Para superar la desigualdad necesitamos una visión global de las causas y las consecuencias de la
pobreza, así como un compromiso activo con los esfuerzos necesarios para erradicarla.
En Enxeñería Sen Fronteiras Galicia sabemos que es técnicamente posible cubrir las necesidades de
alimentación, salud, vivienda y educación. Apostamos por otro modelo de desarrollo que respete el
medio ambiente y ponga en primer lugar a las personas y a las comunidades.
La tecnología es una herramienta esencial para el acceso universal a los servicios básicos,
imprescindibles para un vida digna. Así, el acceso al agua potable y al saneamiento o la cobertura
de las necesidades mínimas de energía y comunicación son factores clave en la lucha contra la
pobreza. Las tecnologías usadas para cubrir estos servicios básicos que aseguren un punto de
partida basado en el enfoque de derechos humanos para el desarrollo de los pueblos deben por tanto
tener la condición de ser tecnologías para el desarrollo humano (ver anexo correspondiente).Una
mejora y universalización en estos servicios básicos genera un proceso de mejora del entorno de las
personas y del sistema productivo que puede activar una dinámica de incremento de la calidad de
estos servicios, que llegado al umbral de cubrir las necesidades básicas permite un desarrollo de las
personas hacia otras necesidades de desarrollo. El objetivo final es, en definitiva, generar un
incremento en la calidad de vida de los habitantes a través de la introducción de estos servicios
básicos como un derecho humano, y lograr un posicionamiento igualitario mínimo de partida a
la hora de definir y asegurar el desarrollo de los pueblos sin discriminación de ningún tipo.
Para generar este proceso es necesario aumentar el capital social para que se consolide un sistema
participativo que asiente el concepto de ciudadanía, donde los habitantes reclamen el derecho al
acceso a los servicios básicos, y asuman unos deberes asociados al mantenimiento de estos
servicios básicos, ya sea a través de tasas o impuestos de carácter redistributivo, que asegure un
acceso a los mismos también a las personas más vulnerables económicamente.
Para este escenario es imprescindible que la Administración encuentre su legitimación como
garante de los servicios básicos para los ciudadanos, igual que del resto de derechos humanos,
con un enfoque holístico del territorio y de solidaridad territorial. Unos habitantes que
participen en el sistema económico con su trabajo, pero donde la Administración no les ofrezca a
cambio unos servicios mínimos, no viven un Estado de derecho. En estos casos, la sustitución de la
Administración por otras organizaciones de desarrollo externas (muchas veces las ONG) en la
provisión de estos servicios básicos sin respetar el continuum humanitario (cuando no se ha llegado
a pasar de la situación de Ayuda Humanitaria a la de fortalecimiento de capacidades y desarrollo
local, lo cual a veces es normal por causas externas, pero otras veces se trata de un fallo
metodológico), ha tenido en muchas ocasiones un efecto perverso en el desarrollo, que ha acabado
de debilitar el entramado institucional de la zona y crear un efecto de dependencia, en contra del
concepto de Tecnología para el Desarrollo Humano. Las organizaciones comunitarias, vecinales o
de usuarios son muchas veces capaces de abastecerse adecuadamente de este tipo de servicios, y
muchas veces lo hacen por necesidad al estar desamparadas de las instituciones públicas, aunque
(lo más deseable) es para ganar poder de gestión coordinándose con la institución pública
correspondiente (lo cual facilita la participación real de los usuarios finales de los servicios y
adaptación a las características locales del territorio y la población, como diversos autores entre los
que destaca la nobel de Economía de 2009 E. Ostrom han venido estudiando en los últimos años).