resumen de introduccion al derecho siglo 21

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INTRODUCCION AL DERECHO M:3 L:1 o 6 DIVISION DEL DERECHO, RAMAS DEL DERECHO. DERECHO
PUBLICO
División y sistematización del Derecho
-División de la Ciencia del Derecho:
Individuo y sociedad, entre, ambos términos median vínculos de relación que parecen abrazar al hombre en la integridad de su
naturaleza. En efecto, el individuo se ve arrastrado a la sociedad por sus propios instintos; lo mantienen en ella una indefinida
variedad de sentimientos y afectos y la razón misma le persuade de que permanecerá sin separarse.

Vínculos sociales de carácter material: territorio, el de la sangre, el de las comunes necesidades y exigencias.
Vínculos sociales de carácter supra sensible: son espirituales: vínculos intelectuales, morales y religiosos.

Vinculo del Derecho: el cual interponiéndose entre los hombres y la sociedad, tiene por esencial oficio dar a todo elemento de
la vida social la parte que le sea debida, y contener en sus justos límites a cada individuo, elemento o grupo de que la sociedad
se compone. El derecho trata de coordinar las partes con el todo y el todo con las partes.

-El derecho existe desde el momento mismo en que se conformaron los primeros grupos sociales, y puesto que el hombre es
social por naturaleza, el derecho es coetáneo con el hombre.
Vemos entonces, que aparece primero el derecho, como elemento esencial de todo grupo social. Comenzó a ser para el hombre
no sólo un modo de ejecutar, sino también de acción, con un sentido profundo de lo justo. Estas formas originaron en la
sociedad ciertos hábitos, ritos y costumbres, por lo general, solemnes y por último, el conocimiento y custodia de esos ritos y
costumbres reconocidos como leyes, que dieron origen a la primitiva prudencia jurídica, que podríamos considerar, las
incipientes formas de una ciencia del derecho. Surge en los Griegos, un pensamiento filosófico, sobre ese fenómeno y se
constituye así el derecho en objeto de una reflexión.
El derecho, en suma, se manifiesta en una atmósfera mixta de hechos e ideas, de necesidades sensibles y de aspiraciones
morales, por lo tanto, en su dominio lo transitorio se enlaza con lo constante, lo múltiple se armoniza en el uno, lo cierto se
coordina con lo verdadero, y la autoridad y la razón se apoyan una en otra recíprocamente.

El concepto de Derecho
De acuerdo a Radbruch “del concepto de derecho se desprende que:

el derecho debe tener una realidad, presentar la forma empírica de una ley o una costumbre; dicho en otros términos, que
debe ser “positivo".
en cuanto materialización de la idea del Derecho, debe elevarse valorativa e imperativamente sobre el resto de la realidad; es
decir, que debe ser “normativo”.
por proponerse la realización de la justicia, debe regular la convivencia humana; debe tener, “carácter social.”
por virtud de la justicia a que aspira, debe establecer la igualdad para todos a cuantos afecte; debe tener por consiguiente,
“carácter general.”

El concepto general del Derecho es: “El conjunto de normas generales y positivas que regulan la vida social”

“Clasificación del Conocimiento Científico del Derecho Positivo”

Ramas de la Ciencia del Derecho Positivo
Distinción del Derecho Positivo. Derecho Público y Privado. Cuestionamientos y Justificaciones de tal
distinción.

Cada una de éstas disciplinas, se refieren a un área especial del derecho, manteniendo sin embargo, una conexión entre ellas y
relacionándose íntimamente entre sí. La división no es absoluta y cada rama constituye una ciencia jurídica particular.

La primera distinción, - que ya señalamos en el Módulo II - que debemos realizar del derecho positivo, considerada
fundamental, que surge del ámbito espacial de validez de las normas es entre: Derecho Nacional o Interno y Derecho
Internacional.

Distinciones del Derecho Interno
Para distinguir y organizar las distintas relaciones que pueden darse en el mundo jurídico, dentro del Derecho Nacional o
Interno, ha prevalecido hasta hoy, en la Ciencia del Derecho, la distinción del mismo en Derecho Público y Derecho Privado.

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Los romanos, desde antiguo, establecieron la nítida distinción entre Derecho Público y Derecho Privado. El Derecho Privado, era
atribuido a la calidad de ciudadano romano, concepto similar al de derecho Civil, derecho privativo del ciudadano romano, que
regulaba las distintas relaciones jurídicas entre los habitantes: comprar, vender, contraer matrimonio etc.
-El Derecho Público:
En cambio, reglaba las relaciones de los hombres considerados como miembros de la asociación política, se ocupaba
principalmente de la regulación y organización del poder público, al interés del Estado: forma de gobierno, o la organización de
la magistratura etc.

"El Digesto", el jurisconsulto Ulpiano dio uno de los criterios más aceptados de la distinción de ambos derechos, estableciendo
que: "Las normas serán de derecho privado si están dirigidas a solucionar o satisfacer intereses individuales y el derecho será
considerado público si con él se está protegiendo el interés de la comunidad política como tal".

Teoría del Interés: considera que los intereses de uno y otro orden como opuestos entre sí.

Se afirmaba, que el pensamiento de Ulpiano era el siguiente: para enseñar el Derecho era necesario enfocar lo que éste tiene
por objeto; cuando el Derecho tiene por objeto la regulación "del Gobierno de la República Romana", deberá denominarse
Derecho Público y cuando el Derecho regule todo aquello que pertenece al provecho de cada individuo en particular, será
considerado como Derecho Privado. Se admitía así el principio de que el interés público debía prevalecer sobre el privado.

Creemos que no es verdad, que el interés privado y el público se puedan separar en dos categorías absolutas, por el contrario,
los intereses individuales coinciden a veces con los sociales, y viceversa.

Al hombre de la Edad Media, se le presentan confundidos e indistintos los conceptos y las instituciones sobre los que se apoya la
sociedad. En un primer periodo no se habla más que de fuerza, en el segundo, la organización social inicia su desenvolvimiento
sobre una base contractual y en el periodo de los Comunes, comienzan éstos, a hablar de propias razones, propios derechos y se
disponen a sostener sus derechos, razones y franquicias contra el señor feudal, contra el Obispo y contra el Emperador mismo.
Se comienza a hablar de comunidad y pueblo, por encima del individuo y de la familia, surge nuevamente el ente colectivo y
social, o sea el Estado. Se desentierran nombres antiguos, para designar instituciones nuevas, entre ellas, la distinción de
Derecho Público y Derecho Privado. En éste período, una nueva filosofía parece desprenderse de la teología, y en el seno de la
jurisprudencia romana se preparan las bases de una nueva ciencia jurídica que se desenvolverá en la época moderna.

Diversas Teorías alrededor de la distinción: Derecho Público y Privado:

Montesquieu, definía el:

-Derecho Público, - que él denominaba Derecho Político – Como: “Las leyes en la relación que tienen los que gobiernan con
aquellos que son gobernados".

-Derecho Privado - que denominaba Derecho Civil,- como: “ Las leyes en la relación que tienen todos los ciudadanos entre sí”.

Jellinek, seguido luego por Kelsen, Radbrud, García Maynez, Legaz y Lacambra, exponen una teoría más aceptada, sostenían
que:

-La diferencia entre Derecho Público y Derecho Privado, se debe buscar en el carácter de las relaciones jurídicas, que las normas
establecen entre el Estado y los particulares, o entre los distintos órganos del Estado y no en los intereses en juego. Las
relaciones jurídicas en el derecho privado, serán establecidas sobre la base a la igualdad o coordinación de los sujetos,
jurídicamente equivalentes. Una norma será de derecho privado, cuando los derechos y deberes que derivan de ella, se deben a
la voluntad de los obligados, por ejemplo un contrato de compraventa. En cambio, en el derecho público, al participar el Estado
con su Imperiun, ya no se establece una relación de coordinación, sino de subordinación. Los exponentes de ésta Teoría,
prescinden de los sujetos o destinatarios, para tener sólo en cuenta el objeto de las relaciones.
-Jellinek reconocerá la dificultad que existía en diferenciar el Derecho Público del Privado, dado que ambos se correlacionan y
complementan, no los opone. En todas las relaciones en que la igualdad hipotética de los sujetos desaparece, estamos en
presencia del Orden Público.
-García Maynez, por su parte, dice que: “Las relaciones de coordinación o de igualdad no sólo pueden existir entre particulares,
sino entre dos órganos del Estado, o entre un particular y el Estado, cuando éste último no interviene en el carácter de poder
soberano. El Estado puede entrar por consiguiente, en relación de coordinación como de supra ordinación con los particulares”.

Criterio Negativo o Monista:
No admite distinción entre ambos derechos. Quienes adoptan tal posición expresan: la distinción no presenta ninguna ventaja,
por lo que debe ser desechada. Tal es así, que el sistema Anglosajón no la conoce, alejándose del sistema romanista, divide al

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derecho: en Derecho Legislado - (Statue Law) - y Derecho Consuetudinario - (Common Law- Con este concepto se identifica dicho
Sistema)

Kelsen, por su parte, en su “Teoría Pura del Derecho”, comenta que: “Se trata de una división de las relaciones jurídicas. Así, el
Derecho Privado presentaría una relación entre sujetos de igual orden, jurídicamente equivalentes, y el derecho Público una
relación entre un sujeto supraordenado y otro subordinado, de los cuales uno tiene más valor jurídico que otro.
Consideramos, que, la distinción entre Derecho Público y Privado no constituye una división del derecho, sino solamente
modos en la realización del mismo, ideas, para determinar en cada una de sus disciplinas jurídicas, el mayor o menor
predominio de lo público o de lo privado. No podemos hablar de una nítida separación. A veces, tendremos relaciones jurídicas
que no pueden ser englobadas, en conjunto, en ninguno de aquellos dos campos, sino, que constituyen más bien, una
combinación de formas de derecho privado y derecho público.

Distintas disciplinas que integran el Derecho Público:

El Derecho Público Nacional o Interno, está integrado por el:
Político.
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.

-Derecho Político:
Es la rama del derecho público que estudia la Teoría General del Estado, nos enseña el concepto general del Estado y las nociones
fundamentales e instituciones esenciales que bajo diferentes formas encontramos en el mundo.
Derecho y política, son dos esferas que no dependen la una de la otra, que no se vinculan entre sí, en relación de mayor a
menor, o de continente a contenido, o de causa a efecto, y que, sin embargo, tenemos que acercar para ver en qué consiste el
Derecho Político.
El vocablo "Político", deriva de la palabra griega "Polis", mediante la cual se designaba a la Ciudad (Atenas, Esparta). En Grecia, lo
que nosotros llamamos Estado, es la ciudad.
Aristóteles la definía como: “la asociación de varias aldeas o poblados que poseen todos los medios para bastarse a sí mismas,
alcanzando el fin para que fueran formada”. La ciudad, es la más importante de las asociaciones, dado que, comprende en sí, a
todas las demás. Por esa razón para Aristóteles, el hombre debe vivir en sociedad, es un ser político por naturaleza, que debe
vivir bajo la ley (nomos). Para no vivir en sociedad, debería ser un Dios o una bestia. Los Romanos, en cambio, para referirse al
Estado hablaban de: “res pública"; confundiendo el Derecho Político con el Derecho Público. Todos los dominios que han tenido
imperio sobre los hombres, han sido repúblicas o principados" (es decir, monarquías). En la antigüedad, la palabra política,
sintetizaba todo lo que se refería al Estado, a la "cosa pública". Sócrates, por su parte, presentaba una Ética Política, que
investigaba los principios para un obrar político, estableciendo los objetivos éticos- políticos, sentando como norma la absoluta
dedicación del individuo al Estado.

Acepciones (distintos significados) del concepto Política:
Distintas acepciones envuelven al concepto de “política”. En su sentido etimológico, proviene de “polis”, la ciudad Estado
Griega. Abordando la acepción, desde un punto de vista corriente o vulgar, identificamos el vocablo por una parte con; lo “útil”,
lo “hábil” y por otra, con el Estado, el gobierno, y los partidos políticos.

Si lo tomamos en sentido amplio, “la política está vinculada a todo tipo de poder organizado, no solamente el estatal. En toda
formación social, ya sea la familia, un gremio, una asociación, una entidad social, se genera una relación de poder entre los que
adoptan las disposiciones, entre quienes deciden y quienes obedecen”.

Cuando utilizamos el concepto, científicamente, y comenzamos a delimitar su esfera, “es el estudio de la organización y gobierno
de las comunidades humanas”. Por una parte, es un estudio inductivo y especulativo y por la otra un estudio histórico y
sociológico. Recurre, por eso, a ciencias auxiliares como: historia, economía, sociología, el Derechos etc., que coadyuvan a su
reflexión y estudio.

En sentido específico, está vinculada directamente al poder de dominación de la comunidad, con la capacidad para imponer
coactivamente y obligatoriamente sus decisiones, contando el Estado con su Imperium.

La Política como Ciencia y como Actividad
a) Como ciencia: "Como saber, se le contempla a través de la denominada, "Ciencia Política", que tiene como objeto propio al
Estado. Estudia al mismo, en su vida y desarrollo, explicando no sólo su naturaleza, sino también su origen y composición,

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teniendo en cuenta, las causas y sus elementos - territorio, población - que lo determinan como tal (poder). En el Derecho
Político, la órbita de estudio, no será de un Estado determinado, sino de todo Estado, constituyéndose la denominada, Teoría
General del Estado.
b) La política es además actividad, acción ordenadora, y lucha por el poder. El derecho Político, como ciencia jurídica que
estudia al Estado, no debe ser confundido, con la política. “La política, es la ciencia práctica del Estado o ciencia aplicada; aquella
que determina el modo como el Estado puede alcanzar determinados fines. La política es también lucha por el poder, así los
gobernantes luchan para permanecer en el gobierno, a fin de cumplimentar su plan propuesto parte de los gobernantes,
lucharán a su vez, para desalojarlos, por eso la definimos como actividad a la política.

-Derecho Constitucional:

Abelardo Torré Pág.: 640: Es “la rama del Derecho Público que rige la estructura política fundamental del Estado, es decir, la
organización y funcionamiento del gobierno, las relaciones de éste con los ciudadanos y sienta las bases de toda la organización
del Estado".

"El Derecho Constitucional es la rama, del Derecho Público, que tiene por objeto el estudio de las normas fundamentales
referidas a la estructura del Estado, a la organización y competencia de las funciones de los poderes del gobierno y a los
derechos, garantías y obligaciones individuales y colectivas, así como las instituciones que los garantizan, como también la
jurisprudencia, doctrina, práctica, usos y costumbres nacionales".

Concepto de Constitución:

Siguiendo a Helio J. Zarini, decimos que hay un concepto formal y otro material de Constitución:
-Concepto formal, cuando nos referimos al documento escrito, al “conjunto sistematizado de normas escritas o principios
constitucionales, en un cuerpo único, que se considera Ley Fundamental, producto del Poder Constituyente, que protege
libertades y divide el ejercicio del poder.
-Concepto material, “cuando sus disposiciones importan la organización y funcionamiento real del Estado, de conformidad con
la normalidad social”.
“Constitución es el conjunto de normas jurídicas fundamentales referidas a la forma, límites y fines del Estado; a la organización,
competencia, funcionamiento y relaciones de los órganos del Poder Público y a los derechos, obligaciones y garantías esenciales
de la población, de la persona y de sus grupos”

GONZALEZ CALDERON, Juan A. Constitución es: "El conjunto de ideas y principios generales que constituyen la doctrina, el credo
de un sistema de gobierno. Es la cristalización de tradiciones, ideales, íntimas convicciones. Es la que da "fisonomía propia a los
pueblos", es la Ley Fundamental mediante la cual el pueblo de una Nación, en ejercicio de su soberanía, estructura las bases
mismas del Estado, crea los órganos de gobierno determina los derechos y obligaciones que le son propios establece los fines
que el Estado ha de satisfacer y reconoce los derechos y obligaciones de los habitantes y las garantías que los amparan. Organiza
política y jurídicamente el Estado, por lo tanto, debe ser el exponente completo del desarrollo orgánico del país, para que pueda
considerarse como garantía permanente de buen gobierno del mismo"

Partes de la Constitución Nacional:

1-Preámbulo: Invocación solemne Precede a la parte normativa

2-Parte Preceptiva o dogmática: Comprende del Artículo 1 al 43 de la Constitución Nacional y se titula Declaraciones Derechos y
Garantías.
3-Parte Orgánica: Trata del las autoridades Nacionales y Provinciales Contiene además disposiciones transitorias y un apéndice
de documentos Internacionales.

1-Preámbulo:
´´El Congreso Constituyente, Los fines de la Constitución, La invocación a Dios´´
Palabra compuesta que deriva del latín, pre (antes) y ambulare (andar). De acuerdo a la etimología, decimos, que es la puerta de
entrada, a los preceptos constitucionales. El Preámbulo, si bien integra la Constitución, no es considerado “parte”, por algunos
autores. Es una invocación solemne, que precede el articulado de nuestra Constitución. Expresa la ideología de la Constitución,
contiene la declaración genérica de principios, y las legítimas aspiraciones de un pueblo. Indica los fines, sus propósitos
históricos y jurídicos, los objetivos que se propusieron los constituyentes. Es además, la fuente que sirve para interpretar el
espíritu de la Constitución, al cual se debe recurrir siempre en que haya dudas o no aparezca nítido, el alcance de un precepto
constitucional.

2-Parte Preceptiva o Dogmática:

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´´Declaraciones, derechos y garantías que tienden a asegurar la libertad y pone un coto al poder político´´
La constitución formal, titula a la primera parte, “Declaraciones, Derechos y Garantías”. Sin embargo, quizás, debido a un error
de técnica legislativa, se plasman en ella, a pesar de su título, no sólo una serie de derechos deberes y garantías fundamentales,
que sus distintos artículos reconocen a los habitantes, como el derecho a la libertad, a la vida, igualdad, sino también, normas,
que no son preceptivas, sino de carácter organizacional, ej.: El Art. 1, 6, etc.

-Las Declaraciones, son, "Enunciados solemnes sobre cuestiones fundamentales.
Contienen principios y normas esenciales que se refieren al Estado en sí mismo, a las autoridades en general, a las provincias
como entidades autónomas integrantes del Estado y a todos los habitantes".

-Derechos: Ante el continuo desconocimiento de la personalidad humana por los sistemas de gobiernos autocráticos, las
constituciones a partir de fines del siglo XVIII, comienzan a incluir en su articulado disposiciones concretas destinadas a
salvaguardar los derechos fundamentales de los individuos. De esta manera lo colocaban en una situación defensiva frente al
Estado. En la República Argentina, desde los primeros momentos constitucionales, después de la Revolución de Mayo, se
encuentran declaraciones en ese carácter.
La Reforma Constitucional de 1994, introduce “ Nuevos Derechos” en el Capítulo Segundo, intitulado, precisamente, "Nuevos
Derechos y Garantías", a partir del Art. 36. Se da la posibilidad de incorporar a la constitución, nuevos derechos, no
contemplados expresamente, derivados de problemáticas y movimientos contemporáneos, y dirigidos a la defensa de diversos
sectores de la población. Son consecuencia de, haber sufrido los argentinos, violaciones a los derechos fundamentales:
vejámenes, torturas, desaparición forzada de personas, exilios, despidos, confiscación de bienes etcétera. Los constituyentes de
1994, como resultado de esas experiencias vividas, incluyeron varios artículos que constituyen un intento de resguardo como: el
Art. 36; el 43 con garantías específicas, el 75 Inc.22.

Los Derechos son: “Facultades jurídicas, que corresponden a cada hombre y que la constitución, sanciona o concede en su
calidad de tal. "Constituyen facultades o atribuciones que se reconocen a los habitantes del Estado, para que los individuos
puedan efectuar normalmente el desarrollo de su personalidad”.

Los Derechos Humanos son: “El conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias
de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos
jurídicos en el ámbito nacional e internacional”.

-Garantías:

-Artículo 18. Constitución Nacional (GARANTIAS):
El artículo 18 de la Constitución Nacional, contiene todas las garantías individuales en favor de la persona, relativas, en especial
a las penas, al procedimiento penal y a ciertas medidas represivas. Ej.: legislación para hacer efectiva la libertad personal, la
inviolabilidad del hogar, los secretos de la vida privada y un tratamiento humano en los juicios y en las cárceles cuando se ha
cometido un delito.

Es necesario, para la comprensión del artículo, analizar los principios que contiene en el orden que se encuentran establecidos:

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Juicio Previo (Principio de legalidad) acusación, defensa, prueba y sentencia. Mientras una persona no sea declarada
“culpable" por la justicia, mediante un pronunciamiento, (sentencia) firme, va a gozar de una presunción de inocencia.
Ley anterior al hecho para que un hecho sea considerado delito, debe existir una ley anterior al mismo y establecer la pena
correspondiente.
Principio de Irretroactividad de La Ley penal: "Nadie será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no
prohíbe´´. Su aplicación es siempre hacia el futuro, no hacia el pasado.
Comisiones Especiales. Jueces naturales Ninguna persona puede ser sometida a tribunales que no hayan sido creados por las
leyes respectivas, con anterioridad al motivo del juicio y dotados de las facultades correspondientes.
Declaración contra sí mismo – arresto impide que las personas sometidas sobre todo a juicio penal, sean extorsionados por
violencias físicas, morales u otros procedimientos de las técnicas modernas, como algunas drogas, para que confiesen su
participación o culpabilidad en un delito.
Defensa en Juicio implica que nadie puede ser condenado sin que previamente haya tenido la oportunidad de concurrir a la
justicia o los órganos administrativos a fin de ser oído y defender su persona o derechos. Esta garantía no implica que el acusado
vaya alterar "las reglas comunes de los procesos, sino, que su libertad de defensa no sea coartada por las leyes" e impedir el
aporte de las pruebas que demuestren su inocencia.
Inviolabilidad del domicilio; Correspondencia y Papeles Privados la norma, resguarda tanto el domicilio real, como el legal.
"Mientras no lesione el orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero", el domicilio, es el centro de las acciones privadas,
que la propia Constitución declara: “Reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados´´ (Art.: 19 C.N.)
Cárceles ordena, que dichos establecimientos tienen la misión de buscar la reeducación del individuo en ellas detenidos. La
pena, no es una reparación del mal por el mal, no es una medida vengativa, sino de cautela, de protección o de seguridad para la
sociedad.

-Garantías Específicas: Amparo, Hábeas Corpus y Hábeas Data:

Amparo está destinada a hacer efectivos, por vía sumaria, todos los derechos consagrados en la Constitución, salvo, el de la
libertad física o ambulatoria, que se protege mediante el Hábeas Corpus.
La Acción de Amparo, es la verdadera garantía al principio de legalidad y el medio eficaz y jurídico de hacer respetar la
supremacía de la Constitución.
Hábeas Corpus "Ningún habitante puede ser, “arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente”; de no
observarse, tal mandato, nace la acción o recurso de Hábeas Corpus. Literalmente, "Hábeas Corpus”, significaba: "que tengas tu
cuerpo" o " que seas dueño de tu persona", son las palabras latinas que encabezaban la petición de ésta acción, que brindaba
amparo a la libertad física, a fin de preservarla de arbitrariedades o privaciones ilegales. Es el recurso jurídico por excelencia,
para hacer efectivo el principio de la libertad personal. Garantía suprema, mediante la cual el particular afectado, u otra persona
por él, acude ante la autoridad judicial demandando la libertad, tras haber sido detenido por una autoridad no competente o sin
orden escrita, o no se ha guardado la debida forma, o carece de causa legal, y disponer así su liberación. El artículo, establece
una formulación amplia, respecto a las características del Hábeas Corpus, se contempla además de la detención, las amenazas,
restricciones menores, el agravamiento de la prisión y la desaparición forzada de personas.
Hábeas Data “toda persona podrá interponer esta acción (amparo) para tomar conocimiento de los datos a ella referidas y de
su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de
falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos".
Toda persona goza de una vida privada, o sea a un aspecto de su vida que desea ocultar a la curiosidad ajena, es decir a su
intimidad.
El Derecho a la Intimidad:
“ El derecho que garantiza a su titular el desenvolvimiento de su vida y de su conducta dentro de un ámbito privado, sin
injerencias ni intromisiones que puedan provenir de la autoridad o de terceros, y en tanto dicha conducta no ofenda al orden
público, a la moral pública ni perjudiquen a otras personas”.

El Artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional, constituyen la regla general, los constituyentes del 53, garantizaron en dichos
artículos el derecho a la Intimidad. Pero la complejidad de la nueva tecnología, demanda una regulación y reglamentación más
específica. Considerando, que el contenido de éste derecho no sólo se integra por la esfera doméstica, familiar y de amistad,
sino también, por otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas, como la integridad corporal o el derecho a
la propia imagen. Las áreas, no destinadas a ser difundidas no pueden ser vulneradas por los demás sin consentimiento de su
titular o familiares autorizados para ello, la intromisión sólo podrá ser legítima en casos de interés superior, límites admisibles
en caso de necesidades sociales”. Se trata de una acción, que asegura el acceso a las bases de datos y demás registraciones que
de una persona se tengan, determinando, de esa forma, la posibilidad de que el tribunal ordene suprimir, rectificar, modificar o
actualizar la información que allí se contenga.

3-Parte Orgánica de nuestra Constitución:
´´Se establece la organización del país, las autoridades de la Nación´´

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-Título Primero, dedicado al Gobierno Federal. Comienza analizando las funciones que debe cumplir el Poder Legislativo
(Cámara de Diputados, Senador, Disposiciones comunes a ambas Cámaras, Atribuciones del Congreso, Formación y Sanción de
las Leyes, el Defensor del Pueblo).
-Sección Segunda, a partir del artículo 87, al Poder Ejecutivo, su naturaleza y duración, forma y tiempo de la elección del
Presidente y Vicepresidente de la Nación, sus atribuciones; del Jefe de Gabinete y demás Ministros del Poder Ejecutivo.
-Sección Tercera, establece los lineamientos normativos del Poder Judicial, su naturaleza, sus atribuciones y finalmente la
caracterización del ministerio Público.
-Título Segundo, hace alusión a los: Gobiernos de provincia. Contiene disposiciones transitorias, y un Apéndice de Documentos
Internacionales (Tratados Internacionales), incorporados ambos, por la reforma de 1994.
Inherente al sistema republicano de nuestro país, es la existencia de los tres poderes clásicos: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo
y Poder Judicial. Los Convencionales de 1853 captaron el sistema de tripartición del Poder, estableciéndolo de manera
equilibrada, armónica y de mutua coordinación. No están rígidamente separados, sino, que por el contrario, existe entre ellos
una permanente coordinación y armonización en su accionar, recíprocamente controlados en un sistema de pesos y contrapesos
de funciones, pero cada uno de ellos con facultades constitucionales propias.
“Los tres poderes distintos, separados y soberanos en sus respectivas esferas de acción, son coordinados, armónicos,
combinados y uniformes en la acción general que constituye el gobierno de la Nación”. “Cada uno de los tres poderes es
supremo en su jurisdicción y solamente subordinado a los otros dos, en cuanto no esté exceptuado por la Constitución, por las
leyes o por la naturaleza de los actos, siempre comprendidos en la una o en las otras”.

El Poder Legislativo del Estado debe ser ejercida por un cierto número de personas, ya que por razones de seguridad política y
por motivos de eficiencia práctica, sería imposible que estuviese en manos de una sola. La misma Constitución establece en su
articulado que el órgano Legislativo en nuestro país, es el Congreso Nacional. La Constitución Argentina, siguiendo ese ejemplo,
estableció que, la Cámara de Diputados representa a la Nación en su conjunto. Su representación, es proporcional a la
población. La Cámara de Senadores, representa a las Provincias, como entidades autónomas. Siendo, en este caso, la
representación igualitaria, por Estado provincial (tres senadores por cada provincia).
Derecho Parlamentario, conjunto de reglas, principios y costumbres que rigen la organización y funcionamiento de los cuerpos
legislativos. En la Constitución Nacional, lleva el Título de “Disposiciones comunes a ambas Cámaras”.

El Poder Ejecutivo es desempeñado por un ciudadano nativo o hijo de ciudadano nativo, - si ha nacido en país extranjero - con el
título de “Presidente de la Nación”. El Presidente, como personificación del poder Ejecutivo, es igualmente soberano como el
Legislativo y Judicial, salvo los casos en que sus actos se combinan o ayudan. No altera la calificación de unipersonal, el papel
constitucional de los Ministros 69ni la institución del Vicepresidente. La función del Vicepresidente cumple dos fines: a)
reemplazar al Presidente en caso de enfermedad, renuncia o destitución, y b) Presidir el Senado.
Respetando las autonomías de las Provincias, en la Constitución Nacional, los Constituyentes, sólo se ha organizado Gobierno
Federal. De modo tal, que cada una de ellas estructure su propio gobierno, siempre sujeto a las normas generales de la
Constitución Nacional.

El Poder Judicial corresponde a éste Poder, como objetivo de su existencia misma, la misión de, "administrar justicia", aplicar la
ley y garantizar su cumplimiento en los casos concretos que se le presenten.

-Derecho Administrativo:
Establece las reglas de funcionamiento de la administración pública y de prestación de servicios públicos. Regula además las
relaciones de aquella con los administrados.
El Estado debe organizarse, para la ejecución de sus fines esenciales, tendientes al bien común,"en cualquiera de los órdenes
que desenvuelve su actividad. Debe establecer, un sistema de órganos, mediante los cuales pueda manifestar su voluntad y
poner en movimiento su acción, generando así, la actividad del Estado. Ésta actividad constituye las llamadas Funciones del
Estado. En síntesis, el Estado para el cumplimiento de sus fines, necesita realizar una serie de actividades, que, básicamente, son
de tres tipos: Legislativa, por la cual genera normas jurídicas; Judiciales, que comprende la función de Juzgar y por último la
función Administrativa.

-Funciones del Estado:
Las funciones públicas varían en su forma, según el objeto de sus actividades, son atribuidas a diferentes órganos estatales. Las
básicas de todo Estado son: Legislativa, Judicial y Administrativa. Los órganos esenciales del Estado tienen sus atribuciones
propias.
Si bien, todos los órganos del Estado cumplen funciones específicas, cada uno de ellos, realiza además, Funciones
Administrativas. Cuando el órgano Judicial, nombra o sanciona a su personal, o el Legislativo dicta su reglamento interno, están
ejerciendo funciones administrativas.

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"El órgano Ejecutivo, en cambio, siempre la ejerce porque es su forma habitual de actuación, salvo en los casos, que dicta actos
de gobierno que se consideran propios de su función específica y no sujetos a control judicial, excepto, que mediare una
manifiesta arbitrariedad o irrazonabilidad".

-La Función Administrativa:
La actividad del poder administrador comprende una serie de actos de diferente naturaleza: de gobierno y administrativos. Los
primeros se vinculan directamente a la soberanía del Estado, en principio, están sometidos únicamente al contralor público, no
por ello, escapan a la esfera jurídica, su realización no puede ser arbitraria. "Es la actividad funcional del Estado, que tiene por
objeto la realización en forma directa de los cometidos estatales, mediante actos de efectos subjetivos, conforme al orden
jurídico y sujeto al contralor jurisdiccional"(Judicial).
“el ejercicio de la función administrativa, nos referimos a todos sus aspectos, a quién la realiza, (Administración Pública); con
relación, a quiénes, (Administrados), de que modos y formas se ejercita, conque medios se cuenta para la acción y hasta dónde
puede llegar ésta (límites y control).”
Servicio público. Es: “Toda actividad pública o privada, regulada por la ley (decreto, ordenanza), con el objeto de satisfacer en
forma más o menos continua necesidades colectivas.

-Concepto de Derecho Admistrativo: Ildarraz nos enseña que Derecho Administrativo es: "La rama de la Ciencia del Derecho
Público interno, que estudia los principios y normas que regulan la organización y el ejercicio de la función administrativa y su
consiguiente control judicial." “ que de la idea de una Administración Pública dentro de un Estado de Derecho, regulado por el
Derecho Administrativo, se puede delinear el contenido del mismo, que gira alrededor de ciertos principios fundamentales:”

El contenido general del Derecho Administrativo incluye los siguientes puntos:
actividad jurisdiccional (justicia administrativa).

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Principio de Legalidad
Calificamos la actividad administrativa como "Sub-legal", debe estar sometida a la ley. “Este principio se refiere precisamente a
la sumisión de todo la actividad del Estado al Derecho, al orden jurídico.”

Principio de discrecionalidad
Una característica del Derecho Administrativo es la potestad discrecional para la aplicación de normas jurídicas. La
administración, cuenta con un cierto margen de elasticidad dentro de su marco jurídico. Es indispensable que la administración
cuente con la misma, la ley no puede reglamentar todos los detalles de su actividad. Como dice Bielsa, “ administrar, es algo más
que ejecutar, pues si ejecutar es cumplir lo ordenado, administrar, es “concebir” y llevar a la práctica la concepción o disposición
con criterio de oportunidad, de eficiencia, de elección de medios etc.
Está prohibido por la ley a cualquier autoridad o jefe, mandar caprichosamente dentro de su competencia. Por eso, establecimos
que la actividad administrativa está sujeta a contralor jurisdiccional, encargado de ratificar las desviaciones de los principios
jurídicos o constitucionales en que pueda incurrir el funcionario.

Principio de contralor Jurisdiccional

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“La necesidad de controlar el ejercicio de la función administrativa a través de la función jurisdiccional”. Un órgano
independiente, será el encargado de ese control, que constitucionalmente puede asumir distintas formas. El contralor puede ser
interno, mediante la organización de la justicia administrativa. O externo, fuera de su ámbito, por la justicia judicial.

Principio de razonabilidad
Será razonable, la actividad desplegada por la administración, aquella que permita lograr los fines perseguidos con el menor
menoscabo del ámbito de la libertad de los ciudadanos. Determina éste principio; si hay o no - proporción entre la solución
buscada (respuesta normativa) y la situación de necesidad.

-Derecho Penal:
Se refiere a los delitos y las penas aplicables.

Concepto y Características
Sebastián Soler, define al Derecho Penal como:
La parte del derecho, compuesta por el conjunto de normas dotadas de sanción retributiva.-82 Es entonces, el conjunto de
normas que determinan cuales son los delitos y las penalidades, impuestas por el Estado, que los mismos acarrean.
En el Derecho Penal, está en juego, no sólo el patrimonio como ocurre en las cuestiones civiles pecuniarias, sino el honor,
Libertad y honestidad de las personas. Las sanciones penales, afectan a la libertad misma del hombre y al juicio de estimación
que de él hacen sus semejantes. Este derecho, “Se diferencia de las demás ramas jurídicas en la selección de las conductas, que
por su especial gravedad o incisividad, merecen la más enérgica de las respuestas del Estado´´.La acción del Estado, que es el
encargado de ejercer la función pública, asegura la defensa de la sociedad, mediante la prevención y la represión de ciertos
hechos dañosos al individuo y a la colectividad, llamados delitos.

Art. 1072, del Código Civil, deja sentado: “La palabra “delito” tiene en derecho Civil, una significación diferente, de la que tiene en
el derecho criminal”.

En derecho civil, designa toda acción ilícita, por la cual una persona a sabiendas e intencionalmente, perjudica los derechos de
otra.

En Derecho Criminal, designa toda infracción definida y castigada por la ley penal”.

Los elementos clásicos del Derecho Penal, son el delito y la pena. El Delito es considerado un ataque directo a los derechos
individuales y sociales. Es “una acción, tipificada por ley, típicamente antijurídica y culpable” y adecuada a una figura legal”

Analizando, las partes constitutivas del concepto, decimos:

-Acción, es siempre un acto, un acontecimiento humano y voluntario. Al ser, en éste caso, una acción antijurídica, contraria a
derecho, es una conducta que viola una norma establecida previamente.
-Tipificada, descripta en los distintos artículos del Código Penal. Los “tipos” penales, han sido creados para deslindar sin lugar a
dudas lo “prohibido”, lo que se encuentra fuera de la Ley.
-Culpable, atribuible al autor, a título de dolo o culpa o como acto intencional o imprudente.
-Debe adecuarse a una figura penal, previamente prevista por la legislación vigente, a la fecha del hecho, como delito punible.
Esa acción, se manifiesta asimismo, por las sanciones, comprendiendo tanto; penas, como medidas de seguridad (prevención del

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delito), y reparaciones civiles, - impuestas para satisfacer los intereses patrimoniales vulnerados - y las medidas contra la
peligrosidad, aún antes, de que se exteriorice concretamente en un delito determinado.

División del Derecho Penal
1) Parte general, que incumbe la temática sobre aquellas instituciones que son comunes a todos los delitos, como; la
prescripción de la pena, el concurso de delitos, la tentativa, etc. En nuestro derecho positivo, se legisla la parte general
en el Libro I del Código Penal.
2) Parte Especial, referida a los delitos en particular contra el honor (Injurias), contra la honestidad (Violación, estupro),
contra la propiedad (robo, hurto, usurpación), etc. y que corresponden al Libro II de nuestro Código Penal, y las leyes
modificatorias y complementarias.
PAG 653, Torré
-Dice Núñez, que: “el delito y el delincuente nos ofende, nos lesiona; la contravención y el contraventor, nos molesta.” El
homicida, atenta contra un valor fundamental, el beodo, simplemente perturba la convivencia.

“La teoría y la legislación han distinguido siempre como ramas diferentes del derecho penal sustantivo:

a) el Derecho Penal Común o penal propiamente dicho;
b) el derecho Penal Contravencional;
c) el Derecho Penal Disciplinario.

A) El primero de ellos, derecho penal propiamente dicho, se ocupa de os delitos y las penas. “Frente a la infracción delictiva´´,
está la infracción contravencional o falta. Las faltas, contravenciones, o delitos de menor cuantía, son las infracciones más leves
que atentan contra las ordenanzas municipales y policiales.

B) La contravención, es una infracción a los deberes impuestos a los individuos por la legislación que regula la actividad
administrativa estatal. Así, entre otras, el que no observa las disposiciones sanitarias, de tránsito, de abastecimiento, o infringe
disposiciones policiales o no abona las cargas tributarias, viola el deber de conducta, ya sea ésta positiva o negativa que le
imponen las normas.

C) El Derecho Penal Disciplinario, en “general, el que rige las faltas (disciplinarias) y las consiguientes sanciones, tendientes a
asegurar la subordinación jerárquica existente en diversos grupos humanos”. Titulares de éste derecho, son las autoridades
pertenecientes a los tres poderes del Estado. Su castigo, tiene por finalidad mantener la disciplina.

Otras Ciencias Penales

Existen otras disciplinas, que complementan el derecho penal:

-La criminología que no es una ciencia autónoma pero estudia de distintos puntos de vista (sociológicos, biológicos, sociales,
etc.), al delincuente, los delitos, y las penas. Tal apertura, ha dado surgimiento a diversas ciencias criminológicas, que se
ocuparán separadamente del estudio de los diversos factores, sociales, biológicos, antropológicos etc. que llevan al individuo a
delinquir.

-La antropología o biología criminal, tiene como objeto, desde el aspecto biológico, el estudio del hombre delincuente.

-La sociología criminal, tiene por objeto, el estudio de los fenómenos sociales, relacionados con la delincuencia, la
responsabilidad y represión.

-Derecho Tributario y Financiero:
Concepto y Caracterización
UP-SUPRA: DERECHO FISCAL

El Derecho Tributario y Financiero, estudia el aspecto jurídico, de la actividad financiera del Estado. Es una rama del Derecho
Público, que se ocupa: “De reglamentar, la percepción, gestión y erogación de los medios económicos, conferidos al Estado y a
los Entes Públicos para el desenvolvimiento de su función. Es el régimen jurídico, de la hacienda o finanzas públicas.
La ubicación de ésta materia, dentro del cuadro general de las Ciencias Jurídicas, ha dado lugar a controversias, y aún hoy,
existen autores que la consideran como parte del derecho administrativo.

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La disparidad de criterios, deviene de la existencia de dos escuelas extremas, una francesa y otra alemana, con principios
distintos, respecto a éste derecho. En medio de ambas, la ecléctica, que considera, al derecho financiero, como reglando todo lo
relativo a las rentas públicas, a su inversión, a los gastos públicos y al control de los mismos.
El derecho Administrativo, es el que fijará las normas dentro de las cuales el Estado desenvolverá su actividad. Se conecta así, el
Derecho Financiero con el Administrativo, existiendo entre ambos, relaciones inmediatas y contiguas.

El objeto de estudio, de ésta rama del derecho, será:
1) El presupuesto,
2) Los tributos, (impuestos, tasas, contribuciones especiales, etc.)
3) Gastos públicos,
4) Crédito público
5) Derecho penal financiero.

-Derecho Internacional Público:

Díaz de Velasco, dice que la sociedad Internacional, presenta los siguientes rasgos estructurales:

- Su composición es preferentemente interestatal, el mayor número de sus miembros son Estados, aunque pueden participar
otros sujetos no estatales, como las Organizaciones Internacionales.
- Carece de una instancia superior, respecto a la cual los Estados están colocados en una relación de subordinación, debido a la
igualdad de los Estados ante el derecho Internacional.
- Su ámbito es universal, ya que forman parte de la misma, ligados al ordenamiento jurídico internacional, la mayoría de los
Estados.
- Esta Sociedad Internacional, es inorgánica y descentralizada, porque no existen órganos de carácter permanente. Para
subsanar, el vacío, y lograr su afianzamiento, tienden los sujetos de la Sociedad a crear Organizaciones Internacionales,

Las políticas de globalización y regionalización, han dado origen a un Derecho Internacional Americano, distinto del europeo, con
características propias y principios diferenciales como el Acta de Chapultepec, etc. Las Organizaciones Internacionales, que se
fueron conformando, que si bien, no son Estados, tienen, no obstante, personalidad internacional, y son consideradas sujetos de
éste derecho.
A final de la Segunda Guerra Mundial, se amplía el campo de la Organización Internacional, con el propósito de la preservación
de la paz mundial y defender los intereses colectivos que ya no pueden satisfacerse.

Designación, contenido, concepto

El Derecho Internacional Público es: “el conjunto sistematizado de principios y reglas jurídicas que rige las relaciones entre los
Estados, las de éstos con ciertas organizaciones internacionales, así como la de éstas últimas entre sí”.

Derecho Comunitario, está inspirado en el propósito de dar una organización más amplia al comercio, a la industria y a la
economía internacional. Prueba de ello, es el establecimiento de la Comunidad Económica Europea, que supone en primer lugar,
la realización de un Mercado Común y la instalación de políticas comunes en los sectores de la agricultura y los transportes, una
política comercial común frente al exterior y la armonización de las legislaciones internas de los Estados miembros. En ese
sentido, en el Cono Sur, los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, firman un acuerdo en 1991, denominado;
“Tratado del Mercado Común del Sur” o “Mercosur”.
Éste Derecho, presenta un desarrollo gradual y progresivo, en los intentos de integración, gozando de primacía sobre las normas
internas de cada uno de los Estados miembros. “ Las normas internas que se opongan a las comunitarias, no serán aplicadas en
el supuesto de colisión, lo que llevará a la nulidad de ésta”.

-Derecho Procesal:
El derecho procesal, es el conjunto de normas y principios que determinan como deben actuar las partes y el juez para llegar a la
sentencia. Su estudio comprende la organización del Poder judicial, la determinación de las competencias de los funcionarios que
lo integran y la actuación del juez y de las partes en la sustanciación del proceso.

El pensamiento jurídico moderno, separó nítidamente el derecho materia, del derecho procesal. El Proceso, es concebido como
una relación jurídica especial, al lado de la relación jurídica material, no una simple institución al servicio del derecho material,
sino un conjunto de normas que llevan en si misma su razón de ser.

-Leyes de fondo o sustantivas, emanan del Congreso de la Nación, en función de las facultades que la Constitución Nacional le
acuerda, a este órgano, para dictar el Códigos Civil, Penal, Comercial, de Minería etc.

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-Leyes de forma o adjetivas, son sancionadas por, las Legislaturas Provinciales. Éstas últimas, son denominadas: leyes de forma,
o procesales, plasmadas en los Códigos Procesales. Regulan el modo, cómo los particulares y los jueces van a actuar, dentro de
la formación y fallo del proceso.

Dentro de esta rama del derecho, que a nuestro criterio, tanto pertenece al derecho público como privado, debemos distinguir
dos áreas o aspectos fundamentales:

a) La orgánica, que atiende a la organización de los Tribunales. A este grupo de normas, se las denomina “normas
procesales orgánicas”, establecen el órgano determinando quien está facultado para establecerlas o aplicarlas. Ya
fueron tratadas, incumbe al Poder Judicial; su jurisdicción, sus órganos, forma de designación de los jueces, sus
deberes, facultades, obligaciones, incompatibilidades y competencia.
b) Procedimiento Se refiere al procedimiento propiamente dicho, por eso hablamos de “normas procedimentales” Versará
sobre el modo, cómo los particulares y los jueces han de obrar, dentro de un proceso, los unos para obtener, los otros
para hacer justicia, o sea, la formación y fallo del proceso. Derecho Procesal, denominado también como derecho
adjetivo, distinguiéndolo así, del derecho de fondo.

Entendemos por proceso, al conjunto de actos realizados por los tribunales o por los particulares, que ante ellos, actúan para el
ejercicio de la función jurisdiccional. No debemos confundir: Proceso con Procedimiento. Cuando hablamos de “procedimiento”,
nos referimos al conjunto de formalidades o trámites que rigen el proceso. Todo proceso requiere de un procedimiento. Así
decimos: procedimiento oral o escrito; público o secreto.
Dentro del proceso, las partes, llamadas también litigantes, ponen en movimiento el proceso judicial, utilizando ciertos medios
llamados acciones - mediante la promoción de una acción.

El desenvolvimiento del proceso, se divide en instancias. Por eso, comúnmente decimos que los actos procesales, se realizan de
oficio o a instancia de partes, según lo realice el juez, por iniciativa propia o a requerimiento de alguno de los interesados.

Instancia, es acción, movimiento, impulso procesal, iniciado por la parte o partes interesadas, ellas son las que ponen en
movimiento, “instan el proceso”. Esa es la razón, por la que hablamos comúnmente de llevar adelante la instancia, de conclusión
de instancia o perención o caducidad de instancia.
Instancia, es la denominación que se da a cada una de las etapas o grados del proceso. Va, desde la iniciación del juicio, hasta la
primera sentencia definitiva, o desde la interposición del recurso de apelación, hasta la sentencia que sobre él se dicte.
Hablamos así de: sentencia de primera instancia o de segunda instancia, de jueces de primera o segunda instancia etc.

El proceso, se desenvuelve en instancias o grados, una instancia sucede a la otra, y no es concebible una segunda, sin haber
agotado los trámites de la primera, ni se puede retrotraer a una etapa ya cumplida (Principio de preclusión).

-En todo juicio o proceso, encontramos tres elementos fundamentales: los sujetos, el objeto y la causa:

intervinientes en la litis, los identificamos como: “las partes”, “los litigantes”, actor, y demandado, los sujetos
activos de la acción. El sujeto pasivo, es el juez, extraño a la contienda, pero parte de ella, quién, a través de la sentencia,
admitirá o rechazará la pretensión jurídica planteada.

identificado como la pretensión a la cual se tiende con el ejercicio de la acción (petitun). El actor, busca una
sentencia que declare si su pretensión es fundada o no.

“es el fundamento del ejercicio de la acción y comprende a su vez, dos elementos: un derecho y un hecho contrario
al mismo. Si un tercero, toma posesión de un inmueble, que no es de su propiedad, importa la negación del derecho del
propietario, de donde nace la pretensión jurídica al reconocimiento de tal derecho, dando origen a la causa de la acción.

Los procesos, o “juicios”, se distinguen tradicionalmente en dos clases: Civil y Penal, según trate sólo de la sanción del derecho
desconocido por uno de los litigantes, o se procure averiguar un delito, para imponer la pena correspondiente.

-Para llevar adelante el juicio, podemos hablar de juicios: “ordinarios”, “sumarios” y “sumarísimos´´:

El juicio ordinario, es la forma común de tramitación de la litis, en los Códigos Procesales, se suele disponer que; todas las
contiendas judiciales entre partes que no tenga señalada una tramitación especial, serán ventiladas en juicio ordinario.

Los juicios sumarios, por razón de la simplicidad de la causa, de la celeridad o por la característica del interés comprometido, no
observan los mismos términos y formalidades que un juicio ordinario y su desenvolvimiento es más ágil. El trámite de juicio
sumario, suele ser sustanciado, para desalojos, adopción, divisiones de bienes comunes.

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Los juicios sumarísimos, de mayor urgencia, no admitiendo dilatación de tiempos y formalidades, aunque siempre, se debe
estar a las establecidas en la ley para tales casos. Como; Recurso de Amparo, Hábeas Corpus, por la gravedad de la situación,
exigen tomarse mediadas con rapidez, a fin de evitar perjuicios tal vez irreparables.

-Proceso Civil y Comercial:
El proceso civil y Comercial, es considerado en general como un conflicto entre particulares, sirve para dirimir las cuestiones
litigiosas que derivan de la aplicación del derecho común privado.
-Todo proceso o juicio Civil, ordinario o especial consta en general de cuatro partes:

a) Demanda: Acto inicial de la relación procesal, mediante la demanda, el actor o parte actora, ejerce una acción,
solicitando al tribunal, un acto de tutela jurídica, una determinada pretensión, la restitución de un derecho, - el pago de
una deuda -. El actor, describirá los hechos y alegará su derecho, consignando, por último, su pretensión. Presentada la
demanda en la forma prescrita, el tribunal, deberá notificar y emplazar al demandado, para que dentro de cierto
tiempo – determinado en los Códigos de Procedimiento - comparezca a “estar a derecho”, “citándolo”, para que
conteste la demanda. La demanda, deberá ser deducida por escrito, debiendo contener, entre otras formalidades:
Nombre y domicilio real, nacionalidad, estado civil y profesión del demandante. Si se tratare de sociedades, los datos
del representante y razón social. Nombre y domicilio de los demandados, si fueren conocidos, las diligencias que se han
realizado para conocerlo.. Los hechos en que se fundare la demanda, expuestos con claridad y precisión y el derecho en
que se funda la petición etc.
b) Contestación de la demanda: Basándose el juez, en la garantía constitucional de “defensa en juicio”, debe hacer
conocer al demandado – notificar - las pretensiones del actor, antes de pronunciarse. La contestación de la demanda,
tiene para el demandado la misma importancia que la demanda para el actor. El demandado, responderá positiva o
negativamente a la pretensión del actor, en el plazo y oportunidad que para las distintas clases de proceso se
establezca en los respectivos Códigos de Procedimientos. En caso, de no contestarla, tal situación, creará una
presunción relativa de la verdad de los hechos, expuestos por el actor en su demanda. Con ésta segunda parte, queda
trabada “la litis”, “la contienda”, se enfrenta, una parte a la otra. Queda integrada la relación procesal y fijados los
hechos sobre los cuales debe basarse la prueba.
a) Trabada la litis, deberá abrirse el proceso a prueba: en el transcurso, del “periodo de prueba”, se deben demostrar los
hechos, alegados por las partes. El juez, tratará de reconstruir los mismos valiéndose de los datos que las partes
ofrecieron. En el caso que actúe de oficio, aquellas pruebas, que pudo procurarse por sí mismo. Los medios de prueba,
generalmente aceptados son entre otros: confesión de las partes, (prueba confesional), declaración de testigos,
(prueba testimonial)116 documentos, (prueba documental), dictámenes de peritos, (prueba pericial) etc.. Los jueces,
formarán una convicción respeto de la prueba aportada por los litigantes, de conformidad con las reglas de la sana
crítica. Analizará y cotejará todas aquellas pruebas aportadas, a fin de poder emitir su fallo o sentencia.
b) Sentencia: pone fin al proceso. De acuerdo al análisis efectuado, en el tema “jurisprudencia” y del artículo 18 de la
Constitución Nacional, se dejó sentado que toda sentencia, debe cumplir el requisito fundamental de; “estar fundada
en ley, anterior al hecho de la causa”. El Juez tiene la obligación de dar en ella los fundamentos en que se basa para
tomar una resolución determinada, sustentándose en los hechos probados en la causa.
La fundamentación o motivación de una sentencia, responde a la necesidad de justificar la razonabilidad del mandato
judicial, debe mostrar que sigue principios de justicia, de que la sentencia no sea el resultado de la sola voluntad
dogmática del magistrado. En toda sentencia o auto que resuelva una cuestión, el tribunal deberá pronunciarse sobre la
“condena en costas”, regulación de honorarios e intereses, aunque expresamente, no se los hubiese peticionado.
En toda sentencia encontramos tres partes: los vistos, los considerandos, y la parte resolutiva.

-Proceso Penal:
El Derecho Procesal Penal, derecho adjetivo o de forma, tiene por objeto la regulación de la causa penal, juicio, o proceso. El
proceso penal presenta diferencias con el proceso civil, tiene por objeto, la averiguación de un delito 123 el descubrimiento de
quién lo ha cometido y la imposición por parte del juez, de la pena que corresponda (o la absolución del inculpado).
En el Derecho Procesal Penal, que es parte del derecho Público, su garantía reside en su judicialidad y en el debido proceso que
abarcará: acusación, prueba, defensa y sentencia fundada en ley. Su procedimiento, suele ser oral, público, contradictorio. El
derecho Penal, necesita para su aplicación, el complemento del Derecho Procesal Penal y para su ejecución el Derecho de
Ejecución Penal.

-Partes en el Proceso Penal:
En el proceso penal, intervienen sujetos que revisten la calidad de partes:

-Los sujetos esenciales o partes esenciales, son aquellas que no pueden faltar o desaparecer. Si eso ocurre, se obstaculiza la
prosecución de la acción, paralizando momentáneamente o definitivamente el proceso.

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-Partes esenciales:
a) El Juez: que constituye el órgano jurisdiccional - con facultad o poder de juzgar.
b) El Agente Fiscal, quién promueve la acción penal, pone en marcha la actividad del juez.
c) Imputado, contra quién se dirige la acción penal.

-Los sujetos eventuales, o partes eventuales, son aquellas cuya participación es secundaria, su presencia o no, no incide en la
marcha normal del proceso por ejemplo, actor civil.

-Etapas del Proceso Penal:
Convive dentro de la legislación de forma, las características de los tres sistemas conocidos, en relación a éste proceso: el
acusatorio, el inquisitivo y el mixto. En el sistema acusatorio, por lo general la jurisdicción es ejercida por un jurado popular. La acción la
inicia quién se denomina “el acusador”- En éste caso, el procedimiento es oral, público continuo y contradictorio. En el sistema inquisitivo, en
cambio, el procedimiento es escrito y secreto. El sistema más claro, parece ser el mixto, que es el desarrolla up- supra.

Tenemos, que hasta el momento, en las provincia de: Córdoba, Tucumán, provincia de Buenos Aires y Chaco, se sigue el modelo
acusatorio. San Luis en cambio, se inclina al modelo inquisitivo. Otras provincias, y la Justicia federal han adoptado un sistema
mixto.

En el orden Nacional, y en las Provincias que han adoptado el sistema de enjuiciamiento mixto, se estructura, por lo general,
en una sola instancia dividida en dos etapas:

-La primera, que se sustancia ante los Jueces de Instrucción, denominada: de Instrucción o Instructoria o instrucción sumarial, o
se denuncia ante el Fiscal o la Policía Judicial.. Procurando, determinar, si prima facie el delito existió. De esta instancia, puede
resultar claro que el delito no existió y en consecuencia, se absuelve, al imputado. Puede resultar, que el mismo aparece poco
posible, en cuyo caso se dicta, falta de mérito – situación que permite reabrir la causa -. Por último, de la prueba acumulada,
puede resultar, como posible, la existencia del delito, situación en la que se procesa al imputado y el juicio pasa a la segunda
etapa.

-La segunda etapa, Cámara del Crimen, en la cual se cumplirá, la segunda etapa denominada: “de Juicio, debate” o “plenario”.
En su desarrollo, se reproduce estimativamente, lo mismo que en el proceso civil, ya que comprende: acusación, defensa,
prueba, sentencia. En ésta Cámara, se citará a juicio, se hará el ofrecimiento de prueba, se fijará audiencia para el debate oral y
público, - los alegatos -, quedando así la causa en estado de “sentencia”, que puede ser condenatoria o absolutoria. La
sentencia, cuando así se lo haya reclamado, puede incluir, una condena al pago de los daños y perjuicio, causados a la víctima.
En caso de disconformidad, con el fallo producido, queda a las partes - en ciertas situaciones - la posibilidad de recurrir a una
instancia de excepción ante el Tribunal Superior de Justicia, por vía del Recurso de Casación, Inconstitucionalidad o Revisión.

-La función Jurisdiccional- El Juez:

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El Poder judicial, está integrado por diversos órganos, de los cuáles el Juez, es el principal, por estar investido de “Jurisdicción ",
es decir, la potestad de dictar sentencias, para lo cual debe garantizar a las partes a las que alcanzan esos pronunciamientos, el
derecho de defensa.

-“Función Jurisdiccional", “Jurisdicción” o “Administración de Justicia”: es el conjunto de funciones, que realizan los integrantes
del Poder Judicial.

Es necesario, dejar en claro, la distinción entre Jurisdicción y Competencia, pues a menudo, ambos términos se utilizan como
sinónimos, y no lo son:

-Jurisdicción, es la función del Poder del Estado por la cual se administra justicia, por intermedio de órganos públicos
especializados y mediante adecuados procesos. Es la facultad o potestad que tienen los Jueces para juzgar, para aplicar el
derecho, al caso concreto. Es la facultad específica de los jueces.

-Competencia, es una “medida de la Jurisdicción”, de modo que todos los jueces, en su carácter de tales, tienen jurisdicción;
pero no todos gozan de competencia para ejercerla en determinado proceso. Es el límite dentro del cual el juez puede ejercer su
jurisdicción, en un caso determinado. Podemos distinguirla en: territorial, material y de grado:

Competencia Territorial: importa el límite del territorio, dentro del cual el juez puede ejercer sus funciones jurisdiccionales.

Competencia material: que es el límite que la ley le impone al Juez, para resolver sólo asuntos relacionados con una
determinada rama del derecho. Se distingue así entre Competencia Civil, Competencia Comercial, Competencia Penal,
Competencia Laboral. Esta parcelación de la jurisdicción, responde a la necesidad o conveniencia de que los Jueces se
especialicen en determinadas disciplinas del derecho para lograr una mayor eficiencia en su tarea.

Competencia de grado: Surgirá la Competencia en razón del grado o "funcional " si el sistema judicial admite una doble o triple
instancia, lo que supone la existencia de dos o más Tribunales. Uno inferior y otro superior, siendo la función de éstos últimos,
revisar las decisiones de aquellos. Se prevén así, en estos casos, Jueces de Primera Instancia, Cámara de Apelación y para
algunas causas una tercera instancia que se sustancia ante el Tribunal Superior Provincial. Existe, entre estas instancias, una
relación jerarquía conforme a la cual las Cámaras de Apelación pueden revisar y modificar los fallos del Tribunal de Primera
Instancia, y en algunos casos, el Tribunal Superior los de las Cámaras. No necesariamente un juicio debe recorrer todas las
instancias

-Organización del Poder Judicial:

La forma de gobierno Representativo, Republicano y Federal, supone la existencia de un poder general, y de poderes locales que
actúan dentro de una esfera propia de acción. El primero, tiene su Imperiun en toda la Nación, y el segundo, sólo en una
provincia determinada, de manera que dentro de los respectivos límites, las provincias ejercen todo el poder no delegado al
gobierno Federal.

La Constitución Nacional, estableció un doble orden judicial: por un lado una Justicia Federal o Nacional, y por otro una Justicia
Local u Ordinaria:

La Justicia Federal, sus facultades son expresas y taxativas, las que no le han sido delegadas pertenecen a la Justicia Ordinaria.
El Congreso está facultado para: “Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal de Minería y del Trabajo y de Seguridad Social, en
cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales.

El art. 108; determina: “Que el Poder judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los demás
Tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación” Por el contrario, la Justicia local u ordinaria, es la
regla y por lo tanto le corresponde el tratamiento de todo asunto que expresamente no éste asignado a la Justicia Federal. (Art.
122 Constitución Nacional).

-Competencia de la Corte Suprema:
Art.: 116 C.N.: “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las
causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación”.

-Las causas que corresponden por competencia originaria a la Justicia Federal, como; "las concernientes a embajadores,
ministros públicos y cónsules extranjeros: de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación

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sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos
de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero.” Todo asunto, que no
esté expresamente enunciado en dicho artículo corresponderá a la Justicia Local u Ordinaria.

-Como tribunal de alzada y por vía del recurso extraordinario, deducido contra sentencias de los tribunales locales o federales
en los supuestos previstos por el art. 14 de la ley 48.
Sólo podrá apelarse a la Corte Suprema, las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales Superiores de provincias, en
los casos que determina el artículo mencionado, por ejemplo: “Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un
tratado, de una ley del Congreso o de una autoridad ejercida en nombre de la nación y la decisión haya sido contra su validez o
cuando se ponga en duda la inteligencia de una norma constitucional”.

-Integración de la Justicia Nacional:
La Justicia Federal, está integrada por:

A) La Corte Suprema de la Nación, órgano colegiado, es el más alto Tribunal de la Nación.
B) Cámaras Federales de Apelación, Tribunales Nacionales, con asiento en las provincias, que dividen su competencia en
función territorial y son los Tribunales Superiores de los Juzgados Federales de Primera Instancia en la zona geográfica
que abarcan.
C) Juzgados Federales de Primera Instancia: Tienen su asiento en distintas ciudades del interior de la República Argentina.
Existen por lo general, uno por cada provincia, pudiendo variar su número: Buenos Aires, tiene cinco, Córdoba tres, etc.
D) Los Tribunales Orales: Corresponden al Fuero Penal y entienden exclusivamente en materias de naturaleza federal. Se
conforman, por lo general, con tres miembros cada una, con una Secretaría de Actuación. Se han creado estos
Tribunales en las provincias de: Córdoba dos, Bahía Blanca, Paraná, San Juan, Mendoza dos, etc.

-Justicia Local u Ordinaria (de las Provincias):
Por mandato constitucional, las Provincias conservan todo el poder no delegado en el Gobierno Federal, y por consiguiente, la
jurisdicción de sus tribunales. Cada provincia organiza su propia Justicia local. En virtud de su autonomía, los procesos que
corresponde tramitar por ante la justicia provincial, deben sustanciarse y concluir – como principio general – en dicho ámbito.
Tiene competencia, por lo tanto, en todas las causas concernientes a circunstancias o hechos producidos en su territorio y que
se relacionen con materias que no hayan sido asignadas expresamente por la Constitución Nacional a la Justicia Federal. Casi
todas las Constituciones Provinciales, garantizan a los ciudadanos el acceso a la justicia, facilitando los medios para acceder a
ella.

-Organización de la Justicia Provincial:
Las Constituciones Provinciales, contienen normas expresas sobre su organización, reglamentando las condiciones para la
designación de los jueces y funcionarios. Por lo general, su estructura es similar en casi todas las provincias: Juzgados de Primera
Instancia, que se dividen según su competencia territorial o de materia; Cámaras de Apelación y un Tribunal Superior de Justicia.

-Tribunal Superior de Justicia:

A) Designación e Integración: Generalmente es denominado; “Tribunal Superior de Justicia”. No siempre es designado
con esa expresión, como acontece en algunas Constituciones Provinciales o Ley Orgánica del Poder judicial, que lo citan
como: “Superior Tribunal de Justicia” o “Corte de Justicia”, - como lo denominan las provincias de Salta y San Juan -.
B) Competencia: El Tribunal Superior, entiende en algunas causas en; forma originaria y exclusiva, - las causas se inician y
concluyen en el mismo Tribunal - en otras, entiende en forma excepcional y derivada, como Tribunal de Alzada, por la
vía que las leyes de procedimiento acuerden. Cuando actúa en forma excepcional y derivada, requiere de un
pronunciamiento previo de un tribunal inferior y sólo se da con referencia a sentencias de segunda instancia, por vía de
los Recursos de Casación, de Inconstitucionalidad y de Revisión. La casación se confiere, cuando la sentencia de la
Cámara, contradice la doctrina sentada por otra Cámara en un caso similar. El Tribunal tiene entonces como misión
unificar la doctrina. La inconstitucionalidad, en cambio, cuando se discute en la sentencia, la interpretación de una
cláusula de la Constitución Nacional o de la Constitución Provincial.

-Tribunales Inferiores:
Los mismos ejercen sus funciones con la competencia, material territorial y de grado, que establecen las Constituciones
Provinciales y la ley respectiva. Bajo ese marco general, los Tribunales inferiores se dividen en fueros: Civil y Comercial,
Concursos y Sociedades, Penal, laboral, Contencioso Administrativo y de Familia.

El Fuero Penal, es de instancia única. Existen jueces de Instrucción, encargados de realizar una investigación, previa con la
colaboración del Fiscal y la Policía Judicial. El juicio es oral y se realiza ante las Cámaras Penales, las sentencias de éstas, pueden
ser recurridas en casos especiales, ante el Tribunal Superior de Justicia mediante el recurso de casación.

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El Fuero Laboral, también está organizado en instancia única, iniciándose el juicio ante los jueces de Conciliación, quienes
procuran el advenimiento de las partes. El juicio propiamente dicho, se sustancia en forma oral, ante las Cámaras laborales. Sus
sentencias pueden ser recurridas ante el Tribunal superior de Justicia, mediante el recurso de casación.
El Fuero Administrativo, nos dice Ildarraz, “Que tanto en el orden nacional como en el de cada provincial y aún en los ámbitos
municipales, han establecido un régimen de procedimiento administrativo que, a pesar de contar con diversas modalidades,
responden en términos generales a los principios de un procedimiento, en que se asegure precisamente, la vigencia de éstos. A
diferencia del proceso judicial, no hay en el procedimiento administrativo, partes sino interesados o administrados que actúan
frente a la administración legítimamente.” Por lo general, está organizado en Instancia única, se sustancia ante las Cámaras
Administrativas, mediante un procedimiento escrito. Eventualmente, las sentencias son revisables por el Tribunal Superior,
mediante la interposición de un recurso de casación. Funcionando en doble instancia, cuando la Provincia, como persona
jurídica es parte.
El Fuero de Familia, integrado por: Asesorías, que intervienen procurando el advenimiento de las partes, patrocinando a las
personas de pocos recursos y ejerciendo la representación promiscua de los menores. La homologación de los acuerdos, está a
cargo de los Jueces de Familia, quienes fijan provisoriamente los alimentos, régimen de visita etc. Los juicios, oral y reservados,
se sustancian ante la Cámara de Familia de instancia única.

Los jueces de Paz Lego - no son letrados, no es necesario, para desempeñase, el título de abogado - ejercen una función
preventiva en su respectiva jurisdicción, decidiendo los conflictos a su leal saber y entender, “Como un buen padre de familia”,
procurando el advenimiento de las partes. La ley determina el número de los jueces de paz, el periodo de sus funciones, el
sueldo de que gozan, su competencia territorial, conforme al principio de descentralización de sus asientos, y material, en la
solución de cuestiones menores o vecinales y contravenciones o faltas provinciales. El procedimiento es verbal, sumarísimo,
gratuito y de características arbitrales.

-El Ministerio Público, a cargo de un Fiscal General y de los Fiscales que de él dependan, según lo establezca la Ley Orgánica
respectiva. Deben ejercer sus funciones, con arreglo a los principios de; legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y
dependencia jerárquica, en todo el territorio de la provincia correspondiente.

El Fiscal General, es el encargado de fijar las políticas de persecución penal, instruyendo a los fiscales inferiores, sobre el
incumplimiento de sus funciones, con arreglo a las leyes. El ejercicio de sus funciones se verifica tradicionalmente a través de
tres ramas fundamentales: Ministerio Público Fiscal, El Ministerio Público Pupilar y la Defensoría de pobres y ausentes. En
cualquiera de estas ramas, se lo erige al Ministerio Público como “Defensor del sistema de legalidad dentro del Estado de
Derecho.

-Los Jueces - Concepto y Designación:
La función jurisdiccional les ejercida por los jueces, que son los sujetos procesales investidos de imperio, es decir, de la facultad
de impartir justicia. "Su misión, no puede ser ni más augusta ni más delicada: a él, está confiada la protección del honor, la vida y
los bienes de sus conciudadanos; por eso se le exigen condiciones excepcionales para desempeñar el cargo y se lo rodea de
garantías, que aseguren la independencia y rectitud de sus fallos. Su inconducta, será castigada con severas sanciones".

Para la designación de los jueces, encontramos en la legislación comparada, distintos sistemas. Podemos destacar, como los más
representativos; el del Concurso de Antecedentes y en algunos casos de Oposición, el de ascenso por antigüedad; la designación
por el propio Tribunal; o por un Consejo de la Magistratura, etc. Su designación, debe perseguir fundamentalmente, incorporar a
la justicia magistrados capaces, libres, dignos, responsables y honestos.
El texto del Inc. 4 del artículo 99 de la Constitución Nacional, prevé distintos procedimientos, según se trate de designaciones de
Jueces de la Corte Suprema o de los demás Jueces Federales. Contemplando, asimismo otras modalidades acerca del
nombramiento de magistrados.
El Poder Ejecutivo, “Nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros
presentes, en sesión pública convocada al efecto”. “Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a
una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá
en cuenta la idoneidad de los candidatos.” Inc. 4 Art.99

Las Provincias, por lo general, adoptan un sistema de designación, para los Miembros del Tribunal Superior, cuyo procedimiento
difiere al de los restantes magistrados o miembros del Ministerio Público. La designación, de los Miembros del Tribunal
Superior, “la efectúa la Unicameral a propuesta del Gobernador”. Cuando se trata de los restantes magistrados, el Consejo de la
Magistratura, examinará las aptitudes técnicas de los aspirantes, en concurso público y abierto y elevará a la Unicamerales, una
nómina de cinco postulantes para la designación en pública sesión.

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La tendencia, que sigue en ésta materia el constitucionalismo moderno, es la de adoptar el procedimiento de designación, de los
jueces inferiores, por un Consejo de la Magistratura, organismo que normalmente se integra con representantes de distintos
sectores. Éste es el sistema adoptado por nuestra Constitución Nacional.

-Facultades y Deberes de los Jueces:
"El Juez ante todo, tiene el deber de mantener la supremacía constitucional, siendo el control de constitucionalidad una cuestión
de derecho... “El Juez no puede dejar de juzgar bajo pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes”, precepto
legalmente consagrado en el artículo 15 del Código Civil. Deberá entonces, preocuparse, no sólo de fallar, sino fallar a tiempo,
sin retardo, dictando sus sentencias en tiempo oportuno.
El Juez aplicará el derecho, con prescindencia o en contra de la opinión jurídica de las partes, interpretando siempre la ley o
doctrina legal, con un criterio jurídico de actualidad, de modo que su aplicación importe la realización de la justicia”.
Juntamente con los deberes, el Juez cuenta con facultades indispensables, para llevar adelante su cometido. Así, pueden
disponer de la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de sus funciones, allanar domicilio, o disponer secuestro de bienes,
etc. Cuenta además, con facultades disciplinarias, que le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial y los Códigos de
Procedimientos, para corregir faltas de sus inferiores, pudiendo aplicar apercibimientos, suspensión, multas e incluso solicitar al
Tribunal Superior, la destitución de los empleados judiciales. Importa también una facultad, la conciliación o advenimiento de las
partes, muchas veces la oportuna intervención del magistrado, puede resultar conveniente para las partes.

-Garantías de independencia del Poder Judicial:

Un elemento indispensable para lograr el principio de división de los poderes, y para asegurar la imparcialidad de los
pronunciamientos judiciales es la garantía de independencia del poder judicial, de los otros poderes del Estado.
Implica que; "el juez está exento de toda subordinación jerárquica, ningún órgano jurisdiccional de rango superior, puede influir
censurar ni corregir la aplicación e interpretación de las leyes hechas por sus inferiores, salvo, por cierto, que estos órganos
actúen como Tribunales de alzada, por la interposición de recursos reglados contra la decisión del inferior"

Para garantizar esa independencia se establecen principios fundamentales: La imparcialidad, inamovilidad, Intangibilidad de
las remuneraciones, cuentan además los jueces, con inmunidades.

Imparcialidad: Con el propósito de asegurar la imparcialidad de los jueces en la resolución de las causas que le son sometidas
para su juzgamiento, las Constituciones suelen contener normas expresas determinando una serie de restricciones
(incompatibilidades) para realizar otras tareas o actividades que pudieran comprometer la independencia de sus juicios. En
general, el ejercicio de la magistratura es incompatible con cualquier otra actividad, excepto con la docencia, que suele
restringirse a la universitaria y con ciertas limitaciones en su dedicación.

Inamovilidad: Por regla general, se establece la inmovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta, algunas
Constituciones provinciales o Leyes Orgánicas del Poder Judicial, no contienen normas que la establezcan en forma absoluta. Así,
Catamarca o La Rioja, no tienen absoluta inamovilidad. La inamovilidad comprende el grado y la sede, no pudiendo ser
trasladados ni ascendidos sin su consentimiento. Sólo podrán ser removidos en la forma y por las causas prevista por la
Constitución.

Intangibilidad de Remuneraciones: es la prohibición de disminuir sus sueldos mientras permanezcan en sus funciones. La
Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha puntualizado: “La intangibilidad de los sueldos de los magistrados, es garantía de
independencia del Poder Judicial y no ha sido establecida en razón de las personas de los jueces, sino, como una forma de
asegurar un poder del Estado.

Inmunidades: A los jueces se los ha rodeado de prerrogativas individuales equivalentes a las que poseen los diputados, o sea,
inmunidad de opinión y arresto. En este último caso, con la excepción de ser sorprendido, “In Fraganti”, en ejecución de un
hecho ilícito doloso, que merezca pena privativa de libertad.

La remoción de los magistrados, sólo puede darse mediante el Juicio Político, procedimiento destinado a hacer efectiva la
responsabilidad política de determinados funcionarios. Este juicio puede entablarse contra: el Gobernador, Vice Gobernador, los
Ministros y los Miembros de la Corte o Superior Tribunal, Miembros del Tribunal de Cuenta etc. Siendo causales, de juicio
político él: mal desempeño de sus funciones, delito en el cumplimiento de las mismas, delitos comunes, inhabilidad
sobreviniente física o mental. Se ha establecido, para el juzgamiento de aquellos magistrados judiciales, no sujetos a juicio
político y jueces inferiores el Juris de Enjuiciamiento o jurado de enjuiciamiento.

-Otros Funcionarios Judiciales:
Son Funcionarios Judiciales: El procurador Fiscal; los Fiscales; Defensores; los representantes del Ministerio Público; Asesores de
Menores; Secretarios; Oficiales de Justicia; Médicos Forenses; el Director y Sub- Director de Archivo de Tribunales y el Director y
Tesorero de la Dirección de Administración del Poder Judicial.

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-Derecho Público, Provincial y Municipal:

-Derecho Público Provincial:

Vanossi: “Las provincias existen y son tales por virtud de la Constitución Nacional. Gozan de “autonomía”, según las
determinaciones de la propia Constitución Nacional. Como así lo afirma la doctrina y la jurisprudencia. Queda como un valor
entendido que ellas están subordinadas, en la medida que el ordenamiento jurídico general (la Constitución Nacional) lo
establezca, teniendo por encima de la esfera de su libertad la supra ordinación del régimen nacional”. La regulación de las
facultades reservadas por las provincias, como su organización institucional y las de sus Municipios, conjuntamente con el
estudio del Federalismo Argentino, conforman el Derecho Público Provincial, que en gran parte, se encuentra en las
Constituciones, que, en ejercicio del Poder Constituyente, cada provincia dicta.
Por eso, a efecto de afianzar y ampliar los derechos y garantías del hombre, ya establecidos en la Constitución Nacional y regular
su sistema de gobierno, cada provincia dicta para sí, una Constitución.

-El Municipio:

Profesor uruguayo Daniel H. Martins:
“Institución política – administrativa - territorial, basada en la vecindad, organizada jurídicamente dentro del Estado, para
satisfacer las necesidades de vida de la comunidad local, en coordinación con otros entes territoriales y servicios estatales”

Compuesta de varias tribus fundidas, que reconocen su origen común, se presentaba, otro forma de convivencia más amplia,
que suele denominarse Comunidad de Pueblo, la cual parece ser una transición entre la patriarcal y la convivencia civil y política,
que más tarde se desenvolvió, tomando el nombre de municipio. Esta agregación, no puede todavía llamarse Ciudad, Municipio,
en el sentido que damos hoy, a esos vocablos. La convivencia social, continúa siendo nada más, que, un modelo más amplio de
la familia, en ella la cosa pública, no llegaba a distinguirse de los intereses familiares y privados.
Los diferentes autores, que han tratado con profundidad la temática municipal, no han logrado coincidir, en que época ha
surgido el municipio. Algunos la sitúan en Egipto, otros, en los demos Ateniense, los más, atribuyen su origen, al tiempo de la
expansión de Roma. Se reconoce en general, la existencia del municipio, como una comunidad natural fundada en la
convivencia.
Por un lado, el municipio refleja las características específicas de la sociedad objeto de su gestión, su historia, sus tradiciones, su
cultura, sus relaciones de producción y de consumo. Por otra parte, las características y orientaciones del Estado, se reflejan en
el funcionamiento y política del municipio.
Descentralización, autogestión social, libertades individuales, solidaridad, eficacia de la acción pública y optimización de los
recursos humanos forma, un todo interdependiente. La forma de ser del Estado democrático es la articulación de poderes
locales según el principio de lo que pueda decidirse y gestionarse a un nivel inferior no debe hacerse a un nivel superior.

-Derecho Municipal:

El derecho Municipal, que ubicamos, dentro del Derecho Público Interno, ocupa un papel destacado. Es la disciplina jurídica que
se ocupa de la problemática del Municipio, instrumento de gestión, más directamente ligado a la realidad cotidiana de una
sociedad local.

“Conjunto de principios legales y normas jurisprudenciales referentes a la integración, organización y funcionamiento de los
gobiernos locales” “Es el enfoque de la ciencia jurídica destinada a investigar el origen histórico, la naturaleza, definición,
elementos y fines de la Institución municipal, así como su inserción en el Estado, sus relaciones, competencia, y demás aspectos
del gobierno, administración y finanzas locales.”

-Contenido del Derecho Municipal:

Este derecho, comprende una serie de temas que le son propios. Se suele enumerar entre otros:
a) Autonomía municipal; b) Organización de su gobierno; c) El Poder de Policía Municipal; d) Justicia en la administración
Municipal, e) Régimen financiero; f) Servicios Públicos g) Administración y policía del dominio público municipal, etc.

Con relación al tema autonomía, que etimológicamente significa “auto legislación” y gobierno de lo propio. Podemos decir, que
implica un concepto político de descentralización del poder. Es: “La facultad que detentan los Estados miembros de un Estado
Federal, a los fines de darse sus propias instituciones en el marco de su Constitución Estadual y reconociéndose en todos los
casos la sujeción jurídica natural que la obliga frente al Estado central”

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INTRODUCCION AL DERECHO M:3 L:2 o 7 DISIPLINAS QUE INTEGRAN EL DERECHO PRIVADO

-Derecho Civil:

El Derecho Civil es el conjunto de normas jurídicas y principios que regulan las relaciones personales o patrimoniales entre
personas privadas, tanto físicas como jurídicas, de carácter privado y público, o incluso entre las últimas, siempre que actúen
desprovistas de poder público. Regula la vida de las personas en cuanto tales, en sus relaciones de familia, en sus relaciones con
los demás miembros de la comunidad, en cuanto a su patrimonio; y desde su concepción hasta más allá de la muerte a través de
la transmisión hereditaria.

Sus características son: a) común, porque se aplica a todas las personas, b)supletorio o subsidiario, y c) estabilidad, dado que
sus transformaciones no se experimentan con la celeridad de otras ramas, por ejemplo del Derecho Comercial ; este último debe
ir adaptando sus contenidos a las exigencias del tráfico negocial.

Posee cinco grandes divisiones a los fines didácticos a saber:

a. Derechos de la personalidad (también llamados atributos de la persona derivados de la personalidad jurídica, que son el
nombre, la capacidad, el domicilio y el estado)

b. Derecho de familia (con las instituciones del matrimonio, la filiación, la adopción, la tutela, la curatela, el divorcio)

c. Derecho de las obligaciones, también denominado Derechos Creditorios, y respecto de éstas se estudia el concepto, sus
elementos, su clasificación, sus efectos y sus modos de extinción

d. Derechos reales e intelectuales, y al respecto estudia su concepto, elementos, clasificación, y efectos.

e. Derecho sucesorio: y lo relativo a los tipos de sucesión (testada e intestada) , herederos, órdenes y criterios de partición.

Abarcando además las figuras dinámicas que permiten a las personas relacionarse entre sí, por ejemplo los contratos, hechos
jurídicos y las personas en sí.

-Relación jurídica:
El Derecho Civil es Derecho en sentido objetivo (es decir, como conjunto de normas), a su vez este Derecho les otorga a las
personas (como se ha estudiado anteriormente) poderes o facultades para relacionarse entre sí. Estas facultades o poderes

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(derechos subjetivos) se denominan en sentido amplio “Relación Jurídica” y las mismas pueden ser patrimoniales o
extramatrimoniales.

-Personas o Sujetos de Derecho:

Estas relaciones jurídicas se componen de tres elementos: a) sujeto, b) objeto y c) causa.

a) Sujeto, es la persona, y la misma se encuentra definida en el Código Civil en su art. 31 como “Todo ente susceptible
de adquirir derechos, o contraer obligaciones”. A esta capacidad de ser siempre titulares de derechos se la denomina
personalidad jurídica, y precisamente es el Derecho el que les reconoce a las personas esta particularidad, es como si
cubriera a la persona de una “burbuja” que la protege en su relación con los demás. A las personas se las denomina
“sujetos de derecho” cuando se encuentran relacionándose entre sí de manera dinámica, por ejemplo cuando están
contratando entre sí. A su vez, la expresión “ente” abre la clasificación de persona en personas físicas (o de existencia
visible, como nosotros) y personas jurídicas (o de existencia ideal , como la Universidad por ejemplo).

Los atributos de las PERSONAS REALES son:

Las personas físicas comienzan su existencia desde su concepción en el seno materno y la terminan con la muerte. Mientras tanto poseen
atributos o cualidades inherentes a su calidad de personas, concebidas “a priori”, y que están relacionados con la protección que da la
personalidad jurídica mencionada anteriormente.

1. El nombre: que lo identifica. Se encuentra compuesto por dos elementos: a) el nombre de pila, que es el que se
adquiere por la inscripción en el Registro del Estado y la Capacidad Civil de las Personas. Y b) el apellido, que según sea
su filiación será su régimen; por ejemplo si es hijo matrimonial tendrá el apellido de padre y opcionalmente el de la
madre y si es extramatrimonial tendrá el apellido de quien lo reconozca.
2. El domicilio: que indica el lugar en el que las personas tienen el centro de sus relaciones jurídicas, el atributo de las
personas (el que no puede faltar) es el domicilio general real o general legal (este segundo es para personas
determinadas y cuyos supuestos están determinados en el Código Civil)
3. El estado: se refiere al rol de las personas en la sociedad o en una familia, por ejemplo el estado de hijo permite
reclamar la filiación; también se aplica al estado civil de las personas, casadas o solteras. Este atributo es importante
para reclamar o reconocer derechos relacionados con el mismo.
4. La capacidad de derecho: que es el atributo de las personas que implica el “grado de aptitud de las personas para
adquirir derechos y contraer obligaciones”. A esta capacidad también se le llama capacidad de ser titular de derechos.
Por ejemplo es la capacidad que tenemos de adquirir el derecho a la propiedad de una casa, o el derecho a la vida, o el
derecho a la libertad. Es relativa porque no podemos tener todos los derechos y tampoco nos pueden faltar todos. El
Código Civil en algunos artículos establece ciertas “incompatibilidades” también denominadas “incapacidades de
derecho” y que persiguen proteger el interés social, por ejemplo: un juez no puede adquirir los bienes que están bajo su
litigio (de otra manera no serían imparciales a la hora de juzgar), o los esposos no pueden celebrar entre sí contratos de
donación o compraventa (de otra manera, estarían afectando los derechos de sus descendientes por ejemplo). Junto
con esta capacidad y por cuestiones de metodología se estudia la “capacidad de hecho” que es la que poseen las
personas físicas y que implican la aptitud o grado de aptitud para ejercer los derechos de los que se es titular. A esta
capacidad también se la llama capacidad de obrar, porque permiten a las personas poder disponer los derechos ya
adquiridos. Por ejemplo: si adquirí el derecho a la propiedad de una casa (en virtud de mi capacidad de derecho)
entonces podré alquilarla, venderla o regalarla (en virtud de mi capacidad de hecho). Como puede faltar totalmente no
es un atributo de la persona. El Código Civil en sus arts. 54 y 55 establecen las personas que no pueden ejercer por sí
mismas sus derechos. A estas situaciones se las denomina “incapacidad de hecho” y su objetivo es proteger al incapaz
para que por falta de madurez no se perjudique a sí mismo; por eso cada uno de los mencionados en los artículos
pueden obrar a través de sus representantes (por ejemplo los menores a través de sus padres).

La clasificación de las PERSONAS JURIDICAS (Art.: 33 CC):

El hombre no puede actuar solo para realizar emprendimientos o actividades, para ello necesita de otras personas; por eso existen las denominadas “personas
jurídicas”; estos son entes reconocidos por el Derecho y que poseen dos elementos: a) uno material: que es el grupo de personas o grupo humano base de las
personas jurídicas; y b) uno formal que es la capacidad de derecho, por ello goza también de “personalidad jurídica”.

“ Las Personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado´´.

Tienen carácter público:
1°. El Estado Nacional, las Provincias y los Municipios.
2°. Las entidades autárquicas.
3°. La Iglesia Católica.

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Tienen carácter privado:
1°. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces
por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para
funcionar.
2°. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar.”

Esta clasificación tiene su importancia porque es la que define la rama del Derecho que se va a aplicar para resolver los conflictos
o la regulación necesaria para su funcionamiento. Por ejemplo, las personas jurídicas públicas se rigen en general por el Derecho
Administrativo, y las personas jurídicas privadas se rigen por el Código Civil (sociedades civiles, asociaciones y ley de fundaciones)
y por la ley de sociedades comerciales.

Los atributos de las PERSONAS JURIDICAS son:

1. Un nombre, que puede ser de fantasía o el nombre de los socios en le caso de las sociedades comerciales (según el tipo
de sociedad que sea), o en el caso de las empresas unipersonales el nombre comercial que se adquiere por un año de
uso sin oposición.
2. Capacidad de derecho limitada por su actividad, su naturaleza y por la ley.
3. Domicilio general legal (es uno de los supuestos mencionados anteriormente).
4. Patrimonio: este es un atributo esencial de las personas jurídicas ya que sin éste no pueden funcionar ni realizar sus
actividades. El patrimonio de las personas jurídicas es distinto al de sus miembros.

Otros Conceptos Básicos
Acto Lícito e Ilícito

b) Causa, la causa de las relaciones jurídicas se denomina causa fuente y es la que le da origen o nacimiento. Esta causa
fuente surge de los hechos jurídicos que son según el art. 896 del Código Civil todos los acontecimientos susceptibles de
producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones. Estos hechos a su
vez se clasifican en humanos o naturales:
- Los naturales son los que producen consecuencias jurídicas por hechos de la naturaleza (por ejemplo un granizo en
una cosecha tiene como consecuencia que se pague el seguro correspondiente).
- Los humanos son los hechos en los que interviene el hombre .Estos hechos cuando son voluntarios (es decir, cuando
son ejecutados con discernimiento, intención y libertad) se clasifican a su vez en ilícitos si son contrarios a la ley o lícitos
si no lo son. A su vez los ilícitos se denominan delitos si fueron cometidos con intención (con dolo) o
cuasidelitos si se causaron por negligencia o impericia o imprudencia (a esto se llama culpa).

Art. 944 C.C. “Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato, establecer entre las personas
relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos”. Por ejemplo un contrato de compraventa es
una especie de acto jurídico (si compramos una gaseosa en un kiosco) o también un testamento. En estos casos las
consecuencias (transferencia de la propiedad de un bien) se producen porque así lo quisieron las partes.

-Responsabilidad:
El incumplimiento de una norma, o la violación del deber genérico de no dañar, o el incumplimiento de una obligación genera lo
que se denomina “responsabilidad”. Es el deber de reparar el daño injustamente causado, en principio trata de volver las cosas a
su estado anterior, si no se puede entonces repara pecuniariamente. Por ejemplo: si dejo de pagar el alquiler el dueño de la casa
me va a poder reclamar el pago de lo adeudado, mas intereses y pedirme el desalojo; esto es consecuencia de lo que se llama
“responsabilidad contractual”.

La responsabilidad puede ser:
Civil: cuando implica el incumplimiento de una obligación o cuando origina la obligación de indemnizar un daño injustamente
causado (por ejemplo como consecuencia de un delito o un cuasidelito). Generalmente se materializa por una reparación en
dinero o por tratar de volver las cosas al estado anterior.
Penal: se configura cuando una persona vulnera un deber de conducta impuesto por el Derecho Penal al deber de afrontar las
consecuencias que impone la ley. Dichas consecuencias se imponen a la persona cuando se le encuentra culpable de haber
cometido un delito o haber sido cómplice de éste.. Se materializa en una pena que busca castigar al delincuente e intentar su
reinserción para evitar que vuelva a delinquir.

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Política y administrativa: “La responsabilidad política se deslindará de acuerdo con la Constitución Provincial y esta Ley
Orgánica y las responsabilidades civiles y penales serán ventiladas ante los jueces ordinarios. La responsabilidad administrativa
de los funcionarios será determinada y graduada en su alcance por los órganos creados con tal finalidad y por el Tribunal de
Cuentas, este último en todo lo concerniente a la actividad económico-financiera de los municipios y a la preservación de sus
patrimonios”
Directa o indirecta: según sea por el hecho propio, por ejemplo si se cometió un delito o un cuasidelito, o si se responde por el
hecho ajeno, por ejemplo la responsabilidad de los padres por los hechos de sus hijos sometidos a Patria Potestad o del
empleador por los hechos de sus empleados.

-Derecho Comercial:

Constituye materia comercial todo supuesto de hecho que la ley considera mercantil. En realidad no se
puede definir esta rama del derecho sino precisamente abarca estos supuestos como son los actos de
comercio que se encuentran enumerados por ejemplo en el art. 8 del Código de Comercio:

Art. 8°. La ley declara actos de comercio en general: 1° Toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o de un derecho sobre ella, para lucrar con su
enajenación, bien sea en el mismo estado que se adquirió o después de darle otra forma de mayor o menor valor; 2° La transmisión a que se refiere el inciso
anterior;3° Toda operación de cambio, banco, corretaje o remate;4° Toda negociación sobre letras de cambio o de plaza, cheques o cualquier otro género de papel
endosable o al portador;5° Las empresas de fábricas, comisiones, mandatos comerciales, depósitos o transportes de mercaderías o personas por agua o por tierra;
6° Los seguros y las sociedades anónimas, sea cual fuere su objeto; 7° Los fletamentos, construcción, compra o venta de buques, aparejos, provisiones y todo lo
relativo al comercio marítimo; 8° Las operaciones de los factores tenedores de libros y otros empleados de los comerciantes, en cuanto concierne al comercio del
negociante de quien dependen; 9° Las convenciones sobre salarios de dependientes y otros empleados de los comerciantes; 10. Las cartas de crédito, fianzas,
prenda y demás accesorios de una operación comercial; 11. Los demás actos especialmente legislados en este Código.

A esto se denomina aspecto objetivo porque se habla de acto o también los actos realizados por los comerciantes que se los
denomina aspecto subjetivo porque hace referencia a las personas. Entonces todo lo que suponga intermediación y lucro como
modo de vida supone el Derecho Comercial como rama que regirá esas relaciones.

Gráficamente:

-Consumidor y usuario:
La empresa como proveedora de productos y servicios maneja información de manera profesional; es la que conoce los peligros,
utilización y alcance de los productos y servicios que comercializa. El consumidor no posee esta información por su falta de
profesionalidad y en consecuencia se genera un desequilibrio entre ambos. Surgen entonces conjuntos de normas destinadas a
regular las relaciones entre los consumidores y las empresas, y a cada grupo se le denomina actualmente “microsistemas”: los
que protegen el libre acceso al consumo, los que evitan el engaño, los que evitan las prácticas antisociales y aquellos que
protegen la salud y la seguridad. De estas regulaciones se derivan los principios aplicables a este tipo de relaciones.

El proveedor de bienes y/o servicios (la Empresa) realiza un acto económico de intermediación con el consumidor, acto que se
denomina jurídicamente “acto de comercio”; y que por esa sola denominación queda inmerso en una serie de regulaciones
complejas que van desde las exigencias del tráfico mercantil (exigencias de las normativas nacionales, provinciales y
municipales) hasta las regulaciones que abarcan la vida de las empresas.
Estas últimas se apoyan en tres ejes diferentes: una de ellas protege al consumidor y su relación de consumo (ya no se habla de
contratos de consumo)-esta es la ley de defensa del consumidor-; otra protege el interés general regulando la publicidad y
condiciones de venta de los productos y servicios- esta es la ley de lealtad comercial-; y por último se protege el interés del

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mercado prohibiendo las prácticas abusivas que tienden a una mayor concentración en poder de una o algunas empresas- con la
ley de defensa de la competencia. Las tres leyes mencionadas poseen una misma directriz: se protege al consumidor o usuario
desde un punto de vista económico.Tanto si realizamos actividades relacionadas con las compras como con las ventas de
productos y servicios, siempre estaremos realizando un acto de comercio; dado que todo implica transformación y/o lucro.

Este es un acto jurídico, es decir, un acto regulado por el derecho desde su misma explicación; tiene tres componentes:
a) las personas que intervienen (denominadas jurídicamente sujetos),
b) el producto o servicio sobre el que recae (denominado jurídicamente objeto)
c) y la manera en la que se realiza (denominada jurídicamente forma).

Si se dan estos tres elementos entonces sí se empieza a regular el acto con todas las normativas antes mencionadas. Regulación
en el sentido de que las normas no solo establecen condiciones para realizarlos sino también disponen las consecuencias de dos
maneras: los efectos propios del acto (por ejemplo la transferencia de propiedad de la empresa al cliente en el caso de una
venta) y las consecuencias por el incumplimiento de alguna normativa (por ejemplo la responsabilidad por algún
electrodoméstico que no funciona y que es reclamado por el comprador –cliente).

Consumidor o usuario, concepto: todos los sujetos que contratan para adquirir bienes o servicios ofrecidos en el mercado, tanto
para atender sus necesidades privadas como para una actividad empresarial (por ejemplo: adquisición de materia prima, energía
eléctrica o provisiones para el comedor de sus empleados).
Y el consumidor final es el que adquiere bienes y servicios sin intenciones de someterlos a un proceso industrial o de
comercialización y sin intenciones de obtener un lucro con su reventa (es decir: sin intención de que vuelvan al mercado, Ej.: el
que compra comida para consumirla); básicamente los adquiere para su consumo privado o de su grupo familiar y social.
Los consumidores poseen derechos económicos denominados “sustanciales del consumo” y que son el derecho de
libre acceso al consumo y el de educación.

-Derecho Marítimo y Aeronáutico:

-Concepto y Características:

El Derecho de la Navegación comprende tres ramas:

a) Derecho Marítimo,
b) Derecho Aeronáutico,
c) Derecho Espacial.

Tanto el transporte marítimo, como aéreo y espacial forman el contenido sustancial de esta materia, y son la base del comercio
nacional e internacional. La inclusión del Derecho Espacial es importante en el área del Transporte y las comunicaciones, por su
avance en la Gran Aldea Global en la cual se ha convertido la Tierra.- Asimismo las constelaciones satelitales para muchos fines,
y especialmente la teleobservación de la Tierra, han generando un nuevo campo del Derecho, cuyo aspecto tecnológico-
comercial, es de vital importancia conocer como la legislación doméstica e internacional, para la formación de los actuales
profesionales. En resumen, el Derecho de la Navegación, proporciona los instrumentos necesarios para solucionar conflictos
derivados de los negocios internacionales.

-Derecho Laboral y Previsional:

El derecho laboral es el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones de trabajo. Las relaciones de trabajo a su vez,
están incluidas dentro del ordenamiento jurídico de la república, cuya ley superior es la Constitución Nacional. Dichas relaciones,
en principio, están regidas por la LEY DE CONTRATO DE TRABAJO y sus normas complementarias. A su vez, según cada actividad,
existen determinados convenios colectivos de trabajo que son específicamente aplicables a cierto grupo profesional (por
ejemplo convenio colectivo de trabajo para empleados de comercio).En este último caso -los convenios colectivos de trabajo-
son acuerdos negociados entre empleadores y trabajadores que tienen la aprobación del estado.

25

-Derecho, Agrario Forestal y Minero: Torré (pag.: 803)

-El Derecho Minero, rige la propiedad minera, la exploración, explotación y otros aspectos relativos al aprovechamiento de las
sustancias minerales”. La propiedad minera es la que rige los depósitos naturales de sustancias minerales y las actividades de
exploración y explotación son las que persiguen el aprovechamiento racional y provechoso de las mismas. Se encuentra
regulado por el Código de Minería.

-El Derecho Agrario o Derecho Rural, rige la “explotación agropecuaria (agrícola, forestal, ganadera, etc). Su objeto principal es la
explotación agropecuaria que puede ser realizada individualmente o como empresa. Como el Derecho Minero persigue la
explotación adecuada y provechosa.

-Derecho, Ambiental:

Es el conjunto de normas que regulan las relaciones de derecho público y privado, tendientes a preservar el medio ambiente
libre de contaminación, o mejorarlo en caso de estar afectado. El Derecho Ambiental es, en un sentido, una nueva rama del
Derecho que, por su carácter interdisciplinario, se nutre de los principios de otras ciencias. Por su énfasis preventivo y reparador
de los daños particulares, constituye un capítulo importante del Derecho Privado. Por otra parte, por su vocación redistributiva
se relaciona con el aspecto económico del Derecho y por su carácter supranacional compromete principios del Derecho
Internacional, por lo cual, por imperio natural, la reglamentación y el control de los bienes de la tierra no pueden constreñirse a
las fronteras de los Estados.
Señalamos que la evolución de las normas ambientales ha seguido diversas etapas. La primera, comprende los preceptos
orientados en función de los usos de un recurso (riego, agua potable, navegación, etc.). La segunda, más evolucionada, encuadra
la legislación en función de cada categoría o especie de recurso natural, coordinando los distintos usos (aguas, minerales,
forestales, etc.). La tercera, orienta la normativa hacia el conjunto de los recursos naturales. Finalmente, la cuarta etapa toma en
consideración el entorno como conjunto global y atiende a los ecosistemas. Esta última comprende las normas ambientales en
sentido estricto. Estas etapas de la evolución legislativa, aunque sucesivas, no se excluyen unas a otras.

-Derecho, Internacional Privado: Torré (pag.: 921)

“Es el que determina, entre varias normas discordantes que pertenezcan a diversos Estados, cuál es la aplicable a una relación
jurídica “internacional” que las ponga en conflicto”. Es esencial entender en esta rama que rige las relaciones de particulares de
distintos Estados o cuyas situaciones se encuentran regidas por un punto de conflicto internacional, entonces se verá que ley
aplicar. Por ejemplo: en nuestro país en caso de divorcio rige para la competencia judicial “el último domicilio conyugal”, sin
embargo en otros países rige la competencia del juez en el “que se celebró el matrimonio”, por ello si se trata de un matrimonio
realizado en Argentina y que se quiere divorciar en un país que adopta este último criterio debe determinarse la ley aplicable.

26
-La Informática al Servicio del Derecho:

La informática es aceptada actualmente como ciencia. Con ese criterio, la Academia de Ciencias de Francia, la define como: “El
dominio del conocimiento que estudia el tratamiento racional de la información”. Cuando éste tratamiento se vaya a referir al
derecho, nos encontramos frente a la “Informática jurídica”. La informática ha penetrado todo el ámbito de la ciencia, incluido el
derecho. El advenimiento de la informática, en la ciencia moderna, ofrece a las ciencias jurídicas dos disciplinas nuevas y
paralelas: La Informática Jurídica y el Derecho Informático.

Entre el derecho y la informática existen dos grandes tipos de interrelaciones: Si sólo consideramos el aspecto instrumental de la
informática al servicio del derecho, estamos en presencia de la Informática Jurídica, En cambio, si se considera a la informática
como objeto del derecho, estamos en presencia del Derecho Informático, nueva rama del derecho, cuyo contenido está
conformado, por la regulación de las relaciones jurídicas emergentes de la informática y su recepción por la mayoría de las ramas
del derecho.

-La Informática Jurídica, es la técnica del tratamiento lógico y racional de la información, apta para una eficaz decisión en el
dominio jurídico – legislativo.

Según su aplicación va a generar tres vertientes diferentes:

a) La Informática Jurídica Documental: de mayor utilización dentro del campo de lo jurídico. Se trata de bases de datos
(legislación, jurisprudencia, doctrina).
b) La Informática Jurídica de Gestión: aplicación de la informática para la asistencia de tareas rutinarias. En este campo
podemos distinguir dos aspectos: b1 Gestión Administrativa y b2 Gestión Jurisdiccional (Informatización del poder
judicial). Pudiendo dar como ejemplo de la primera, la Informatización de los registros de la propiedad inmueble que
permiten, la organización, manejo y control de los títulos registrados, o la incorporación al registro de datos que
integrarán el archivo, tales como gravámenes, hipotecas, o anotación de bien de familia. Como ejemplo de la segunda
tenemos el sistema de asientos, control y seguimiento de los expedientes o causas que se tramitan en los tribunales,
siendo un caso concreto en nuestro país el programa “Facultad”,… El Sistema Argentino.

-El Derecho Informatico, su contenido está conformado por la regulación de las relaciones jurídicas emergentes de la
informática y su recepción por la mayoría de las ramas del derecho. Así como el Derecho Marítimo nació como consecuencia de
los usos y costumbres del intercambio marítimo de otras épocas, hoy estamos asistiendo a la formación del derecho
informático.

-Límites y Garantías Jurídicas al uso Informático:
En consecuencia, nunca como ahora se ha hecho más imprescindible organizar un sistema de defensa que rescate al hombre de
peligros individuales y masivos frente a la nueva tecnología. Como se ha dicho, los avances científicos y el desarrollo tecnológico,
y en especial la informática,ponen de relieve la imperiosa necesidad de reglamentar la tutela jurídica de los derechos
personalísimos y más puntualmente el derecho a la intimidad o vida privada, el más afectado por los avances informáticos.

-El Derecho a la Intimidad, relacionado con la informatica:
Toda persona goza de una vida privada, o sea un aspecto de su vida que desea ocultar a la curiosidad ajena, es decir su
intimidad.

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Derecho a la intimidad: es el Derecho que garantiza a su titular el desenvolvimiento de su vida y de su conducta dentro de un
ámbito privado, sin injerencias ni intromisiones que puedan provenir de la autoridad o de terceros, y en tanto dicha conducta no
ofenda al orden público y a la moral pública, ni perjudiquen a otras personas.

El mayor avance legislativo en ésta novedosa materia, se da en la reforma introducida a nuestra Constitución Nacional,
adquiriendo, por la jerarquía de esa norma legal, especial trascendencia ya que los principios que se incorporaron determinarán
al resto de la legislación tanto nacional como local.

Los constituyentes del 53 garantizaron, en el artículo 19 el derecho a la intimidad.

La última reforma constitucional de 1994, introduce dos preceptos, que contribuyen a garantizar a los particulares el
derecho a la intimidad, a protegerlos de los peligros que al respecto genera la informática y la proliferación de
bancos de datos. En ese sentido el texto del artículo 75 Inc. 22 de la Constitución Nacional, garantiza en forma
indirecta el derecho a la intimidad al otorgar jerarquía constitucional, superior a las leyes, a diversos tratados
internacionales que aluden especialmente a los derechos humanos en los que se comprende al de la intimidad.

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