LEY 348 EN BOLIVIA Buscan garantizarles una vida libre de violencia mediante medidas integrales de prevención, atención, protección y reparación . Estas leyes definen diversos tipos de violencia (física, psicológica, sexual, patrimonial, etc.), establecen derechos para las víctimas (atención gratuita, confidencialidad), imponen sanciones a los agresores y facultan la intervención de diversas instituciones públicas.
Objetivos principales : Garantizar el derecho de las mujeres a una vida digna y libre de violencia. Proteger los derechos humanos de las mujeres y su integridad personal, tanto en el ámbito público como privado. Perseguir y sancionar a los agresores.
Tipos de violencia que abordan: Las leyes como la Ley 348 reconocen una amplia gama de violencia contra las mujeres, incluyendo: Violencia física, psicológica, sexual y patrimonial. Violencia feminicida , simbólica, mediática y económica. Violencia laboral, institucional y en el ejercicio de la política. Violencia contra la libertad sexual y en el ámbito familiar.
Medidas y derechos para las víctimas Atención integral: Derecho a ser atendida de forma gratuita, con respeto y sin revictimización . Protección: Obtener medidas de protección para alejarse del agresor, como la prohibición de acercamiento a su domicilio o trabajo. Asistencia: Acceso a atención médica inmediata y a certificados que demuestren los daños. Confidencialidad: Derecho a la reserva de identidad al realizar una denuncia.
Sanciones para los agresores: Sanciones para los agresores Establecen la persecución y sanción de los agresores. Las sanciones varían según la gravedad del delito y pueden incluir penas de cárcel, multas o medidas administrativas para funcionarios públicos. Ámbito de aplicación Estas leyes se aplican en todo el territorio nacional y obligan a autoridades y servidores públicos a hacerla cumplir. La aplicación de estas leyes tiene preferencia sobre otras normas en casos de violencia contra las mujeres.
Ámbito de aplicación : Estas leyes se aplican en todo el territorio nacional y obligan a autoridades y servidores públicos a hacerla cumplir. La aplicación de estas leyes tiene preferencia sobre otras normas en casos de violencia contra las mujeres.