COLONIA VILLA
La década de los sesenta, quizá una de las más intensas del presente siglo en el ámbito
mundial, reservaba el estallido de un importante movimiento social. Casi 30 000
campesinos invadieron varios ranchos ganaderos alegando el fin de las inafectabilidades
decretadas por Cárdenas en 1937; los menonitas también fueron víctimas de amenazas
agrarias por parte de grupos campesinos que creían que las concesiones otorgadas en los
años veinte a esos extranjeros fenecían a mediados de la década de 1960. Los maestros y
estudiantes normalistas de Saucillo y Salaices y algunos otros sectores de la burocracia
local realizaron varias movilizaciones. El año de 1964, en el contexto de una grave baja
en el precio del ganado de exportación y de una tremenda crisis algodonera (sobre todo
en Delicias), fue particularmente activo. Bajo el influjo de la Revolución cubana, antiguos
líderes sociales y políticos y una nueva generación hallaron campo propicio en las
inconformidades sociales acumuladas en los años anteriores.
El 23 de septiembre de 1965 ocurrió el asalto armado a Madera. Jóvenes normalistas y
maestros, encabezados por el médico Arturo Gámiz, atacaron el cuartel militar de esa
población, que fue fundada gracias a las inversiones extranjeras del porfiriato. Los
soldados, como en 1954, repelieron y victimaron a los rebeldes: Miguel Quiñones Pedroza,
Antonio Escobedo Gaytán, Arturo Gámiz García, Manuel Martínez Valdivia, Pablo
Gómez Ramírez, Emilio Gámiz García y Salomón Gaytán.
Una de las demandas de los alzados de Madera era precisamente la afectación de los
latifundios y su reparto entre los campesinos sin tierra, lo que corroboró el general Lázaro
Cárdenas, enviado por el presidente Díaz Ordaz a la zona de conflicto meses después. Así
enfrentaba este grupo la política favorable a la ganadería y a la explotación forestal de
los grandes capitalistas locales. No en balde el sucesor de Giner, el abogado Óscar Flores
Sánchez, se esmeró en llegar a un acuerdo entre las organizaciones campesinas y los
grandes ganaderos (como lo era él mismo) para finiquitar "el problema agrario". Para
1970 se habían firmado ya varios convenios que dejaban a salvo los extensos ranchos
ganaderos, favorecidos por el método de calcular la pequeña propiedad en terrenos
ganaderos según un índice de agostadero que podía llegar hasta a 20 hectáreas por
cabeza. Con ese índice, el propietario podía poseer legalmente 5 000 hectáreas. Si a ello
se le sumaban los arreglos familiares, el resultado era que a pesar de la reforma agraria
las nuevas élites acaparaban porciones importantes de tierra ganadera. Eso contrastaba
con la escasez de agostaderos en los ejidos, lo que llevaba a una división del trabajo del
todo desfavorable a los pequeños productores, que tenían que criar el ganado en sus
primeros meses de vida, justo cuando hay más riesgos y cuando el aumento de peso no es
tan significativo. El gobierno federal, a través del Departamento de Asuntos Agrarios,
respaldó la gestión de Flores. Sin embargo, las invasiones de tierra continuaron a lo largo
del sexenio echeverrista e incluso se prolongaron, con menor intensidad, hasta 1988.
Pero no sólo se invadían tierras ganaderas. A los problemas rurales derivados de rezagos
y acaparamientos indebidos se sumaron los movimientos populares en las zonas