de los distintos servidores que participan en las
diferentes fases de los procesos de contratación, a fin de promover que, en lo
posible, las mismas sean conducidas por funcionarios o equipos de trabajo distintos.
Opinión

73. […] el numeral 5.3 del artículo 5 del Reglamento establece que “Los servidores del órgano
encargado de las contrataciones de la Entidad que, en razón de sus funciones intervienen
directamente en alguna de las fases de la contratación, son profesionales y/o técnicos
certificados”
96
.

Del dispositivo citado se desprende que los profesionales y técnicos que están obligados
a encontrarse certificados conforme a lo dispuesto en la normativa de contrataciones del
Estado son aquellos que: (i) laboran en el OEC de alguna Entidad que se encuentra bajo
el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 3 de la Ley; y (ii) que de acuerdo a las funciones que ejercen
dichos profesionales, estos intervienen directamente en alguna de las fases de la
contratación pública.

Adicionalmente, resulta pertinente indicar que el proceso de contratación está
conformado por tres fases: (i) fase de planificación y actos preparatorios; (ii) fase de
selección; y (iii) fase de ejecución contractual. En esa medida, los profesionales del OEC
que, debido a sus funciones, intervienen directamente en alguna de las tres fases
señaladas, estarán obligados a encontrarse certificados por el OSCE
97
.

Por lo expuesto, los profesionales que laboran en el órgano o unidad orgánica que, de
acuerdo con lo establecido en las normas de organización interna, hace las veces del
órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, y por sus funciones intervienen
directamente en alguna de las fases del proceso de contratación, se encuentran
obligados a encontrarse certificados por el OSCE.
[Opinión N.° 104-2019/DTN].

3.1. El reglamento de organización y funciones y el OEC
Las Entidades que contratan a través del marco jurídico de las contrataciones del
Estado son todas aquellas señaladas en los numerales 1 al 8 del artículo I del título
preliminar del TUO de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
En ese sentido, podemos entender por entidades a aquellas organizaciones que
cumplen con funciones de carácter permanente; es decir, que han sido creadas por
norma con rango de ley que les otorga personería jurídica.
Ahora bien, una estructura orgánica debe ser entendida como un conjunto de órganos
interrelacionados racionalmente entre sí para cumplir funciones preestablecidas que
se orientan en relación con objetivos derivados de la finalidad asignada a la entidad.
Ambas figuras sirven como base para la elaboración del Reglamento de Organización
y Funciones (ROF), el cual es el documento técnico normativo de gestión institucional
que formaliza la estructura orgánica de la entidad orientada al esfuerzo institucional y
al logro de su misión, visión y objetivos. Asimismo, contiene las funciones generales
de la entidad y las funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas, y
establece sus relaciones y responsabilidades.
Sobre el particular, los artículos 6 y 44 del Decreto Supremo N.° 054-2018-PCM, que
aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, establece que las entidades de
la Administración Pública deben formular su respectivo ROF, sujetándose a los
lineamientos del citado decreto; bajo responsabilidad del titular del órgano

96
Al respecto, es pertinente indicar que el acápite 1 del Anexo N° 2 del Reglamento
“Procedimientos”, indica las condiciones y requisitos para la “Certificación por parte del OSCE
de los servidores del órgano encargado de las contrataciones de las Entidades”.
97
A mayor abundamiento, se recomienda revisar la Opinión N° 003-2018/DTN.

74. responsable.
Opinión
Cada Entidad debe identificar en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
al órgano o unidad orgánica que hará las veces del órgano encargado de las
contrataciones —téngase presente que el OEC puede estar conformado por una
pluralidad de unidades orgánicas, situación que debe ser definida por cada Entidad,
estableciéndolo en su ROF—, la cual se encontrará a cargo de realizar las
actividades relativas a la gestión del abastecimiento de la Entidad, así como la
gestión administrativa de los contratos.
Precisado lo anterior, debe señalarse que el numeral 5.3 del artículo 5 del
Reglamento establece que “los servidores del órgano encargado de las
contrataciones de la Entidad que, en razón de sus funciones intervienen directamente
en alguna de las fases de la contratación, son profesionales y/o técnicos certificados”.
Del dispositivo citado se desprende que los profesionales y técnicos que están
obligados a encontrarse certificados conforme a lo dispuesto en la normativa de
contrataciones del Estado son aquellos que: (i) laboran en el OEC de alguna Entidad
que se encuentra bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del
Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la ley; y (ii) que de acuerdo a
las funciones que ejercen dichos profesionales, estos intervienen directamente en
alguna de las fases de la contratación pública.
Adicionalmente, resulta pertinente indicar que el proceso de contratación está
conformado por tres fases: (i) fase de planificación y actos preparatorios; (ii) fase de
selección; y (iii) fase de ejecución contractual. En esa medida, los profesionales del
OEC que, debido a sus funciones, intervienen directamente en alguna de las tres
fases señaladas, estarán obligados a encontrarse certificados por el OSCE.
Por lo expuesto, los profesionales que laboran en el órgano o unidad orgánica que,
de acuerdo a lo establecido en las normas de organización interna, hace las veces
del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, y por sus funciones
intervienen directamente en alguna de las fases del proceso de contratación, se
encuentran obligados a encontrarse certificados por el OSCE. [Opinión N.° 104-
2019/DTN].

3.2. Funciones y vinculaciones del OEC
Podemos resumir en cierta forma las funciones de Órgano Encargado de las
Contrataciones, en los siguientes puntos:
• Capacitarse de acuerdo a ley
• Funciones en la elaboración del Plan Anual (Planificación) (Gestión de pedidos)
• Funciones en la previsión del fraccionamiento (Supervisión)
• Funciones en la elaboración de las características técnicas de los bienes servicios u
obras (modernización)
• Funciones en la determinación del valor referencial (análisis del mercado)
• Funciones en la suscripción del contrato
Con estos ítems lo que busca la normativa de contrataciones es que el OEC permita
suministrar a la entidad los bienes, servicios en general, consultorías y obras en el
momento oportuno, en las cantidades requeridas, con la calidad demandada y al mínimo
costo. Para lograr estos objetivos es necesario que se realicen las siguientes
actividades:
N.° Actividad Funciones

75. 1
Previsión de los servicios
de la función pública
encomendada
- Planes estratégicos
- Plan operativo institucional
- Plan anual de contrataciones
2 Gestión de pedidos
- Cuantificar los pedidos en función de los reque-
rimientos de los usuarios, de los objetivos y del
presupuesto
3 Aprovisionamiento
- Actos preparatorios de las contrataciones
- Selección de proveedores
- Ejecución de contrato
4 Almacenaje
- Gestión de stocks
- Almacenamiento
5 Distribución
- Toma de pedidos
- Distribución de productos
- Recojo de devoluciones
6 Gestión logística
- Abastecimiento oportuno
- Control de servicios
- Control de costes
- Estandarización de procedimientos

Fuente: LA TORRE, Orlando, Contrataciones con el Estado. Centro de asesoría empresarial
y gestión pública (CAEMP), p. 43.
3.3. La capacitación del OEC
El 7 de enero del 2017, se modificó la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, el
19 de marzo del 2017 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo N.°
056-2017-EF, que modificaba al derogado Reglamento de la Ley de Contrataciones,
Ley N.° 30225, aprobado por Decreto Supremo N.° 350-2015-EF.
Sobre el particular, la norma modificatoria del Reglamento modifica el artículo 4 del
Reglamento de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en lo referido a
capacitación de los operadores involucrados en las compras públicas. Al respecto, el
acápite 4.4. precisa que el OSCE establece las estrategias, los procedimientos y
requisitos para la certificación, es decir, fija los niveles y perfiles de la certificación,
pero se sustrae de la acreditación de las entidades y de la certificación de los
capacitadores.
En esa modificación destacaba la eliminación en el cuarto párrafo de la palabra
“acreditación”, término usado para calificar a las instituciones o empresas que podían
capacitar a los operadores en aspectos vinculados las contrataciones del Estado; de
este modo, ya no será necesario ser una empresa acreditada para capacitar, además
todos los convenios surgidos en esta materia dejarán de tener efecto.
Tal es así que, el 20 de marzo del 2017, la Unidad de Prensa e Imagen Institucional
del (OSCE) elaboró la nota de prensa NP 032-2017
98
, en donde se destaca además
de los antes mencionado lo siguiente:
Ya no será un requisito indispensable la acreditación del Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado - OSCE para que las instituciones o empresas
puedan capacitar a los funcionarios y servidores involucrados en las
contrataciones públicas […].
De este modo, se busca promover una mayor apertura de la oferta del mercado
educativo a nivel nacional, pues cualquier institución o empresa podrá capacitar en

98
Véase: <http://portal.osce.gob.pe/osce/se-ampl %C3 %ADa-oferta-para- capacitad %C3
%B3n-de-operadores-sobre-las-contrataciones-p
%C3 %BAblicas>.

76. aspectos vinculados con las contrataciones del Estado. También se promueve la
autoformación. El OSCE se centrará en la certificación de los servidores del órgano
encargado de las contrataciones.
Por último, cabe precisar que si bien el proceso de capacitación que permite completar
los requisitos para acceder al proceso de certificación ante el OSCE ha sido liberado
al público, a fin de que sin ningún convenio las personas puedan cumplir con la cuota
de capacitación; la certificación OSCE “entendida como el proceso de evaluación ante
el OSCE” es y siempre ha sido de exclusividad del OSCE y de ninguna otra institución
de carácter particular.
Durante este proceso de certificación el OSCE corrobora, mediante una evaluación,
las competencias de los profesionales y técnicos que deseen laborar en el órgano
encargado de las contrataciones de las entidades públicas.
Deben certificarse, de manera obligatoria, todos los profesionales y técnicos que
trabajan en el órgano encargado de las contrataciones y que intervienen directamente
en alguna de las fases de las contrataciones, independientemente del vínculo laboral
o contractual que mantienen con la entidad. Cabe señalar que el personal que trabaja
en las áreas usuarias de la entidad no está obligado a certificarse.
Cada profesional o técnico del órgano encargado de las contrataciones tiene acceso a
tres niveles de certificación, luego de aprobado el examen respectivo. Para ello se
debe cumplir con las siguientes condiciones:
Para el nivel básico son:
• Aprobar el examen de certificación con un mínimo de 30 puntos.
• Ser egresado de educación superior técnica o universitaria.
• Tener 3 años de experiencia laboral general.
• Tener 1 año de experiencia laboral en logística pública o privada
Para el nivel intermedio, los requisitos son:
• Aprobar el examen de certificación con un mínimo de 43 puntos.
• Bachiller universitario o título profesional técnico.
• Tener 5 años de experiencia laboral general.
• Tener 2 años de experiencia laboral relacionada con la contratación pública.
Para el nivel avanzado, los requisitos son:
• Aprobar el examen de certificación con un mínimo de 58 puntos.
• Bachiller universitario o título profesional técnico
• Tener 7 años de experiencia laboral general.
• Tener 4 años de experiencia laboral relacionada con la contratación pública.
El nivel académico está alineado a las políticas nacionales de contratación
establecidas en los perfiles de puesto de la Autoridad Nacional del Servicio Civil
(SERVIR); que, a su vez, basa sus labores en las políticas de Estado suscritas en el
Acuerdo Nacional y en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. La
certificación por niveles deviene también de las estrategias diseñadas en el Plan
Estratégico de Contrataciones Públicas del Estado peruano y en recomendaciones
formuladas por organismos internacionales como la OCDE y el BID.
Por tanto, la política nacional, conducente a la profesionalización de la función pública

77. en todos los niveles, tiene como finalidad contar con personas calificadas en la
Administración Pública, lo que ha sido recogido en la normativa de contrataciones del
Estado a través de la exigencia de la certificación por niveles a los servidores del OEC
de la Entidad; siendo dicha exigencia la garantía de una gestión eficiente y competente
de las contrataciones que las Entidades realicen, orientadas a maximizar el valor de
los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de
gestión por resultados.
Para poder revisar el temario el usuario puede acceder al siguiente enlace:
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/424210/Temario_del_examen_de_ce
rtificaci%C3%B3n.pdf>.
Se debe tener en cuenta que el examen se encuentra compuesto por 72 preguntas de
las siguientes competencias:
• Competencia “Gestión por Resultados” (8 preguntas).
• Competencia “Actuaciones preparatorias” (24 preguntas).
• Competencia “Procedimientos de selección” (16 preguntas).
• Competencia “Ejecución contractual” (24 preguntas)
3.4. Implicancias del órgano encargado de las contrataciones en el proceso de
contratación
El órgano encargado de las contrataciones es responsable de determinadas funciones
a lo largo del proceso de contratación, como podemos observar a continuación:
• Elaboración del Plan Anual de Contrataciones
• Determinación del valor estimado
• Viabilidad económica del procedimiento de selección según relación de ítems
• Responsables de velar por que se cumpla con prohibición de fraccionamiento
• Responsables de custodiar el expediente de contratación
• Responsables de la conducción de los procedimientos de selección
• Responsable de elaborar los documentos del procedimiento de selección
• Responsable de solicitar la aclaración y subsanación de ofertas
• Responsable de brindar acceso a la información en las ofertas antes de la adjudicación de
la buena pro
• Responsables de la notificación del otorgamiento de la buena pro
• Responsable de la formalización del contrato
• Responsable de la declaración de desierto del procedimiento de selección
• Responsable del informe para el uso del procedimiento de selección de comparación de
precios
• Responsable del perfeccionamiento del contrato
• Entre otras funciones
4. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones
Para efectos de la aplicación del marco jurídico de las contrataciones del estado, cada
entidad establecerá en su Reglamento de Organización y Funciones u otros
instrumentos de organización, el órgano u órganos responsables de programar,
preparar, ejecutar y supervisar los procesos de contratación hasta su culminación,

78. debiendo señalarse las actividades que competen a cada funcionario, con la finalidad
de establecer las responsabilidades que le son inherentes.
Al respecto, el artículo 8 de la Ley de Contrataciones establece como encargados de los
procesos de contratación de la entidad los siguientes:
a) El Titular de la Entidad, que es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con
sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la ley y su
reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de
contratación de bienes, servicios y obras.
b) El Área Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser
atendidas con determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones,
canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y
participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnica
de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad.
c) El Órgano Encargado de las Contrataciones, que es el órgano o unidad orgánica
que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento de la entidad
Comités de selección, que son órganos colegiados encargados de seleccionar al
proveedor que brinde los bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria
a través de determinada contratación. El reglamento establece su composición,
funciones, responsabilidades, entre otros.
Dicho ello, buscaremos modelar en forma sucinta, el rol que desempeñan cada uno de
estos funcionarios o dependencias al interior de las contrataciones que realiza el Estado.
4.1. El titular de la entidad
El titular de la entidad “es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus
normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la ley y su reglamento
para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contrataciones de
bienes, servicios y obras”.
Asimismo, el numeral 8.2. del artículo 8 de la Ley N.° 30225, modificado por el decreto
Legislativo N.° 1444, establece que “el titular de la entidad puede delegar, mediante
resolución, la autoridad que la presente norma le otorga. Puede delegar, al siguiente
nivel de decisión, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. La
declaración de nulidad de oficio y la aprobación de las contrataciones directas no
pueden ser objeto de delegación, salvo lo dispuesto en el reglamento”.
Asimismo, el artículo citado define al “titular de la entidad” como la máxima autoridad
ejecutiva, de conformidad con las normas de organización. Al respecto, cabe precisar,
que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo —referido a las normas
generales de organización que toda entidad pública del Poder Ejecutivo debe observar
en su organización interna— establece que “las normas de organización y funciones
distinguen aquellas que son sustantivas de cada entidad, de aquellas que son de
administración interna; y establecen la relación jerárquica de autoridad,
responsabilidad y subordinación que existe entre las unidades u órganos de trabajo”.
En tal sentido, como se ha indicado en anteriores oportunidades, el “titular de la
entidad” será el funcionario al que las normas de organización interna de una entidad
señalen como la más alta autoridad ejecutiva de dicha entidad.
Cabe precisar que el titular de la entidad, según la ley y su reglamento, tiene a su cargo
el ejercicio de las funciones previstas para la aprobación, autorización y supervisión
de los procesos de contratación pública que la entidad lleve a cabo.
Opinión

79. Ahora bien, los artículos 207 y 208 del Reglamento establecen que solo
procederá la ejecución de obras adicionales cuando se cuente previamente
con la resolución del Titular de la Entidad, disposición que concuerda con lo
regulado en el artículo 5 de la ley
99
. Ello, teniendo en cuenta que las
prestaciones adicionales de obra suponen la ejecución de prestaciones
originalmente no previstas en el contrato pero que resultan necesarias para
que este cumpla con la finalidad para el que fue suscrito. Asimismo,
considerando que dichas prestaciones adicionales involucrarían la erogación
de mayores recursos públicos, su ejecución requiere necesariamente la
autorización previa del Titular de la Entidad.
Como puede advertirse, la autorización de la ejecución de prestaciones
adicionales de obra constituye una facultad indelegable del Titular de la
Entidad. [Opinión N.° 041-2010/DTN].

4.2. El área usuaria
El área usuaria es el nombre genérico bajo el cual se designa a la dependencia de la
entidad que ante la necesidad de un determinado bien, servicio u obra para el
desarrollo de sus funciones formula el requerimiento. Asimismo, el área usuaria es la
dependencia encargada de realizar los requerimientos de bienes, servicios y obras que
se necesitan para el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.
El artículo 8 de la Ley N.° 30225 señala que el área usuaria:
Es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con
determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones,
canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que
colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza
la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su
requerimiento, para su conformidad.

En otras palabras, cada dependencia de una entidad pública se convertirá en área
usuaria al momento en que realice su pedido, el cual toma el nombre de requerimiento.
En este requerimiento, que se materializa a través de un memorando o cualquier otro
documento establecido en las normas internas de la entidad, debe acompañarse las
características del bien, servicio en general, consultoría u obra y las condiciones en
las que se requiere.
El requerimiento del área usuaria debe realizarse en función de lo previsto en el Plan
Anual de Contrataciones, en cuya elaboración también participó, indicando las
necesidades de bienes, servicios y obras que requería para el ejercicio presupuestal.
Cabe precisar que en el POI
100
se fijan los objetivos estratégicos institucionales del
año fiscal y dado que, para lograrlos, deben llevarse a cabo tareas representadas en
acciones y resultados, resulta necesario la ejecución de tareas que requieren de
bienes y servicios, los que necesitan de presupuesto. Este presupuesto para los bienes
y servicios está representado en el Plan Anual de Contrataciones y es elaborado en
función de los pedidos del área usuaria que tienen como base los insumos necesarios
para desarrollar las tareas y acciones que se van a realizar para lograr los fines

99
Sobre el particular, debe indicarse que el artículo 5 de la Ley faculta al Titular de la entidad a
delegar la autoridad que la normativa de contrataciones le otorga, con excepción de la aprobación
de exoneraciones, la declaración de nulidad de oficio, las autorizaciones de prestaciones
adicionales de obra, así como otros supuestos que se establezcan en el reglamento.
100
Plan Operativo Institucional.

80. estratégicos institucionales.
Precisamente, esta necesaria vinculación con el Plan Anual de Contrataciones es
importante, pues obliga al área usuaria a presentar sus requerimientos ante el Órgano
Encargado de las Contrataciones de la entidad de manera oportuna, involucrándose
así con el tiempo que toman los procesos de contratación.
Al respecto, el artículo 16 de la Ley N.° 30225 señala lo siguiente:
16.1. El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo
responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia
o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación;
además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios
u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las
funciones de la Entidad.
16.2. Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico
deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria;
alternativamente pueden ser formulados por el órgano a cargo de las
contrataciones y aprobados por el área usuaria. Dichas especificaciones
técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar
acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por
efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la
competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el reglamento,
en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia
determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o
servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos,
o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o
descartar ciertos proveedores o ciertos productos.
16.3. El reglamento establece mecanismos que pueden utilizar las Entidades para la
difusión de sus necesidades, con la finalidad de contar con mayor información
para poder optimizar los requerimientos.
[...]
De otro lado, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo N.° 344-2018-EF establecía lo siguiente:
En tanto se implemente
101
el Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado
mediante Decreto Legislativo N.° 1439, para la elaboración del Plan Anual de
Contrataciones, las Entidades siguen las siguientes reglas:
1. Durante la fase de programación y formulación presupuestaria, las áreas
usuarias de las Entidades programa, en el Cuadro de Necesidades, sus
requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y obras cuya
contratación se convoque en el año fiscal siguiente, para cumplir los objetivos
y resultados que se buscan alcanzar, sobre la base del proyecto de Plan
Operativo Institucional respectivo, adjuntando, para tal efecto, una descripción
general de lo que se va contratar que son remitidos por las áreas usuarias.
2. Para elaborar el Cuadro Consolidado de Necesidades, el órgano encargado de
las contrataciones, en coordinación con el área usuaria, consolida y valoriza
las contrataciones requeridas.
3. Antes de la aprobación del proyecto de presupuesto de la Entidad, las áreas
usuarias en coordinación con la oficina de presupuesto y planeamiento o la que
haga sus veces efectúan los ajustes necesarios a sus requerimientos

101
Debe considerarse que la Quinta Disposición Complementaria Transitoria se encuentra
condicionado a ser derogada por el numeral 2 de la Única Disposición Complementaria
Derogatoria del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.° 217-2019-EF, cuando entre
en vigencia el contenido de su artículo 13. Nota: La vigencia de este último, se encuentra sujeta
a la aprobación de las Directivas correspondientes mediante Resolución Directoral de la
Dirección General de Abastecimiento, lo cual hasta la fecha (mes de enero del 2021) no se
realiza.

81. programados en el Cuadro Consolidado de Necesidades en armonía con las
prioridades institucionales, actividades y metas presupuestarias previstas,
remitiendo sus requerimientos priorizados al órgano encargado de las
contrataciones, con base a lo cual se elabora el proyecto del Plan Anual de
Contrataciones.
4. Para elaborar el proyecto del Plan Anual de Contrataciones, el órgano
encargado de las contrataciones, en coordinación con el área usuaria,
determina el monto estimado de las contrataciones de la Entidad.
5. Una vez aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura, el Órgano
Encargado de las Contrataciones, en coordinación con las áreas usuarias de
la Entidad y la oficina de presupuesto y planeamiento, o la que haga sus veces,
ajusta el proyecto del Plan Anual de Contrataciones.
6. El Plan Anual de Contrataciones contempla las contrataciones de bienes y
servicios a ser efectuadas mediante Compras Corporativas, así como las
contrataciones por Acuerdo Marco. Las contrataciones iguales o menores a
ocho (8) UIT a ser efectuadas mediante Compras Corporativas se incluyen en
el Plan Anual de Contrataciones.
7. El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el titular de la entidad o por
el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de
Apertura.
El OSCE establece las disposiciones relativas al contenido, registro de información
y otros aspectos referidos al Plan Anual de Contrataciones.
Por todo ello, es primordial entender que el área usuaria es responsable de la
adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y
reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que
repercutan en el proceso de contratación.
En ese orden de ideas, si el área usuaria elabora los requisitos técnicos mínimos con
el propósito de favorecer a determinado grupo de proveedores sin considerar sus
reales necesidades, está incumpliendo la Ley de Contrataciones. Por tanto, este
hecho, para aquellas personas responsables, les generará responsabilidades de
carácter administrativo, civil y penal.
Opinión
Dentro de las funciones que corresponden al área usuaria de la contratación se
encuentran: i) la formulación del requerimiento y ii) la verificación de las contrataciones
efectuadas.
En relación con la primera, debe mencionarse que el artículo 16 de la ley, concordado
con el artículo 29 del Reglamento, establecen que corresponde al área usuaria de la
Entidad formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir
en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico —
según corresponda—, la descripción objetiva y precisa de las características y/o
requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y
las condiciones en las que esta debe ejecutarse.
Al respecto, cabe anotar que el requerimiento tiene una finalidad pública, por lo que
debe encontrarse orientado al cumplimiento de las funciones de la Entidad.
En ese contexto, se advierte que el área usuaria de la Entidad es la responsable de la
adecuada formulación del requerimiento de bienes, servicios u obras —según
corresponda—; debiendo asegurar la calidad técnica de la contratación y reducir la
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en
el proceso de contratación.
A su vez, en relación con su segunda función, considerando su especialidad y
funciones, corresponde al área usuaria —o al órgano al que se le haya asignado tal
función—, la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento
a efectos de otorgar su conformidad. En ese orden de ideas, el artículo 168 del

82. Reglamento al regular el procedimiento de recepción y la conformidad, señala que
estas son responsabilidad del área usuaria.
En este punto, es oportuno anotar que la conformidad requiere del informe del
funcionario responsable del área usuaria, la que debe verificar, atendiendo a la
naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
contractuales; debiendo —para dicho efecto— realizar las pruebas que fueran
necesarias.
Conforme a lo anterior, puede colegirse que el área usuaria —o el órgano al que se le
haya asignado tal función—, es la encargada de supervisar la ejecución del contrato,
es decir, verificar o determinar que el contratista haya cumplido a cabalidad con la
ejecución de las prestaciones asumidas, debiendo emitir un informe sobre el
cumplimiento de las condiciones contractuales, lo cual da sustento a la conformidad.
[Opinión N.° 210-2019/DTN].

4.3. El Órgano Encargado de las Contrataciones
El artículo 8 de la Ley de Contrataciones establece que el Órgano Encargado de las
Contrataciones es aquel “órgano o unidad orgánica que realiza las actividades relativas
a la gestión de abastecimiento de la entidad, incluida la gestión administrativa de los
contratos”.
El citado órgano juega un papel preponderante en la contratación estatal puesto que
junto con el área usuaria y el comité de selección serán las responsables de llevar
adelante una contratación eficiente dentro del marco normativo aplicable.
La normativa sobre contrataciones del Estado establece que el órgano encargado de
las contrataciones es aquel órgano o unidad orgánica que, en primer lugar, realiza las
actividades relativas a la gestión del abastecimiento al interior de una entidad.
En las entidades públicas es conocida como “logística” o “abastecimiento”. Pudiendo
tener la categoría de gerencia, oficina, unidad, área o equipo, dependiendo de las
normas de organización interna de cada entidad.
En su lugar, la normativa de contrataciones del Estado luego de la modificación
efectuada por el decreto legislativo precisa expresamente en el texto de la norma la
responsabilidad de la gestión administrativa de los contratos.
5. Responsabilidades esenciales
El artículo 9 de la Ley de Contrataciones modificada establece lo siguiente:
9.1. Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta,
son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar
la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del
contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados,
a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada
contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2 de la presente ley.
De corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se
realiza de acuerdo al régimen jurídico que vincule a las personas señaladas en el párrafo
anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que
correspondan.
9.2. Las Entidades son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los
conflictos de intereses que puedan surgir en la contratación a fin de garantizar el
cumplimiento de los principios regulados en el artículo 2 de la presente ley.
Del texto antes citado se coligen las actuaciones que pueden ser pasibles de res-
ponsabilidad dentro de un proceso de contratación, siendo estás las siguientes:

83. • Actuaciones para organizar un proceso de contratación
• Actuaciones para elaborar la documentación del proceso de contratación
• Actuaciones para conducir el proceso de contratación
• Actuaciones en la ejecución del contrato y su conclusión
Asimismo, el numeral 9.1 del artículo 9 de la ley establece en forma expresa las
responsabilidades de quienes intervienen en las compras públicas sin considerar los
principios, normas y finalidad de la normativa de contrataciones. En ese sentido,
aquellos que se encuentren desempeñando función pública serán pasibles de asumir
responsabilidad, la cual se puede definir como la consecuencia de las acciones u
omisiones imputables a los agentes públicos incurridas en el ejercicio de sus funciones,
que infraccionan algún precepto que guía su gestión y que se encuentra detallado en
los lineamientos del particular régimen jurídico al cual pertenecen.
La responsabilidad administrativa es el primer tipo de responsabilidad en que pueden
incurrir los funcionarios o servidores públicos; no obstante, en el ámbito peruano,
además de la responsabilidad disciplinaria, el servidor o funcionario también es pasible
de incurrir en responsabilidad administrativa funcional, responsabilidad penal y
responsabilidad civil.
• Responsabilidad disciplinaria
Respecto del procedimiento disciplinario, este deriva de la potestad disciplinaria
vinculada a modo de subespecie a la potestad sancionadora, pero diferente de ella y
“constituye una potestad de supremacía especial de protección de la organización y
orden interno de la administración [...]”
102
. Esta potestad se aplica restringidamente a
las relaciones de sujeción especial, pero a su vez se sustenta del mismo modo al ius
puniendi y las vinculaciones constitucionales que se garantizan a través de los
principios del procedimiento administrativo sancionador.
Dicho procedimiento se ejerce sobre sus propios servidores o integrantes de carácter
interno, siendo su ámbito de aplicación mucho más reducido que en el caso de la
potestad sancionadora, en donde el bien jurídico protegido se encuentra inmerso en
el bienestar de la organización administrativa, y en donde es ella misma quien está a
cargo de su protección.
En tal sentido, “cuando un administrado se halla en una relación de sujeción especial,
el administrado debe soportar niveles más intensos de intervención administrativa,
por cuanto, estamos en ámbitos que son ordenados por la Administración y su ius
puniendi, que sin este privilegio sería imposible organizarlos. Las notas
características de esta relación especial de sujeción son la presencia de deberes
específicos de cumplimiento a cargo del administrado, su rol esencial de
subordinación en función de los objetivos públicos, y, una regulación dada por la
autoridad en forma estatutaria. Ejemplo: servidores públicos, soldados, internos de
establecimientos penales, etc.”
103
.
Esta potestad administrativa disciplinaria se encuentra en manos del Estado
empleador, es decir, la entidad pública en la cual labora o presta servicios el
funcionario o servidor público de quien se trate y se encuentra fundada en la

102
CHÁVEZ, José, La Universidad Pública Española: configuración actual y régimen jurídico de
su profesorado, Oviedo: Universidad de Oviedo, 1991, p. 217.
103
CANDÍA, Omar, "El principio ne bis in idem en el procedimiento administrativo sancionador: el
control al exceso de la potestad sancionadora del Estado". Recuperado de
<http://omarcandia.blogspot.com/2009/09/el-principio-ne-bis-in-idem-en-el.html>, p. s/n.

84. subordinación, que de por sí trae consigo el emperador en ejercicio de su poder de
dirección, en virtud del cual está legitimado para realizar una serie de actividades
necesarias para el normal funcionamiento de la entidad.
La potestad disciplinaria a diferencia del procedimiento sancionador y la
responsabilidad administrativa funcional, se encuentra sujeta al procedimiento por
responsabilidad administrativa disciplinaria previsto en la Ley N.° 276, en las normas
que regulan los distintos regímenes laborales, o en la Ley del Nuevo Servicio Civil,
estando vinculada en última instancia al Tribunal de Servir.
Ahora, producto de la práctica disciplinaria, se ha tornado habitual la apreciación de
acciones que constituyen responsabilidad administrativa, que no han sido en algunos
casos debidamente actuados, con severidad y objetividad, principalmente, porque
dicha facultad hasta el 2011, recaía sobre los titulares de las entidades —aunque
ahora recae en última instancia sobre Servir— los cuales, por diversos motivos,
reducían la dimensión de la infracción para imponer la más leve sanción posible.
Bajo este contexto es que se promulga la Ley N.° 29622, que da pie al origen de la
responsabilidad administrativa funcional recaída, facultad otorgada a la Contraloría
General de la República para sancionar a los funcionarios públicos en los casos en
que estos incurran en responsabilidad funcional.
• Responsabilidad administrativa funcional
La responsabilidad administrativa funcional es aquella en la que incurren los
servidores y funcionarios por haber contravenido el ordenamiento jurídico
administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen, se encuentre
vigente o extinguido el vínculo laboral o contractual al momento de su identificación.
Esta responsabilidad se identifica como resultado de un servicio de control posterior,
en que se haya brindado al servidor o funcionario la oportunidad de realizar
comentarios o aclaraciones con carácter previo a la emisión del respectivo informe
de control, en los que se deberá consignar de manera clara y/o precisa lo señalado
o lo referido por los referidos servidores o funcionarios.
A partir de lo expuesto en los párrafos precedentes, se advierte una clara distinción
entre la responsabilidad administrativa funcional a cargo de la CGR y la
responsabilidad administrativa disciplinaria cuya determinación la realiza el Estado a
través del superior jerárquico.
• Responsabilidad penal
Es el tipo de responsabilidad en la cual el funcionario público, en el ejercicio de sus
funciones comete un hecho que previamente se encuentra tipificado como delito en
el ordenamiento jurídico penal, ya sea por acción u omisión, dolo o culpa. Sobre el
particular, el Capítulo II del Título XVIII del Código Penal tipifica algunos de los delitos
que pueden ser cometidos por funcionarios públicos, entre los cuales encontramos
tipos penales como, abuso de autoridad, peculado, concusión, cohecho, etc.
• Responsabilidad civil
Es el tipo de responsabilidad en la cual un acto o varios actos, efectuados por un
servidor o funcionario público, ya sea por dolo o culpa, en el ejercicio de sus
funciones, ocasiona un perjuicio económico a la entidad. Como se puede apreciar,
en el caso de la responsabilidad civil, la afectación es netamente de carácter
patrimonial, consecuentemente la sanción es de carácter pecuniario, esto significa
que el funcionario debe resarcir el perjuicio económico, así como pagar la

85. indemnización que corresponda. Al respecto, podemos señalar que los funcionarios
o servidores públicos pueden incurrir en responsabilidad civil contractual, para lo cual
la entidad perjudicada podrá demandar los hechos dentro de los 10 años de ocurridos
estos.
Asimismo, se incorpora el numeral 9.2, el cual establece que “las entidades son
responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los conflictos de intereses
que puedan surgir en la contratación a fin de garantizar el cumplimiento de los
principios [...]”. Sobre el particular, la exposición de motivos señala que “la Guía sobre
el manejo de conflictos de intereses en el Sector Público y experiencias
internacionales” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), define al conflicto de interés como el “conflicto entre el deber público y los
intereses privados de un funcionario, donde el funcionario tiene intereses privados y
podría ser influenciado incorrectamente, afectando el funcionamiento de sus deberes
y responsabilidades oficiales”.
Los conflictos de interés pueden ser: a) conflicto de interés propiamente dicho:
cuando existe un inaceptable conflicto de hecho entre los intereses individuales o
privados del funcionario público y sus obligaciones públicas; b) conflictos de interés
aparente: cuando existe un interés personal que no necesariamente influiría en el
funcionario público, pero que podría dar lugar a que otros consideren que puede
influir en el cumplimiento de sus deberes; y c) conflictos de interés potencial que
alude al caso en el que un funcionario público tiene un interés personal que puede
convertirse en un conflicto de interés en el futuro.
La finalidad de esta regla es que las entidades desarrollen, dentro del marco legal,
lineamientos e implementen medidas de carácter preventivo que permitan evitar
situaciones que comprometan la actuación honesta, imparcial, transparente e
independiente de los funcionarios que participan en los procesos de contratación y
que los lleven a privilegiar sus intereses económicos, financieros o personales en
perjuicio de los intereses del Estado. Se busca, en suma, que, a través de estos
lineamientos, quienes participen en los procesos de contratación transparenten
debidamente sus intereses, de manera tal que las situaciones de conflicto sean
apropiadamente manejadas a efectos de evitar decisiones o acciones en dichos
procesos que favorezcan intereses particulares en detrimento del interés general. Es
importante destacar que la regla establece la responsabilidad de las entidades para
prevenir y solucionar los conflictos de interés, lo cual supone la adopción de medidas
y acciones razonables que pueden consistir; por ejemplo, en políticas, lineamientos
o directivas para transparentar la información o para conocer posibles relaciones o
vínculos que impliquen situaciones de conflicto. No obstante, si pese a la adopción
de dichas acciones existen conductas de ocultamiento o falsedad en la información
proporcionada a la entidad por quienes se encuentran involucrados en el conflicto de
intereses u otras similares, la responsabilidad recaerá en los que incurran en dichas
conductas y no en los funcionarios de la entidad que adoptaron las medidas
razonables para prevenir y solucionar esas situaciones.
Opinión
La Entidad que hubiese advertido la configuración de los elementos constitutivos del
enriquecimiento sin causa –en una decisión de su exclusiva responsabilidad– podría
reconocer de forma directa el monto que pudiera corresponder por dicho concepto. De
ser ese el caso, es preciso que la Entidad coordine cuando menos con su área de
asesoría jurídica interna y con la de presupuesto. Cabe precisar, que -de conformidad
con el artículo 9 de la Ley- el reconocimiento de un monto por concepto de
enriquecimiento sin causa, no afecta la responsabilidad administrativa, civil o penal en
la que podrían haber incurrido los funcionarios y servidores que intervinieron en el

86. aprovisionamiento de determinado bien, servicio u obra prescindiendo de los dispuesto
por la normativa de Contrataciones del Estado [Opinión N.° 065-2022/DTN].

6. Supervisión de la entidad
El artículo 10 de la Ley de Contrataciones señala lo siguiente:
10.1. La Entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles,
directamente o a través de terceros. El hecho de que la Entidad no supervise los
procesos, no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad
que le pueda corresponder.
10.2. Cuando la supervisión sea contratada con terceros, el plazo inicial del contrato debe
estar vinculado al del contrato de la prestación a supervisar y comprender hasta la
liquidación de la obra o la conclusión del servicio, de acuerdo a lo que establece el
reglamento. Asimismo, el reglamento establece los mecanismos a aplicar en los casos
en los que surjan discrepancias en el contrato y estas se sometan a arbitraje, por el
tiempo que dure este.
10.3. Para iniciar la ejecución de una obra que requiera supervisión, puede designarse un
inspector de obra o un equipo de inspectores en tanto se contrata la supervisión. El
reglamento establece las condiciones necesarias para su aplicación.
En el caso que la supervisión sea efectuada por integrantes de la entidad, podemos
señalar que el numeral 10.1 busca que la tarea de supervisión sea desarrollada en
conjunto por todos los integrantes la de entidad en todos sus niveles y no solo por el
titular de la entidad, para evitar interpretaciones que favorezcan su inaplicación. En otras
palabras, que muchos funcionarios o servidores hagan la vista gorda de irregularidades
aduciendo que no poseen un deber de supervisión. Ello incluye a las responsabilidades
contractuales que alcanzan al contratista.
En ese sentido, si bien el titular de la entidad que es la más alta autoridad ejecutiva, de
conformidad con sus normas de organización, es responsable de supervisar y efectuar
el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna
del Plan Anual de Contrataciones. Ello no enerva la responsabilidad de los demás entes
que intervienen dentro del proceso de contratación de supervisar las respectivas
actuaciones del proceso que se encuentran a su cargo, incluso irregularidades evidentes
que no les corresponden, pero que sean fácilmente observables. Ello empoderará más
al Área Usuaria, el Órgano Encargado de las Contrataciones, el Comité de Selección,
entre otros, para evitar posibles irregularidades provenientes de compañeros o
superiores.
El numeral 10.2 ahora establece las pautas para la contratación de supervisión a cargo
de terceros tales como: i) que el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la prestación a supervisar y comprender hasta la liquidación de la obra o la
conclusión del servicio, de acuerdo a lo que establece el reglamento. Ello permitirá evitar
la contratación de supervisiones cuyo contrato termine antes que la obra sea liquidada
o se dé la conclusión del servicio.
Como el contrato de supervisión es un contrato de naturaleza accesoria, lo que se busca
con esta modificación es que, desde un inicio, el plazo de ejecución contractual del
contrato de supervisión se extienda hasta cuando se haya emitido pronunciamiento final,
con respecto a la liquidación del contrato de obra o haya concluido el servicio objeto del
contrato a supervisar, de manera tal que el plazo de ejecución contractual del contrato
de supervisión esté vinculado efectivamente a la duración de la prestación supervisada.
Por último, el Decreto Legislativo N.° 1444 flexibiliza la forma en como la entidad
mantiene supervisada la obra, permitiendo que pueda designarse un inspector de obra

87. o un equipo de inspectores en tanto se contrata la supervisión.
Opinión
La Entidad tiene el deber jurídico de supervisar de manera directa y permanente la
correcta ejecución de la obra; sin embargo, dicho deber jurídico no constituye una
obligación contractual en el marco de la relación jurídico patrimonial entre la Entidad y
el contratista ejecutor de obra. [Opinión N.° 003-2021/DTN].

Opinión
Ahora bien, el numeral 10.1 del artículo 10° de la Ley establece que “La Entidad debe
supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles, directamente o a través de
terceros (…)” (El Destacado es nuestro). En concordancia con ello, el numeral 186.1 del
artículo 186° del Reglamento indica que “Durante la ejecución de la obra, se cuenta, de
modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según
corresponda. (…) El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad,
expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o
jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurídica,
esta designa a una persona natural como supervisor permanente en la obra”. (El
Destacado es nuestro).
Como se puede apreciar, en el marco de una contratación de ejecución de obra, la
Entidad debe supervisar de forma permanente
104
y directa
105
, a través de un inspector o
supervisor, la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y el
cumplimiento del contrato
106
. Asimismo, el literal a) del numeral 176.1 del artículo 176°
del Reglamento dispone que, para el inicio del plazo de ejecución de obra, la Entidad
debe notificar al contratista quién es el inspector o supervisor de obra. Así pues, la
Entidad tiene el deber jurídico de supervisar de manera directa y permanente la correcta
ejecución de la obra; sin embargo, dicho deber jurídico no constituye una obligación
contractual en el marco de la relación jurídico patrimonial entre la Entidad y el contratista
ejecutor de obra. [Opinión N.° 121-2018/DTN].


104
Por el término “permanente” debía entenderse que el profesional designado como
supervisor debía estar en el lugar de la obra durante todo el periodo de su ejecución.
105
Por el término “directa” debía entenderse que el profesional designado como supervisor
debe realizar sus funciones personalmente, sin intermediarios
106
Conforme a lo establecido en el numeral 187.1 del artículo 187° del Reglamento, “La Entidad
controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según
corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además
de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo
absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes
(…)”.

88. Subcapítulo IV
1. ¿Qué es un impedimento?
La Real Academia Española define al impedimento como “obstáculo, embarazo, estorbo
para algo”
107
, mientras que, para el sistema jurídico peruano, un impedimento —en
específico para el marco jurídico de las contrataciones del Estado— se constituye en la
prohibición por la cual una persona natural o jurídica no puede contratar con el Estado,
es decir, no podrán participar en ningún procedimiento de selección entre otras
operaciones establecidas por norma (v. gr., antes este impedimento también restringía
la renovación de la inscripción del Registro Nacional de Proveedores (RNP), no obstante
ahora la inscripción es indeterminada)
Los proveedores que estén incursos en alguno de estos impedimentos no podrán
participar en los procedimientos de selección que convoquen las entidades del Estado,
ni presentar propuestas, ni contratar con estas, e incluso no podrán inscribirse en el
Registro Nacional de Proveedores.
2. Fundamento de los impedimentos para contratar con el Estado
La doctrina establece más de un fundamento para sustentar los impedimentos para
contratar con el Estado, entre ellos, algunos tienen por finalidad “evitar los conflictos de
intereses, la influencia o el ejercicio indebido del poder o de manera más abierta, las
posibles situaciones que engendran corrupción. En menor medida, encontramos las
justificaciones de tipo técnico, como son aquellas relacionadas con evitar que empresas
que han incumplido sus obligaciones contractuales con el Estado, sigan contratando con
este bajo la cobertura de otra persona jurídica”
108
.
Otros señalan que el fundamento en la determinación de impedimentos para contratar
con el Estado es proteger y coadyuvar la total manifestación de los principios de libertad
de concurrencia
109
, competencia
110
, publicidad
111
, transparencia
112
, igualdad de trato
113


107
Véase: <http://lema.rae.eS/drae2001/srv/search?ld=m5X6kkPKHDXX2K5HpFz>.
108
PANDO, Jorge, “¿Son eficientes los mecanismos de impedimentos en las contrataciones del
Estado? A propósito de los impedimentos para los familiares desconocidos”, p. 2. Véase en:
http://derechoydebate.com/admin/uploadS/5644deb1367f2-jorge-pando-son-eficientes-los-
mecanismos-de-impedimentos.pdf>.
109
a) Libertad de concurrencia: Las Entidades promueven el libre acceso y participación de
proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y
formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que
limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.
110
e) Competencia: Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten
establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para
satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción
de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.
111
d) Publicidad: El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la
finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el
control de las contrataciones.
112
c) Transparencia: Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que
todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la
libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de
trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el
ordenamiento jurídico.
113
b) Igualdad de trato: Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para
formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en
consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se
traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean
tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y

89. y el nuevo principio de integridad
114
—este último incorporado en el 2017— en los
procesos de compras públicas.
En específico, esta protección de la plena investidura de los principios que deben dirigir
las compras públicas se puede lograr, entre otros mecanismos, con la determinación de
pautas que eviten que:
[…] determinados proveedores, ya sea por razón de su alta investidura, por su injerencia directa en la toma
de decisiones o por el acceso previo a información relacionada con un proceso de contratación, tengan una
posición privilegiada respecto de los demás potenciales proveedores o que participen aquéllos que tienen
suspendido su derecho [de forma temporal o indefinida]. De esta manera, se previene la generación de
conflictos de interés, se promueve la transparencia en los procedimientos de selección que convocan las
entidades públicas y la más amplia concurrencia de proveedores.
Todo ello está relacionado con el deber que tienen los proveedores, al igual que los funcionarios y servidores
que gestionan las contrataciones en representación de la Entidad pública, de proceder con estricta sujeción
a la ética pública que rige las contrataciones públicas, esto es, actuar con honradez, veracidad,
intangibilidad, justicia y probidad
115
.
Asimismo, cabe señalar que el marco jurídico de los impedidos, en materia de
contrataciones, se encuentra regulado por el artículo 11 de la Ley N.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, fue modificado por el Decreto Legislativo N.° 1341, el 17 de
enero del 2017. Nuevamente fue modificado el 16 de setiembre del 2018 por el Decreto
Legislativo N.° 1444. Tal es así que hoy en día el numeral 11.1 del artículo 11 observa
de forma expresa la aplicación de los impedimentos de forma extensiva a los
subcontratistas de los procesos de selección; además de ello, se observan otras
modificaciones que señalaremos en las líneas subsiguientes.
3. Alcances de los impedimentos
Para poder determinar los alcances de los impedimentos para contratar con el Estado,
es necesario partir de una lectura clara del artículo 11 de la Ley de Contrataciones. El
texto mencionado inicia con el siguiente encabezado: “Cualquiera sea el régimen legal
de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas
y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo
5 de la presente ley [...]”. Cabe mencionar que el artículo 5 de la ley hace mención a “las
contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas
Tributarias, vigentes al momento de la transacción”.
Es decir, si bien los parámetros procedimentales de los procesos de selección regulados
en la Ley de Contrataciones y su reglamento no se aplican a las contrataciones menores
o iguales a 8 UIT, específicamente el artículo 11 de la Ley N.° 30225, las pautas que
este artículo regula para determinar a una persona natural o jurídica como impedida
para contratar con el Estado sí deben ser aplicadas porque, en este supuesto, la misma
norma indica explícitamente que “incluso” en estos casos debe aplicarse.
Puesto que “no resultaría razonable establecer, como regla general, que en dichas
contrataciones no sean de aplicación los impedimentos establecidos en la ley, tanto más
si aquellas, de igual forma, involucran una obligación de pago con recursos del

razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.
114
j) Integridad: La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación
está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que,
en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa
y oportuna.
115
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE), Curso: Cómo vender
con éxito al Estado. Capítulo 2 del módulo 2. Impedimentos para contratar con el Estado,
capacitador: Héctor Inga Huamán, p. 5. Véase: <http://www.osce.gob.pe/consucode/userfileS/
image/ cap2_m2prov.pdf>. Consultado el 3 de agosto del 2018.

90. Estado”
116
.
En esa misma línea, el artículo 8 de la Ley N.° 27815
117
, Ley del Código de Ética de la
Función Pública, establece que el servidor público está prohibido de “obtener o procurar
beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo,
autoridad, influencia o apariencia de influencia” (el resaltado es nuestro).
De lo anterior, se colige que la Ley N.° 27815 también prohíbe que se obtengan ventajas
utilizando información privilegiada, tales como aquella a la cual tiene acceso el personal
vinculado con los procedimientos de selección al interior de una entidad.
En ese sentido, también las personales naturales o jurídicas que contraten por montos
menores o iguales a 8 UIT —los cuales se encuentran fuera del ámbito de aplicación de
la Ley de Contrataciones— también incurrirían en la prohibición de la Ley N.° 27815.
De lo contrario, “se estaría permitiendo que se contrate de forma directa con, por
ejemplo, personas que trabajan en la entidad o sus familiares, en desmedro de otras
propuestas que podrían satisfacer, igualmente, la necesidad de la entidad y en mejores
condiciones. Así, los servidores públicos de una determinada entidad, por pertenecer a
esta, tienen más posibilidades de conocer las necesidades y requerimientos de la
misma, además del procedimiento de evaluación y contratación de un proveedor, lo que
les otorga una ventaja frente a terceros, para contratar con la misma entidad o para que
sus familiares contraten con esta”
118
.
Opinión
Los regímenes de contratación de los trabajadores del sector público forman parte del
sistema administrativo de gestión de recursos humanos y no del sistema nacional de
abastecimiento. Por tanto, para conocer cuáles son los impedimentos que restringen estas
contrataciones -para los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores
públicos de las Entidades del Estado-, se debe recurrir a las normas que comprendan
dicho sistema administrativo, no siendo aplicable la normativa de contrataciones del
Estado; por tal motivo, los regímenes de contratación de los trabajadores del sector
público no pueden ser objeto de análisis por parte de esta Dirección. [Opinión N.° 055-
2019/DTN]
Opinión
“¿El artículo 11 de la Ley N.° 30225, modificada por D. Leg. N.° 1444 (LCE), que
extiende los impedimentos a otros regímenes de contratación, alcanza a los
subcontratistas que participan en contrataciones sujetas al Decreto Legislativo N.°
1362 (régimen de asociación público privada) cuando dicha normativa especial
prevé la aplicación de los impedimentos de la LCE sólo para los postores e
inversionistas?” (Sic)
En primer término, cabe mencionar que en nuestro ordenamiento jurídico no existe un
marco normativo que regule de manera unificada la totalidad de contratos en los que
interviene la Administración Pública, dado que pueden presentarse diferentes escenarios
en los cuales el Estado desarrolla una actividad contractual, tales como: (i) los contratos
para realizar la adquisición de bienes, servicios y obras; (ii) los contratos de concesión;

116
TAMAYO, Sergio, "Impedimentos para contratar con el Estado: su fallida interpretación", en
Actualidad Gubernamental, N.° 41. Lima: marzo del 2012, p. VII.2.
117
De conformidad con el numeral 2 del artículo 1 de la Resolución N.° 174-2016-SERVIR-PE,
publicada el 13 octubre del 2016, se formaliza la opinión vinculante adoptada por el Consejo
Directivo en la Sesión N.° 29-2016, indicándose que a partir de la entrada en vigencia del régimen
disciplinario de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil, las sanciones y el procedimiento del
régimen disciplinario de la Ley N.° 30057 son aplicables a las faltas e infracciones contempladas
en la Ley N.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
118
TAMAYO, Sergio, "Impedimentos para contratar con el Estado: su fallida interpretación", ob.
cit., p. VII-1 y ss.

91. (iii) los contratos de asociación público - privada; (iv) los contratos de estabilidad jurídica;
(v) los contratos de disposición de bienes del Estado; (vi) los contratos de endeudamiento
interno o externo; y (vii) los contratos de personal; entre otros.
Atendiendo a dicha coyuntura, se han previsto marcos regulatorios distintos para cada
tipo de contratación, los cuales establecen procedimientos, requisitos y condiciones
particulares en función de la naturaleza propia de cada contrato.
De esta manera, cada marco normativo puede regular sus propias restricciones o
impedimentos aplicables a las contrataciones realizadas bajo su ámbito; sin embargo,
ciertos regímenes legales pueden remitirse expresamente a las disposiciones de la
normativa de contrataciones del Estado, a efectos de —por ejemplo— hacer extensivos
los impedimentos previstos en el artículo 11 de la ley.
[…]
Asimismo, el referido artículo precisa que los impedimentos para ser participantes,
postores, contratistas y/o subcontratista, son de aplicación para las contrataciones que
realiza el Estado, cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable.
[…]
Por otra parte, los artículos 4 y 5 de la ley establecen de forma expresa los supuestos
excluidos del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado —con y
sin supervisión del OSCE— pese a converger en dichos supuestos los aspectos subjetivo
y objetivo para la aplicación de dicha normativa.
Adicionalmente, mediante ley pueden establecerse supuestos de inaplicación adicionales
a los establecidos en los artículos 4 y 5 de la ley, así como regímenes especiales de
contratación, a efectos de que determinadas Entidades y/o contrataciones puedan
sujetarse a mecanismos de adquisición distintos a los regulados en la normativa de
contrataciones del Estado.
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente:
[...] si bien es cierto que la Ley de Contrataciones del Estado
representa la norma de desarrollo constitucional que recoge
los principios señalados en el artículo 76 de la Constitución,
también lo es que el contexto socioeconómico puede
determinar la necesidad de establecer mecanismos
excepcionales de adquisición, conforme lo señala la propia
Constitución, y cuya única condición exigible será que estén
regulados por ley y que respeten los principios
constitucionales que rigen toda adquisición pública. Es claro,
entonces, que ningún mecanismo de adquisición será válido
si no respeta los principios de eficiencia, transparencia y trato
igualitario.

Sin menoscabo de lo antes mencionado, existen contrataciones cuyo marco legal no está
constituido por el artículo 76 de la Constitución Política del Perú, lo que implica que, en
principio tales contrataciones se rigen por un marco legal diferente y fuera del ámbito de
competencia de este Organismo Técnico Especializado.
Es así que se encuentran fuera del ámbito del ámbito de aplicación de la normativa de
contrataciones del Estado aquellas contrataciones que:
(i) Están expresamente excluidas por la ley.
(ii) Pertenecen a un régimen legal de contratación distinto a la ley pero bajo el marco del
artículo 76 de la Constitución Política del Perú.
(iii) Pertenecen a un régimen legal que está fuera del marco del artículo 76 de la
Constitución Política del Perú.
Así, por ejemplo, los contratos celebrados al amparo del Decreto Legislativo N.° 1362
“Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos”, no se encuentran bajo el ámbito
de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado; por lo cual, se regulan bajo
su propio marco normativo.
De esta manera, cuando un régimen legal distinto a la normativa de contrataciones del
Estado se remita expresamente a los impedimentos establecidos en el numeral 11.1 del

92. artículo 11 de la ley —extendiendo la aplicación de estos a su propio marco normativo—
dichos impedimentos deberán ser aplicados —y de ser el caso, interpretados— de
acuerdo a las regulaciones propias de dicho régimen legal.
En ese sentido, debe tomarse en cuenta que el artículo 29 del Decreto Legislativo N.°
1362, establece que los impedimentos previstos en la Ley N.° 30225, se aplican para
aquellas personas que participen como postores o inversionistas, directa o
indirectamente, en los procesos que se lleven a cabo bajo el amparo de dicha normativa.
[…] [Opinión N.° 155-2019/DTN].

Opinión
Los impedimentos previstos en el artículo 11 de la Ley determinan la imposibilidad de
participar en el procedimiento de selección, en calidad de participante o postor, así como
de celebrar contratos con el Estado, pero no son aplicables a contratos vigentes o en
ejecución. Si durante la ejecución de un contrato surge una situación que configuraría
una causal de impedimento, dicha causal no afectaría la ejecución del contrato; ello sin
perjuicio de que la Entidad evalúe la configuración de otro supuesto que pueda afectar
la continuidad del mismo.
La configuración de un impedimento no resulta aplicable a un contrato en ejecución ni
mucho menos determina por si solo un supuesto que genere la resolución del contrato;
corresponde a cada Entidad identificar la configuración de alguno de los supuestos
previstos en la normativa de contrataciones del Estado que origine la resolución del
contrato .
En caso se opte por prorrogar un contrato en ejecución, es decir ampliar su periodo de
vigencia -como se da en el caso de arrendamiento de bienes inmuebles-, al tratarse del
mismo contrato no resultan aplicables lo impedimentos previstos en el artículo 11 de la
Ley.
Cuando se opte por desarrollar una contratación complementaria, regulada en el artículo
174 del Reglamento, al constituir un nuevo contrato debe verificarse que el contratista
no se encuentre inmerso en un impedimento previsto en el artículo 11 de la Ley.
[Opinión N.° 180-2019/DTN]
Opinión
Una persona jurídica que absorba a otra que se encuentra sancionada por el Tribunal
de Contrataciones del Estado, no podrá usar la experiencia de ésta última para los
procedimientos de selección en que participe. Para que opere esta restricción será
necesario que la persona absorbida se encuentre sancionada al momento del proceso
de fusión por absorción que se lleve a cabo; ello debido a que, tras el proceso de fusión
por absorción la empresa absorbida deja de existir, razón por la cual, en caso de que –
de manera posterior a la fusión- se hubiese verificado la comisión de una infracción por
parte de la empresa absorbida (mientras existía), podría ser la empresa absorbente
quien asuma la sanción que se imponga como consecuencia de dicha infracción.
Si durante la admisión, evaluación o calificación de ofertas se hubiese detectado que
alguna de las personas jurídicas que participan del procedimiento de selección calza
dentro de los impedimentos contemplados en el artículo 11 de la Ley, dicha persona
estaría impedida de ser participante, de ser postor y no podría suscribir el contrato.
[Opinión N.° 115-2020/DTN]

Opinión
El artículo 11 de la Ley no ha previsto un impedimento que limite el número de veces
que un proveedor -de bienes, servicios, consultoría de obras o ejecución de obras-
puede contratar con una determinada Entidad dentro de un periodo o ejercicio fiscal; en
ese contexto, una persona puede ser proveedor de la misma Entidad -incluso más de

93. una vez en el mismo periodo, de conformidad con las normas que regulen su actividad
y el objeto de contratación-, en tanto no se encuentre inmersa en alguno de los
supuestos contemplados en el referido artículo.
En concordancia con el criterio establecido en la Opinión N° 014-2019/DTN, el solo
hecho de que un proveedor suscriba dos o más contratos con la misma Entidad, por
prestaciones distintas, no configura un fraccionamiento indebido, pues para que éste
ocurra,-según el artículo 20 de la Ley-, debe verificarse lo siguiente: i) que se haya
dividido, de manera deliberada, la contratación de un mismo objeto contractual, a efectos
de evitar el tipo de procedimiento de selección que correspondía, de acuerdo a las
necesidades debidamente programadas por la Entidad; o, ii) que con dicha división se
haya evadido la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, dando lugar a
contratos por montos iguales o menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias
(8UITS) y/o el cumplimiento de tratados y compromisos internacionales que incluyan
disposiciones sobre contratación pública.
[Opinión N.° 119-2020/DTN]


4. Clases de impedimentos para contratar con el Estado
El artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado
119
establece:
Artículo 11.- Impedimentos
11.1. Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de
ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las
contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente ley, las
siguientes personas:
a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la
República, los Jueces Supremos de la Corte Suprema de Justicia de la
República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos
Constitucionales Autónomos, en todo proceso de contratación mientras ejerzan
el cargo y hasta doce (12) meses después de haber dejado el mismo.
b) Los Ministros y Viceministros de Estado en todo proceso de contratación
mientras ejerzan el cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido
para estos subsiste hasta (12) meses después y solo en el ámbito de su sector.
c) Los Gobernadores, Vicegobernadores y Consejeros de los Gobiernos
Regionales. En el caso de los Gobernadores y Vicegobernadores, el
impedimento aplica para todo proceso de contratación mientras ejerzan el
cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste
hasta doce (12) meses después y solo en el ámbito de su competencia
territorial. En el caso de los Consejeros de los Gobiernos Regionales, el
impedimento aplica para todo proceso de contratación en el ámbito de su
competencia territorial durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses
después de haber concluido el mismo.
d) Los jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los alcaldes y los regidores.
Tratándose de los jueces de las Cortes Superiores y de los alcaldes, el
impedimento aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del
cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste
hasta doce (12) meses después, y solo en el ámbito de su competencia
territorial. En el caso de los regidores, el impedimento aplica para todo proceso
de contratación en el ámbito de su competencia territorial, durante el ejercicio
del cargo y hasta doce (12) meses después de haber concluido el mismo.
e) Los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los
funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos con poder

119
Ley N.° 30225, Ley de contrataciones, modificada por el Decreto Legislativo N.° 1341 y por
el Decreto Legislativo N.° 1444.

94. de dirección o decisión, según la ley especial de la materia, y los gerentes de
las empresas del Estado. El impedimento se aplica para todo proceso de
contratación durante el ejercicio del cargo; luego de culminado el mismo hasta
doce (12) meses después solo en la entidad a la que pertenecieron. Los
directores de las empresas del Estado y los miembros de los Consejos
Directivos de los organismos públicos del Poder Ejecutivo se encuentran
impedidos en el ámbito de la entidad a la que pertenecen, mientras ejercen el
cargo y hasta doce (12) meses después de haber culminado el mismo.
f) Los servidores públicos no comprendidos en literal anterior, y los trabajadores
de las empresas del Estado, en todo proceso de contratación en la entidad a
la que pertenecen, mientras ejercen su función. Luego de haber concluido su
función y hasta doce (12) meses después, el impedimento se aplica para los
procesos de contratación en la entidad a la que pertenecieron, siempre que por
la función desempeñada dichas personas hayan tenido influencia, poder de
decisión, información privilegiada referida a tales procesos o conflicto de
intereses.
g) En el proceso de contratación correspondiente, las personas naturales o
jurídicas que tengan intervención directa en cualquiera de las siguientes
actuaciones: i) determinación de las características técnicas y/o valor
referencial o valor estimado; ii) elaboración de documentos del procedimiento
de selección; iii) calificación y evaluación de ofertas, y iv) la conformidad de los
contratos derivados de dicho procedimiento, salvo en el caso de los contratos
de supervisión. Tratándose de personas jurídicas el impedimento le alcanza si
la referida intervención se produce a través de personas que se vinculan a esta.
h) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en los literales
precedentes, de acuerdo a los siguientes criterios:
i) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales
a) y b), el impedimento se configura respecto del mismo ámbito y por igual
tiempo que los establecidos para cada una de estas.
ii) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales
c) y d), el impedimento se configura en el ámbito de competencia territorial
mientras estas personas ejercen el cargo y hasta doce (12) meses
después de concluido.
iii) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en el literal e),
el impedimento se configura en la entidad a la que pertenecen estas
personas mientras ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de
concluido.
iv) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales
f) y g), el impedimento tiene el mismo alcance al referido en los citados
literales.
i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales
precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido
una participación individual o conjunta superior al treinta por ciento (30 %) del
capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la
convocatoria del respectivo procedimiento de selección.
j) En el ámbito y tiempo establecido para las personas señaladas en los literales
precedentes, las personas jurídicas sin fines de lucro en las que aquellas
participen o hayan participado como asociados o miembros de sus consejos
directivos, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria del
respectivo procedimiento de selección.
k) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales
precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de
administración, apoderados o representantes legales sean las referidas
personas. Idéntica prohibición se extiende a las personas naturales que tengan
como apoderados o representantes a las citadas personas.
l) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas
inhabilitadas o suspendidas para contratar con el Estado.
m) En todo proceso de contratación, las personas condenadas, en el país o el
extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de
concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico
de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o
delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países. El

95. impedimento se extiende a las personas que, directamente o a través de sus
representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de
los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera
competente.
n) En todo proceso de contratación, las personas jurídicas cuyos representantes
legales o personas vinculadas que i) hubiesen sido condenadas, en el país o
el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de
concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico
de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o
delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países; o ii)
directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o
reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna
autoridad nacional o extranjera competente. Tratándose de consorcios, el
impedimento se extiende a los representantes legales o personas vinculadas
a cualquiera de los integrantes del consorcio.
o) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas a través de
las cuales, por razón de las personas que las representan, las constituyen o
participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se
determine que son continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra
persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control
efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha
restricción, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o
similares.
p) En un mismo procedimiento de selección las personas naturales o jurídicas
que pertenezcan a un mismo grupo económico, conforme se define en el
reglamento.
q) En todo proceso de contratación, las personas inscritas en el Registro de
Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI), sea en nombre propio o a
través de persona jurídica en la que sea accionista u otro similar, con excepción
de las empresas que cotizan acciones en bolsa. Asimismo, las personas
inscritas en el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica
Profesional y en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido,
por el tiempo que establezca la ley de la materia; así como en todos los otros
registros creados por Ley que impidan contratar con el Estado.
r) Las personas jurídicas nacionales o extranjeras que hubiesen efectuado
aportes a organizaciones políticas durante un proceso electoral, por todo el
periodo de gobierno representativo y dentro de la circunscripción en la cual la
organización política beneficiada con el aporte ganó el proceso electoral que
corresponda.
s) En todo proceso de contratación y siempre que cuenten con el mismo objeto
social, las personas jurídicas cuyos integrantes formen o hayan formado parte
en la fecha en que se cometió la infracción, de personas jurídicas que se
encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o
permanente para participar en procedimientos de selección y para contratar
con el Estado. El impedimento también es aplicable a la persona jurídica cuyos
integrantes se encuentren sancionados administrativamente con inhabilitación
temporal o permanente para participar en procedimientos de selección y para
contratar con el Estado. Para estos efectos, por integrantes se entiende a los
representantes legales, integrantes de los órganos de administración, socios,
accionistas, participacionistas o titulares. Para el caso de socios, accionistas,
participacionistas o titulares, el impedimento es aplicable siempre que su
participación individual o conjunta sea superior al treinta por ciento (30 %) del
capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente.
t) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas que se
encuentren comprendidas en las listas de organismos Multilaterales de
personas y empresas no elegibles para ser contratadas.
11.2 El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo conlleva las
consecuencias y responsabilidades establecidas en la ley.
De la lectura del artículo citado podemos observar supuestos claros enfocados a un
grupo determinado de personas que por objeto de su investidura o características
propias que estas personas poseen, se encuentran impedidos de contratar con el
Estado, a este grupo de impedidos denominaremos impedidos directos.

96. Por otro lado, se encuentran las personas naturales o jurídicas vinculadas o
conformadas por estas personas o por su patrimonio, los cuales resultan ser impedidos
no en función de ellos mismos, sino de aquellos señalados por la norma como impedidos
directos, a este segundo grupo los llamaremos impedidos indirectos.
También se desprende de un análisis de la norma, que en cada supuesto la norma
precisa una determinada estructura. En primer lugar, se detalla el sujeto impedido; en
segundo lugar, se precisa tiempo durante el cual se extiende el impedimento; en tercer
lugar, se fija el espacio dentro del cual la persona se encuentra impedida. Cada uno de
estos puntos que forman parte de la estructura de los impedimentos serán tratados con
más detalle a continuación.
Estructura de un impedimento
a) Sujeto impedido b) Tiempo de extensión
del impedimento
c) Ámbito espacial de
desarrollo del
impedimento
Fuente: Elaboración propia.
Opinión
A las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a las 8 UIT les es aplicable
el artículo 11 de la Ley, en consecuencia, se encuentran sujetas a los impedimentos
para ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas.
Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a las 8 UIT se rigen conforme
a las normas de organización interna de cada Entidad, en el marco de los principios que
regulan la contratación pública; por tal motivo, le corresponde a cada una de ellas
implementar las normas de organización interna y/o los mecanismos que considere
pertinentes, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa de
contrataciones del Estado, pudiendo establecerse la presentación de los documentos
que se consideren convenientes en cada caso. [Opinión N.° 007-2020/DTN]

Opinión
Los contratos celebrados al amparo del Decreto Legislativo N° 1362 “Decreto
Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones
Público Privadas y Proyectos en Activos”, no se encuentran bajo el ámbito de
aplicación de la normativa de contrataciones del Estado; por lo cual, no pueden ser
objeto de análisis por parte de este Organismo Técnico Especializado.

De ser el caso que un régimen legal distinto a la normativa de contrataciones del Estado
se remita expresamente a los impedimentos establecidos en el numeral 11.1 del artículo
11 de la Ley -extendiendo la aplicación de estos a su propio marco normativo- dichos
impedimentos deberán ser aplicados –y de ser el caso, interpretados por la Entidad
competente– de acuerdo a las regulaciones propias de dicho régimen legal; en ese
sentido, el alcance de los impedimentos establecidos en el Decreto Legislativo N° 1362,
se dará conforme a lo previsto en las disposiciones de dicho régimen.

[Opinión N.° 155-2019/DTN]

Opinión
En el caso de las personas jurídicas, éstas -independientemente a la fecha de su
constitución- se encuentran impedidas de ser participantes, postores, contratistas y/o
subcontratistas, si es que en el momento de intervenir como tales en un proceso de
contratación, se encuentran inmersos en alguno de los supuestos establecidos en el
numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley. [Opinión N.° 070-2019/DTN]

97. 4.1. Impedimentos directos
Los impedidos directos se encuentran conformados por los literales: a), b), c), d), e), f)
y g) del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
4.1.1 Sobre el impedimento del literal a)
El literal a) del artículo 11 establece que están impedidos:
El presidente y los vicepresidentes de la República, los Congresistas
de la República, los Jueces Supremos de la Corte Suprema de
Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano
colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos, en todo
proceso de contratación mientras ejerzan el cargo y hasta doce (12)
meses después de haber dejado el mismo.

Es importante señalar que el Decreto Legislativo N.° 1444 precisa que, en el ámbito
de la Corte Suprema de Justicia, este impedimento alcanza de forma específica a los
jueces supremos de esta Corte. De la lectura del literal citado, se observa que el
sujeto impedido en la estructura de este impedimento son los principales
representantes de los tres poderes del Estado —el poder ejecutivo, el poder
legislativo y el poder judicial— y los representantes de los organismos
constitucionales autónomos
120
, todos ellos están impedidos de contratar con el
Estado.
Asimismo, la extensión temporal del impedimento se fija “mientras ejerzan el cargo y
hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo” y la extensión espacial del
impedimento se establece “en todo proceso de contratación”, puesto que es un cargo
que posee competencias al máximo nivel.
Este impedimento se ha establecido tomando:
[…] en consideración al cargo o alta investidura que ocupan, en mérito
al cual se encuentran en una situación de privilegio respecto de los
potenciales proveedores de bienes, servicios u obras que se
encuentran en el mercado, pudiendo ocasionar que se elijan tales
personas en virtud al cargo que ejercen y no en atención a la
calificación objetiva de los bienes, servicios u obras que ofrecen;
situación que se puede suscitar independientemente del objeto
contractual, sin perjuicio que con relación a algunas contrataciones tal
supuesto sea menos probable
121
.

A continuación, presentamos una opinión de la Técnica Normativa del OSCE, a modo
de Jurisprudencia:
Jurisprudencia

120
Son organismos constitucionales autónomos los siguientes:
— Jurado Nacional de Elecciones
— Oficina Nacional de Procesos Electorales
— Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
— Tribunal Constitucional del Perú
— Ministerio Público del Perú
— Junta Nacional de Justicia
— Banco Central de Reserva del Perú
— Contraloría General de la República del Perú
— Defensoría del Pueblo del Perú
— Superintendencia de Banca y Seguros del Perú
121
Opinión N.° 038-2005/GTN.

98. [...], el literal a) del numeral 11.1 del artículo 11 de la ley establece que están
impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas en las
contrataciones del Estado, cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable
(incluyendo las contrataciones previstas en el literal a) del artículo 5 de la ley), “En
todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber
dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas
de la República, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, los
titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales
Autónomos”.
De la norma citada, se advierte que la ley establece un impedimento para ser
participante, postor, contratista y/o subcontratista a los más altos funcionarios del
Estado —entre los que se encuentran los Congresistas de la República—, en razón
de dos criterios: el ámbito y el tiempo.
En virtud del ámbito, el impedimento de estos funcionarios se extiende a todo proceso
de contratación pública a nivel nacional; y, en virtud del tiempo, el impedimento se
extiende desde que asumen su cargo hasta los doce (12) meses posteriores a que
dejen dicho cargo. [Opinión N.° 013-2019/DTN].

Opinión
De acuerdo a lo dispuesto en la normativa de contrataciones vigente desde el 03 de abril
de 2017 hasta el 29 de enero de 2019, los cónyuges, convivientes y parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad de los altos funcionarios comprendidos en
el literal a) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley -tales como los Congresistas de la
República- se encuentran impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o
subcontratistas, en todo proceso de compras públicas que convoque cualquier Entidad,
a nivel nacional (lo que incluye a todas las Entidades que conforman los tres poderes
del Estado); asimismo, tal impedimento les resulta aplicable desde que dichos
funcionarios asumen el cargo y hasta los doce (12) meses posteriores de haber dejado
el mismo.
En el marco de la normativa de contrataciones del Estado vigente, los cónyuges,
convivientes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de los
altos funcionarios comprendidos en el literal a) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley
-tales como los Congresistas de la República- se encuentran impedidos de ser
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, en todo proceso de compras
públicas que convoque cualquier Entidad, a nivel nacional (lo que incluye a todas las
Entidades que conforman los tres poderes del Estado). Asimismo, tal impedimento les
resulta aplicable desde que dichos funcionarios asumen el cargo y hasta los doce (12)
meses posteriores de haber dejado el mismo. [Opinión N.° 140-2019/DTN]

Sujetos impedidos
(Numeral 11.1 del artículo 11 de
la Ley)
Personas impedidas según literal
h) en relación a su vinculación con
los sujetos impedidos en los
literales
a) y b)
Ámbito del impedimento del
literal h)
Liter
al
Sujeto
Durante el
ejercicio del
cargo del
sujeto a) y b)
Hasta 12 meses
de dejar el cargo
del
sujeto a) y b)
a)
Presidente y
Vicepresidentes de la
República
Cónyuge, conviviente o los
parientes hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad.
Todo proceso
de contratación
Todo proceso de
contratación
Congresistas de la
República
Jueces Supremos
Titulares y miembros del
órgano colegiado de los
Organismos
Constitucionales
Autónomos

99. b)
Ministros y Viceministros de
Estado
Procesos de
contratación en el
ámbito del sector


4.1.2. Sobre el impedimento de los literales b), c) y d)
El literal b) del artículo 11 establece que están impedidos:
b) Los Ministros y Viceministros de Estado en todo proceso de
contratación mientras ejerzan el cargo; luego de dejar el cargo, el
impedimento establecido para estos subsiste hasta (12) meses
después y solo en el ámbito de su sector.
Sobre el particular, a continuación presentamos una opinión a modo de
jurisprudencia de la Dirección Técnico Normativa del OSCE, que grafica la aplicación
de este impedimento, en los términos siguientes:
A continuación, presentamos una Opinión de la Dirección Técnico Normativa del
OSCE a modo de jurisprudencia:
Jurisprudencia
[...] En esa medida, los impedimentos para ser participante, postor y/o contratista en
las contrataciones que lleven a cabo las Entidades, solo pueden ser establecidos
mediante ley. Asimismo, toda vez que en el ordenamiento jurídico nacional rige el
Principio de Inaplicabilidad por Analogía de las Normas que Establecen Excepciones
o Restringen Derechos, dichos impedimentos no pueden ser aplicados por analogía a
supuestos distintos a los previstos en la ley.
Conforme a ello, los impedimentos para ser participante, postor y/o contratista en las
contrataciones públicas se encuentran recogidos en el artículo 11 de la ley, el mismo
que contiene un listado de personas que, por diversas circunstancias —como el cargo
público que ejercen, el haber sido sancionados, entre otros—, se encuentran
imposibilitados de participar en las contrataciones del Estado.
Entre estos impedimentos se encuentra el del literal a) del artículo 11 de la ley, en
virtud del cual se encontraban impedidos de ser participantes, postores y/o
contratistas, cualquiera sea el régimen de contratación aplicable (incluyendo las
contrataciones previstas en el literal a) del artículo 5 de la ley), “En todo proceso de
contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, el
Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la República,
los Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia
de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos
Constitucionales Autónomos”.
De esta manera, la ley establecía un impedimento para ser participante, postor y/o
contratista en cualquier proceso de contratación pública a los más altos funcionarios
del Estado, en razón de dos criterios: el ámbito y el tiempo.
En virtud del ámbito, el impedimento de estos funcionarios se extendía a todo proceso
de contratación pública a nivel nacional; y, en virtud del tiempo, el impedimento se
extendía desde que asumían su cargo hasta los doce (12) meses posteriores a que
dejen dicho cargo.
Por tanto, los funcionarios comprendidos en el citado dispositivo, como el caso de los
Viceministros de Estado, se encontraban impedidos de ser participantes, postores y/o
contratistas, en toda contratación pública a nivel nacional, hasta los doce (12) meses
posteriores a que dejen dicho cargo.
Asimismo, debe señalarse que mediante Decreto Supremo N.° 056-2017-EF, vigente
desde el 3 de abril del 2017, se modificó el literal a) del artículo 11 de la ley,
excluyéndose a los ministros y viceministros de Estado del ámbito de aplicación de
dicho impedimento, incorporándolos en el literal c) del referido artículo, precisando que

100. para los altos funcionarios allí mencionados el impedimento se aplica en el ámbito del
sector al que pertenecen.
Por su parte, el literal d) del artículo 11 de la ley establecía que se encontraban
impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas, cualquiera sea el régimen
legal de contratación (incluidas las contrataciones previstas en el literal a) del artículo
5 de la ley), “En la Entidad a la que pertenecen, los titulares de instituciones o de
organismos públicos del Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y trabajadores de las
empresas del Estado, los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores
públicos, según la ley especial de la materia”.
De acuerdo con la disposición citada, los: i) Titulares de instituciones o de organismos
públicos del Poder Ejecutivo; ii) directores, gerentes y trabajadores de las empresas
del Estado; y iii) funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos,
según la ley especial de la materia; estaban impedidos de ser participantes, postores
y/o contratistas en las contrataciones a realizarse en las Entidades a la que
pertenecieron.
Asimismo, es preciso señalar que la Décima Tercera Disposición Complementaria
Final del Reglamento precisaba que, para la configuración del impedimento previsto
en el literal d) del artículo 11 de la ley, debía tomarse en consideración que los
trabajadores de las empresas del Estado y servidores públicos comprendidos en el
referido literal eran aquellos que por el cargo o función que desempeñaban tenían
influencia, poder de decisión o información privilegiada sobre el proceso de
contratación.
Conforme a lo anterior, el impedimento descrito en el literal d) del artículo 11 de la ley
se encontraba circunscrito al ámbito de toda la Entidad y tenía por objeto restringir la
intervención de las personas naturales que la integraban, a efectos de evitar conflictos
de intereses que perjudicaran la transparencia y, en última instancia, la idoneidad o
eficiencia de las contrataciones. Asimismo, para la configuración de dicho
impedimento, era necesario que las personas naturales comprendidas en dicho literal
contaran con influencia, poder de decisión o información privilegiada sobre el proceso
de contratación que se realice en dicha Entidad, aspecto que correspondía ser
analizado por la Entidad en cada caso concreto.
Efectuadas las precisiones anteriores, debe señalarse que corresponde a cada
Entidad evaluar si determinado proveedor se encontraba inmerso en alguno de los
impedimentos para contratar con el Estado previstos en el artículo 11 de la ley.
Respecto al impedimento referido al viceministro de Estado, es necesario acudir a la
normativa de la materia para conocer la naturaleza de este alto funcionario del Estado.
Sobre el particular, la Ley N.° 29158 “Ley Orgánica del Poder Ejecutivo”, en adelante
la “LOPE”, en su artículo 26 dispone lo siguiente:
Artículo 26- Viceministros
El viceministro es la autoridad inmediata al ministro. Los
Ministerios pueden tener más de un Viceministerio
conforme a su Ley de Organización y Funciones.
Los viceministros, por encargo de los ministros:
Formulan, coordinan, ejecutan y supervisan la política de
desarrollo sectorial bajo su competencia, de conformidad
con la respectiva política nacional.
Coordinan, orientan y supervisan las actividades que
cumplen los órganos del Ministerio y demás entidades de
su sector, conforme a su Reglamento de Organización y
Funciones.
Expiden Resoluciones Viceministeriales en el ámbito de su
competencia.
El ministro puede encargar a un viceministro para que, con
retención de su cargo, desempeñe el de otro Viceministro
por ausencia del titular. En su defecto, corresponde al
ministro designar al funcionario que lo reemplazará en
caso de ausencia.
Para la coordinación de temas multisectoriales, los
viceministros, convocados y bajo la dirección del

101. Secretario General de la Presidencia del Consejo de
Ministros, forman la Comisión de Coordinación
Viceministerial (CCV).

Conforme a la norma citada, el viceministro de Estado es el funcionario que sucede en
autoridad al ministro y que desarrolla funciones como las de formulación, coordinación,
ejecución y supervisión de la política de desarrollo sectorial bajo su competencia, de
conformidad con la respectiva política nacional, entre otras.
En ese sentido, para determinar si un funcionario público cuenta con la calidad de Vice
ministro es preciso analizar la normativa de la materia que regula dicha designación,
así como la definición de viceministro prevista en la LOPE.
Sin perjuicio de lo antes señalado, cabe precisar que no corresponde a este Organismo
Supervisor indicar si determinado funcionario —como es el caso del Secretario
General de la Presidencia del Consejo de Ministros—, tiene la condición de
viceministro de Estado, pues ello excede las competencias establecidas en el artículo
52 de la ley. Dicho análisis deberá ser realizado por la Entidad competente recurriendo
a la normativa que regula la organización del Estado y sus normas de organización
interna.
Por otro lado, en relación al impedimento previsto en el literal d) del artículo 11 de la
ley, vigente hasta el 2 de abril del 2017, el mismo resultaba aplicable a los Titulares de
Instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo; directores, gerentes y
trabajadores de las empresas del Estado; y funcionarios públicos, empleados de
confianza y servidores públicos, según la ley especial de la materia y se encontraba
circunscrito al ámbito de toda la Entidad, siempre y cuando dichas personas hayan
contado con influencia, poder de decisión o información privilegiada sobre el proceso
de contratación, aspecto que correspondía ser analizado por la Entidad en cada caso
concreto. [Opinión N.° 109-2017/DTN].

Debemos señalar que los impedimentos para ser participante, postor, contratista y/o
subcontratista en las contrataciones del Estado solo pueden ser establecidos
mediante ley. Asimismo, toda vez que, en el ordenamiento jurídico nacional rige el
Principio de Inaplicabilidad por Analogía de las Normas que Establecen Excepciones
o Restringen Derechos
122
, los impedimentos, al restringir la libre participación de los
proveedores en las contrataciones públicas, no pueden ser aplicados por analogía a
supuestos distintos a los previstos en la ley. Por ello, las modificaciones al artículo 11
también determinan, de forma expresa, a los viceministros como impedidos al mismo
nivel y en los mismos términos que los ministros de Estado.
Asimismo, el literal c) del artículo 11 establece que están impedidos:
c) Los Gobernadores, Vicegobernadores y Consejeros de los Gobiernos Regionales. En
el caso de los Gobernadores y Vicegobernadores, el impedimento aplica para todo
proceso de contratación mientras ejerzan el cargo; luego de dejar el cargo, el
impedimento establecido para estos subsiste hasta doce (12) meses después y solo
en el ámbito de su competencia territorial. En el caso de los Consejeros de los
Gobiernos Regionales, el impedimento aplica para todo proceso de contratación en
el ámbito de su competencia territorial durante el ejercicio del cargo y hasta doce
(12) meses después de haber concluido el mismo.
Sobre el caso de los consejeros de los Gobiernos Regionales, la Dirección Técnico
Normativa del OSCE establece:
Jurisprudencia

122
El numeral 9 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú prevé: "El principio de
inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos" (El
subrayado es agregado); asimismo, el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil señala:
"La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía".

102. [...] el impedimento aplicable a los Consejeros de los Gobiernos Regionales es mucho más
acotado que el impedimento correspondiente a los Gobernadores y Vicegobernadores, ya que
solo está referido —durante y hasta los (12) doce meses posteriores al ejercicio del cargo—
respecto a los procesos de contratación pública desarrollados en el ámbito de competencia
territorial del gobierno regional.



Por su parte, es preciso indicar que el artículo 3 de la Ley N.° 27867, “Ley Orgánica de Gobier-
nos Regionales”, precisa que “los Gobiernos regionales tienen jurisdicción en el ámbito de sus
respectivas circunscripciones territoriales, conforme a ley”. (El resaltado es agregado).
Considerando lo anterior, los Consejeros de los Gobiernos Regionales, durante el ejercicio del
cargo y hasta doce (12) meses después, se encuentran impedidos de ser participantes,
postores, contratistas y/o subcontratistas en todo proceso de contratación que se desarrolle en
el ámbito de la competencia territorial del gobierno regional. [Opinión N.° 003-2020/DTN].

Además, el literal d) del artículo 11 también señala que están impedidos:
d) Los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y los Regidores.
Tratándose de los Jueces de las Cortes Superiores y de los Alcaldes, el
impedimento aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del
cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste
hasta doce (12) meses después y solo en el ámbito de su competencia territorial.
En el caso de los Regidores el impedimento aplica para todo proceso de
contratación en el ámbito de su competencia territorial, durante el ejercicio del
cargo y hasta doce (12) meses después de haber concluido el mismo.
A continuación presentamos una Opinión de la Dirección Técnico Normativa del
OSCE, al respecto:
Jurisprudencia
En relación con el ámbito de competencia territorial de los alcaldes y regidores, resulta
pertinente anotar que el artículo 40 de la Ley N.° 27783, Ley de Bases de la
Descentralización, establece:
Las municipalidades son órganos de gobierno local que se
ejercen en las circunscripciones provinciales y
distritales de cada una de las regiones del país, con
las atribuciones, competencias y funciones que les asigna
la Constitución Política, la Ley Orgánica de
Municipalidades y la presente Ley [...]. (El destacado es
agregado).
Asimismo, debe indicarse que el artículo 3 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que en razón de su jurisdicción , las municipalidades se
clasifican de la siguiente manera: 1) la municipalidad provincial, sobre el territorio de
la respectiva provincia y el distrito del cercado; 2) la municipalidad distrital, sobre el
territorio del distrito, y 3) la municipalidad de centro poblado, cuya jurisdicción la
determina el respectivo concejo provincial, a propuesta del consejo distrital.
Impedimentos aplicables a consejeros de los Gobiernos
Ámbito temporal=
Ámbito espacial=
Todo proceso de
contratación
Ámbito de
competencia territorial
del gobierno regional
Ámbito de competencia
territorial del gobierno
regional
Durante el cargo Hasta 12 meses
después
Competencia territorial:
Espacio geográfico sobre el cual ejercen
sus funciones

103. Por lo expuesto, el ámbito de competencia territorial al que hace referencia el literal d)
del numeral 11.1 del artículo 11 de la ley, tratándose de un alcalde o regidor, está
delimitado en razón de la jurisdicción de la municipalidad a la que pertenece, de
conformidad con lo establecido en las normas de la materia. [Opinión N.° 212-
2019/DTN].


Opinión
La competencia territorial de los Alcaldes se circunscribe al territorio que constituye su
jurisdicción, ámbito en el cual aplica el impedimento desde que dejan el cargo y hasta
doce (12) meses posteriores a dicho evento; sin perjuicio de ello, mientras ejerzan como
Alcaldes, estos se encontrarán impedidos en todo proceso de contratación que se
convoque a nivel nacional, conforme a lo dispuesto en el literal d) del numeral 11.1 del
artículo 11 de la Ley.
Un Alcalde está impedido de ser participante, postor, contratista y/o subcontratista, en
todo proceso de contratación pública, incluyendo aquellas contrataciones cuyos montos
sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias; impedimento que
se aplica a las personas jurídicas en las que aquel sea integrante de los órganos de
administración, apoderado o representante legal, conforme a lo dispuesto en el literal k)
del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley.
El alcance del impedimento de una persona jurídica se circunscribe al ámbito y tiempo
dentro de los cuales se encuentra impedida la persona con la cual se vincula; esto es,
tratándose de un Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11.1 del
artículo 11 de la Ley, el impedimento de la persona jurídica regirá para todo proceso de
contratación a nivel nacional mientras el Alcalde se encuentre en ejercicio del cargo, y
sólo en el ámbito de su competencia territorial desde que aquel deje el cargo y hasta
doce (12) meses después de dicho evento.
Al culminar el ejercicio del cargo, el impedimento de los exalcaldes sólo aplica en el
ámbito de competencia territorial municipal que corresponda, es decir, el territorio que
constituía su respectiva jurisdicción.
El impedimento previsto en el literal h) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley,
aplicable al cónyuge, al conviviente o a los parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad de los Alcaldes, se circunscribe al ámbito de competencia
territorial en el que éstos ejercían el cargo, tanto durante su ejercicio como hasta doce
(12) meses después de concluido, conforme a lo dispuesto en el segundo acápite del
referido dispositivo. [Opinión N.° 034-2020/DTN]

Opinión
En el marco de la normativa de Contrataciones del Estado, los “Alcaldes” se hallan
impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, conforme a lo
dispuesto en el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley; así, durante el
ejercicio del cargo, dicho impedimento regirá en todo proceso de contratación pública, a
nivel nacional y, sólo en el ámbito de su competencia territorial, seguirán impedidos para
tales efectos, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo.
La normativa de Contrataciones del Estado no contempla una definición de “alcalde”, ni
de “alcalde de Centro Poblado”, y tampoco realiza distinción alguna respecto de la
clasificación de éstos; en ese contexto, resulta necesario observar lo dispuesto en la
normatividad de la materia, a fin de determinar las atribuciones que ésta les confiere y
delimitar el alcance de la configuración del impedimento previsto en el literal d) del
numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley. [Opinión N.° 033-2021/DTN]

En los literales b), c) y d) se determina la extensión temporal y espacial de la aplicación

104. del impedimento. El primer límite de extensión del impedimento que se puede observar
en la estructura de los supuestos es el límite temporal: para el caso de los literales b),
c) y d). Las citadas personas están impedidas: i) mientras ejerzan el cargo y ii) hasta por
12 meses después de haber dejado el cargo.
El segundo límite de extensión del impedimento es espacial. Así, para el caso del
literal b), el impedimento está restringido al ámbito del sector del ministro y/o
viceministro (v. gr., ministro de Ambiente —sector ambiente—); en el caso del literal
c), el impedimento está restringido al ámbito de su competencia territorial; y para el
caso del literal d), el límite espacial también es el “ámbito de competencia territorial”.
Por tanto, gracias al límite de extensión temporal, es posible interpretar que los
sujetos señalados en el literal b) no podrán participar en los procesos de selección
vinculados con su sector, los sujetos señalados en el literal c) no podrán participar en
los procesos de contratación dentro de su ámbito de competencia territorial, y los
sujetos señalados en el literal d) tampoco podrían participar en procesos de
contratación dentro de su ámbito de competencia territorial. Sin embargo, “el término
utilizado por la norma, que limita el impedimento a la ‘competencia territorial’ trae
diversos problemas, tomando en consideración que dicho término a reemplazado la
nomenclatura del ‘ámbito de jurisdicción’ de la Ley N.° 30225 previo a su
modificatoria”.
Al respecto debemos señalar que “el literal d) ha sido modificado para enfocar el
impedimento de los jueces alcaldes y regidores en el ámbito de su ‘competencia
territorial’ que viene a ser el criterio que determina la circunscripción territorial en la
que ha de tener su sede el órgano jurisdiccional con competencia objetiva y funcional,
y no en su jurisdicción, que es el criterio mediante el cual se establece una
parcelación del ordenamiento jurídico en diversas ramas jurídicas. Asimismo, existen
más desarrollos jurídicos que buscan explicar el contenido de jurisdicción y
competencia sobre todo en el ámbito de jueces”
123
, como el visto en el Expediente
N.°1256-96 del Noveno Juzgado Civil de Lima del 24 de abril de 1996.
Sujetos impedidos
(Numeral 11.1 del artículo 11 de
la Ley)
Personas impedidas según
literal h) en relación a su
vinculación con los sujetos
impedidos en los literales
c) y d)
Ámbito del impedimento del literal h)
Liter
al
Sujeto
Durante el ejercicio
del cargo del
sujeto c) y d)
Hasta 12 meses
de dejar el cargo
del
sujeto c) y d)
c)
Gobernadores Regionales
Cónyuge, conviviente o los
parientes hasta el segundo
grado de
Procesos de contratación en el ámbito de
la competencia territorial de los sujetos de
los literales c) y d).
Vicegobernadores
Regionales
Consejeros de los Gobiernos
Regionales
d)
Jueces de las Cortes
Superiores de Justicia
consanguinidad o afinidad

Alcaldes
Regidores

4.1.3. Sobre el impedimento del literal e)

123
MORALES, Juan, “La relatividad de la competencia territorial”, blog: Procesal Civil: Alexander
Rioja Bermúdez. Consultado en la siguiente página web:
<http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2009/10/13/la-relatividad-de-la-competencia-
territorial-juan-morales-godo/Recuperado el 5-9-2018>.

105. El literal e) del artículo 11 establece que están impedidos:
e) Los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los
funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos con poder de
dirección o decisión, según la ley especial de la materia, y los gerentes de las
empresas del Estado. El impedimento se aplica para todo proceso de contratación
durante el ejercicio del cargo; luego de culminado el mismo hasta doce (12) meses
después solo en la entidad a la que pertenecieron. Los directores de las empresas
del Estado y los miembros de los Consejos Directivos de los organismos públicos
del Poder Ejecutivo se encuentran impedidos en el ámbito de la Entidad a la que
pertenecen, mientras ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de haber
culminado el mismo.
No obstante, algunos de los términos empleados en el citado literal no poseen un
contenido definido por la ley o el reglamento, tales como “funcionarios públicos,
empleados de confianza y servidores públicos”, debido a que dichos términos no son
propios del ámbito de las contrataciones del Estado, sino de otros ámbitos del
ordenamiento jurídico nacional (ámbito del derecho laboral público), como por
ejemplo aquel regulado por la Ley del Servicio Civil, Ley N.° 30057, la cual si define
estos términos.
Por ello, el literal e) del artículo 11 de la Ley de Contrataciones nos remite a la “la ley
especial de la materia”, a efectos de “determinar el alcance y contenido de los
términos “funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos” —
términos que pueden tener diversas definiciones el ordenamiento jurídico—, a la luz
de las normas especiales que regulan esta materia.
En tal sentido, la remisión que el literal e) del artículo 11 de la ley hace a “la ley
especial de la materia” tiene como objetivo definir el contenido y alcance de los
términos “funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos” a la
luz de la normativa especial, y no el determinar el alcance del impedimento, ya que
este se encuentra definido en el propio literal e)”
124
.


Al respecto, Sergio TAMAYO
125
señalaba que debía tomarse en cuenta que el
impedimento está limitado a las contrataciones realizadas “respecto a la entidad a la
que pertenecen”. En ese sentido, por ejemplo, una persona puede ser empleada del
Ministerio de Educación y ser contratado para brindar un servicio en el Ministerio de
Comercio Exterior
126
.
Asimismo, es importante precisar que las modificaciones efectuadas a este literal por el
Decreto Legislativo N.° 1341 brinda un marco adicional de la extensión temporal del
impedimento, que vendría a ser durante el ejercicio del cargo y en casos especiales
hasta 12 meses después de dejar el cargo, situación que se adecúa más al poder
obtenido por estas altas investiduras.
Ahora bien, además de las modificaciones efectuadas por el Decreto Legislativo N.°
1341, también tenemos aquellas efectuadas por el Decreto Legislativo N.° 1444, “que
delimita el ámbito funcional de los servidores públicos impedidos al restringir el
impedimento solo en aquellos que posean poder de dirección o decisión”
127
. Además,

124
Opinión N.° 004-2010/DTN.
125
TAMAYO, Sergio, "Impedimentos para contratar con el Estado: su fallida interpretación", en
Actualidad Gubernamental, N.° 41, p. VII-1 y ss.
126
Resolución N.° 2487-2009-TC-S4.
127
Extremo modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N.° 1444, publicado el 16
septiembre 2018:
e) Los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios
públicos, empleados de confianza, servidores públicos con poder de dirección o decisión,

106. añaden una limitación temporal al impedimento al determinar que solo se encuentren
impedidos en relación con los procesos que se efectúen al “interior de la entidad a la
que pertenecen o pertenecieron”. Por último, nuevamente se redimensiona la
calificación de impedidos de la norma antes de ser modificada en cuando a los
“trabajadores de las empresas del Estado a dedicación exclusiva” para limitarse a “los
miembros de los Consejos Directivos de los organismos públicos del Poder Ejecutivo”.
Sobre el literal e) del numeral 11.1. del artículo 11 de la Ley de Contrataciones, la
Dirección Técnico Normativa del OSCE establece:
Jurisprudencia
[...] Como se observa, mientras ejerzan el cargo, están impedidos de ser participantes,
postores, contratistas y/o subcontratistas, en todo proceso de contratación pública (a
nivel nacional), las siguientes personas: i) los titulares de instituciones o de organismos
públicos del Poder Ejecutivo; ii) funcionarios públicos, iii) empleados de confianza; iv)
servidores públicos con poder de dirección o decisión, según la ley especial de la
materia, según la ley especial de la materia; y, v) los gerentes de las empresas del
Estado.
Adicionalmente, el citado dispositivo extiende el alcance del impedimento hasta los
doce (12) meses después de que las referidas personas dejen el cargo; en ese
contexto, luego de culminado el cargo, dicho impedimento solo aplica en el ámbito de
la Entidad a la que tales personas pertenecieron.
[…]
En ese contexto, en el marco de lo dispuesto por la normativa de contrataciones del
Estado —vigente desde el 30 de enero del 2019—, los ex funcionarios públicos están
impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, en el ámbito
de la Entidad a la que pertenecieron, hasta doce (12) meses después de haber
culminado su cargo como funcionarios públicos; ello, con independencia del objeto de
la contratación y del tiempo de permanencia ejerciendo tal cargo en la Entidad.
[Opinión N.° 153-2019/DTN].

Para mayor claridad del tema, lo desarrollado en el literal e) se ha resumido en el
siguiente cuadro:
Numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley (modificada mediante Decreto Legislativo Nº 1444)
Impedimento para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista
Literal Sujeto
Durante el ejercicio
del cargo
Desde que deja el
cargo y hasta 12 meses
siguientes
E
Titulares de instituciones o de organismos públicos
del Poder Ejecutivo
Territorio nacional Entidad
Funcionarios públicos, empleados de confianza,
servidores públicos con poder de dirección o
decisión, según ley especial de la materia y los
gerentes de las empresas del Estado
Directores de las empresas del Estado y los
miembros de los Consejos Directivos de los
organismos públicos del Poder Ejecutivo.
Entidad



según la ley especial de la materia, y los gerentes de las empresas del Estado. El impedimento
se aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de culminado
el mismo hasta doce (12) meses después solo en la entidad a la que pertenecieron. Los
directores de las empresas del Estado y los miembros de los Consejos Directivos de los
organismos públicos del Poder Ejecutivo se encuentran impedidos en el ámbito de la Entidad
a la que pertenecen, mientras ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de haber
culminado el mismo.

107. Opinión
En el marco de la normativa de contrataciones del Estado, los titulares de instituciones
o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, empleados de
confianza, servidores públicos con poder de dirección o decisión, según la ley especial
de la materia, y los gerentes de las empresas del Estado, durante el ejercicio del cargo,
están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas en
cualquier proceso de contratación que se realice dentro del territorio nacional; mientras
que, desde el momento en el que dejan el cargo y hasta doce (12) meses después de
producido dicho evento, el impedimento se aplicará únicamente en las contrataciones
de la Entidad de la formaron parte. Sin perjuicio de la legislación especial que resulte
aplicable y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú.
En el marco de la normativa de contrataciones del Estado, los servidores públicos sin
poder de dirección o decisión, de conformidad con la ley especial de la materia, mientras
se mantengan en el cargo, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas
y/o subcontratistas en las contrataciones de la Entidad de la que forman parte; mientras
que, desde el momento en el que dejan el cargo y hasta doce (12) meses después de
producido dicho evento, el impedimento se aplicará a los servidores públicos que por la
función desempeñada hayan tenido influencia, poder de decisión, información
privilegiada referida a tales procesos o conflicto de intereses, únicamente en las
contrataciones de la Entidad de la formaron parte. Sin perjuicio de la legislación especial
que resulte aplicable y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del
Perú. [Opinión N.° 200-2019/DTN]
Opinión
Los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos con poder de
dirección o decisión, según la ley especial de la materia, se encuentran impedidos de:
(i) registrarse como participantes en los procedimientos de selección convocados por
las Entidades Públicas; (ii) formular propuestas en el marco de dichos procedimientos
de selección; (iii) contratar con las Entidades Públicas, independientemente de que el
régimen de contratación aplicable se encuentre o no bajo el ámbito de aplicación de la
normativa de contrataciones del Estado; y (iv) ser subcontratistas del Estado, en el
marco de lo establecido en la Ley y el Reglamento para tales efectos. Dichas
restricciones se aplican para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo;
una vez culminado el cargo se extienden hasta doce (12) meses después y solo en la
Entidad a la que pertenecen.
Cada Entidad debe verificar que las personas con las cuales contrata, incluso en
aquellas contrataciones fuera del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones
del Estado, no se encuentran inmersas en alguno de los impedimentos establecidos en
el artículo 11 de la Ley. [Opinión N.° 010-2020/DTN]


4.1.4. Sobre el impedimento del literal f)
Respecto a este impedimento, corresponde señalar que el Decreto Legislativo N.°
1444 modificó drásticamente este literal, precisando como impedidos a los
siguientes:
f) Los servidores públicos no comprendidos en literal anterior, y los trabajadores de
las empresas del Estado, en todo proceso de contratación en la Entidad a la que
pertenecen, mientras ejercen su función. Luego de haber concluido su función y
hasta doce (12) meses después, el impedimento se aplica para los procesos de
contratación en la Entidad a la que pertenecieron, siempre que por la función
desempeñada dichas personas hayan tenido influencia, poder de decisión,
información privilegiada referida a tales procesos o conflicto de intereses.
Este contenido del literal f) guarda una importante relevancia, pues regula aspectos
no detallados por el literal e) de la Ley N.° 30225 previo a su modificatoria; el literal
e) solo desarrollaba “las personas que actuaban dentro del correspondiente proceso

108. de contratación”, es decir, solo en el procedimiento del cual formaban parte o
intervenían. Ahora literal f) modificado por el Decreto Legislativo N.° 1444,
reconfigura el impedimento como un nuevo supuesto donde se señala como
impedidos a “los servidores públicos no comprendidos en literal anterior (estos son
los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los
funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos con poder de
dirección o decisión, los directores de las empresas del Estado y los miembros de los
Consejos Directivos de los organismos públicos del Poder Ejecutivo), y los
trabajadores de las empresas del Estado”. En ese sentido, se amplía el alcance del
impedimento y se busca cerrar la brecha de cualquier servidor público que,
aprovechándose de un vacío legal, pueda ser un vínculo para contratar poseyendo
cierta influencia en la contratación.
Por lo tanto, los servidores públicos sin poder de dirección o decisión, de conformidad
con la ley especial de la materia, el impedimento aplica durante el ejercicio del cargo
únicamente en las contrataciones de la entidad de la que formaron parte, mientras
que, luego de haber dejado el cargo, dichos servidores públicos no tendrán
impedimento alguno, siempre que no hayan tenido influencia, poder de decisión,
información privilegiada o conflicto de intereses.
A continuación, presentamos una Opinión de la Dirección Técnico Normativa del
OSCE al respecto:
Jurisprudencia
En el marco de la normativa de contrataciones del Estado, los titulares de instituciones
o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, empleados
de confianza, servidores públicos con poder de dirección o decisión, según la ley
especial de la materia, y los gerentes de las empresas del Estado, durante el ejercicio
del cargo, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o
subcontratistas en cualquier proceso de contratación que se realice dentro del territorio
nacional; mientras que, desde el momento en el que dejan el cargo y hasta doce (12)
meses después de producido dicho evento, el impedimento se aplicará únicamente en
las contrataciones de la Entidad de la formaron parte. Sin perjuicio de la legislación
especial que resulte aplicable y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución
Política del Perú.
En el marco de la normativa de contrataciones del Estado, los servidores públicos sin
poder de dirección o decisión, de conformidad con la ley especial de la materia,
mientras se mantengan en el cargo, están impedidos de ser participantes, postores,
contratistas y/o subcontratistas en las contrataciones de la Entidad de la que forman
parte; mientras que, desde el momento en el que dejan el cargo y hasta doce (12)
meses después de producido dicho evento, el impedimento se aplicará a los servidores
públicos que por la función desempeñada hayan tenido influencia, poder de decisión,
información privilegiada referida a tales procesos o conflicto de intereses, únicamente
en las contrataciones de la Entidad de la formaron parte. Sin perjuicio de la legislación
especial que resulte aplicable y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución
Política del Perú. [Opinión 200-2019/DTN].

Lo desarrollado en el literal f) se ha resumido en el siguiente cuadro:
Numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley (modificada mediante Decreto Legislativo Nº 1444)
Impedimento para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista
Literal Sujeto
Durante el
ejercicio del
cargo
Desde que deja el cargo y
hasta 12 meses siguientes
F
Servidores públicos sin poder de
dirección o decisión y trabajadores
de las empresas del Estado
Entidad
Entidad (siempre que haya
tenido influencia, poder de
decisión, información
privilegiada o conflicto de

109. intereses)

4.1.4.1. Sobre el conflicto de interés
La Ley N.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, establece una
regulación aplicable a toda persona que realice función pública, previendo una serie
de principios, deberes y prohibiciones éticas cuya transgresión por el servidor
público genera responsabilidad. Su artículo 8
128
establece que los empleados
públicos se encuentran prohibidos de “mantener relaciones o de aceptar situaciones
en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicas o financieras
pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y funciones a su
cargo”.
Así, la disposición citada busca garantizar la imparcialidad en las
actuaciones de toda personal al servicio del Estado, de manera que
estas sean realizadas privilegiando el interés público sobre el
particular.
Esta es la misma lógica que, en el campo del derecho administrativo,
inspira la figura de la abstención (normada por los artículos 88 a 94
de la Ley del Procedimiento Administrativo General), por la cual las
autoridades que tienen facultades resolutivas o cuyas opiniones sobre
el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la
resolución, deben abstenerse de participar en los asuntos cuya
competencia le esté atribuida, en determinados casos.
Lo dicho implica, en términos generales, quienes, en su condición de
servidor público, tienen atribuida una función inspectiva, no puede
desempeñarla en situaciones o sobre personas o hechos respecto de
los cuales podría tener algún interés, directo o indirecto, o cuyos
resultados podrían favorecerlo positiva o negativamente
129
.

4.1.5. Sobre el impedimento del literal g)
El literal g) del artículo 11 establece que están impedidos:

128
La Ley N.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública
Artículo 8.- Prohibiciones Éticas de la Función Pública
El servidor público está prohibido de:
1. Mantener Intereses de Conflicto
Mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales,
laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los
deberes y funciones a su cargo.
2. Obtener ventajas indebidas
Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de
su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia.
3. Realizar Actividades de Proselitismo Político
Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o por
medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en
contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos.
4. Hacer mal uso de Información Privilegiada
Participar en transacciones u operaciones financieras utilizando información privilegiada de la
entidad a la que pertenece o que pudiera tener acceso a ella por su condición o ejercicio del
cargo que desempeña, ni debe permitir el uso impropio de dicha información para el beneficio
de algún interés.
5. Presionar, amenazar y/o acosar.
Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados
que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas.
129
Parte del Informe Legal N.° 189-2012-SERVIR/GG-OAJ del 29 de febrero del 2012.

110. g) En el proceso de contratación correspondiente, las personas naturales o jurídicas que
tengan intervención directa en cualquiera de las siguientes actuaciones:
determinación de las características técnicas y/o valor referencial o valor estimado, ii)
elaboración de documentos del procedimiento de selección, iii) calificación y
evaluación de ofertas, y iv) la conformidad de los contratos derivados de dicho
procedimiento, salvo en el caso de los contratos de supervisión. Tratándose de
personas jurídicas el impedimento le alcanza si la referida intervención se produce a
través de personas que se vinculan a esta.
Al respecto, el OSCE ha detallado
130
en qué consisten cada una de las causales del
impedimento. Así, ha referido que están impedidos los siguientes:
• Respecto de la determinación de las características técnicas, el personal de la
Entidad o consultores que intervienen directamente en la elaboración de las
especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de
obra.
• Respecto de la determinación del valor referencial o valor estimado, el personal
de la entidad o consultores que intervienen en la determinación del valor
referencial o estimado, desde el inicio de las indagaciones para conocer los
precios y demás condiciones de mercado hasta la determinación de la cifra
exacta del valor referencial o estimado, y, en el caso del valor referencial,
respecto de las acciones necesarias para su obtención detalladas en el
reglamento.
• Respecto de la elaboración de los documentos del procedimiento, el personal de
la entidad o los consultores que participen en la elaboración de los documentos
del procedimiento de selección (las bases, las solicitudes de expresión, la
solicitud de cotización), así como la persona jurídica que, como parte de un
encargo de proceso de contratación, elabore las bases.
• Respecto de la calificación y evaluación de propuestas, los miembros del comité
de selección que llevan a cabo el procedimiento de selección, así como la
persona jurídica que por encargo desarrolla el procedimiento de selección.
• Respecto de la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento,
salvo en el caso de los contratos de supervisión. Tratándose de personas
jurídicas, el impedimento le alcanza si la referida intervención se produce a
través de personas que se vinculan a esta.
De esta forma es fácil determinar que personas naturales o jurídicas que constituyen
o no servidores públicos, como, por ejemplo, los consultores, se encuentran
impedidos de contratar con el Estado. No obstante, es probable que actualmente el
contenido de este literal sea redundante en parte con el literal e).
Sobre lo referido la Dirección Técnico Normativa del OSCE establece:
Jurisprudencia
[...], el literal citado establece que se encuentran impedidos de participar en un
procedimiento de selección, y contratar con el Estado, todas aquellas personas
naturales o jurídicas que intervengan directamente en: (i) la determinación de las
características técnicas; (ii) la determinación del valor referencial o valor estimado; (iii)
la elaboración de documentos del procedimiento de selección; (iv) la calificación y
evaluación de ofertas, y (v) la conformidad de contratos.
Así, el referido impedimento tiene como primer objetivo, garantizar la igualdad de
acceso a la información —respecto del objeto contractual futuro— entre los

130
Opinión N.° 036-2010/DTN.

111. proveedores que participen en el procedimiento de selección. Ello, debido a que las
personas que intervinieron en la determinación de las características técnicas, el valor
referencial o valor estimado, o en la elaboración de los documentos del procedimiento
de selección, cuentan con mayor información que los demás proveedores, por lo que,
de permitirse su participación, se les estaría otorgando una ventaja respecto de los
demás participantes, afectando así la competencia.
Adicionalmente, el impedimento busca evitar un conflicto de intereses en la
determinación de las características técnicas, el valor referencial o valor estimado, o
en la elaboración de los documentos del procedimiento de selección, así como en la
evaluación y calificación de propuestas, pues si las personas que intervienen en su
determinación tienen la opción de ser participantes en el procedimiento de selección a
ser convocado, están en la posibilidad de establecer condiciones que favorezcan su
propia participación, lo que atenta contra la competitividad del procedimiento de
selección.
Por otro lado, la normativa de contrataciones del Estado establece que las personas
naturales o jurídicas que deseen participar en los procedimientos de selección que
convocan las Entidades pueden hacerlo de manera individual o a través de consorcios.
[Opinión N.° 051-2019/DTN].

4.2. Impedimentos indirectos
Los impedimentos descritos en los siguientes literales son los que podríamos llamar
“indirectos”, pues afectan a personas —naturales o jurídicas— que no necesariamente
cuentan con alguna característica o investidura especial, pero, por su relación con una
persona directamente impedida (son parientes de este o es una persona jurídica que
tiene como integrante a alguien impedido), se encuentran también imposibilitados de
contratar con el Estado.
4.2.1. Sobre el impedimento del literal h)
El literal h) del artículo 11 establece que están impedidos:
a) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes, de
acuerdo a los siguientes criterios:
i) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales
a) y b), el impedimento se configura respecto del mismo ámbito y por igual
tiempo que los establecidos para cada una de estas;
ii) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales
c) y d), el impedimento se configura en el ámbito de competencia territorial
mientras estas personas ejercen el cargo y hasta doce (12) meses
después de concluido;
iii) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en el literal e),
el impedimento se configura en la entidad a la que pertenecen estas
personas mientras ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de
concluido;
iv) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales
f) y g), el impedimento tiene el mismo alcance al referido en los citados
literales.

112. Los artículos 236
131
y 237
132
del Código Civil delimitan los grados de consanguinidad
y afinidad. En ese sentido, si una persona es, por ejemplo, hermano
133
, esposo
134
o
esposa
135
de alguna de las personas señaladas en los literales precedentes, se
encontrará impedida de contratar con el Estado, de acuerdo con los siguientes
criterios:
• Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales a) y b),
el impedimento se configura respecto del mismo ámbito y por igual tiempo que
los establecidos para cada una de estas.
• Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales c) y d),
el impedimento se configura en el ámbito de competencia territorial mientras
estas personas ejercen el cargo y hasta 12 meses después de concluido;
• Cuando la relación existe con las personas comprendidas en el literal e), el
impedimento se configura en la entidad a la que pertenecen estas personas
mientras ejercen el cargo y hasta 12 meses después de concluido;
• Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales f) y g),
el impedimento tiene el mismo alcance al referido en los citados literales.
Por otro parte, cualquier otra persona con relación diferente a la señalada en el literal
se encontrará libre de todo impedimento para contratar con el Estado.


131
Código Civil peruano
Artículo 236.- El parentesco consanguíneo es la relación familiar existente entre las personas
que descienden una de otra o de un tronco común. El grado de parentesco se determina por el
número de generaciones.
En la línea colateral, el grado se establece subiendo de uno de los parientes al tronco común y
bajando después hasta el otro. Este parentesco produce efectos civiles solo hasta el cuarto
grado.
132
Código Civil peruano
Artículo 237.- El matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de los cónyuges con
los parientes consanguíneos del otro. Cada cónyuge se halla en igual línea y grado de parentesco
por afinidad que el otro por consanguinidad.
La afinidad en línea recta no acaba por la disolución del matrimonio que la produce. Subsiste la
afinidad en el segundo grado de la línea colateral en caso de divorcio y mientras viva el
excónyuge.
133
Resolución N.° 979-2009-TC-S3.
134
Resolución N.° 1535-2010-TC-S3.
135
Resolución N.° 138-2011-TC-S3.

113. Fuente: <http://www.asesorempresarial.com/web/blog_i.php?id=174>.
Respecto a los convivientes, el Código Civil regula esta figura bajo la de nominación
de unión de hecho, la cual se encuentra prevista en el artículo 326 del Código Civil
136
.
Del análisis de esta disposición, referida al concubinato, se puede concluir que la
unión de hecho trae como consecuencia derechos de tipo patrimonial, mas no implica
vínculos de parentesco. En ese sentido, se puede apreciar que la existencia de una
unión de hecho no implica parentesco alguno. A pesar de esto, la normativa de
contrataciones ha establecido que los convivientes en ciertos casos se encuentran
impedidos de contratar con el Estado, equiparando este supuesto a una situación de
parentesco, contrario a lo dispuesto en la normativa civil.
Ahora bien, el citado artículo 326 detalla las características necesarias para poder
identificar a un “conviviente”. En ese sentido, solo se puede hablar de convivencia
cuando se cumplen los cinco requisitos señalados en la mencionada norma: 1) que
la unión sea voluntariamente realizada 2) entre varón y mujer, 3) que ambos se
encuentren libres de impedimento matrimonial, 4) que la unión sea para alcanzar
finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, 5) que haya durado
por lo menos dos años continuos.
Bajo las premisas antes señaladas, en la Resolución N.° 1377-2009-TC-S3, el
Tribunal de Contrataciones del Estado en un caso referido a una contratación
realizada por la conviviente de un trabajador de una entidad. Para sostener que la
contratista no tenía la calidad de conviviente, se refirió que el trabajador de la entidad
se encontraba ya casado con otra persona
137
. En ese sentido, al ser uno de los
impedimentos absolutos para el matrimonio el ya estar casado, de acuerdo con el
quinto numeral del artículo 241 del Código Civil
138
, no se cumplía con el tercer
requisito del artículo 326 del mencionado código, no configurándose el concubinato
y, por ende, el impedimento.
Por último, para poder delimitar el impedimento, Sergio TAMAYO
139
resalta el inicio del

136
Código Civil peruano
Artículo 326.- La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una
mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes
semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de
sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por
lo menos dos años continuos.
La posesión constante de estado a partir de fecha aproximada puede probarse con cualquiera
de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita.
La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. En este
último caso, el juez puede conceder, a elección del abandonado, una cantidad de dinero por
concepto de indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos que le
correspondan de conformidad con el régimen de sociedad de gananciales.
Tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, el
interesado tiene expedita, en su caso, la acción de enriquecimiento indebido.
137
"8. Ahora bien, de las normas antes reseñadas y en base a la documentación obrante en
autos, se ha verificado que la Contratista cuando contrató con la Entidad, no era conviviente del
el Auditor de la Oficina de Control Institucional de la Entidad, el señor Omar Nalvarte Estrada,
toda vez que este tenía la condición civil de casado con la señora Alejandrina Juli Vilca, dese el
7 de enero de 1986 hasta el 7 de setiembre del 2007, tal como lo demuestra la Partida de
Matrimonio Certificada por la Municipalidad Distrital de Sama, Provincia y Departamento de
Tacna, y que la Contratista exhibió al Tribunal en su escrito de descargos de fecha 16 de
noviembre del 2007 [...]".
138
Artículo 241.- No pueden contraer matrimonio: [...]
5.- Los casados.
139
TAMAYO, Sergio, "Impedimentos para contratar con el Estado: su fallida interpretación”, en

114. texto del literal respecto de la frase “en el ámbito y tiempo establecidos para las
personas señaladas en los literales precedentes”. Como vimos en la primera parte
de este artículo, los impedimentos prevén algunos límites a su aplicación. Estos
límites pueden ser espaciales (ámbito) o temporales (tiempo). Así, el ámbito de un
impedimento puede ser el ámbito de la provincia (para el caso de un regidor) o de la
entidad (para un empleado). El tiempo de un impedimento puede ser de, por ejemplo,
hasta doce meses después de haber dejado el cargo.
Asimismo, es importante resaltar las modificaciones efectuadas por el Decreto
Legislativo N.° 1341 a este literal, determinan que el rango de impedidos para
contratar con el Estado de forma indirecta en función del sujeto por consanguinidad
y afinidad ha sido reducido. Antes se establecía que el impedimento sea hasta el
cuarto grado de consanguinidad, es decir, hasta los primos o sobrinos nietos del
impedido, y el segundo de afinidad, es decir, hasta los nietos o abuelos del cónyuge;
sin embargo, ahora la norma varía el grado de impedimentos por consanguineidad
hasta el segundo grado, es decir, hasta abuelos y nietos del trabajador.
A nuestro parecer, esta modificación, si bien implica que los familiares lejanos —no
identificables— de personas que contratan con el Estado no se vean afectados de
forma injustificada por la inserción de su familiar al servicio del Estado o en forma
inversa, que un servidor no se vea cuestionado por las contrataciones de familiares
cercanos, también plantea la apertura de un espacio para la corrupción que de seguro
va ser aprovechado. Al respecto, esperamos que este aspecto pueda ser regulado o
modificado de tal modo que evite que sea un nuevo foco para la corrupción en aras
de intereses familiares y personales.

Opinión
La competencia territorial de los Alcaldes se circunscribe al territorio que constituye su
jurisdicción, ámbito en el cual aplica el impedimento desde que dejan el cargo y hasta
doce (12) meses posteriores a dicho evento; sin perjuicio de ello, mientras ejerzan como
Alcaldes, estos se encontrarán impedidos en todo proceso de contratación que se
convoque a nivel nacional, conforme a lo dispuesto en el literal d) del numeral 11.1 del
artículo 11 de la Ley.
Un Alcalde está impedido de ser participante, postor, contratista y/o subcontratista, en
todo proceso de contratación pública, incluyendo aquellas contrataciones cuyos montos
sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias; impedimento que
se aplica a las personas jurídicas en las que aquel sea integrante de los órganos de
administración, apoderado o representante legal, conforme a lo dispuesto en el literal k)
del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley.
El alcance del impedimento de una persona jurídica se circunscribe al ámbito y tiempo
dentro de los cuales se encuentra impedida la persona con la cual se vincula; esto es,
tratándose de un Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11.1 del
artículo 11 de la Ley, el impedimento de la persona jurídica regirá para todo proceso de
contratación a nivel nacional mientras el Alcalde se encuentre en ejercicio del cargo, y
sólo en el ámbito de su competencia territorial desde que aquel deje el cargo y hasta
doce (12) meses después de dicho evento.
Al culminar el ejercicio del cargo, el impedimento de los exalcaldes sólo aplica en el
ámbito de competencia territorial municipal que corresponda, es decir, el territorio que
constituía su respectiva jurisdicción.
El impedimento previsto en el literal h) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley,

Actualidad Gubernamental, N.° 41, p. VII-1 y ss.

115. aplicable al cónyuge, al conviviente o a los parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad de los Alcaldes, se circunscribe al ámbito de competencia
territorial en el que éstos ejercían el cargo, tanto durante su ejercicio como hasta doce
(12) meses después de concluido, conforme a lo dispuesto en el segundo acápite del
referido dispositivo. [Opinión N.° 034-2020/DTN]

4.2.2. Sobre el impedimento del literal i) y j)
El literal i) del artículo 11 establece que están impedidos:
I) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales
precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una
participación individual o conjunta superior al treinta por ciento (30 %) del capital o
patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria del
respectivo procedimiento de selección.
Singularmente en el caso de las personas jurídicas del literal i), en las que tienen
participación las personas impedidas, el Decreto Legislativo N.° 1341 modificó la
restricción a fin de señalar que ella alcanza a aquellas en las cuales las personas
impedidas tengan o hayan tenido una participación superior al 30 % (ya no 5 %) del
capital o patrimonio social, dentro de los doce meses anteriores a la convocatoria del
respectivo procedimiento de selección; esto a fin de alinear criterios con las normas
tributarias respecto a vinculación por propiedad.
Asimismo, el Decreto Legislativo N.° 1444, que varía la modificatoria a la Ley de
Contrataciones, establece que la participación superior al 30 % puede calcularse
forma individual o conjunta; la sumatoria de este impedimento debe ser determinado
a través de una opinión del OSCE.
A continuación, presentamos una opinión de la Dirección Técnico Normativa del
OSCE a modo de jurisprudencia:
Jurisprudencia
Al respecto, con la finalidad de conocer los alcances de los impedimentos regulados
en el numeral 11.1. del artículo 11 de la ley, resulta relevante indicar que el numeral
248.1 del artículo 248 del Reglamento precisa algunos aspectos relacionados con la
aplicación del impedimento establecido para el cónyuge, el conviviente y parientes a
los que se refiere el literal h) del numeral 11.1. del artículo 11 de la ley, de tal manera
que a estos últimos se les aplique el impedimento de la persona con la que guardan
relación pero de una forma más restringida.
Así, el numeral 248.1. del artículo 248 del Reglamento determina cuándo se configura
el impedimento establecido para el cónyuge, el conviviente y parientes a los que refiere
el literal h) del numeral 11.1. del artículo 11 de la ley, realizándose la precisión respecto
de los impedimentos previstos en los literales b) , d) y e) de dicho numeral, los que, al
definir el supuesto de hecho, utilizan la misma estructura que la empleada en el
impedimento previsto en el literal c).
En esa medida, conforme al criterio contenido en la Opinión 140-2017/DTN, entre
otras, los impedimentos establecidos en los literales a) al e) del numeral 11.1. del
artículo 11 de la Ley tienen alcance nacional mientras las personas señaladas en estos
se mantengan en ejercicio del cargo.
En relación con lo señalado, resulta pertinente mencionar que el numeral 1 del artículo
4 de la LOPE dispone que es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo: “Diseñar y
supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento
obligatorio por todas las Entidades del Estado en todos los niveles de gobierno”.
En razón de todo lo expuesto, el impedimento para ser participante, postor, contratista
y/o subcontratista en cualquier régimen de contratación pública referido a los Ministros

116. y Viceministros , se aplica en virtud de dos criterios: el ámbito y el tiempo; así durante
el ejercicio del cargo los Ministros y Viceministros están impedidos de ser
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, en atención al ámbito, en
todos los procesos de contratación pública a nivel nacional, sea o no del sector en el
cual están ejerciendo el cargo.
Asimismo, después del ejercicio del cargo los ex Ministros y ex Viceministros están
impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, en virtud del
tiempo, en todos los procesos de contratación pública del sector
140
del que fueron
parte, hasta los doce (12) meses posteriores de haber dejado el cargo.
Por tanto, los Ministros y Viceministros están impedidos de ser participantes, postores,
contratistas y/o subcontratistas de acuerdo a lo siguiente: i) Durante el ejercicio del
cargo: En todos los procesos de contratación pública a nivel nacional y ii) Hasta los
doce (12) meses posteriores de haber dejado el cargo: En los procesos de contratación
pública del sector del que fueron parte.
Por otro lado, corresponde señalar que el literal i) del artículo 11 de la ley establece
que están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas,
incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la ley:
En el ámbito y tiempo establecidos para las personas
naturales señaladas en los literales precedentes, las
personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan
tenido una participación superior al treinta por ciento (30
%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12)
meses anteriores a la convocatoria del respectivo
procedimiento de selección.

Como se aprecia, el impedimento que tienen las personas naturales o jurídicas
descritas en los literales del a) al h) del artículo 11 de la ley para ser participantes,
postores, contratistas y/o subcontratistas, se extiende también a aquellas personas
jurídicas en las cuales dichas personas tengan o hayan tenido una participación
superior al treinta por ciento (30 %) del capital o patrimonio social, dentro del periodo
de doce (12) meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de
selección.
En tal sentido, conforme al criterio contenido en el numeral 2.2. de la presente opinión,
una persona jurídica en la que un ministro y/o viceministro de Estado participe o hayan
participado con un porcentaje superior al treinta por ciento (30 %) de capital o
patrimonio social (dentro de los doce meses anteriores a la convocatoria del respectivo
procedimiento de selección) se encontrará impedida para contratar con el Estado. Este
impedimento es aplicable de acuerdo a lo siguiente: i) Durante el ejercicio del cargo:
En todos los procesos de contratación pública a nivel nacional y ii) Hasta los doce
(12) meses posteriores de haber dejado el cargo: Los procesos de contratación
pública del sector del que fueron parte.
En consecuencia, si durante los doce (12) meses anteriores a la convocatoria del
respectivo procedimiento de selección un ministro y/o viceministro de Estado cuenta o
contaba con una participación superior al treinta por ciento (30 %) del capital o
patrimonio social de una persona jurídica, el impedimento de la persona jurídica se
aplica respecto a todos los procesos de contratación pública a nivel nacional
mientras dure el ejercicio del cargo de la referidas autoridades; por otro lado, si
durante los doce (12) meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento
de selección un exministro y/o ex viceministro —siempre que se encuentre dentro de
los doce (12) meses posteriores de haber dejado el cargo— cuenta o contaba con una
participación superior al treinta por ciento (30 %) del capital o patrimonio social de una
persona jurídica, el impedimento de la persona jurídica se aplica solo en los

140
De conformidad con lo indicado en la Opinión N.° 262-2017/DTN, un sector está constituido
por una actividad económica o social específica, pública o privada, comprendido en un ministerio,
cuya competencia es de ámbito nacional.

117. procesos de contratación pública del sector del que fueron parte dichas ex
autoridades. [El resaltado es nuestro].
Finalmente, en el caso de los gobiernos regionales y municipales, a efectos de analizar
la aplicación de dicho impedimento respecto del exministro y/o viceministro de Estado
hasta los doce (12) meses posteriores de haber dejado el cargo —en donde el
impedimento aplicaría sobre los procedimientos de selección del sector del cual fueron
parte— debe analizarse, además, la normativa de la materia que regula el ejercicio de
funciones sectoriales a dichas instancias del gobierno, tales como la Ley N.° 27783
“Ley de Bases de la Descentralización”, entre otras.
3. Conclusiones
Los ministros y viceministros están impedidos de ser participantes, postores,
contratistas y/o subcontratistas de acuerdo a lo siguiente: i) Durante el ejercicio del
cargo: En todos los procesos de contratación pública a nivel nacional y ii) Hasta los
doce (12) meses posteriores de haber dejado el cargo: En los procesos de contratación
pública del sector del que fueron parte.
Si durante los doce (12) meses anteriores a la convocatoria del respectivo
procedimiento de selección un ministro y/o viceministro de Estado cuenta o contaba
con una participación superior al treinta por ciento (30 %) del capital o patrimonio social
de una persona jurídica, el impedimento de la persona jurídica se aplica respecto a
todos los procesos de contratación pública a nivel nacional mientras dure el ejercicio
del cargo de las referidas autoridades.
Si durante los doce (12) meses anteriores a la convocatoria del respectivo
procedimiento de selección un ex ministro y/o ex Viceministro —siempre que se
encuentre dentro de los doce (12) meses posteriores de haber dejado el cargo—
cuenta o contaba con una participación superior al treinta por ciento (30 %) del capital
o patrimonio social de una persona jurídica, el impedimento de la persona jurídica se
aplica solo en los procesos de contratación pública del sector del que fueron parte
dichas ex autoridades. [Opinión N.° 124-2018/DTN].

Opinión
En el marco de la aplicación del impedimento contemplado en el literal i) del numeral 11.1 del
artículo 11 de la Ley, si en la persona jurídica concurren dos o más personas que, en mérito a lo
dispuesto por los literales que van desde el “a” hasta el “h” del artículo 11 de la Ley, se encuentran
impedidas de ser participantes, postoras, contratistas o subcontratistas, la participación que
tengan o hubiesen tenido estas (considerando los 12 meses previos a la convocatoria del
procedimiento de selección) en el capital o patrimonio social, deberá sumarse para determinar si
la persona jurídica también se encuentra impedida. Si se verifica que tras la sumatoria la
mencionada participación supera el 30% del capital o patrimonio social, entonces la persona
jurídica se encontrará impedida.
En el marco del impedimento del literal i) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, respecto de
su alcance para la persona jurídica, este será el mismo que resulte aplicable a las personas
naturales cuya participación conjunta en la persona jurídica sea mayor al 30% del patrimonio o
capital social. Si las personas impedidas que concurren en la persona jurídica con una
participación mayor al 30% del capital o patrimonio social, ostentasen impedimentos cuyo alcance
es distinto, esta persona jurídica estará impedida en el ámbito y tiempo que el artículo 11 de la
Ley hubiese previsto para cada una de las personas impedidas que concurren en la persona
jurídica con una participación mayor al 30% del capital o patrimonio social; es decir, deberá
considerarse el alcance que la Ley ha establecido para cada una de las personas impedidas que
participan en la persona jurídica. [Opinión N.° 035-2021/DTN]

Asimismo, el literal j) del artículo 11 establece que están impedidos:
j) En el ámbito y tiempo establecido para las personas señaladas en los literales
precedentes, las personas jurídicas sin fines de lucro en las que aquellas participen
o hayan participado como asociados o miembros de sus consejos directivos, dentro
de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de

118. selección.
Tanto el literal i) como el literal j) antes citados están referidos a un mismo tema: las
personas jurídicas impedidas. Pues mediante las organizaciones societarias se
puede intentar burlar los impedimentos establecidos en la normativa de
contrataciones del Estado.
En el literal i) se hace referencia a las personas jurídicas en general, sin diferenciar
si estas tienen algún fin de lucro o no. Sin embargo, el literal j) si está determinado
exclusivamente para el caso de las personas jurídicas sin fines de lucro, es decir, las
previstas en el Código Civil: asociación
141
, fundación
142
y comité
143
.
No obstante:
No hay que dejar de lado a las personas jurídicas reguladas en la Ley
N.° 26887, Ley General de Sociedades (LGS) ni a las empresas
individuales o unipersonales de responsabilidad limitada (EIRL). Estas
últimas también estarían impedidas de contratar con el Estado en la
medida que la persona natural titular que constituye la referida
empresa sea un funcionario público o alguno de sus parientes hasta
el cuarto [ahora segundo] grado de consanguinidad o segundo de
afinidad o cualquiera de las personas previstas en los literales
precedentes; toda vez que de conformidad con lo establecido en los
artículos 1, 2, 18 y 19 del Decreto Ley N.° 21621, Ley que norma la
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, la EIRL es una
persona jurídica de derecho privado, constituida por voluntad
unipersonal, con patrimonio propio distinto al de su titular, que se
constituye para el desarrollo exclusivo de actividades económicas de
Pequeña Empresa, al amparo del Decreto Ley N.° 21435; asimismo,
el capital de la empresa está constituido, inicialmente, por los bienes
que aporta quien la constituye y luego por los sucesivos incrementos
que se refiere el artículo 55 de la mencionada norma. Este criterio ha
sido adoptado por el Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (CONSUCODE), actualmente Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE)
144
.
145


4.2.3. Sobre el impedimento del literal k)
El literal k) del artículo 11 establece que están impedidos:
k) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales
precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de admi-
nistración, apoderados o representantes legales sean las referidas personas.
Idéntica prohibición se extiende a las personas naturales que tengan como
apoderados o representantes a las citadas personas.
Al respecto, Sergio TAMAYO
146
señala que, según la sección cuarta de la Ley General

141
Código Civil peruano
Artículo 80.- La asociación es una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de
ambas, que a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo.
142
Código Civil peruano
Artículo 99.- La fundación es una organización no lucrativa instituida mediante la afectación de
uno o más bienes para la realización de objetivos de carácter religioso, asistencial, cultural u
otros de interés social.
143
Código Civil peruano
Artículo 111.- El comité es la organización de personas naturales o jurídicas, o de ambas,
dedicada a la recaudación pública de aportes destinados a una finalidad altruista […].
144
Informe N.° 018-2005.
145
TAMAYO, Sergio, "Impedimentos para contratar con el Estado: su fallida interpretación", en
Actualidad Gubernamental N.° 41, p. VII-1 y ss.
146
TAMAYO, Sergio, "Impedimentos para contratar con el Estado: su fallida interpretación", en
Actualidad Gubernamental N.° 41, p. VII-1 y ss.

119. de Sociedades, los órganos de administración son la Junta General de Accionistas
147
,
el Directorio
148
y la Gerencia
149
. En ese sentido los accionistas, directores o gerentes
que sean las personas de los literales precedentes configuran impedimento en contra
de la persona jurídica a la que pertenecen.
Este impedimento ha sido burlado muchas veces simplemente realizando un cambio
aparente en las personas que ocupaban estos cargos, nombrando a nuevos
representantes que en la práctica no se inscriben en los Registros Públicos. Uno de
los sustentos para estas malas prácticas es lo establecido en el artículo 14 de la Ley
General de Sociedades, que señala que “el nombramiento de administradores, de
liquidadores o de cualquier representante de la sociedad así como el otorgamiento
de poderes por esta surten efecto desde su aceptación expresa o desde que las
referidas personas desempeñan la función o ejercen tales poderes [...]” (el resaltado
es nuestro).
Asimismo, el citado artículo detalla que “estos actos o cualquier revocación, renuncia,
modificación o sustitución de las personas mencionadas en el párrafo anterior o de
sus poderes, deben inscribirse dejando constancia del nombre y documento de
identidad del designado o del representante, según el caso” (el resaltado es nuestro),
mencionando además que las inscripciones se realizarán en el registro del lugar del
domicilio de la sociedad.
De lo anterior se comprueba que, en un principio, no se exige la inscripción en los
Registros Públicos de la renuncia de un apoderado para que surta efectos legales.
No obstante, de lo anterior no se puede concluir necesariamente si, para efectos de
la aplicación de los impedimentos contemplados en los citados literales del artículo
11, la inscripción en los Registros Públicos de la renuncia de un apoderado no resulta
aplicable.
Sin embargo, los efectos legales de una norma al interior de una sociedad no
necesariamente producen los mismos efectos frente a terceros. Así, el vigente
Código de Comercio de 1902 dispone, en su artículo 26, que los documentos inscritos
en el registro solo producirán efecto legal en perjuicio de tercero desde la fecha de
su inscripción. Asimismo, el artículo 29 del citado Código indica que “los poderes no
registrados producirán acción entre el mandante y el mandatario; pero no podrán
utilizarse en perjuicio de tercero [...]” (el resaltado es nuestro).

147
Ley N.° 26887, Ley General de Sociedades
Artículo 111.- Concepto
La junta general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos
en junta general debidamente convocada, y con el quórum correspondiente, deciden por la
mayoría que establece esta ley los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas,
incluso los disidentes y los que no hubieren participado en la reunión, están sometidos a los
acuerdos adoptados por la junta general.
148
Ley N.° 26887, Ley General de Sociedades
Artículo 153.- Órgano colegiado y elección
El directorio es órgano colegiado elegido por la junta general. Cuando una o más clases de
acciones tengan derecho a elegir un determinado número de directores, la elección de dichos
directores se hará en junta especial.
149
Ley N.° 26887, Ley General de Sociedades
Artículo 185.- Designación
La sociedad cuenta con uno o más gerentes designados por el directorio, salvo que el estatuto
reserve esa facultad a la junta general. Cuando se designe un solo gerente este será el gerente
general y cuando se designe más de un gerente, debe indicarse en cuál o cuáles de ellos recae
el título de gerente general. A falta de tal indicación se considera gerente general al designado
en primer lugar.

120. Al respecto, la doctrina señala:
Los documentos sujetos a inscripción y no inscritos, carecen de
eficacia respecto a terceros (“inoponibilidad de lo no inscrito”),
salvo que el tercero lo invoque para favorecerse con el conocimiento
extrarregistral del hecho. Por ejemplo, una sociedad revoca un poder
a un gerente inscrito, sin embargo, omite inscribir la revocatoria; aquí
los terceros no podrán ser perjudicados por la revocación no inscrita,
quienes más bien serán amparados por la inscripción previa que no
ha sido modificada [...]
150
.

[El resaltado es nuestro].

De todo lo anterior se pude concluir que, frente a terceros, los actos de renuncia,
nombramiento o modificación en los integrantes de los órganos de administración,
apoderados o representantes legales de personas jurídicas recién surte efectos con
la inscripción en Registros Públicos, porque es en ese momento en el que se pude
tener conocimiento de si se encuentra dentro de los alcances del impedimento.
Por otro lado, el artículo 2012 del Código Civil establece, respecto de los Registros
Públicos, que “se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene
conocimiento del contenido de las inscripciones”. Al presumirse que lo consignado
en los Registros Públicos es conocido por todos sin excepción, los participantes y el
Comité de Selección deben guiarse por lo consignado en los citados registros.
Adicionalmente, el artículo 2013 del mencionado código, refiriéndose a los Registros
Públicos, establece que “el contenido de la inscripción se presume cierto y produce
todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez”
(el resaltado es nuestro). De acuerdo con lo anterior, al no haberse modificado el
apoderado designado en los Registros Públicos, estos datos se toman como ciertos.
Esto se ve confirmado, por los principios que rigen las contrataciones públicas,
contemplados en el artículo 2 de la ley, como por ejemplo el principio de
transparencia y de publicidad. En virtud de estos principios, si no se publican estas
modificaciones en los Registros Públicos, no hay forma de que los potenciales
participantes o postores puedan tener conocimiento cabal de la situación de una
empresa participante, lo que acarrea que se pueda desincentivar la participación,
pues no existió difusión adecuada de un hecho que afecta a una empresa postora.
Por otro lado, el Comité de Selección de un procedimiento tampoco tiene forma de
saber, en un caso concreto, si una empresa se encuentra dentro de una causal de
impedimento, si su situación societaria ha sido modificada y esta modificación no ha
sido consignada en los Registros Públicos.
En ese sentido, si bien se encuentra reconocido el principio de presunción de
veracidad
151
, el cual respalda la declaración jurada presentada por el postor durante
un procedimiento de selección, esta presunción admite como prueba en contrario que
durante el procedimiento exista una inscripción en Registros Públicos que demuestre
que hasta cierta fecha la persona jurídica no había modificado a sus integrantes o
representantes.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Comité de Selección debe considerar como

150
GONZALES, Gunther, Introducción al derecho registral y notarial, 2.
a
ed., Lima: Jurista Editores,
2008, p. 352.
151
Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, artículo IV
"[...] 1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo,
se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma
prescrita por esta ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción
admite prueba en contrario"

121. válida la información consignada en los Registros Públicos, no pudiendo argumentar
que la desconoce. En ese sentido, de encontrarse un integrante de una persona
jurídica, dentro de los supuestos de impedimento de acuerdo con la información de
los mencionados registros, la citada persona jurídica estaría impedida de ser
participante, postor o contratista en los procedimientos de contratación con el Estado
—criterio establecido por el OSCE—
152
.
A continuación, presentamos una opinión de la Dirección Técnico Normativa del
OSCE al respecto:
Jurisprudencia
En virtud de lo dispuesto por el literal k) del artículo 11 de la ley, se encontrarán
impedidos de contratar, por sí mismos, como personal natural o jurídica, los socios,
accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración,
apoderados o representantes legales que integran o integraron en los doce (12) meses
anteriores a la imposición de la sanción —salvo que hayan dejado de integrar el
proveedor sancionado más de doce meses antes de la imposición de la sanción—,
durante todo el tiempo que la sanción impuesta al proveedor sancionado se encuentre
vigente, es decir, de manera temporal o permanentemente.
Asimismo, se encontrarán impedidos de contratar con el Estado, como persona natural
o jurídica, los socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los
órganos de administración, apoderados o representantes legales que integran o
integraron la persona jurídica sancionada al momento de imponerse la sanción o en
cualquier momento dentro de los doce (12) meses anteriores a ello. Asimismo, estarán
impedidas las personas jurídicas integradas por alguno de los antes mencionados.
[Opinión N.° 080-2017/DTN].


Opinión
La competencia territorial de los Alcaldes se circunscribe al territorio que constituye su jurisdicción,
ámbito en el cual aplica el impedimento desde que dejan el cargo y hasta doce (12) meses posteriores
a dicho evento; sin perjuicio de ello, mientras ejerzan como Alcaldes, estos se encontrarán impedidos
en todo proceso de contratación que se convoque a nivel nacional, conforme a lo dispuesto en el literal
d) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley.
Un Alcalde está impedido de ser participante, postor, contratista y/o subcontratista, en todo proceso de
contratación pública, incluyendo aquellas contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho
(8) Unidades Impositivas Tributarias; impedimento que se aplica a las personas jurídicas en las que
aquel sea integrante de los órganos de administración, apoderado o representante legal, conforme a
lo dispuesto en el literal k) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley.
El alcance del impedimento de una persona jurídica se circunscribe al ámbito y tiempo dentro de los
cuales se encuentra impedida la persona con la cual se vincula; esto es, tratándose de un Alcalde, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, el impedimento de la persona
jurídica regirá para todo proceso de contratación a nivel nacional mientras el Alcalde se encuentre en
ejercicio del cargo, y sólo en el ámbito de su competencia territorial desde que aquel deje el cargo y
hasta doce (12) meses después de dicho evento.
Al culminar el ejercicio del cargo, el impedimento de los exalcaldes sólo aplica en el ámbito de
competencia territorial municipal que corresponda, es decir, el territorio que constituía su respectiva
jurisdicción.
El impedimento previsto en el literal h) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, aplicable al cónyuge,
al conviviente o a los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de los Alcaldes,
se circunscribe al ámbito de competencia territorial en el que éstos ejercían el cargo, tanto durante su
ejercicio como hasta doce (12) meses después de concluido, conforme a lo dispuesto en el segundo
acápite del referido dispositivo. [Opinión N.° 034-2020/DTN]


152
Opinión N.° 079-2011/DTN.

122. 4.2.4. Sobre el impedimento del literal l)
El literal l) del artículo 11 establece que están impedidos:
l) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas inhabilitadas o
suspendidas para contratar con el Estado.
Las causales para estar inhabilitado de contratar con el Estado son varias
153
. Cuando,

153
Artículo 50 de la Ley N.° 30225.- Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes,
postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o
supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del
artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:
a) Desistirse o retirar injustificadamente su oferta.
b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar
Acuerdos Marco.
c) Contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley.
d) Subcontratar prestaciones sin autorización de la Entidad o en porcentaje mayor al permitido
por el Reglamento o cuando el subcontratista no cuente con inscripción vigente en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP), esté impedido o inhabilitado o suspendido para
contratar con el Estado.
e) Incumplir la obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente o supervisor
de obra, salvo en aquellos casos en que la normativa lo permita.
f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco, siempre que dicha
resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.
g) No proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo, según lo
requerido por la Entidad, cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o declarada
en vía arbitral.
h) Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.
i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado,
al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas-Perú Compras. En el caso de las
Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de
evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de
selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal
de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar
relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias.
j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones
del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), o a la Central de Compras Públicas-Perú Compras.
k) Suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad
libre de contratación, en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).
l) Perfeccionar el contrato, luego de notificada en el Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado (SEACE) la suspensión, recomendación de nulidad o la nulidad del proceso de
contratación dispuesta por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE) en el ejercicio de sus funciones.
m) Formular fichas técnicas o estudios de pre inversión o expedientes técnicos con omisiones,
deficiencias o información equivocada, o supervisar la ejecución de obras faltando al deber
de velar por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación,
ocasionando perjuicio económico a las Entidades.
n) Presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de
absolución de consultas y/u observaciones.
o) Presentar recursos maliciosos o manifiestamente infundados.

123. Para los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, solo son aplicables
las infracciones previstas en los literales c), h), i), j) y k), del presente numeral.
La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en este artículo es objetiva, salvo en
aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta.
50.2 Para los casos a que se refiere el literal a) del numeral 5.1. del artículo 5 de la presente Ley,
solo son aplicables las infracciones previstas en los literales c), i), j) y k), del numeral precedente.
50.3 La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en este artículo es objetiva, salvo
en aquellos tipos infractores previsto en los literales a), b), h), y n) del numeral 50.1 del presente
artículo”.
50.4 Las sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales por la misma infracción, son:
a) Multa: Es la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar en favor del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), un monto económico no
menor del cinco por ciento (5 %) ni mayor al quince por ciento (15 %) de la oferta económica
o del contrato, según corresponda, el cual no puede ser inferior a una (1) UIT, por la comisión
de las infracciones establecidas en los literales a), b), d), e), k), l), m) y n) Si no se puede
determinar el monto de la oferta económica o del contrato se impone una multa entre cinco
(5) y quince (15) UIT. La resolución que imponga la multa establece como medida cautelar
la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección,
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, por un
plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses. El periodo de suspensión
dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia, no se considera para el cómputo
de la inhabilitación definitiva. Esta sanción es también aplicable a las Entidades cuando
actúen como proveedores conforme a Ley, por la comisión de cualquiera de las infracciones
previstas en el presente artículo.
b) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un periodo determinado del ejercicio
del derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar
o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con
el Estado. Esta inhabilitación es no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36)
meses ante la comisión de las infracciones establecidas en los literales c), f), g), h) e i) y en
caso de reincidencia en la infracción prevista en los literales m) y n). En el caso de la
infracción prevista en el literal j), esta inhabilitación es no menor de treinta y seis (36) meses
ni mayor de sesenta (60) meses.
c) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del ejercicio del derecho a
participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o
extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el
Estado. Esta sanción se aplica al proveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se le
hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto,
sumen más de treinta y seis (36) meses, o que reincida en la infracción prevista.
50.5 La inhabilitación o multa que se imponga no exime de la obligación de cumplir con los
contratos ya suscritos a la fecha en que la sanción queda firme.
50.6 El reglamento establece las reglas del procedimiento sancionador, los mecanismos de cobro
de la multa impuesta, las formas de aplicar sanciones a consorcios, la gradualidad y
proporcionalidad de la imposición de la sanción y demás reglas necesarias. En el caso de
consorcio, la sanción recae sobre el integrante que haya incurrido en alguna o algunas de las
infracciones tipificadas en el numeral 50.1. de la presente ley; tratándose de declaraciones
juradas y toda información presentada en el procedimiento de selección, solo involucra a la propia
situación de cada integrante.
50.7 Las infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las sanciones prescriben
a los tres (3) años conforme a lo señalado en el reglamento. Tratándose de documentación falsa
la sanción prescribe a los siete (7) años de cometida.
50.8 Cuando para la determinación de responsabilidad, sea necesario contar, previamente, con
decisión judicial o arbitral, el plazo de prescripción se suspende por el periodo que dure dicho
proceso jurisdiccional. Asimismo, el plazo de prescripción se suspende cuando el Poder Judicial
ordene la suspensión del procedimiento sancionador.
50.9 Las sanciones se publican en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). La publicación
de los sancionados incluye información de los socios o titulares y de los integrantes de los
órganos de administración, así como el récord de sanciones de los últimos cuatro (4) años, de

124. un postor, sea persona natural o jurídica, es declarado inhabilitado para contratar con
el Estado por una cantidad de meses o años, se configura el impedimento descrito
en el presente literal. Esta inhabilitación puede ser de carácter temporal (por un
periodo de meses) o definitiva (de forma permanente).
Sin embargo, uno de los problemas de este impedimento es que es fácil burlarse de
él, pues, aunque una empresa esté inhabilitada, se ha interpretado que sus productos
no lo están, motivo por el cual “la sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones
del Estado, no podría afectar la posibilidad de comercializar sus productos en el
ámbito privado o que otros proveedores (personas naturales o jurídicas),
comercialicen dichos productos en el ámbito estatal”
154
. Este criterio ha sido
establecido por el OSCE y al parecer ha sido corregido con las modificaciones
efectuadas por el Decreto Legislativo N.° 1444 al artículo 11 de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Por otra parte, la condición de suspensión (o suspendido) “se genera el día siguiente
al vencimiento del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la
resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y comunique el
pago del monto íntegro de la multa”.
De igual forma, la condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente a
aquel en que la Unidad de Finanzas de la Oficina de Administración del OSCE
verifique que la comunicación de pago del proveedor sancionado no ha sido efectiva,
salvo que aún no hubiera vencido el plazo de 7 días hábiles de haber quedado firme
la resolución sancionadora.
La suspensión impide al proveedor sancionado participar en cualquier procedimiento
de selección o en procedimientos para implementar o extender la vigencia de los
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, y contratar con el Estado. Asimismo, el
proveedor suspendido no podrá inscribirse ni reactivar la vigencia de su inscripción
en el Registro Nacional de Proveedores, ni aumentar su capacidad máxima de
contratación o ampliar su especialidad.
El SITCE automáticamente incluye al proveedor sancionado en el registro de

conformidad con el procedimiento previsto en el reglamento.
50.10 Son criterios de graduación de la sanción, aún por debajo del mínimo previsto, la ausencia
de intencionalidad del infractor, la inexistencia o grado mínimo de daño a la entidad, el
reconocimiento de la infracción antes que sea detectada, la ausencia de sanciones anteriores, la
conducta correcta dentro del procedimiento sancionador, y la adopción e implementación,
después de la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento sancionador de un
modelo de prevención debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades
y características de la contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas
para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para reducir significativamente el riesgo
de su comisión. El Tribunal debe motivar su decisión de graduar la sanción.
50.11 La graduación de la sanción por debajo del mínimo prevista en el numeral anterior no
procede en el caso de los literales c), d), j), l) y n) del numeral 50.1. del presente artículo.
50.12 En caso de reorganización societaria el Tribunal inicia o prosigue el procedimiento
administrativo sancionador contra la persona jurídica que haya surgido de dicha reorganización,
la que debe asumir las consecuencias de la responsabilidad administrativa en caso el Tribunal
determine su existencia.
50.13. Los profesionales sancionados por incurrir en la infracción establecida en el literal e) del
numeral 50.14. del presente artículo, no pueden integrar el plantel de profesionales propuestos
ni participar brindando servicios en un contrato con el Estado, mientras la sanción se encuentre
pendiente de cumplimiento. En caso de advertirse el incumplimiento de esta disposición la
propuesta debe ser descalificada.
154
Opinión N.º 040-2010/DTN, Opinión N.º 0602010/DTN.

125. suspendidos del RNP, a fin de que se impida la emisión de la constancia de
capacidad libre de contratación”
155
.
Opinión
La persona jurídica que tenga como accionista a otra que se encuentre sancionada con
inhabilitación temporal o permanente se encontrará impedida de ser participante, postor,
contratista o subcontratista; ello, siempre que la participación de la persona inhabilitada
sea superior al 30% del capital o patrimonio social, y que, además, ambas personas
realicen las mismas actividades sociales. El impedimento será aplicable mientras la
sanción se encuentre vigente.
La persona jurídica que tenga como representante legal a una persona que, a su vez,
es o ha sido representante legal al momento en que se cometió la infracción de otra
persona jurídica que se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado, se
encontrará impedida de ser participante, postor, contratista o subcontratista; siempre
que estas personas jurídicas desarrollen las mismas actividades sociales. El
impedimento será aplicable mientras la sanción se encuentre vigente
La finalidad de los impedimentos que se derivan de lo establecido en el literal s), del
numeral 11.1., del artículo 11 de la Ley es evitar que las personas jurídicas inhabilitadas,
eludan dicha sanción participando de los procesos de contratación convocados por las
entidades utilizando para estos efectos a otra persona jurídica. En relación con ello, la
circunstancia de que la sanción de inhabilitación hubiese sido impuesta durante la
vigencia del D.L.N°1341, no será relevante a efectos de la configuración del
impedimento que es objeto de análisis en la presente opinión. [Opinión N.° 190-
2019/DTN]

Opinión
A partir del 30 de enero de 2019, las personas jurídicas cuyos integrantes formen o
hayan formado parte, en la fecha en que se cometió la infracción, de personas jurídicas
con el mismo objeto social que se encuentren sancionadas administrativamente con
inhabilitación temporal o permanente, se encuentran impedidas de ser participantes,
postores, contratistas y/o subcontratistas del Estado, incluso cuando la infracción se
hubiera cometido en una fecha anterior al 30 de enero del 2019. La normativa de
contrataciones del Estado sólo restringe la inscripción en el Registro Nacional de
Proveedores a aquellas personas, naturales o jurídicas, inmersas en el impedimento
previsto en el literal l) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, esto es, aquellas
inhabilitadas o suspendidas para contratar con el Estado según dicho literal. [Opinión
N.° 031-2021/DTN]

4.2.5. Sobre el impedimento del literal m)
El literal m) del artículo 11 establece que están impedidos:
m) En todo proceso de contratación, las personas condenadas, en el país o el
extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de con-
cusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de
influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o
delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países. El
impedimento se extiende a las personas que, directamente o a través de sus
representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de
los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera
competente.

155
Directiva N.° 008-2019-OSCE/CD, "Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa
impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado".

126. El Decreto Legislativo N.° 1444 incorporó al texto de la ley el supuesto de
impedimento que alcanza a las personas naturales que hayan sido condenadas en
el país o en el extranjero por la comisión de delitos de concusión, peculado,
corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y actos
ilícitos en remates, licitaciones, concursos públicos o delitos equivalentes,
precisándose que el impedimento alcanza a las personas jurídicas cuyos
representantes legales hayan sido condenados por los mismos delitos, así como a la
persona jurídica cuando el delito ha sido cometido en su nombre o por cuenta de ella
y en su beneficio directo o indirecto comprobado judicialmente. También se precisa
que el impedimento alcanza a las personas naturales o jurídicas cuando estas,
directamente o a través de sus representantes o personas vinculadas, hubieran
admitido o reconocido la comisión de los delitos ante autoridad nacional o extranjera
competente.
Opinión

En l Si en cumplimiento de lo dispuesto y regulado en la Ley N° 30737 existiese un Acuerdo
de Colaboración Eficaz que tenga como beneficio la inaplicación de los impedimentos
previstos en los literales m) y n) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley de
Contrataciones del Estado, y siempre que se hubiese cumplido con todas las
condiciones exigidas para la obtención de dicho beneficio, no podría restringirse a la
persona jurídica de participar en un procedimiento de selección o contratar con el Estado
por los impedimentos previstos en los literales m) y n).
La Declaración Jurada prevista en el punto i) del literal b) del artículo 52 del Reglamento,
debe formar parte de la oferta que se presenta en el marco de un procedimiento de
selección en particular, el mismo que concluye cuando se configura alguno de los
supuestos previstos en el artículo 69 del Reglamento; cabe precisar que respecto a la
ejecución contractual la normativa de contrataciones ha dispuesto la obligación de
incorporar cláusulas anticorrupción en los contratos. [Opinión N.° 082-2020/DTN]


Opinión

En l Uno de los supuestos para la configuración de los impedimentos previstos en los literales
m) y n) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley es que la sentencia por la comisión de
alguno de los delitos mencionados en dichos incisos –cuando su emisión corresponda-
, debe tener la condición de consentida o ejecutoriada, de conformidad con la normativa
que regule dicha materia.

El delito de colusión, al pertenecer al rubro de delitos de Concusión –que comprende
todos los tipos penales descritos desde al artículo 382 hasta el artículo 386 del Código
Penal-, se encuentra comprendido en los supuestos previstos en los literales m) y n) del
numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley. [Opinión N.° 116-2020/DTN]


Opinión

En la medida que el arbitraje a que se refiere el literal e) del artículo 4 de la Ley constituye

127. una “jurisdicción privada” que acompaña el abastecimiento del Estado, su contratación
no se enmarca dentro del proceso de abastecimiento regulado por el artículo 76 de la
Constitución Política del Perú, por lo cual, de los impedimentos del numeral 11.1 del
artículo 11 de la Ley, únicamente le resulta aplicable -salvo disposición legal en
contrario- el impedimento establecido en el literal m), ello sin perjuicio de lo indicado en
el artículo 231 del Reglamento.
Si bien es cierto que la contratación de árbitros a que se refiere el literal e) del artículo 4
de la Ley no se encuentra comprendida en el artículo 76 de la Carta Magna, no obstante
involucra el uso de recursos públicos en el marco de un proceso de contratación y las
materias que resuelven son de orden público; por tanto, la contratación de árbitros en el
marco de lo señalado aquella disposición, se debe realizar observando los principios
que rigen en la contratación pública, como por ejemplo los principios de integridad,
igualdad de trato, entre otros, así como los principios que rigen tanto la conducta de los
árbitros como de los funcionarios públicos vinculados a su contratación. [Opinión N.°
131-2020/DTN]

4.2.6. Sobre el impedimento del literal n)
El literal n) del artículo 11 establece que están impedidos:
n) En todo proceso de contratación, las personas jurídicas cuyos representantes legales
o personas vinculadas que (i) hubiesen sido condenadas, en el país o el extranjero,
mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado,
corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos
cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso
estos hayan sido cometidos en otros países; o (ii) directamente o a través de sus
representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los
delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente.
Tratándose de consorcios, el impedimento se extiende a los representantes legales
o personas vinculadas a cualquiera de los integrantes del consorcio.
Al respecto, es importante detallar que cada uno de los tipos penales señalados en
el literal n) se encuentran detallados como títulos de sección el Código Penal y
constan de otros subtipos penales como detallamos a continuación:
Sección II: Concusión
Artículo 382
Concusión
Artículo 383
Cobro indebido
Artículo 384
Colusión simple y agravada
Artículo 385
Patrocinio ilegal
Artículo 386
Responsabilidad de peritos, árbitros y contadores particulares

Sección III: Peculado
Artículo 387
Peculado doloso y culposo
Artículo 388
Peculado en uso
Artículo 389
Malversación
Artículo 390
Retardo injustificado de pago
Artículo 391
Rehusamiento a entrega de bienes depositados o puestos en
custodia
Artículo 392

128. Extensión del tipo

Sección IV: Corrupción de funcionarios
Artículo 393
Cohecho pasivo propio
Artículo 393-A.
Soborno internacional pasivo
Artículo 394.
Cohecho pasivo impropio
Artículo 395
Cohecho pasivo específico
Artículo 396
Corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales
Artículo 397
Cohecho activo genérico
Artículo 397-A
Cohecho activo transnacional
Artículo 398
Cohecho activo específico
Artículo 399
Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de
cargo
Artículo 400
Tráfico de influencias
Articulo 401
Enriquecimiento ilícito
Articulo 401-A
Decomiso
Artículo 401-B
Adjudicación al Estado de bienes decomisados

Asimismo, la Dirección Técnico normativa del OSCE señala:
Opinión
Si en cumplimiento de lo dispuesto y regulado en la Ley N° 30737 existiese un Acuerdo de
Colaboración Eficaz que tenga como beneficio la inaplicación de los impedimentos previstos en
los literales m) y n) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, y
siempre que se hubiese cumplido con todas las condiciones exigidas para la obtención de dicho
beneficio, no podría restringirse a la persona jurídica de participar en un procedimiento de
selección o contratar con el Estado por los impedimentos previstos en los literales m) y n).
La Declaración Jurada prevista en el punto i) del literal b) del artículo 52 del Reglamento, debe
formar parte de la oferta que se presenta en el marco de un procedimiento de selección en
particular, el mismo que concluye cuando se configura alguno de los supuestos previstos en el
artículo 69 del Reglamento; cabe precisar que respecto a la ejecución contractual la normativa de
contrataciones ha dispuesto la obligación de incorporar cláusulas anticorrupción en los contratos.
[Opinión N.° 082-2020/DTN]


Opinión
Uno de los supuestos para la configuración de los impedimentos previstos en los literales m) y n)
del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley es que la sentencia por la comisión de alguno de los
delitos mencionados en dichos incisos –cuando su emisión corresponda-, debe tener la condición
de consentida o ejecutoriada, de conformidad con la normativa que regule dicha materia.
El delito de colusión, al pertenecer al rubro de delitos de Concusión –que comprende todos los
tipos penales descritos desde al artículo 382 hasta el artículo 386 del Código Penal-, se encuentra
comprendido en los supuestos previstos en los literales m) y n) del numeral 11.1 del artículo 11
de la Ley. [Opinión N.° 116-2020/DTN]

129. 4.2.7. Sobre el impedimento del literal o)
El literal o) del artículo 11 establece que están impedidos:
o) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas a través de las
cuales, por razón de las personas que las representan, las constituyen o participan
en su accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se determine que son
continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona impedida o
inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control efectivo,
independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales
como fusión, escisión, reorganización, transformación o similares.
Con esta disposición se busca comprender dentro del alcance del impedimento a
aquellas personas por intermedio de las cuales una persona impedida o inhabilitada,
valiéndose de un ropaje o formalidad jurídica, busque evadir los alcances y las
consecuencias de su impedimento.
Sobre el particular, la Dirección Técnico Normativa del OSCE establece, a través de
una opinión, lo siguiente:
Jurisprudencia
La sociedad resultante del proceso de fusión, que absorbió una persona jurídica
sancionada, pero extinta en mérito de un proceso de fusión por absorción,
debidamente inscrito, no resultaría impedida de ser participante, postor y/o contratista
con el Estado.
Se encontrará impedida de ser participante, postor y/o contratista la persona jurídica
que alberga en su seno a integrantes de la persona jurídica sancionada, que formaron
parte de esta última al momento de imponerse la sanción o antes de los doce (12)
meses anteriores a ello, salvo que deje de contar con aquel integrante que la vincula
con el proveedor sancionado o que los integrantes no cuenten con el porcentaje del
capital o patrimonio social exigido por la norma.
En virtud del Principio de Causalidad que rige la potestad sancionadora del Tribunal
de Contrataciones del Estado, la responsabilidad debe corresponder a quien incurrió
en la conducta prohibida por ley, y no puede hacerse responsable a una persona por
un hecho ajeno, sino solo por los propios. Sin perjuicio de ello, la sociedad resultante
del proceso de fusión estará impedida para contratar con el Estado cuando se
configure alguno de los impedimentos previstos en el artículo 11 de la ley o del literal
c) del artículo 248 del Reglamento.
Para la configuración del impedimento previsto en el literal c) del artículo 248 del
Reglamento debe determinarse fehacientemente que la persona natural o jurídica es
una sucesión, derivación o testaferro de un proveedor impedido, así como el hecho de
que, mediante dicha persona natural o jurídica, este proveedor impedido está
eludiendo su condición de impedido. [Opinión N.° 076-2017/DTN].

Asimismo, la Dirección Técnico Normativa del OSCE añade:
Jurisprudencia
El impedimento previsto en el literal o) del artículo 11 de la ley se configura en alguno
de los siguientes supuestos: a) Cuando un impedido o inhabilitado busca eludir su
condición de tal usando a una persona natural o jurídica que es continuación,
derivación, sucesión o testaferro. Para ello se entiende que dicha continuación,
derivación, sucesión o testaferro se da por razón de las personas que las representan,
las constituyen o participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia
comprobable; o, b) Cuando un impedido o inhabilitado busca eludir su condición de tal
usando a una persona natural o jurídica sobre la cual tiene control efectivo. Para ello
se entiende que dicho control efectivo se da independientemente de la forma jurídica
empleada, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o similares.
El impedimento en mención tiene como objeto evitar que un proveedor impedido o
inhabilitado pueda evadir dicha situación a través de otro proveedor que constituye su

130. derivación o respecto del cual posee un control efectivo, situación que puede
materializarse independientemente del cargo, nivel de representación o posición que
aquel proveedor o uno de sus integrantes posea o haya poseído respecto de la
persona sobre la cual se analiza la configuración del impedimento del literal o) del
artículo 11 de la ley.
El hecho de que una persona haya dejado de representar, constituir o participar del
accionariado de otra, no implica —necesariamente y por ese solo hecho— que esta
última deje de encontrarse incursa dentro del impedimento del literal o) del artículo 11
de la ley, ya que dicho impedimento prevé distintos tipos de situaciones o modalidades
bajo las cuales puede configurarse; por tanto, deberá realizarse una evaluación
conjunta y razonada de todos los elementos propios de cada caso, a efectos de
determinar si se presenta alguno de los supuestos que contempla el referido
dispositivo. [Opinión 187-2019/DTN].

Opinión
De conformidad con el impedimento contemplado en el literal p) del numeral 11.1., de la Ley, las
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que forman parte de un mismo grupo
económico se encontrarán impedidas de presentar ofertas individuales dentro de un mismo
procedimiento de selección. No obstante ello, no existe impedimento para que las referidas
personas se agrupen como consorcio, a fin de presentar una única oferta.
De conformidad lo establecido en el numeral 7.3. de la Directiva N°005-2019-OSCE/CD, una
persona registrada como participante podrá agruparse como consorcio con otras personas no
registradas, siempre que estas últimas cuenten con inscripción vigente en el RNP en las demás
etapas del procedimiento conforme al artículo 9 del Reglamento; ello aun cuando el proveedor
registrado y las demás personas integrantes del consorcio formen parte de un mismo grupo
económico.
[Opinión N.° 117-2019/DTN]


Opinión
Para determinar si una persona se encuentra impedida de acuerdo con el literal “o” del numeral
11.1. del artículo 11 de la Ley, corresponderá evaluar -de acuerdo con el caso concreto- si la
persona que ha recibido “activos” o “pasivos” vía escisión o, mediante cualquier otra figura, puede
ser considerada como “continuación”, “derivación”, “sucesión”, “testaferro” de una persona
impedida o inhabilitada o que se encuentra controlada efectivamente por ésta última; calificación
que podrá desprenderse a partir de las personas que la representan, constituyen, participan en su
accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable. Cabe reiterar que no será un obstáculo
legal para atribuir a una persona jurídica las calificaciones antes descritas (continuación,
derivación, etc.) el medio o la maniobra jurídica que utilice la persona impedida o inhabilitada.
[Opinión N.° 108-2020/DTN]

4.2.8. Sobre el impedimento del literal p)
El literal p) del artículo 11 establece que están impedidos:
p) En un mismo procedimiento de selección las personas naturales o jurídicas que
pertenezcan a un mismo grupo económico, conforme se define en el reglamento.
Sobre el particular cabe mencionar que el anexo de definiciones del Reglamento de
la Ley de Contrataciones establece que Grupo Económico “tiene el significado que
se le asigna en el artículo 7 del Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y
Grupo Económico, aprobado mediante Resolución de Superintendencia N.° 019-

131. 2015-SMV-01, y las normas que la modifiquen, con excepción de las empresas de
propiedad estatal que provengan de los países clasificados con grado de inversión,
así como los entes jurídicos definidos en dicho reglamento”.
De esta manera, el artículo 7 del referido Reglamento de Propiedad Indirecta,
Vinculación y Grupo Económico señala que “grupo económico es el conjunto de
entidades, nacionales o extranjeras, conformadas por al menos dos entidades,
cuando alguna de ellas ejerce el control sobre la o las demás o cuando el control
sobre las entidades corresponde a una o varias personas naturales que actúan como
unidad de decisión. Las personas naturales no forman parte del grupo económico”
156
.
Al respecto, si bien en la referida definición la Superintendencia del Mercado de
Valores señala que las personas naturales no forman parte del grupo económico, tal
precisión no aplica respecto a la normativa de contrataciones del Estado, toda vez
que la ley señala de manera expresa que el impedimento referido a grupo económico
—literal p) del artículo 11 de la ley— aplica también para personas naturales.
Por tanto, este impedimento alcanza a las personas naturales o jurídicas que
pertenezcan a un mismo grupo económico, con la finalidad evitar prácticas que
puedan limitar la competencia y afectar el interés público que subyace a la
contratación.
A continuación presentamos una Opinión de la Dirección Técnico Normativa del
OSCE a modo de jurisprudencia:
Jurisprudencia
De conformidad con el impedimento contemplado en el literal p) del numeral 11.1 de
la ley, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que forman parte
de un mismo grupo económico se encontrarán impedidas de presentar ofertas
individuales dentro de un mismo procedimiento de selección. No obstante ello, no
existe impedimento para que las referidas personas se agrupen como consorcio, a fin
de presentar una única oferta.
De conformidad lo establecido en el numeral 7.3. de la Directiva N.° 005-2019-
OSCE/CD, una persona registrada como participante podrá agruparse como consorcio
con otras personas no registradas, siempre que estas últimas cuenten con inscripción
vigente en el RNP en las demás etapas del procedimiento conforme al artículo 9 del
Reglamento; ello aun cuando el proveedor registrado y las demás personas
integrantes del consorcio formen parte de un mismo grupo económico. [Opinión 117-
2019/DTN].

4.2.9. Sobre el impedimento del literal q)
El literal q) del artículo 11 establece que están impedidos:
q) En todo proceso de contratación, las personas inscritas en el Registro de Deudores de
Reparaciones Civiles (REDERECI), sea en nombre propio o a través de persona jurídica
en la que sea accionista u otro similar, con excepción de las empresas que cotizan
acciones en bolsa. Asimismo, las personas inscritas en el Registro Nacional de
Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional y en el Registro Nacional de
Sanciones de Destitución y Despido, por el tiempo que establezca la ley de la materia;
así como en todos los otros registros creados por ley que impidan contratar con el
Estado.
El Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos en Agravio del Estado-
REDEE fue creado mediante la Resolución Ministerial N.° 0116-2012-JUS, con la
finalidad de contar con información consolidada sobre las deudas por concepto de

156
Opinión N.º 002-2018/DTN.

132. reparaciones civiles a favor del Estado que hayan incurrido en morosidad; este
registro se clasifica en deudores por delitos de corrupción, terrorismo y otros delitos.
El Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional es una
base de información que tiene por finalidad contar con información de los abogados
que, en el ejercicio de su profesión o cargo público que requirió el título de abogado
para su acceso, son objeto de sanciones por malas prácticas profesionales.
Asimismo, el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido es un sistema
que permite a las entidades públicas registrar y consultar si una persona al servicio
del Estado tiene sanción y/o inhabilitación para ejercer la función pública.
En ese sentido, el literal, materia de comentario, amplía el impedimento para aquellas
personas inscritas en el Registro de Abogados Sancionados por Mala Práctica
Profesional, Registro de Funcionarios y Servidores Sancionados con Destitución y en
cualquier otro registro creado por ley que impida contratar con el Estado.
Sobre lo referido la Dirección Técnico Normativa del OSCE establece:
Jurisprudencia
[...] en relación con el tenor de la consulta planteada, debe mencionarse que entre los
impedimentos previstos en el artículo 11 de la ley se encuentra el establecido en el
literal q), por el cual se encuentran impedidos de ser participantes, postores,
contratistas y/o subcontratistas del Estado, “Las personas inscritas [...] en el Registro
de funcionarios y servidores sancionados con destitución por el tiempo que establezca
la ley de la materia y en todos los otros registros creados por ley que impidan contratar
con el Estado” [el resaltado es nuestro].
De la disposición citada, se desprende que se encuentran impedidas de ser
participantes, postoras, contratistas y/o subcontratistas del Estado, todas aquellas
personas naturales que se encuentren inscritas en el Registro de funcionarios y
servidores sancionados con destitución (por el tiempo que establezca la ley de la
materia). Al respecto, debe anotarse que la normativa de contrataciones del Estado no
ha hecho mayor precisión sobre dicho registro de funcionarios y servidores
sancionados —es decir, no precisa cuál es la denominación del registro en mención—
, toda vez que el mismo se encuentra regulado en normas legales distintas a las que
integran el régimen de contratación pública.
Como puede apreciarse, el impedimento previsto en el literal q) del artículo 11 de la
ley no precisa la denominación específica del Registro de funcionarios y servidores
sancionados, toda vez que dicho registro se encuentra regulado por normas legales
especiales sobre la materia ajenas a la normativa de contrataciones del Estado. En tal
sentido, a efectos de determinar si una persona se encuentra impedida de ser
participante, postora, contratista y/o subcontratista, en el marco del citado literal, debe
verificarse si esta se encuentra inscrita en el Registro, creado y regulado por la ley de
la materia, de funcionarios y servidores sancionados con destitución.
“Si dicho impedimento aplica a aquellos funcionarios sancionados con una causal
diferente a la destitución” [sic].
Como se ha señalado al absolver la consulta anterior, los impedimentos establecidos
en el artículo 11 de la ley solo pueden aplicarse a aquellas personas que se encuentren
inmersas en alguna situación que configure estrictamente alguno de dichos supuestos,
sin poder extenderse a situaciones análogas, no contempladas en el artículo 11 de la
ley.
Teniendo en cuenta esa precisión, debe reiterarse que el literal q) del numeral 11.1 del
artículo 11 de la ley, señala que se encuentran impedidos de ser participantes,
postores, contratistas y/o subcontratistas del Estado aquellas personas naturales que
se encuentren inscritas en el Registro de funcionarios y servidores sancionados con
destitución por el tiempo que establezca la ley de la materia.

133. Sobre el particular, debe indicarse nuevamente que el registro al que se refiere el
impedimento bajo análisis no ha sido creado ni se encuentra regulado por la normativa
de contrataciones del Estado, sino por normas legales que regulan una materia
totalmente distinta a las contrataciones públicas. Teniendo en cuenta ese contexto,
debe precisarse que este Organismo Técnico Especializado no puede determinar
cuáles son las sanciones o la información que contiene o se inscribe en el Registro de
funcionarios y servidores sancionados.
En consecuencia, tal como se ha mencionado, se encontrará impedida de ser
participante, postora, contratista y/o subcontratista del Estado, toda persona que se
encuentre inscrita en el Registro de funcionarios y servidores —creado y regulado por
la ley de la materia— sancionada con destitución.
Ahora bien, y sin perjuicio de lo señalado en la presente opinión, es pertinente
mencionar que el impedimento bajo análisis también resulta aplicable a las personas
inscritas en cualquier registro creado por ley que impida contratar con el Estado.
[Opinión N.° 069-2019/DTN].

4.2.10. Sobre el impedimento del literal r)
El literal r) del artículo 11 establece que están impedidos:
r) Las personas jurídicas nacionales o extranjeras que hubiesen efectuado aportes
a organizaciones políticas durante un proceso electoral, por todo el periodo de
gobierno representativo y dentro de la circunscripción en la cual la organización
política beneficiada con el aporte ganó el proceso electoral que corresponda.
Este impedimento tiene por objetivo “establecer un marco normativo contra el
conflicto de intereses que se genera en el ámbito de las contrataciones del Estado,
cuando las personas jurídicas de derecho privado que han financiado a
organizaciones políticas o candidatos, participan en los procesos de contratación de
bienes y servicios convocados por entidades públicas cuyos titulares fueron
beneficiarios de sus donaciones durante periodos no electorales y electorales”
157
.
En ese sentido, se buscar prevenir la corrupción y el clientelismo, debido a que
puede entenderse que los aportes podrían ser una especie de “intercambio de
favores” por parte de los aportantes a cambio de contratos con el Estado.
Opinión
El impedimento contemplado en el literal “r” del numeral 11.1. del artículo 11 de la Ley será
aplicable a los procedimientos de selección que se convoquen a partir de la entrada en vigencia
de la Ley 30689, es decir, a aquellos procedimientos de selección convocados a partir del 01 de
diciembre de 2017. En otras palabras, si ante un procedimiento de selección convocado a partir
del 01 de diciembre de 2017, se identificara que una persona jurídica (nacional o extranjera)
hubiese efectuado aportes a una organización política que resultó ganadora del proceso electoral
respectivo, dicha persona jurídica se encontrará impedida de participar en tal procedimiento de
selección, siempre que dicho procedimiento se encuentre dentro del ámbito espacial y temporal
del impedimento.
El impedimento será aplicable, en el ámbito temporal, por el periodo de duración que la normativa
correspondiente hubiese determinado para cada uno de los cargos de elección popular (Gobierno
Nacional, Gobiernos Regionales y Locales, etc.).
Respecto del ámbito espacial, el término “circunscripción”, para este impedimento en particular,
no debe ser entendido haciendo énfasis en su sentido territorial, sino como aquel ámbito en el que
– de acuerdo con la normativa correspondiente- la organización política beneficiada con el aporte,
al haber resultado ganadora de correspondiente proceso electoral, puede favorecer en los
procedimientos de selección convocados a la persona jurídica aportante. En sentido contrario, la
persona jurídica que, durante un proceso electoral, hubiese aportado a la organización política
que hubiese resultado ganadora, no se encontrará impedida de participar en aquellos

157
Artículo 1.- Objeto de la norma del Proyecto de Ley N.° 1214/2016.

134. procedimientos de selección en los que dicha organización política –en virtud de la normativa que
determina el poder que ostenta- no pueda favorecerla. [Opinión N.° 044-2020/DTN]

4.2.11. Sobre el impedimento del literal s)
El literal s) del artículo 11 establece que están impedidos:
s) En todo proceso de contratación y siempre que cuenten con el mismo objeto social,
las personas jurídicas cuyos integrantes formen o hayan formado parte en la fecha
en que se cometió la infracción, de personas jurídicas que se encuentren
sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para
participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado. El
impedimento también es aplicable a la persona jurídica cuyos integrantes se
encuentren sancionados administrativamente con inhabilitación temporal o
permanente para participar en procedimientos de selección y para contratar con el
Estado. Para estos efectos, por integrantes se entiende a los representantes legales,
integrantes de los órganos de administración, socios, accionistas, participacionistas
o titulares. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, el
impedimento es aplicable siempre que su participación individual o conjunta sea
superior al treinta por ciento (30 %) del capital o patrimonio social y por el tiempo
que la sanción se encuentre vigente.
A continuación presentamos una Opinión de la Dirección Técnico Normativa del
OSCE a modo de jurisprudencia:
Jurisprudencia
Sobre el particular, se puede apreciar que el citado dispositivo contempla dos
situaciones que constituyen impedimentos para ser participante, postor, contratista y/o
subcontratista, las cuales se mencionan a continuación: (i) que una persona jurídica
mantenga integrantes que formen o hayan formado parte en la fecha en que se cometió
la infracción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en
procedimientos de selección y para contratar con el Estado; y (ii) que una persona
jurídica mantenga integrantes que se encuentren sancionados administrativamente
con inhabilitación temporal o permanente para participar en procedimientos de
selección y para contratar con el Estado, en ambos casos siempre que cuenten con el
mismo objeto social, lo que revela que la finalidad del artículo consiste en establecer
limitaciones a las personas jurídicas.
Dicho esto, corresponde añadir, que la Exposición de motivos del D. Leg. 1444 ha
manifestado, de forma expresa, la finalidad del dispositivo en análisis: “busca
identificar de forma objetiva aquellos casos en los que una persona sancionada
pretende eludir los efectos de una sanción a través de personas que, siendo
formalmente diferentes, en realidad se encuentran claramente vinculadas”.
2.1.3 Ahora bien, de lo expresado en el documento de la referencia, se puede advertir
que la consulta se encuentra vinculada a la primera de las situaciones descritas en el
numeral precedente, es decir, a aquella en la cual una persona jurídica mantiene
integrantes que forman o han formado parte, en la fecha en que se cometió la
infracción, de personas jurídicas que se encuentran sancionadas administrativamente
con inhabilitación temporal o permanente para participar en procedimientos de
selección y para contratar con el Estado.
En ese contexto, en consideración de lo establecido por el literal s), del artículo 11 de
la ley, se puede inferir que el impedimento en análisis es la consecuencia jurídica que
se deriva de la concurrencia de dos supuestos: i) que una persona jurídica mantenga
integrantes que han formado o forman parte —en la fecha en que se cometió la
infracción— de otra que ha sido sancionada con inhabilitación; y ii) que dichas
personas jurídicas cuenten con el mismo objeto social.
Respecto del primer supuesto, la ley es clara al mencionar que se entiende por
integrantes a los representantes legales, integrantes de los órganos de administración,

135. socios, accionistas, participacionistas o titulares. Asimismo, precisa que para el caso
de socios, accionistas o participacionistas, el impedimento es aplicable siempre que
su participación individual o conjunta sea superior al treinta por ciento (30%) del capital
o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente.
Respecto del segundo, conforme a lo dispuesto en la Opinión N.° 036-2019/DTN, el
término “cuenten con el mismo objeto social” debe ser comprendido como un criterio
establecido por la ley que tiene por finalidad determinar un vínculo real entre dos
personas jurídicas formalmente distintas. Asimismo, la referida opinión indica que
contarán con el mismo objeto social, aquellas personas jurídicas que realicen las
mismas actividades sociales.
2.1.4 Ahora bien, en relación con la consulta, corresponde mencionar que el referido
impedimento ha sido previsto para una persona jurídica que reúna las condiciones
descritas en los párrafos precedentes.
En ese sentido, una persona natural que forme o haya formado parte de una persona
jurídica sancionada administrativamente con inhabilitación temporal o permanente no
se encontrará impedida de ser participante, postor, contratista y/o subcontratista en
mérito al impedimento previsto en el literal s) del numeral 11.1 del artículo 11 de la ley,
ello sin perjuicio de la configuración de alguno de los otros supuestos previstos en el
referido artículo. [Opinión N.° 214-2019/DTN].


Opinión
En el marco de la normativa de contrataciones del Estado vigente, el impedimento previsto en el
literal s) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley se aplica, incluso, cuando a la persona
sancionada a la que se refiere el mencionado dispositivo se le hubiese impuesto la sanción antes
del 30 de enero del 2019, y –según los supuestos previstos en la norma- por el tiempo que dicha
sanción se encuentre vigente.
El impedimento previsto en el literal s) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, en el caso del
vínculo entre personas jurídicas —en el marco de la consulta—, siempre que éstas cuenten con
el mismo objeto social, se aplica para aquellas personas jurídicas cuyos integrantes formen o
hayan formado parte en la fecha en que se cometió la infracción de personas jurídicas que se
encuentran sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para
participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado, por el tiempo que la
sanción se encuentre vigente según los supuestos previstos en la norma. Asimismo, estarán
impedidas las personas jurídicas cuyos integrantes –que a su vez pueden ser personas naturales
o jurídicas- se encuentren sancionados administrativamente o con inhabilitación para participar en
procedimientos de selección y para contratar con el Estado.
Los órganos de administración a los que hace referencia el impedimento del literal s) del numeral
11.1 del artículo 11 de la Ley, son aquellos órganos que se encuentran a cargo de la
administración de la sociedad de conformidad con lo establecido en la Ley General de Sociedades
y de las demás normas que regulen dicha materia.
El impedimento del literal s) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley no se extiende al cónyuge,
hijos o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad del representante legal, integrantes
del órgano de administración, socios, participacionistas o titulares de la empresa jurídica
sancionada a la que dicho impedimento hace referencia. Sin perjuicio de ello, las Entidades deben
verificar, para cada caso particular que sea materia de análisis, que no se configure ninguno de
los demás impedimentos previstos en el artículo 11 de la Ley. [Opinión N.° 073-2020/DTN]

4.2.12. Sobre el impedimento del literal t)
El literal t) del artículo 11 establece que están impedidos:
t) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas que se en-
cuentren comprendidas en las Listas de Organismos Multilaterales de personas
y empresas no elegibles para ser contratadas.
El Decreto Legislativo N.° 1444 incorporó nuevos impedimentos para ser
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, como, “por ejemplo, las

136. personas que se encuentren comprendidas en las listas de organismos mul-
tilaterales de personas y empresas no elegibles para ser contratadas”.
5. Consecuencias al contratar con el Estado estando impedido
Toda persona tiene derecho a contratar con el Estado; sin embargo, no todo derecho es
absoluto. En diversas ocasiones hemos escuchado la famosa frase que señala que “el
ejercicio derecho de uno termina cuando perjudica el ejercicio del derecho de otro”. De
la misma forma, uno tiene derecho a contratar con el Estado, hasta el momento en que
la ley determine que su participación puede afectar los intereses del Estado. En ese
sentido, la Ley de Contrataciones a determinado los supuestos ya explicados como
límites al ejercicio del derecho a contratar; puesto que, de ser ejercido, estaría
vulnerando el interés general, visto como el carácter competitivo y legal que regula el
acto de contratación y el derecho a contratar de otros postores bajo la premisa de
imparcialidad, competencia, trato justo e igualitario, entre otros principios que rigen las
contrataciones del Estado.
No obstante, pese a los impedimentos establecidos por la Ley de Contrataciones existen
casos en donde personas impedidas para contratar con el Estado, tratan o logran
Contratar con el Estado o renovar su inscripción para contratar con el Estado, pese a
que la norma claramente se los impide, ello puede obedecer a un desconocimiento del
agente que causa la configuración del impedimento (por ejemplo, un socio, director o
pariente lejano impedido) o una inobservancia dolosa de esta. Antes estos casos, la
norma habilita el inicio de un procedimiento sancionador contra el presunto infractor.
En dicho procedimiento la autoridad administrativa —sobre la base de determinados
criterios— racionaliza o maximiza su autoridad sancionadora, evitando así que se
imponga a los administrados sanciones que resulten improcedentes desproporcionadas
o que no satisfagan la finalidad desinsentivadora, a fin de no desbordar su actuación
represiva o crear sanciones que sean tan nimias que los administrados prefieran ser
sancionados, a cumplir las normas en función de los beneficios que tales actos les
proporcionen.
Este fundamento también es tomado en cuenta a la hora de imponer sanciones de multa
o de inhabilitación en procedimientos sancionadores en el marco jurídico de las
contrataciones del Estado. Para ello, el legislador ha establecido en el artículo 264 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones modificado por el Decreto Supremo N.° 344-
2018-EF, determinados criterios de gradualidad para la determinación de sanciones
siendo ellos los siguientes:
a) Naturaleza de la infracción: Este criterio se encuentra relacionado con (i) el tipo e
intensidad de la sanción que tanto el artículo 50 de la ley como el artículo 260 del
reglamento asignan a los supuestos de infracción; (ii) los bienes jurídicos protegidos
por la tipificación de la conducta sancionable; (iii) el tipo de contratación involucrada,
caracterizada por el proceso de selección correspondiente (v. gr es importante
tomar en consideración la actuación del contratista, quien al asumir obligaciones
frente a la entidad, debió diligentemente honrar su prestación y cumplirla de manera
oportuna, en atención a los términos del contrato, así como respecto de las bases
del proceso, ya que un eventual incumplimiento suyo vería afectado los intereses
de la entidad).
b) Ausencia de intencionalidad del infractor: Este criterio busca dar mayor énfasis
y rigor a la severidad de las sanciones que se desprendan de infracciones en donde
la conducta haya sido dolosa o premeditada. La inclusión de la intencionalidad del
infractor como elemento para graduar la sanción es coherente con el criterio de
responsabilidad objetiva. En efecto, para graduar la sanción a imponerse —y no

137. para determinar la existencia de una infracción—, se considerará la intencionalidad
del infractor. En otras palabras, solo al momento de la sanción —esto es, cuando
ya se determinó una conducta infractora— deberá valorarse el factor subjetivo
derivado del nivel de participación de la voluntad del agente en la conducta que
causó el daño: presencia de error inducido por la administración o dolo.
c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: En este caso,
cabe atender al perjuicio ocasionado a la entidad contratante, dependiendo del tipo
infractor específico, los fines relacionados con el proceso de contratación y —de ser
el caso— el monto involucrado en él. La sola configuración de la causal tipificada
como sancionable no permitiría acreditar la presencia del daño (v.gr., el daño
producto de una infracción administrativa surge con la sola realización del hecho
tipificado como sancionable, y que, si bien es cierto puede existir un grado mayor o
menor de perjuicio realizado, no es menos cierto que es innegable el detrimento
acaecido a los fines y objetivos de la entidad).
d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: Esta
acción constituye un criterio que permitiría una graduación favorable de la sanción
administrativa a imponer, con base a la aceptación voluntaria de la infracción por
parte del administrado. De acuerdo con lo señalado por el precepto citado, en
principio el reconocimiento debería verificarse antes que la entidad o el Tribunal
detecten la infracción; sin embargo, somos de la opinión que dicho reconocimiento
también puede verificarse en las fases iniciales del procedimiento sancionador,
específicamente en la etapa correspondiente a la presentación de descargos,
mediante declaración expresa en dicho sentido.
e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: Constituye
una circunstancia agravante, relacionada con la existencia de responsabilidad, en
el administrado, por la comisión de infracciones que haya sido determinada con
anterioridad al momento concreto en el que se ejerce la potestad sancionadora (v.
gr. ello se puede revisar a través de la base de datos del Registro Nacional de
Proveedores, que da cuenta si el contratista registra antecedentes de inhabilitación
para participar en procesos de selección y contratar con el Estado).
f) Conducta procesal: Este criterio se encuentra directamente relacionado con el
principio de conducta procedimental, que obliga a todos los participantes en un
procedimiento administrativo a guiar sus actos procedimentales por el respeto
mutuo, la colaboración y la buena fe (v. gr., por ejemplo, que el contratista cumpla
con apersonarse al procedimiento administrativo, y presente sus alegatos
correspondientes).
g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el
literal g) del artículo 264 del Reglamento de la Ley de Contrataciones modificado
por el Decreto Supremo N.° 344-2018-EF, que señala:
264.1. son criterios de gradualidad de las sanciones de multa o de
inhabilitación temporal los siguientes:
[…]
g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se
refiere el numeral 50.7. del artículo 50 de la ley. Dicho modelo debe
contar con los siguientes elementos mínimos: i) Un encargado de
prevención, designado por el máximo órgano de administración de la
persona jurídica o quien haga sus veces, según corresponda, que
debe ejercer su función con autonomía. Tratándose de las micro,
pequeñas y medianas empresas, el rol de encargado de prevención
puede ser asumido directamente por el órgano de administración, ii)
la identificación, evaluación y mitigación de riesgos para prevenir
actos indebidos, actos de corrupción y conflictos de intereses en la
contratación estatal, iii) la implementación de procedimientos de

138. denuncia de actos indebidos, actos de corrupción o situaciones de
conflicto de intereses que garanticen el anonimato y la protección del
denunciante, iv) la difusión y capacitación periódica del modelo de
prevención, v) la evaluación y monitoreo continuo del modelo de
prevención.

De conformidad con el Decreto Supremo N.° 344-2018-EF, en el caso de los literales
c)
158
, d)
159
, j)
160
, l)
161
, n)
162
y o)
163
del numeral 50.1. del artículo 50 de la ley, la graduación
no podrá dar lugar a sanciones por debajo del mínimo legal.
Ahora bien, el numeral 50.4. del artículo 50 de la Ley de Contrataciones señala que las
sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales por la misma infracción, son:
a) Multa: Es la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar en favor del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), un monto
económico no menor del cinco por ciento (5 %) ni mayor al quince por ciento (15 %)
de la oferta económica o del contrato, según corresponda, el cual no puede ser
inferior a 1 UIT, por la comisión de las infracciones establecidas en los literales a),
b), d), e), k), l), m) y n). Si no se puede determinar el monto de la oferta económica
o del contrato se impone una multa entre 5 y 15 UIT. La resolución que imponga la
multa establece como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o extender
la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo marco y de contratar con el
Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a 3 meses
ni mayor a 18 meses. El periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a
que se hace referencia, no se considera para el cómputo de la inhabilitación
definitiva. Esta sanción es también aplicable a las entidades cuando actúen como
proveedores conforme a ley, por la comisión de cualquiera de las infracciones
previstas en el presente artículo.
b) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un periodo determinado del
ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos
para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo
marco y de contratar con el Estado. Esta inhabilitación es no menor de 3 meses ni
mayor de 36 meses ante la comisión de las infracciones establecidas en los literales
c), f), g), h) e i) y, en caso de reincidencia, en la infracción prevista en los literales
m) y n). En el caso de la infracción prevista en el literal j), esta inhabilitación es no
menor de 36 meses ni mayor de 60 meses.
c) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del ejercicio del
derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para

158
c) Contratar con el Estado estando impedido conforme a ley.
159
d) Subcontratar prestaciones sin autorización de la entidad o en porcentaje mayor al permitido
por el reglamento o cuando el subcontratista no cuente con inscripción vigente en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP), esté impedido o inhabilitado o suspendido para contratar con
el Estado.
160
j) Presentar documentos falsos o adulterados a las entidades, al Tribunal de Contrataciones
del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), o a la Central de Compras Públicas-Perú Compras.
161
l) Perfeccionar el contrato, luego de notificada en el Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado (SEACE) la suspensión, recomendación de nulidad o la nulidad del proceso de
contratación dispuesta por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
en el ejercicio de sus funciones.
162
n) Presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de
absolución de consultas y/u observaciones.
163
o) Presentar recursos maliciosos o manifiestamente infundados.

139. implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo marco
y de contratar con el Estado. Esta sanción se aplica al proveedor que en los últimos
4 años ya se le hubiera impuesto más de 2 sanciones de inhabilitación temporal
que, en conjunto, sumen más de 36 meses, o que reincida en la infracción prevista
en el literal j), en cuyo caso la inhabilitación definitiva se aplica directamente.
6. Calificación exigible a los proveedores
El artículo 12 de la Ley de Contrataciones establece:
La Entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, económicos, entre otros,
previstos en el reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento de selección
deben prever con claridad los requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar
su calificación.
Sobre el particular, el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones modificado
por el Decreto Supremo N.° 344-2018-EF desarrolla de forma amplia los requisitos de
calificación; en ese sentido señala:
49.1. La Entidad verifica la calificación de los postores conforme a los
requisitos que se indiquen en los documentos del procedimiento de
selección, a fin de determinar que estos cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los documentos del
procedimiento de selección se establecen de manera clara y precisa los
requisitos que cumplen los postores a fin de acreditar su calificación.
49.2. Los requisitos de calificación que pueden adoptarse son los siguientes:
a) Capacidad legal: habilitación para llevar a cabo la actividad
económica materia de contratación.
b) Capacidad técnica y profesional: aquella relacionada al
equipamiento estratégico, infraestructura estratégica, así como la
experiencia del personal clave requerido. Las calificaciones del
personal pueden ser requeridas para servicios en general, obras,
consultoría en general y consultoría de obras.
c) Experiencia del postor en la especialidad.
d) Solvencia económica: aplicable para licitaciones públicas
convocadas para contratar la ejecución de obras.
49.3. Tratándose de obras y consultoría de obras, la capacidad técnica y
profesional es verificada por el órgano encargado de las contrataciones
para la suscripción del contrato. La Entidad no puede imponer requisitos
distintos a los señalados en el presente artículo.
49.4. En el caso de las personas jurídicas que surjan como consecuencia de
una reorganización societaria no pueden acreditar la experiencia de las
personas sancionadas que absorben.
49.5. En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos
integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato.
Asimismo, el área usuaria puede establecer: i) un número máximo de
consorciados en función a la naturaleza de la prestación, ii) un
porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, y/o iii) que el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un
determinado porcentaje de participación.
Asimismo, el 30 junio 2020 se publicó el Decreto Supremo N.° 168-2020-EF, que
establece disposiciones en materia de contrataciones públicas para facilitar la
reactivación de contratos de bienes y servicios y modifican el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Donde a través de su Segunda Disposición Complementaria
Modificatoria incorpora el numeral 49.6, que señala lo siguiente:
49.6. Cuando en los procedimientos de selección de Adjudicación
Simplificada para la contratación de bienes y servicios en general se
incluya el requisito de calificación de experiencia del postor en la
especialidad, la experiencia exigida a los postores que acrediten tener

140. la condición de micro y pequeña empresa, o los consorcios
conformados en su totalidad por estas, no podrá superar el 25% del
valor estimado.

El referido se aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del 1 de julio
del 2020, con el fin de contribuir favorablemente a la reactivación económica del país
afectada por la emergencia producida por el COVID-19.
Opinión
Es válido acreditar el requisito de calificación solvencia económica con una línea de
crédito u otro documento de denominación diferente, siempre que el referido documento
garantice que el potencial postor cuenta con un respaldo económico o financiero para
cumplir con sus obligaciones durante la ejecución de la obra. [Opinión N.° 130-
2020/DTN].

Opinión
La Entidad debe verificar si el informe que analiza los motivos que generaron la
declaratoria de desierto de la Licitación Pública, ha determinado que resulta necesario
efectuar algún ajuste a los requisitos de calificación, como –por ejemplo- la exclusión
del requisito solvencia económica. De no presentarse esta situación, deberá mantenerse
dicho requisito.
La circunstancia de que el numeral 49.2 del artículo 49 del Reglamento haya establecido
que la solvencia económica solo es aplicable a la Licitación Pública convocada para la
ejecución de obras, no es obstáculo para que este requisito de calificación se mantenga
cuando se ha convocado una Adjudicación Simplificada derivada de una Licitación
Pública declarada desierta. Ello, en virtud de que: i) el procedimiento de Licitación
Pública declarado desierto no ha culminado; y ii) porque el numeral 65.3 del artículo 65
del Reglamento, con la finalidad de agilizar el desarrollo de un procedimiento que un
primer momento no pudo culminar exitosamente, habilita a la Entidad a que viabilice
mediante una Adjudicación Simplificada, una contratación que por sus características
debería corresponder a una Licitación Pública.
La experiencia del postor, en tanto requisito de calificación obligatorio para toda
Licitación Pública que tenga por objeto la ejecución de obras, deberá mantenerse en la
convocatoria de la Adjudicación Simplificada proveniente de la Licitación declarada
desierta. [Opinión N.° 014-2021/DTN].

Opinión

A efectos de acreditar los requisitos de referidos a la formación académica y experiencia
del personal clave, el postor adjudicado puede presentar copia de documentos públicos
o privados extendidos en el extranjero, siempre que, previamente, dichos documentos
hubiesen cumplido con todos los requisitos necesarios para dotarlos de validez en el
Perú; además de cumplir, según corresponda, con las demás exigencias previstas en la
normativa de contrataciones del Estado, como por ejemplo, la traducción en el caso de
documentos expedidos en idioma distintos al castellano.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, es posible que los postores presenten “copias simples o copias legalizadas
notarialmente, acompañadas de declaración jurada del administrado acerca de su
autenticidad” de las traducciones efectuadas por traductor público juramentado o
traductor colegiado certificado –según sea el caso–, en reemplazo del original de la
referida traducción. [Opinión N.° 039-2020/DTN].

141. Opinión

Una persona jurídica que absorba a otra que se encuentra sancionada por el Tribunal
de Contrataciones del Estado, no podrá usar la experiencia de ésta última para los
procedimientos de selección en que participe. Para que opere esta restricción será
necesario que la persona absorbida se encuentre sancionada al momento del proceso
de fusión por absorción que se lleve a cabo; ello debido a que, tras el proceso de fusión
por absorción la empresa absorbida deja de existir, razón por la cual, en caso de que –
de manera posterior a la fusión- se hubiese verificado la comisión de una infracción por
parte de la empresa absorbida (mientras existía), podría ser la empresa absorbente
quien asuma la sanción que se imponga como consecuencia de dicha infracción.
Si durante la admisión, evaluación o calificación de ofertas se hubiese detectado que
alguna de las personas jurídicas que participan del procedimiento de selección calza
dentro de los impedimentos contemplados en el artículo 11 de la Ley, dicha persona
estaría impedida de ser participante, de ser postor y no podría suscribir el contrato.
[Opinión N.° 115-2020/DTN].

7. Participación en consorcio
El artículo 13 de la Ley de Contrataciones modificado por el Decreto Legislativo N.° 1444
establece:
13.1. En los procedimientos de selección pueden participar varios proveedores agrupados
en consorcio con la finalidad de complementar sus calificaciones, independientemente
del porcentaje de participación de cada integrante, según las exigencias de los
documentos del procedimiento de selección y para ejecutar conjuntamente el contrato,
con excepción de los procedimientos que tengan por objeto implementar o extender
la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, la
participación en consorcio implica la obligación de crear una persona jurídica diferente.
13.2. Los integrantes del consorcio son responsables solidariamente ante la Entidad por las
consecuencias derivadas de su participación durante la ejecución del contrato. El
contrato de consorcio debe contar con firma legalizada.
13.3. Las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y
la ejecución del contrato, se imputan a todos sus integrantes de manera solidaria,
salvo que por la naturaleza de la infracción, la promesa formal, el contrato de consorcio
o el contrato suscrito con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad,
conforme los criterios que establece el reglamento. En este caso, se aplica la sanción
únicamente al consorciado que cometió la infracción.
13.4. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer un número
máximo de consorciados y/o el porcentaje mínimo de participación, en función a la
naturaleza de la prestación.
13.5. A los integrantes del consorcio les son aplicables las disposiciones establecidas en
los artículos precedentes del presente capítulo.
El consorcio puede ser entendido como el contrato asociativo por el cual 2 o más
personas se asocian, a través de un criterio de complementariedad de recursos,
capacidades y aptitudes, para contratar con el Estado.
En este contexto contractual, se pueden asociar personas naturales y/o personas
jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, con el fin de participar en los procesos de
contratación que realicen las entidades, sin que ello implique crear una persona jurídica
diferente, por lo que cada integrante del consorcio mantiene su personalidad jurídica.
Para efectos de su participación en el proceso de selección, el consorcio deberá

142. presentar la promesa formal de consorcio en el sobre de la propuesta técnica o en el
sobre de calificación previa, según sea el caso; o en el sobre de habilitación cuando se
trate de la modalidad de subasta inversa.
El contrato de consorcio se formaliza “mediante documento privado con firmas
legalizadas ante notario por cada uno de los integrantes, de sus apoderados o de sus
representantes legales, según corresponda, designándose en dicho documento al
representante común”. Además, el contrato de consorcio también deberá contener la
información mínima detallada en la Directiva N.° 005-2019-OSCE/CD, así como el
detalle del encargado del consorcio a quien se efectuará el pago y el cual a su vez
emitirá la respectiva factura, o, en caso de llevar contabilidad independiente, señalar el
Registro Único de Contribuyente del consorcio. Cabe resaltar que no tendrá eficacia
legal frente a la entidad los actos realizados por personas distintas al representante o
apoderado común.
Lo señalado no excluye la información adicional que las partes consideren necesario
consignar en el contrato de consorcio con el objeto de regular su administración interna,
de conformidad con el artículo 447 de la Ley General de Sociedades.
Al suscribirse el contrato de consorcio se mantendrá la información referida al porcentaje
de obligaciones de cada uno de sus integrantes, conforme a lo indicado en la promesa
formal del consorcio. De otro lado,
[…] se observa una modificación al numeral 13.4. del artículo
efectuada por el Decreto Legislativo N.° 1444 que responde a que se
ha advertido que existen proveedores sin experiencia que se asocian
a empresas que sí cuentan con ella, solo con la finalidad de ser
adjudicados con el contrato; no obstante ello, en la realidad es el
consorciado sin experiencia quien ejecuta las prestaciones, lo cual, no
solo trastoca las condiciones verificadas para la elección del
proveedor, sino que, eventualmente, puede afectar la idoneidad de las
prestaciones recibidas por el Estado y la finalidad pública involucrada
en cada contratación.
En ese sentido, se incluye una habilitación para que las entidades
establezcan un porcentaje mínimo de participación para los
integrantes de un consorcio. Ello, en tanto el objetivo de participar en
consorcio es complementar calificaciones; por lo que resulta
razonable que el Estado determine en cada contratación en particular
si es necesario que todos los miembros del consorcio participen en la
ejecución del objeto de contratación
164
.

Por último, cabe destacar que los integrantes de un consorcio no pueden presentar
ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección,
o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según
relación de ítems.
Opinión

En la contratación directa por situación de emergencia, la Ley habilita a la Entidad a
formar el acuerdo (es decir, a contratar) sin ceñirse a los requisitos que “ordinariamente”
exige la normativa de Contrataciones del Estado para estos efectos. Siendo así, se
puede afirmar que, en una contratación directa por situación de emergencia, el contrato
existirá desde el momento en que concurra, de un lado, la voluntad del proveedor (oferta)
y, de otro, la aceptación de la Entidad, no siendo necesario que se observe –en dicho
momento los requisitos formales que “ordinariamente” exige la normativa de
Contrataciones Estado.

164
Exposición de motivos del Decreto Legislativo N.° 1444.

143. En una contratación directa por situación de emergencia, la “regularización” es
simplemente una formalización o legalización del contrato ya celebrado, lo que significa
que en dicha regularización no se podría modificar el contrato ya existente. Por tal razón,
si al momento de la presentación de la oferta, no se hubiese manifestado que el contrato
se ejecutará de manera consorciada, no será posible modificar esa forma de
participación al momento de la regularización, pues –de hacerlo- se estaría modificando
el contrato, específicamente a las partes de éste.
La declaratoria de nulidad de oficio del contrato es una prerrogativa que la Ley otorga al
Titular de la Entidad. En tal sentido, será responsabilidad de éste determinar si se ha
configurado alguno de los supuestos que la justifican y, de ser ese el caso, si es
pertinente –considerando el interés público que subyace a la contratación- emplear
dicha facultad. Cabe precisar que la circunstancia consistente en que el contrato se haya
celebrado en el marco de una contratación directa por situación de emergencia, no
impide el ejercicio de la facultad mencionada. [Opinión N.° 120-2020/DTN].

7.1. Responsabilidad en los consorcios
Por regla general, los integrantes de un consorcio responden solidariamente respecto
de la no suscripción del contrato y del incumplimiento de este, estando facultada la
entidad, en dichos casos, para demandar a cualquiera de ellos por los daños y
perjuicios causados. No obstante, si bien todos los integrantes del consorcio son
responsables solidariamente, resulta de justicia que se tomen en cuenta
consideraciones objetivas y probadas que establezcan que esa responsabilidad deba
ser atribuida de manera distinta entre los consorciados pudiendo incluso excluir a
alguno de los integrantes. Por tanto, se establece que las infracciones cometidas por
un consorcio se imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, salvo que, debido
a la naturaleza de la infracción, la promesa formal, el contrato de consorcio o el
contrato suscrito con la entidad, conforme a los criterios que establezca el Reglamento,
pueda individualizarse la responsabilidad. En ese supuesto, la sanción se aplica
únicamente al consorciado que cometió la infracción.
[Ello], considerando que en la promesa formal o en el contrato de
consorcio debe consignarse las responsabilidades que asume cada
consorciado, se suprime la posibilidad de admitir la presentación de
otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto para
individualizar responsabilidades en el marco de un procedimiento
sancionador. Con ello, se eliminan incentivos perversos para crear
información con la finalidad de que uno de los consorciados sea
eximido de responsabilidad
165
.

Opinión
“Si el “Consorcio 2”, obtiene la buena pro, para la firma del contrato con la “Entidad estatal
J”, ¿puede presentar el “Contrato del Consorcio 1” conjuntamente con una adenda en la
que se amplíe el objeto contractual, incorporando los servicios propios del segundo
proceso?” [sic].
De forma previa debe indicarse que, conforme a lo señalado en los antecedentes de la
presente opinión, las consultas que absuelve este organismo supervisor son aquellas
referidas sobre el sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado,
planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos
concretos o específicos, motivo por el cual este organismo supervisor no puede
pronunciarse acerca de si, a efectos de suscribir un determinado contrato, es posible
suscribir un contrato de consorcio conjuntamente con una adenda que amplíe el objeto

165
Ibid.

144. contractual, incorporando servicios propios del objeto materia del procedimiento de
selección.
Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde efectuar las siguientes precisiones de alcance
general sobre la participación de proveedores en consorcio en el marco de las
contrataciones del Estado:
En primer lugar, debe indicarse que la normativa de contrataciones del Estado establece
que las personas naturales o jurídicas, nacionales como extranjeras, que deseen
participar en las contrataciones que realizan las entidades, pueden hacerlo de manera
individual o a través de consorcios.
En esa medida, el primer párrafo del artículo 13 de la ley señala que en los procedimientos
de selección pueden participar varios proveedores agrupados en consorcio con la
finalidad de ejecutar el contrato
166
, con excepción de los procedimientos que tengan por
objeto implementar o mantener Catálogos electrónicos de acuerdo marco.
Así, el anexo único del reglamento, anexo de definiciones, precisa que el consorcio es "el
contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas se asocian, con el criterio de
complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para contratar con el
Estado"
167
.
Como puede apreciarse, la normativa de contrataciones del Estado
168
prevé que las
personas naturales o jurídicas se asocien —en virtud del criterio de complementariedad
de recursos, capacidades y aptitudes—, a fin de participar como consorcio en los
procedimientos de selección y contratar con el Estado.
[…] la normativa de contrataciones del Estado dispone que no es posible modificar la
información contenida en la promesa de consorcio, relacionada con la identificación, las
obligaciones y el porcentaje de las obligaciones de los integrantes del consorcio, en
ninguna de las siguientes etapas:
i) Ni con ocasión de la suscripción del contrato de consorcio; esto es, desde el
otorgamiento de la buena pro hasta la suscripción del contrato de consorcio, a efectos
de suscribir el contrato con la Entidad;
ii) ni durante la etapa de ejecución contractual; comprendida desde el día siguiente del
perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato, o
desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato
169
, hasta
la recepción y conformidad —para bienes, servicios y consultorías en general—, o
hasta la liquidación final del contrato —para consultorías de obras y ejecución de
obras—, y el pago de las prestaciones inherentes al objeto del contrato.
“De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, ¿podría el “Consorcio 2” facturar a
“Entidad estatal J” utilizando el RUC del “Consorcio 1”?” [sic].
Como se ha señalado en los antecedentes, este organismo supervisor absuelve las
consultas relacionadas a la interpretación y/o aplicación de la normativa de contrataciones
del Estado, planteadas en términos genéricos, sin hacer alusión a casos específicos, por
lo que este Organismo Supervisor no puede, en vía de opinión, determinar cual es el RUC
que un consorcio debe utilizar para facturar a una entidad, en una situación en particular.
Sin perjuicio de ello, corresponde efectuar las siguientes precisiones de carácter general
respecto a la presentación de RUC, conforme a lo establecido en la normativa de

166
Cabe precisar que la participación en consorcio en ningún caso implica la obligación de crear
una persona jurídica diferente.
167
En concordancia con ello, el artículo 445 de la Ley N.° 26887, Ley General de Sociedades,
señala que el consorcio es un contrato por el cual dos o más personas se asocian para participar
en forma activa y directa en un determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un
beneficio económico, manteniendo cada una su propia autonomía.
168
La normativa de contrataciones del Estado está compuesta por la Ley de Contrataciones del
Estado, su Reglamento y las Directivas emitidas por el OSCE.
169
Conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 120 del reglamento.

145. contrataciones del Estado sobre la participación de proveedores en consorcios en las
contrataciones del Estado:
Sobre el particular, debe indicarse que conforme a lo señalado en el numeral 2.1.2. de la
presente opinión, si el consorcio resultara ganador de la buena pro, a efectos de
perfeccionar el contrato con la entidad, este deberá perfeccionar la promesa de consorcio
mediante la suscripción del contrato de consorcio, el cual debe cumplir con los requisitos
previstos en el numeral 7.7. de la directiva.
Así, entre los requisitos previstos en el numeral 7.7. de la directiva, el acápite 2) del
referido dispositivo establece que deberá identificarse “[...] al integrante del consorcio a
quien se efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en caso de llevar contabilidad
independiente, señalar el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del consorcio". [El
resaltado es nuestro].
En esa medida, se advierte que la normativa de contrataciones del Estado dispone que
en el contrato de consorcio se señale el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del
integrante del consorcio a quien se le efectuará el pago y emitirá la factura, o el RUC de
dicho consorcio (en caso este lleve contabilidad independiente). Por tanto, a fin de
efectuar el pago y emitir la respectiva factura al consorcio, este no podrá consignar un
RUC distinto a alguno de los señalados anteriormente. [Opinión N.° 070-2017/DTN].

8. Protección y promoción de la competencia y prevención del delito
El artículo 14 de la Ley de Contrataciones modificado por el Decreto Legislativo N.° 1444
establece:
14.1. Cuando la Entidad, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE) o el Tribunal de Contrataciones del Estado verifique la existencia de
indicios de conductas anticompetitivas en un procedimiento de selección en los
términos de la normativa especial, debe remitir toda la información pertinente a la
Secretaria Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del
INDECOPI para que esta, de ser el caso, inicie el procedimiento administrativo
sancionador correspondiente contra los presuntos responsables. Esta decisión
debe ser mantenida en reserva y no debe ser notificada a los presuntos
responsables a fin de asegurar la eficacia de la investigación.
14.2. Cuando el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en el
marco de sus funciones, tome conocimiento que un requisito o regla en los
documentos del procedimiento de selección afecten la competencia, con-
traviniendo los principios de libertad de concurrencia y competencia, ordena a la
Entidad que los elimine. Si, adicionalmente, el OSCE toma conocimiento de la
existencia de indicios de delito, debe remitir toda la información pertinente al
Ministerio Público.
Antes de desarrollar este tema es necesario entender que un agente económico goza
de posición de dominio en un mercado relevante cuando tiene la posibilidad de restringir,
afectar o distorsionar en forma sustancial las condiciones de la oferta o demanda en
dicho mercado, sin que sus competidores, proveedores o clientes puedan, en ese
momento o en un futuro inmediato, contrarrestar dicha posibilidad, debido a factores
tales como (a) una participación significativa en el mercado relevante, (b) las
características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios, (c) el desarrollo
tecnológico o servicios involucrados, (d) el acceso de competidores a fuentes de
financiamiento y suministro así como a redes de distribución, (e) la existencia de
barreras a la entrada de tipo legal, económica o estratégica, (f) la existencia de
proveedores, clientes o competidores y el poder de negociación de estos.
Sin embargo, la sola tenencia de posición de dominio no constituye una conducta ilícita.
Sobre el particular, el artículo 10 del decreto supremo que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, Decreto Supremo N.°
030-2019-PCM señala:

146. 10.1. Se considera que existe abuso cuando un agente económico que ostenta posición
dominante en el mercado relevante utiliza esta posición para restringir de manera
indebida la competencia, obteniendo beneficios y perjudicando a competidores reales o
potenciales, directos o indirectos, que no hubiera sido posible de no ostentar dicha
posición.
10.2. El abuso de la posición de dominio en el mercado podrá consistir en conductas de efecto
exclusorio tales como:
a) Negarse injustificadamente a satisfacer demandas de compra o adquisición, o a
aceptar ofertas de venta o prestación, de bienes o servicios;
b) Aplicar, en las relaciones comerciales o de servicio, condiciones desiguales para
prestaciones equivalentes que coloquen de manera injustificada a unos competidores
en situación desventajosa frente a otros. No constituye abuso de posición de dominio
el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan a prácticas
comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por determinadas
circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto, volumen u otras
que se otorguen con carácter general, en todos los casos en que existan iguales
condiciones;
c) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones adicionales
que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, no guarden relación con el objeto
de tales contratos;
d) Obstaculizar de manera injustificada a un competidor la entrada o permanencia en
una asociación u organización de intermediación;
e) Establecer, imponer o sugerir contratos de distribución o venta exclusiva, cláusulas de
no competencia o similares, que resulten injustificados;
f) Utilizar de manera abusiva y reiterada procesos judiciales o procedimientos
administrativos, cuyo efecto sea restringir la competencia;
g) Incitar a terceros a no proveer bienes o prestar servicios, o a no aceptarlos; o,
h) En general, aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de
competidores actuales o potenciales en el mercado por razones diferentes a una
mayor eficiencia económica.
10.3. La presente Ley se aplica inclusive cuando la posición de dominio deriva de una ley u
ordenanza, o de un acto, contrato o reglamento administrativo.
10.4. Las conductas de abuso de posición de dominio constituyen prohibiciones relativas.
10.5. No constituye abuso de posición de dominio el simple ejercicio de dicha posición sin
afectar a competidores reales o potenciales.
8.1. Prácticas colusorias horizontales
El artículo 11 del decreto supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de
Represión de Conductas Anticompetitivas, Decreto Supremo N.° 030-2019-PCM,
señala:
Artículo 11.- Prácticas colusorias horizontales
11.1. Se entiende por prácticas colusorias horizontales los acuerdos, decisiones,
recomendaciones o prácticas concertadas realizadas por agentes económicos
competidores entre sí que tengan por objeto o efecto restringir, impedir o falsear la
libre competencia, tales como:
a) La fijación concertada, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones
comerciales o de servicio;
b) La limitación o control concertado de la producción, ventas, el desarrollo técnico o
las inversiones;
c) El reparto concertado de clientes, proveedores o zonas geográficas;
d) La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a normas
técnicas nacionales o internacionales y afecte negativamente al consumidor;
e) La aplicación concertada, en las relaciones comerciales o de servicio, de

147. condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen de manera
injustificada a unos competidores en situación desventajosa frente a otros;
f) Concertar injustificadamente la subordinación de la celebración de contratos a la
aceptación de prestaciones adicionales que, por su naturaleza o arreglo al uso
comercial, no guarden relación con el objeto de tales contratos;
g) La negativa concertada e injustificada de satisfacer demandas de compra o
adquisición, o de aceptar ofertas de venta o prestación, de bienes o servicios;
h) Obstaculizar de manera concertada e injustificada la entrada o permanencia de un
competidor a un mercado, asociación u organización de intermediación;
i) Concertar injustificadamente una distribución o venta exclusiva;
j) Concertar o coordinar ofertas, posturas o propuestas o abstenerse de estas en las
licitaciones o concursos públicos o privados u otras formas de contratación o
adquisición pública previstas en la legislación pertinente, así como en subastas
públicas y remates; u,
k) Otras prácticas de efecto equivalente que busquen la obtención de beneficios por
razones diferentes a una mayor eficiencia económica.
11.2. Constituyen prohibiciones absolutas las prácticas colusorias horizontales inter
marca que no sean complementarias o accesorias a otros acuerdos lícitos y que
tengan por objeto:
a) Fijar precios u otras condiciones comerciales o de servicio;
b) Limitar la producción o las ventas, en particular por medio de cuotas;
c) El reparto de clientes, proveedores o zonas geográficas; o,
d) Establecer posturas o abstenciones en licitaciones, concursos u otra forma de
contratación o adquisición pública prevista en la legislación pertinente, así como en
subastas públicas y remates.
11.3. Las prácticas colusorias horizontales distintas a las señaladas en el numeral 11.2
precedente constituyen prohibiciones relativas.
8.2. Prácticas colusorias verticales
El artículo 12 del Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
de Represión de Conductas Anticompetitivas, Decreto Supremo N.° 030-2019-PCM,
señala:
Artículo 12.- Prácticas colusorias verticales
12.1 Se entiende por prácticas colusorias verticales los acuerdos, decisiones,
recomendaciones o prácticas concertadas realizados por agentes
económicos que operan en planos distintos de la cadena de producción,
distribución o comercialización, que tengan por objeto o efecto restringir,
impedir o falsear la libre competencia.
12.2 Las conductas ilícitas verticales podrán consistir en los supuestos
tipificados a modo de ejemplo en los numerales 10.2 del Artículo 10 y 11.1
del Artículo 11 de la presente Ley, según corresponda.
12.3 La configuración de una práctica colusoria vertical requiere que al menos
una de las partes involucradas tenga, de manera previa al ejercicio de la
práctica, posición de dominio en el mercado relevante.
12.4 Las prácticas colusorias verticales constituyen prohibiciones relativas.
8.3. Modificaciones en función de la protección y promoción de la competencia
y prevención del delito
El Decreto Legislativo N.° 1444 añade que, cuando la entidad o el OSCE o el Tribunal
de Contrataciones encuentren indicios de conductas anticompetitivas en un
procedimiento de selección y decidan remitir la información al Indecopi para que, este
de ser el caso, inicie el procedimiento sancionador; la entidad, el OSCE o el Tribunal

148. de Contrataciones no deben informar de dicha decisión remitir los actuados al Indecopi
a los presuntos responsables; por el contrario, la decisión debe ser “mantenida en
reserva y no debe ser notificada a los presuntos responsables a fin de asegurar la
eficacia de la investigación”. Pues la investigación dada su naturaleza requiere de un
trabajo previo por parte del Indecopi, que prescinda de factores que busquen socavar
la investigación.