de las dioxinas. Se abrió un proceso judicial contra las siete compañías involucradas
(Monsanto, Dow Chemical, Uniroyal, Hercules, Diamond Shamrock, Thompson
Chemical y TH Agriculture) y fueron condenadas en mayo de 1984 al pago de 180
millones de dolares a las víctimas expuestas al herbicida y a sus familias, pero las
compañías continuaron negando que el Agente Naranja fuera responsable de los
problemas de salud.
El argumento de las industrias químicas se basaba en el hecho de que las
distintas especies de seres vivos reaccionan de forma diferente ante el contaminante y
que hay impedimentos obvios a la experimentación con humanos. De los pocos estudios
que hay sobre la exposición de humanos a las dioxinas, algunos no permitían establecer
una relación con el aumento de riesgo de sufrir cáncer. Los más llamativos son dos
estudios patrocinados por Monsanto sobre trabajadores accidentalmente expuestos a
las dioxinas.
Por estudios como estos, los veteranos hubieron de conformarse con las bajas
compensaciones por las “molestias” sufridas. Cuando más tarde se obtuvieron
evidencias de que las dioxinas eran carcinogénicas ya era demasiado tarde pues los
tribunales habían dado el caso por cerrado para nuevos procesos7.
Sin embargo, la Doctora Cate Jenkins, una química de la EPA (Environmental Protection
Agency) de los EEUU denunció en 1990 que había evidencias de que los estudios
realizados por Monsanto se habían realizado fraudulentamente. Jenkins reclamó que se
realizara una investigación científica, pero su solicitud fue ignorada, por lo que la EPA
hubo de emprender un proceso criminal de Monsanto. El gigante de las empresas
químicas presionó fuertemente: el proceso duró más de dos años y terminó por volverse
en contra de quien dio la alarma: la Doctora Jenkins. Mientras el caso criminal fue
silenciosamente archivado, la campaña de acoso contra Jenkins sólo fue contestada por
la Secretary of Labor.
Pero, a pesar de los esfuerzos de Monsanto, la realidad de los riesgos asociados
a las dioxinas es ya evidentes. De hecho, los informes recientes de la EPA afirman que
existen pruebas convincentes de que las dioxinas son cancerígenas. La Organización
Mundial de la Salud ha reducido drásticamente la dosis límite por ingestión entre un 60
y un 90% de su anterior valor. Esto supone que muchos consumidores ya habrán
ingerido bastante más de lo que ahora es el nuevo límite. Un grupo de expertos destacó
que “ya pueden estar produciéndose efectos leves sobre la población para los niveles
de fondo actuales …se debería realizar esfuerzos para reducir la exposición al mínimo
posible”8. Es pues razonable preguntarse, ¿manipuló deliberadamente Monsanto sus
estudios para reducir su responsabilidad legal con los veteranos del Vietnam?
La absurda guerra de Vietnam arruinó la vida de muchísima gente. El que una
compañía como Monsanto, que ahora se erige en salvadora de un mundo hambriento,
se haya beneficiado de esta brutal desgracia es una triste realidad. Es una lamentable
desgracia que Monsanto siga eludiendo su responsabilidad para con las víctimas de
este conflicto, tanto norteamericanos como vietnamitas.
Hugh Warwick es periodista y editor de Splice, revista del Genetics Forum.
Referencias
1. Roberts,L. “Dioxin Risks Revisited”, Science, 8 February, 1991, pp. 624-6.
2. Beder,S. Global Spin: The Corporate Assault on Environmentalism, Green Books,
1997.
3. Rachel’s Environment & Health Weekly, No 212, December 19, 1990.
4. Cury,C.B. “Residual Dioxin in Vietnam”, Vietnam Generation Journal, 92, Vol.4, Nº.3-
5. Op. Cit. 2.
6. Sanjour,W., 1996. “The Monsanto Investigation”, Annals of the EPA: Part 4.
7. Ibid.
8. ENDS Report 281- June 1998.
9. Op. Cit. 6.